Esperar que los políticos no se guíen por sus propios intereses en los asuntos públicos equivale a “pedirle peras al olmo”. Si bien la política actual no se caracteriza por el ejercicio de las más altas virtudes humanas, es importante reconocer que no todos los temas en el ámbito público pueden reducirse a un puro cálculo de costos y beneficios personales. En lugar de seguir “perfeccionando” la captura del Estado, es momento que los políticos de turno reconozcan la necesidad de preservar los valores fundamentales sobre los cuales se basa nuestro sistema republicano y nuestra democracia representativa. Por propia conveniencia, esto es lo que más les conviene para garantizar su sobrevivencia a largo plazo, así como, aunque resulte un poco más difícil de comprender, reconocer que la política también necesita nutrirse de valores más trascendentales. 

 

Por más extraño que pudiera parecer a quienes solo se guían por intereses personales en el ámbito político, lo que más nos conviene a todos, incluidos ellos, es fortalecer la división de poderes, la independencia de los órganos de control, la capacidad técnica de los servidores públicos y garantizar el buen uso de los recursos públicos. En lugar de buscar cómo controlar el Poder Judicial deberían concentrarse en promover reformas que garanticen su independencia económica y de criterio. En lugar de buscar cómo controlar al Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el TSE, la PDH, el Banco de Guatemala, la Usac, entre otras tantas instituciones, deberían ocuparse en garantizar la capacidad técnica e independencia funcional de los mismos. En lugar de buscar cómo controlar a la burocracia para que sirva a sus intereses o usar al Gobierno como agencia de empleo, deberían concentrarse en reformar el servicio civil para garantizar que la gente idónea llegue a los cargos públicos, además de que reciban remuneraciones acordes a las funciones que desempeñan. En lugar de erosionar la capacidad técnica de las dependencias de Gobierno, deberían buscar la forma de fortalecer la capacidad técnica de quienes tienen bajo su responsabilidad producir resultados valiosos y oportunos para la población. 

 

En lugar de seguir construyendo un “Estado paralelo”, basado en un complicado andamiaje de contactos, favores, allegados y control político, deberían fortalecer a la voz e independencia de la sociedad civil. En lugar de usar el presupuesto público con fines puramente electorales o en favor de intereses personales, deberían reformar la legislación que rige las compras y contrataciones del Estado y la formulación y ejecución del gasto público. Tal y como lo demuestra la historia, tarde o temprano los pueblos se cansan del abuso del poder por parte de sus gobernantes y de la política como negocio entre particulares. Cuando ese momento llega son los mismos políticos que han reducido la vida pública a un asunto de intereses personales, quienes pagan el más alto de los costos.

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