CIEN 11 de septiembre 2017

Lo que se está llevando a cabo en el Congreso de la República respecto del antejuicio del presidente Jimmy Morales es un juicio político. Se le llama así, ya que la Constitución señala que, si un presidente va a ser investigado o juzgado por una corte, previo deberá de levantarse el antejuicio al mandatario por el Organismo Legislativo. La Corte Suprema de Justicia le envió al Congreso el expediente del presidente el lunes pasado. Luego se llevó a cabo un sorteo donde se escogieron a los cinco diputados, que formaron la Comisión Pesquisidora. Se asignaron cinco diputados (por sorteo), se estableció un plazo de cinco días –que desde el inicio se cuestionó el poco tiempo–, luego se presentó un cronograma, se dieron una serie de audiencias y se espera que próximamente se presente el informe. Todo se ha llevado transparentemente.

Un estudio de LEGIS de 2016 señala que la función del Congreso de conocer y resolver diligencias de antejuicio no puede ser considerada de carácter jurisdiccional, toda vez que el artículo 17, inciso g) de la Ley en materia de antejuicio establece que: 41 g) “La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos”. La función del Congreso en este caso será de a) Establecer la existencia y veracidad de hechos que deban ser conocidos por un juez penal; b) establecer si, como consecuencia de los hechos investigados, el dignatario deba ser puesto a disposición de tribunales para su enjuiciamiento; c) determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas.

Se contemplan dos caminos. El primero: el presidente recibe el apoyo de 105 votos o más para no perder su inmunidad, lo que implicaría que se mantiene en el poder. El segundo: no obtiene los 105 votos y se le levanta el antejuicio. Acá hay al menos cuatro posibilidades: 1) El presidente afronta la investigación. 2) El presidente renuncia, asume el vicepresidente, quien presenta una terna para que el Congreso escoja nuevo vicepresidente. Pero, se le abre un procedimiento al nuevo presidente y él renuncia. 3) El vicepresidente asume la presidencia, propone al Congreso una terna y se escoge otro vicepresidente. 4) El presidente y el vicepresidente renuncian, entonces ante la falta permanente de ambos, completará el período la persona que designe el Congreso con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados.

Es difícil saber lo que va a pasar; sin embargo, si se observan las fuerzas políticas en el Congreso y se estudian distintos acontecimientos, posiblemente el presidente Morales no pierda la inmunidad. Sin embargo, esto no se dará “gratis”, habrá negociaciones, como, por ejemplo, el futuro del Ministro de Gobernación, quien está en plena interpelación; proyectos en el presupuesto de 2018 e, inclusive, la integración de la junta directiva y de la presidencia del Congreso del próximo año.

Preocupa que nos convirtamos en un país como Ecuador, que en menos de una década –1996 a 2005– tres presidentes constitucionales fueron derrocados. Luego gobernó Rafael Correa por más de diez años, quien se convirtió en casi un dictador que hasta coartó la libre emisión del pensamiento y trató de callar voces críticas.

Queremos cambios. Exigimos un rumbo distinto. Es indispensable mejorar la gestión pública, modernizar la normativa y sanear el Estado. ¿Perderá la inmunidad el presidente Morales? ¿Qué reformas son prioritarias? ¿Qué es lo mejor para el país?

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