Por Hugo Maul

“el clima de violencia continúa imparable… el sábado se cobró 23 víctimas, entre ellas los propietarios de una tienda que fueron asesinados en la colonia El Paraíso … por negarse a pagar una extorsión”. (http://www.prensalibre.com/noticias/violencia-imparable-crimenes-delincuencia-ataque_0_296370443.html). 

Los efectos de la violencia en las empresas van más allá de la pérdida de valor en los negocios, el aumento de costos o cierre de empresas. Cuando el robo, la estafa, la extorsión, los secuestros  y la muerte se convierten en parte del giro “normal” de los negocios, sale sobrando hablar de cuestiones como crecimiento económico, productividad, eficiencia y competitividad.

Desde una perspectiva económica, la existencia y no penalización adecuada del robo provoca una inseguridad jurídica y física sobre la tenencia de la propiedad y el goce de sus beneficios que no todos los empresarios toleran. Lo cual se traduce en cierre y/o reducción de operaciones de los negocios, o bien, en niveles de riesgo que son compensados económicamente a través de mayores precios al consumidor. Las extorsiones, por su parte, han terminado por convertirse en un costo adicional de operaciones que deben cubrir las empresas. Al punto que muchas de estas terminan estando obligadas a contribuir a dos sistemas impositivos: el del Estado y el de los extorsionistas. La inseguridad en las carreteras y caminos del limita el crecimiento de los negocios, tanto en términos económicos como términos territoriales; muchos empresarios prefieren comerciar en lugares cercanos y/o en un menor número de lugares con tal de disminuir la probabilidad de ser víctimas de la violencia.

Más allá de las pérdidas directas provocadas por la inseguridad, la creciente ola de inseguridad atenta contra la democracia en sus pilares más básicos. El poco éxito de las políticas preventivas contra el crimen o de las medidas para frenar la inseguridad hace parecer que “somos un país sin autoridad”. Percepción que en nada ayuda a promover la confianza en las instituciones formales encargadas de la seguridad y la justicia. Esto constituye un desafío abierto contra el Estado en sus funciones básicas de proveer seguridad y velar por que la ley se cumpla. Situación que se traduce en pérdida oportunidades económicas, empresariales y un menor bienestar personal y social.