"No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a prácticas de clientelismo, corrupción, o bien imponer un peso excesivo en el uso de los recursos del Gobierno, a cambio de los cuales no se obtiene ningún resultado específico para el ciudadano guatemalteco", afirmó David Casasola, investigador del Área de Económica del CIEN.

El CIEN considera que existen tres principales amenazas ante la suscripción de pactos colectivos sin límites: a) una mala gestión del recurso humano, b) un futuro desequilibrio financiero y, c) la ausencia de términos para otorgar privilegios. Dichas amenazas merman la eficiencia y el buen funcionamiento del sector público, en particular, el desempeño de los trabajadores y el logro de resultados reales para la población.

Los pactos colectivos del sector público establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, sin comprometerles a un mejor desempeño. Por ejemplo, se otorgan días adicionales de descanso, bonos y regalos, que no están enmarcados en la Ley de Servicio Civil. "La manera en que algunas instituciones del Estado están negociando pactos colectivos, nos aleja cada vez más de una gestión del recurso humano enfocada en generar resultados para el ciudadano guatemalteco", mencionó Casasola.

La investigación realizada muestra que algunos de los beneficios que se negocian dentro de Pactos Colectivos, difieren de los principios que busca uniformizar la Ley de Servicio Civil. “Al ya no contar con un estatuto general y ecuánime que norme las relaciones de los trabajadores del Estado, como es la Ley de Servicio Civil, se cae en prácticas de arrebato de los recursos públicos y en la implantación de privilegios desmedidos a favor de determinados grupos y sindicatos, en perjuicio de los demás servidores y la eficaz operación de los servicios públicos. Debe retomarse el principio constitucional que garantiza: Igualdad de salario para igual trabajo, prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad”, señaló Francisco Quezada, investigador del Área de Seguridad del CIEN.

El análisis concluye reconociendo el derecho de los trabajadores del sector público de asociarse colectivamente y de la posibilidad de suscribir pactos, pero siempre entre los límites de la Ley.

Para mejorar la situación de eficiencia del Sector Público, el CIEN propone:

  • Incorporar criterios de desempeño en el otorgamiento de beneficios, para que la Administración Pública avancia hacia un sistema que recompense el mérito y la generación de resultados.
  • Mantener las finanzas públicas sanas. Para garantizar la sostenibilidad financiera, es indispensable acatar la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de Pactos Colectivos.
  • Establecer límites a los beneficios otorgados. Los beneficios otorgados a partir de la negociación de un pacto colectivo deben respetar los límites establecidos por la Ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto.

 

POSTURA INSTITUCIONAL

Para lograr la eficiencia del gobierno deben limitarse los privilegios concedidos en los pactos colectivos, pues merman el buen desempeño del recurso humano.

Para mayor información comunicarse con: David Casasola al 2336-7205/06.


RECURSOS ADICIONALES
Presentación Postura

 

 

Visítanos en nuestras cuentas de: