Dale con la necedad. Aquí no se puede invertir en grande, ni medianamente”. Esta afirmación es un fragmento de uno de los comentarios de un lector a la columna de la semana pasada, en su versión electrónica. Aunque resulte difícil aceptar este tipo de argumentos, hay que reconocer que tienen mucho de verdad; quizás, más valor de verdad que lo que generalmente se le atribuye. Sobre todo en días como hoy, cuando el país se encuentra totalmente paralizado por la acción concertada de grupos que se autoproclaman como defensores de los derechos de los campesinos y que se especializan en oponerse a cualquier acción de gobierno, o privada, que vaya en contra de su radical visión ideológica del desarrollo. Aunque pudiera parecer una exageración, no puede negarse que mucha razón tiene el referido lector cuando aduce que “no hay forma de poner en línea a todas las comunidades afectables y siempre habrán comunidades que cerrarán carreteras, secuestraran policías, quemarán llantas y matarán”. Bajo el entendido, claro está, que en la mayoría de casos no existe daño objetivo sobre terceros y lo que estos grupos califican como daño obedece a una agenda ideológica.

En todo caso, aunque resulte ser una necedad seguir hablando de la necesidad de inversión del país, no hay peor lucha que la que no se hace. Es posible que los argumentos de las últimas dos entregas en este espacio no sean suficientemente convincentes. Al final de cuentas, es difícil comprender cuánta interdependencia existe entre nuestra realidad económica y cuestiones la traslación del centro de gravedad económico del mundo en dirección a China e India y los amplios planes de inversión del gobierno chino a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. Tal vez resulte más fácil de comprender que países como Honduras y Nicaragua, a pesar de críticas y oposición similar a la que existe en Guatemala, están logrando consolidar novedosos proyectos de inversión que en Guatemala resultarían impensables.

Uno de estos proyectos es el el de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, concepto novedoso por medio del cual el gobierno hondureño pretende atraer inversión extranjera con mejores condiciones de seguridad jurídica que en el resto del país; una especie de zona franca ampliada en donde rigen condiciones fiscales diferenciadas, autonomía aduanera y otra serie de incentivos productivos. Bajo este esquema el gobierno de Honduras pretende construir en el Golfo de Fonseca un puerto seco para centralizar la recepción y distribución de contenedores y un canal seco para transportar mercaderías al Atlántico, así como la construcción de infraestructura habitacional y la creación de nuevas oportunidades de empleo. Independientemente si tal tipo de proyectos llegan a materializarse, al menos en el país vecino están conscientes del papel que juega la inversión y la certeza jurídica en el desarrollo; cuestiones que, como están las cosas acá, cada vez se comprenden menos y se rechazan por prejuicios ideológicos.

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