Por José Raúl González Merlo

Pocas políticas de seguridad ciudadana han sido un fracaso tan evidente como la que implementó el entonces ministro de Gobernación Salvador Gándara: la prohibición para que dos personas circulen en moto junto con la obligación de usar casco y chaleco con el número de placa. Para muestra, el asesinato del diputado Valentín Leal un día antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. Aún así, el nuevo ministro de Gobernación insiste en la equivocada medida… Nadie gana cuando los funcionarios violan la libertad de los ciudadanos con medidas absurdas que imponen costos innecesarios en aras de la seguridad. Peor aún, cuando el Estado decide tratar a todos los ciudadanos como delincuentes en vez de perseguir a los verdaderos criminales imitando lo que se ha hecho en Colombia. Sin embargo, lejos de distanciarse de esos errores, el nuevo ministro insiste en preservarlos. Por lo menos, ahora permitirá que dos personas circulen en la misma moto; manteniendo la obligación del chaleco y casco. La pregunta del millón es ¿quién cree que eso será un impedimento para que los sicarios sigan robando y asesinando?

Cuando Gándara impuso la medida original, lo que pasó fue que comenzó a notarse un incremento de asaltos a motoristas para robarles moto, chaleco y casco. Vaya ironía, los sicarios “respetaban la ley” circulando con chaleco y casco para continuar asaltando y matando sin mayores molestias. La medida no solo era ingenua, sino totalmente ineficaz. Las víctimas de la violencia seguían pagando el precio de la incompetencia oficial con su vida, su propiedad y ahora con el gasto adicional del chaleco. Peor aún, los ciudadanos honrados ya no podían llevar a su esposa al trabajo —estaba prohibida la circulación de dos en moto— exponiéndolas a los sicarios de los buses.

Ahora ya podrán circular dos en moto. Muchas gracias por devolvernos esa libertad. Pero el chaleco tendrá que ser “diferente”. Quiere decir más gastos e inconvenientes para los ciudadanos, ¡otra vez! ¿A cambio de qué? Las fuerzas de seguridad igual pueden detener a cuanto motorista quieran y revisar su documentación con o sin chaleco. La idea sigue siendo pésima para detener o disuadir el crimen. ¿Qué obstáculo puede ser un chaleco para un sicario que va armado en una moto robada, dispuesto a matar? Ni siquiera les asustó el despliegue de seguridad del cambio de gobierno para cometer el asesinato del diputado Leal.

En fin. Por ahora, la esperanza de tener medidas de seguridad efectivas queda opacada por más de lo mismo. A nadie le conviene que el nuevo ministro de Gobernación fracase como lo han hecho los anteriores. Al contrario, le deseamos lo mejor. Pero también necesitamos medidas que demuestren ser efectivas y respetuosas de nuestros derechos. La de las motos y chalecos ha sido, es y será un fracaso. Una muestra más de que a los gobiernos siempre se les hace más fácil destruir nuestras libertades civiles antes que defenderlas. Al final del día no solo las perdemos, sino que igual quedamos a merced de los delincuentes.

Por Verónica Spross de Rivera

Al inicio de la nueva administración se hace muy necesario evaluar el gasto público con el fin de mejorar su calidad.  Se han encontrado distorsiones y problemas de corrupción, especialmente en los gastos realizados por los fondos  y programas sociales que hacen urgente mejorar la forma cómo se asignan los recursos fiscales y no fiscales del Gobierno.

En cuanto a la deuda flotante del Ministerio de Comunicaciones es necesario revisarlo desde el punto de vista legal, pues analistas han indicado que el ilegal hacer contrataciones sin respaldo presupuestario.  Aunque hay una deuda que supera los 6 mil millones muchas de las contrataciones se realizaron aún sabiendo que no existía una disponibilidad presupuestaria para poder cumplir con los compromisos.

La aprobación reciente del Ministerio de Desarrollo implica que los programas sociales se estarían institucionalizando en una entidad que será responsable de rendir cuentas y dar resultados.  Pero, los desafíos de cambiar la forma cómo se priorizaba a los beneficiarios, el cumplimiento de corresponsabilidades y la revisión del gasto administrativo por el alto número de personas que laboraban para los programas sociales con un objetivo clientelar se convierten en una prioridad nacional.     En todo caso debe limitarse el crecimiento del programa y focalizarlo en familias de extrema pobreza, con un sistema de selección de beneficiarios adecuado.

La realidad del país nos lleva a tener que establecer claras prioridades para el gasto público.  En todo momento los recursos fiscales son escasos.  Siempre habrá mayores necesidades que recursos disponibles para satisfacerlas.  Esta es una premisa fundamental en la disciplina económica.  Nuevamente se da inicio a una discusión sobre una reforma fiscal; sin embargo, debe tomarse en cuenta que los recursos que se toman de las familias y las empresas constituyen una reducción en el consumo y en la inversión.  Esta condición genera el imperativo moral de gastar bien los recursos captados a través de los impuestos.  Por ello, antes de pensar en reformas fiscales es necesario avanzar en los procedimientos para mejorar la calidad del gasto y la priorización de los programas de Gobierno. 

El sector  justicia tiene siempre la necesidad de revisar el presupuesto requerido para operar, pues la promesa de reducir la delincuencia y el crimen requerirá recursos para lograrlo.  Deben priorizarse los recursos necesarios para el fortalecimiento de la policía, el Ministerio Público y el sistema penitenciario.   Además, el plan de Gobierno prioriza asimismo el combate a la desnutrición, el mejoramiento de la educación y del sistema de salud.

En educación debe priorizarse la entrega de los recursos de los programas de apoyo a las escuelas.  No deberán faltar fondos para la alimentación escolar, los libros de texto, los útiles escolares y los materiales didácticos de apoyo a los maestros. La asignación de recursos para capacitación y actualización docente también es fundamental.     El fortalecimiento de la educación secundaria es necesaria y urgente para dar más oportunidades de adquirir las competencias para la vida a los jóvenes, muchos de quienes hoy no están preparados para un empleo.

En conclusión, deberá hacerse un trabajo de revisión de los programas de todos los ministerios y entidades de Gobierno, los que resulten innecesarios o carentes de resultados deberían ser replanteados o eliminados.   SEGEPLAN deber asumir su liderazgo en cuanto a la vigencia del sistema nacional de inversión pública, para que todo proyecto sea sometido a un proceso técnico de evaluación de proyectos.  Retomar el Pacto Fiscal implica ante todo el mejoramiento en la calidad del gasto público.

Por José Raúl González Merlo

“Hay una expresión que siempre uso” -dijo el ministro de Finanzas al anunciar el próximo aumento de tributos- “los impuestos son impuestos, porque son impuestos…”, y agregó: “…la idea del presidente fue consensuada con todos los sectores, principalmente con los sectores que se han opuesto a estas medidas”. ¿Qué raro… ¿en qué momento habrá consensuado un aumento de impuestos con sus electores; quienes también se oponen a esa medida? Durante la campaña política, Otto Pérez, al igual que el resto de candidatos presidenciales, evadió admitir que subirían impuestos durante su gobierno. Ofrecer aumentar las tasas o crear nuevos tributos es un suicidio político-electoral. Por ello mejor ofreció un ambiguo concepto de pacto fiscal. Ahora, ya en la Presidencia, se destapa la verdad; no hay tales de pacto fiscal. Va un aumento de impuestos disfrazado de un “pacto exprés” que, en palabras del ministro, ha sido “consensuado” con sectores no identificados, en tiempo récord, a menos de una semana de gestión. Paradójicamente, desde el Congreso, la bancada del PP apoyará el mismo reciclado paquete que bloqueó en la legislatura pasada.

No hay forma de que los gobernantes entiendan. Los ciudadanos guatemaltecos no quieren tasas más altas de impuestos ni quieren nuevos impuestos. Si así fuera, no tendrían por qué engañarnos durante la campaña para ganar nuestro voto. Ya ni siquiera se trata de una discusión ideológica respecto del tamaño del Gobierno. Es un simple pedido de que no nos vean la cara de pendejos. Algunos han querido caracterizar el dilema de los gobernantes como un problema de ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? En el caso de Guatemala, la respuesta ha sido dada por los ciudadanos una y otra vez. Primero queremos ver la gallina de los resultados de una gestión transparente y eficiente y luego propongan que aceptemos el huevo de más impuestos.

Pero no hay forma de que los gobernantes quieran entender. Para ellos, es al revés. Primero impuestos y luego lo demás. El ministro de Finanzas se lava las manos diciendo que solamente está recogiendo una propuesta ya existente; aquella consensuada por el llamado “G-40”. Poco consuelo para los ciudadanos porque, con el G-40 o sin el G-40, ellos no votaron por un aumento de tributos. Votaron por un gobierno que demuestre capacidad de ejecución y rendición de cuentas para que, con esas credenciales, pueda pedir más dinero desde una posición de solvencia moral. Lamentablemente, eso nunca pasa, y si no es la propuesta del G-40 será una “actualización fiscal” que, en palabras del presidente, incluye una reestructuración del Impuesto Sobre la Renta. Palabras que no pueden implicar otra cosa que no sea un aumento de tasas efectivas.

Así que los electores rapidito nos enfrentamos, de nuevo, a la realidad de la política: los gobernantes harán y dirán lo que sea para llegar al poder y, desde allí, subirnos los impuestos antes de demostrar que los pueden gastar bien. Yo creo que la cosa debe ser al revés y así se lo debemos exigir a aquel que nos dio su palabra.