14 de noviembre/2017

El debut público de la nueva Canasta Básica Alimentaria ha venido a ponerle un poco de sal y pimienta, y tal vez un poco de chile, al desánimo reinante entre los distintos participantes de la escena económica nacional. Cansados ya de la aletargada situación económica reinante en el país, la actualización de esta canasta representa una auténtica sacudida para todos los involucrados, directa o indirectamente, con el uso de esta información. Si bien el INE se ha concentrado en explicar hasta el último detalle la construcción de la nueva canasta y la forma en que los precios de los productos que la componen se mantendrán actualizados, existen ciertos detalles preocupantes que merecen mucho más atención y escrutinio público que lo que hasta hoy han tenido. Desde la perspectiva de las decisiones macroeconómicas, una de las tantas perspectivas para analizar la actualización de la referida canasta, errónea consignación de precios a la que estuvo sujeta la antigua Canasta Básica Alimentaria durante varios años consecutivos abre la posibilidad para que se hayan tomado decisiones equivocadas en materia salarial, de política monetaria, cambiaria y crediticia, tributaria y de gasto público.

Según explican los actuales funcionarios del INE, a partir de cierto momento el INE dejó de utilizar los precios observados de cada producto que componen la canasta, que se obtienen todos los meses mediante cotización directa en centenares de puntos de venta a lo largo y ancho del país, y empezaron a usar un “artefacto” que hacía crecer mes a mes los precios de los productos de esta canasta de manera automática y artificial. Llegó a ser tan absurda la perturbación en la medición del costo de vida que, finalmente, las autoridades del INE se vieron obligadas a reconocer el error y descontinuar su empleo. No sería esta la primera vez que un órgano rector de la estadística de un país calcula mal el costo de la vida. Basta con recordar lo sucedido en Argentina durante el mandato de la Kirchner Fernández, en donde llegó a ser tal el escándalo de la medición de la inflación que en octubre de 2015 su gobierno decidió suspender la publicación de la medición de inflación oficial.

A pesar que, hasta donde se sabe, la mayoría de precios utilizados para calcular la inflación de alimentos no estuvieron sujetos al referido “artefacto”, para quienes no conocen las diferencias técnicas entre IPC y CBA, esta manipulación de precios inevitablemente provocará crecientes dudas entre el público acerca de la forma en que se toman decisiones instituciones como la SAT, el Ministerio de Trabajo, el Minfin y el Banco de Guatemala. Instituciones, todas estas, que de una manera u otra han utilizado información del INE respecto del comportamiento de los precios para tomar decisiones macroeconómicas clave. Contrario a lo que podría creerse, más que hacerse de la “vista gorda” y esperar a que “pase la tormenta”, corresponde a estas instituciones liderar el esfuerzo por determinar la gravedad y extensión del error cometido y subsanar, en la medida de lo posible, decisiones equivocadas que pudieron haber tomado.

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