Por Jaime Díaz

Hoy vivimos en un tiempo importante en la historia que será recordado por las políticas que causaron una crisis económica a nivel global y otras que trataron rescatar al mundo de sus rezagos. No es difícil encontrar discusiones sobre cómo fomentar el clima de inversión o cómo asegurar al desempleado. Más aún, abundan los debates sobre cómo financiar las consecuencias de esta crisis y a quién se le pasará la factura. Entre todo, este debate olvida a veces aquellos temas que son relevantes y que pueden ofrecer una mejor alternativa para resolver los daños de la crisis que nos atañe. Tal es el caso de la violencia en Latinoamérica.

Según las últimas estadísticas a nivel mundial, las regiones de Centro América y Suramérica presentan las mayores tasas de homicidio luego de África del Sur. Esto es más preocupante cuando se observa su tendencia en los últimos años en algunos países. Por ejemplo, en Guatemala la tasa de homicidios por 100,000 habitantes ha incrementado de un nivel de 26 a 45 en la última década. Más aún, las encuestas de victimización realizadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran que la mayoría de la población atribuye a la violencia como el principal problema a afrontar.

¿Qué factura está pasando la violencia? Evidentemente, existe un costo directo y observable en términos de pérdidas monetarias. Otros son más difíciles de medir en términos de vidas. En Guatemala, estas pérdidas han llegado a representar hasta un 7% del Producto Interno Bruto según el PNUD. Sin embargo, existen otros costos que no son tan obvios y que están afectando el desarrollo del empresario. Dos ellos se discutirán brevemente.

Por un lado, la violencia afecta significativamente al empresario pequeño. Muchas veces se caracteriza por sus restricciones crediticias o por las limitaciones a la expansión de sus negocios. De forma análoga al microcrédito que impulsa al empresario hacia nuevas oportunidades de negocios y bienestar, las pérdidas por la violencia pueden eliminar la capacidad de generación de ganancias e incluso eliminar negocios. En otras palabras, el miedo a ser expropiado por el crimen aniquila toda iniciativa creativa que pueda tener el empresario o toda apropiación de tecnologías. ¿Ha escuchado  de negocios que cierran sus operaciones por perder su inventario en un robo o por ser amenazados constantemente por el crimen? El resultado: empresas más pequeñas y menor inversión.

Por otro lado, la violencia impide que las personas busquen empleo fuera de sus hogares o de sus comunidades. Por ejemplo, el sector industrial ha sido uno de los afectados pues sus trabajadores son constantemente asaltados o amenazados al ir a trabajar. Esto ha presionado para que muchas personas dejen su trabajo y regresen a ser empleados por cuenta propia. Esto es un costo directo para el trabajador en términos de ingreso y desarrollo profesional. Asimismo, le cuesta a la empresa empleos y aprendizaje laboral. La consecuencia: mayor probabilidad de habitar en el subempleo.

Muchas energías se utilizan en el debate económico y se ingenian mil y un ideas sobre cómo mejorar el clima de inversión. Estos debates, políticas o acciones pueden ser estériles si se olvida que hoy la violencia le pasa la factura al ciudadano guatemalteco. Aquí es donde hay que hacer un llamado hacia la competitividad sistémica: no hay clima de inversión sin seguridad, no hay productividad sin certeza de utilizar la propiedad en el futuro y no hay formación personal sin tranquilidad de utilizar sus bienes a disposición.