La unión aduanera entre Guatemala y El Salvador parece ser un tema en el olvido, tal y como lo sugería el editorial de elPeriódico el pasado sábado.

Si no fuera por las complicaciones del transporte transfronterizo entre Guatemala y El Salvador, pareciera que la facilitación del comercio intrarregional, aun en su versión más básica, no es un asunto prioritario para ningún gobierno del istmo centroamericano.

Resulta irónico o, al menos, muy difícil de comprender, que la simplificación y facilitación del comercio internacional hayan sido las motivaciones originales del decreto legislativo salvadoreño cuyas reformas provocaron el problema transfronterizo las últimas dos semanas.

En efecto, el referido cobro es parte de las reformas a la Ley de Simplificación Aduanera del vecino país, la cual en sus considerandos establecía que el “crecimiento del tráfico internacional de mercancías y la profusión de negociaciones comerciales en que se encuentra inmerso el país imponen la necesidad de adecuar los  servicios aduaneros a los estándares mundiales de calidad y eficiencia en términos de  facilitación del comercio internacional, control de la recaudación fiscal y protección de la sociedad”.

Aunque pueda resultar justificable pagar una tasa a cambio de un servicio no intrusivo de inspección de carga, la pregunta fundamental es si tales inspecciones deberían ocurrir entre dos países como Guatemala y El Salvador. Así como a nadie preocupa el hecho que un tomate, una cabra o una pieza de Pollo Campero cruce el límite territorial entre Santa Rosa y Jutiapa, o entre Sonsonate y Ahuachapán, tampoco debería preocupar mayor cosa que cualquier mercancía legal de origen guatemalteco cruce la frontera con El Salvador, y viceversa. Así como los perros callejeros cruzan el puente internacional sobre el Rio Paz y nadie se preocupa por preguntar si son de origen salvadoreño o guatemalteco, así deberían poder cruzar las personas y las mercancías de un lado al otro.

Lamentablemente, los gobiernos de ambos lados de la frontera no han tenido la voluntad política para armonizar las regulaciones económicas, técnicas y tributarias para que eso suceda.

Mientras tanto, otro tipo de amenazas han cobrado importancia estratégica para la región y hoy son una de las justificaciones para seguir obstaculizando el comercio transfronterizo. Tanto así que el objetivo de “protección a la sociedad”, como lo establecía originalmente la referida ley salvadoreña, termina siendo una de las principales justificaciones de la reciente reforma. La adopción del equipo de Rayos X en la aduana salvadoreña obedece a los riesgos que representa para la sociedad salvadoreña el “tráfico de ciertas mercancías restringidas por la Ley … considerando el nivel de sofisticación y ocultamiento con el que se realizan dichos tráficos”. Argumentación valedera, pero que no debe convertirse en una nueva forma de introducir obstáculos al comercio y promover el proteccionismo 

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