La situación financiera que vive el actual gobierno no es producto de ninguna casualidad. La falta de prudencia en las estimaciones de ingresos y gastos no es la primera vez que ocurre. Más bien parece una estrategia bien diseñada para aumentar la carga tributaria a la fuerza; llevar a las finanzas públicas a tal punto que la única salida posible sea el aumento de impuestos. La historia está repleta de casos en donde se ha forzado a los contribuyentes a pagar tanto como sea necesario para que la recaudación pueda “alcanzar” al desenfrenado gasto público. En Guatemala esto ha sucedido varias veces en el pasado reciente. Por ejemplo, con el presupuesto del año 2004, que fue el mismo del 2003, por no haber sido aprobado por el Congreso el proyecto para dicho año, se vivó una situación muy similar a la actual. Dentro de los gastos “heredados” del FRG  se incluía un incremento salarial al magisterio, la creación de miles de maestros adicionales, el pago a los ex patrulleros civiles, una millonaria deudas adquirida por el MICIVI y el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado. La combinación entre menguados ingresos tributarios y elevados gastos corrientes arrojaba un déficit fiscal por arriba del 4% del PIB. Lo cual obligo al siguiente gobierno, a promover una reforma tributaria con carácter de urgencia ante el grave desbalance en las finanzas públicas.

El paralelismo entre lo que sucedió en 2004 y lo que sucede hoy es sorprendente. Más que una coincidencia parece ser el producto de un bien orquestado plan para forzar a que la carga tributaria suba a como dé lugar. El aumento que no se puede obtener “a la buena”, es decir, mediante un proceso abierto de discusión con la ciudadanía acerca de los resultados que se espera del gasto público y lo que costaría financiarlos, se consigue “a la mala”, es decir, llevando a las finanzas públicas al punto del colapso de manera que la única salida sea obligar a los contribuyentes a que paguen más impuestos. En otras palabras, se gasta lo que no se tiene; se gasta en rubros que los contribuyentes nunca hubieran aceptado financiar de haber sabido de antemano el destino del gasto. Una vez comprometido el gasto para el futuro no hay escapatoria para el contribuyente, tarde o temprano tendrá que pagar más para hacer frente al desbalance en las cuentas fiscales. Si hace uno o dos años se le hubiera planteado al contribuyente los gastos que hoy son responsables del desequilibrio actual, ningún contribuyente en su sano juicio hubiera estado dispuesto más impuestos para financiar tales gastos. Una vez comprometido los gastos la situación es diferente: paga o paga.  De seguir todo igual, la situación fiscal que “herederá” el próximo gobierno hará casi imposible que no tenga que recurrir a una reforma tributaria con carácter de urgencia. He ahí la importancia de demandar coherencia y austeridad en el manejo de las finanzas públicas: lo que se gaste hoy habrá que pagarlo mañana.

 

 

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