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Guatemala 12 de octubre de 2016. Hoy, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- presentó comentarios sobre la propuesta de Ley de Competencia que se han discutido en el Congreso de la República durante los últimos meses, a iniciativa de varios diputados. El propósito fue enlistar los principios que deben guiar una propuesta de Ley de Competencia para que logre el objetivo de promover y defender la libre competencia.

“El primer problema de la actual propuesta de Ley de Competencia inicia con una mala definición de libre competencia, pues no se define nada sino que se repite en la definición lo que se suponía definir. Esto abre la posibilidad a una serie de arbitrariedades, pues cualquier acto podría calificarse de anti competitivo. Además, hay otros vacíos legales, pues no se define qué es daño a la competencia”, explicó Sigfrido Lee, investigador asociado del CIEN.

Según el artículo 130 de la Constitución, una condición previa, para justificar la acción del Estado en materia de competencia, es que debe haber un perjuicio a la economía nacional y/o a los consumidores. Sin embargo, en la actual propuesta se sigue una doctrina per sé, donde es suficiente suponer un posible daño para sancionar a los empresarios. “Suponer que una concentración de mercado por sí misma es dañina, no demuestra que en realidad esté causando un daño”, comentó Lee.

También se establecen excepciones que van en contra de los objetivos del proyecto y violan el derecho de libertad de industria, comercio y trabajo. CIEN considera que no se debe criminalizar una práctica anticompetitiva, pues debe verse como un conflicto de orden civil y no meramente administrativo y menos penal. La posible sanción debe encaminarse a compensar el daño causado.

Por último, se considera que se está estableciendo una estructura organizacional politizada, pues en la integración de los órganos administrativos de la entidad a cargo se incluyen representantes del Congreso, del Colegio de Economistas y del de Abogados y Notarios, lo cual no garantiza la independencia de criterio de los directores. “La Superintendencia que se crea debería ser eminentemente técnica”, opinó Sigfrido Lee.

CIEN propone que se redacte una nueva iniciativa de Ley de Competencia con los siguientes principios:

1. No excluye sectores.

2. Respeta el debido proceso: la carga de prueba la tiene quien acusa y no hay sanción sin daño demostrado.

3. Una autoridad con discreción limitada a través de funciones y alcances claramente definidos.

4. No limita estructuras de mercado sino sanciona prácticas no competitivas que efectivamente provocan daño.

5. No criminaliza prácticas anticompetitivas.

6. Respeta el derecho de libertad de industria, comercio y trabajo.

Para más información comunicarse con Fabiola Rodríguez al 2331-1564.

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