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Guatemala 18 de octubre de 2017. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, presentó los resultados mensuales del Índice de Avance de la Seguridad –IAS- y el tema del mes: Videovigilancia, ¿seguridad a costa de privacidad?

El IAS mide de forma mensual el comportamiento que han tenido las tasas por cada 100 mil habitantes en 9 delitos. Comparado al mes de agosto, el índice de septiembre se redujo en 2.4%. Éste se divide en dos sub índices, el de seguridad personal, que se redujo en 4% y el de seguridad de la propiedad que registró una disminución del 1%. La cantidad de homicidios en los primeros nueve meses del año disminuyó en 84 víctimas, y se registra una tasa de 26 por cada 100 mil habitantes. Walter Menchú, analista del CIEN, expresó: “En el municipio de Guatemala, se registraron 44 homicidios, una caída inusual en la cantidad de víctimas”.

El tema del mes fue: Videovigilancia, ¿seguridad a costa de privacidad?, a cargo del Lic. Francisco Quezada. Él explicó que la videovigilancia consiste en transmitir, a través de cámaras de vídeo, imágenes y sonidos a un monitor central y éste organiza, almacena y clasifica: rostros, matrículas, sonidos y eventos. Esta es una herramienta eficiente pues permite enfrentar amenazas en contra de la seguridad pública cubriendo un extenso territorio y con un número reducido de personal.

Aún cuando la videovigilancia tiene una lista larga de beneficios, la tecnología empleada no sustituye la capacidad humana que debe de haber detrás del centro control, especialmente cuando se trata de analizar y comprender las actitudes de las personas. Quezada explicó que en el expediente 1201-2006 de la Corte de Constitucionalidad se establece, que el derecho a la intimidad del individuo implica mantener en reserva su vida personal, familiar y documentos privados. Señaló que “a raíz de los sistemas de videovigilancia públicos y privados, ahora nos vemos preocupados en el campo de derecho. La videovigilancia representa amenazas nuevas en la privacidad pues esta implica una intromisión en los derechos constitucionales de la intimidad personal.”

Los individuos tienen derecho a no ser perturbados ya que poseen una expectativa de privacidad y anonimato, por lo que el Estado no debe disponer de información excesiva y es un derecho fundamental el ofrecer protección frente a la recopilación, almacenamiento, utilización y transmisión ilimitada de datos de carácter personal. Asimismo, el ciudadano debe tener el poder de controlar la información que le afecte.

Por último, se recomendó que la información personal se ha de facilitar obligatoriamente al interesado, tanto el acceso como la rectificación y cancelación. También se sugirió informar que se está usando vigilancia por videocámaras en los espacios públicos y, además, que existan políticas de protección de datos. Por último, se insistió en que exista una intervención mínima y una estricta formación de actividades de vigilancia por parte de los operadores.

Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al 2231-1564.

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