¿Más burocracia para prevenir la violencia y el delito?

19 de febrero, 2018.

Escrito por María del Carmen Aceña

Recientemente tuve la oportunidad de escuchar a un expandillero, quien contó su experiencia de cómo desde muy pequeño fue agredido por su madre, maltratado por sus parientes cercanos y rechazado por la sociedad. El dolor y odio, sumado a la baja autoestima, lo condujeron a las calles del barrio donde conoció a sus “homies”, con quienes se dedicaba a delinquir buscando membresía, recursos y venganza en un mundo de drogas y armas. Él comentó que para prevenir este fenómeno lo más importante es el cariño de los padres, la educación y tener oportunidades.

Guatemala posee grandes desafíos en el tema de violencia y a diario se comenten muchos delitos. En los últimos días se ha estado discutiendo la Iniciativa 5283 “Ley de Prevención de la Violencia”. Esta busca una coordinación de alto nivel de la prevención por medio de una secretaría (Secoprevi), con un presupuesto de Q50 millones al año. La conformarían varios ministros, otros funcionarios y cinco miembros de la sociedad civil. La experiencia guatemalteca muestra que si no hay voluntad política de parte de los mandatarios estas instancias se convierten en más burocracia, se usan con fines políticos partidarios y no se obtienen resultados para la población.

Para prevenir la violencia y el delito deberá tomarse en cuenta que existen tres niveles de atención: 1) Jóvenes y niños, en general, 2) Jóvenes vulnerables, con riesgo, expuestos a la violencia y al delito; y 3) Jóvenes privados de libertad con problemas por delinquir.

El primer nivel lo conforman la mayoría de niños y jóvenes del país. Las acciones de prevención acá se traducen en buenos servicios públicos de salud y educación, logrando que los alumnos permanezcan en la escuela y puedan formular sus proyectos de vida y cumplirlos. Son los ministerios de Educación, de Salud y de Desarrollo Social los responsables de proporcionar los servicios.

El segundo nivel lo conforman los niños y jóvenes –en especial entre 15 y 24 años– que, debido a distintas circunstancias, abandonaron la escuela, no tienen trabajo, pero sí tienen grandes necesidades. Muchas son jovencitas, varias embarazadas, algunos con hijos. Se calcula que actualmente un millón de guatemaltecos se encuentran en esta situación. Aquí hay varios grupos a trabajar. Al primero pertenecen muchachos que con programas de educación no escolarizada o proyectos masivos de capacitación para el trabajo podrían salir adelante. Otro lo componen jovencitos que no les interesa –a quienes habrá que motivar para que tengan una misión y aprendan competencias para tener una vida digna–. Muchos de ellos ya están relacionados con la criminalidad y los vicios. Un tercer grupo lo componen jóvenes que ya pertenecen a una pandilla o a una banda delictiva. El tratamiento para ellos será más puntual y complejo, ya que conlleva programas de educación, rehabilitación, psicología y formación. Para este nivel debe evaluarse y rediseñar la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV). Su misión debe enfocarse en estos jóvenes fuera de la escuela y en riesgo, estableciendo metas y programas concretos, además de abordar la prevención comunitaria.

Y por último está el tercer nivel que debe tratar con jóvenes detenidos por violar la ley. Para ellos los programas deben concentrarse en rehabilitación y formación para que, luego en libertad, puedan desempeñarse con éxito en la vida. Se requiere un programa de seguimiento y apoyo. Será tarea del Ministerio de Gobernación y otras instituciones de concretar y accionar una propuesta.

Para prevenir la violencia no es necesario una nueva secretaría. La coordinación le compete al vicepresidente de la República, bajo el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027. La ejecución de los fondos son responsabilidad de los ministerios. Lo importante es que el tema sea realmente prioritario y se midan sus resultados. ¿Qué papel juega la familia en la prevención de la violencia? ¿Qué tipo de programas rescatarían a los jóvenes en riesgo de pertenecer a una pandilla? ¿Necesitamos más burocracia para prevenir el delito?

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