5 de diciembre, 2017

La no aprobación del Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la Nación para 2018 provocará que cada dependencia de gobierno que ejecute programas y proyectos deba realizar modificaciones a su planificación original para 2018 para adecuarla al presupuesto que finalmente obtengan después de un proceso de priorización dentro de cada entidad gubernamental. Este es un proceso de “estira y encoge” en donde los responsables de cada programa y proyecto deberán convencer a sus autoridades políticas respectivas que les mantengan o incrementen los techos presupuestarios y, en el peor de los casos, que la reducción que experimenten sea la más baja posible. Un proceso que luego se replica a nivel de todo el gobierno central para alinear los niveles de gasto resultantes con el techo presupuestario vigente para 2017. En la situación actual, con un gobierno que se ha visto en la necesidad de recurrir a cuestionables alianzas y decisiones con tal de lograr niveles mínimos de apoyo, es muy probable que este proceso de priorización obedezca más a criterios coyunturales de naturaleza política que a consideraciones técnicas sobre la necesidad, efectividad y calidad del gasto.

En ausencia de un liderazgo técnico de alto nivel dentro del Ejecutivo es más fácil y probable que el gobierno termine cediendo ante la presión de grupos organizados como el sindicalismo público, las redes clientelares alrededor del gasto social y las redes de corrupción de la obra pública. Grupos a los que muy poco les interesa mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos y que ven en el gasto público una inmensa fuente de privilegios y riqueza. En este probable estado de cosas es cuando más se necesitaría que las autoridades del Minfin ejerzan su liderazgo para ordenar el proceso y garantizar que la priorización obedezca a criterios técnicos. En específico, en situaciones como esta es cuando más se necesita de un Ministro de Finanzas comprometido con la defensa de los principios técnicos que deben sustentar el gasto público, la prudencia en el ámbito macroeconómico y la austeridad en materia presupuestaria. Para bien o para mal, el destino parece confabularse contra los mejores intereses del país; si bien el actual Ministro de Finanzas posee la capacidad técnica para ejercer este tipo de liderazgo, el hecho que haya presentado su renuncia ante divergencias marcadas con las máximas autoridades del gobierno debilita la fuerza de su papel en estas circunstancias. No obstante, mientras las actuales autoridades del Minfin continúen en sus puestos, bien harían por el país, y por sus propios intereses, oponiéndose a “capa y espada” a modificaciones presupuestarias cuyo objetivo primordial obedezca a consideraciones puramente políticas, aunque esto disguste a Morales o a alguno de sus ministros. En un caso extremo, ganarían más siendo destituidos por Morales por negarse a validar decisiones puramente políticas que siendo cómplices de decisiones equivocadas.

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