Un democracia como la guatemalteca no puede darse el lujo de equivocarse. 

La situación que vive El Salvador en materia electoral muestra claramente la importancia de contar con autoridades electorales independientes, imparciales e idóneas. En situaciones como esta se corrobora la importancia de la elección que ocurrirá hoy en el Congreso. La historia reciente muestra el alto costo que pagan los sistemas democráticos por no contar con sistemas y autoridades electorales fuera de toda duda. Lo que vivió el Estado de Florida durante la elección presidencial de 2000 es un ejemplo de ello. En el episodio conocido como Floridagate, George W. Bush fue declarado vencedor en las elecciones presidenciales por un margen de 537 votos, un 0.009 por ciento del total de sufragios, lo cual disparó un recuento automático de votos y una disputa legal que terminó con una cuestionada decisión de la Suprema Corte de Justicia, que impidió el recuento manual de los mismos. Una situación similar se vivió en 2006 en las elecciones presidenciales mexicanas, en donde Calderón aventajó a López Obrador por 0.56 por ciento de los votos totales. Demás está decir que en ambos casos abundaron las denuncias de fraude y los alegatos en torno a la imparcialidad e idoneidad de las autoridades electorales, así como respecto de la fiabilidad de los sistemas electorales. 

 

Elecciones muy cerradas son una de las múltiples situaciones que ameritan unas autoridades electorales imparciales, con capacidad técnica y jurídica, y completa independencia de los partidos políticos de turno. Elegir autoridades electorales siguiendo únicamente criterios políticos, es la forma más efectiva para debilitar una democracia y garantizar el fracaso del sistema de partidos políticos. Nada positivo para el pueblo puede salir de un sistema en donde la normativa electoral se crea, modifica e interpreta, según los intereses de los partidos que deberían cumplirla; mucho menos para la oposición, que queda en plena indefensión frente a quienes tienen el poder sobre las autoridades electorales. Incluso, instituciones como los registros de personas terminan estando bajo el control de los que detentan el poder político; no se diga las instituciones, organizaciones, personas y procedimientos encargados de los aspectos logísticos de una elección. 

 

Pretender eliminar los criterios políticos en la elección de los nuevos magistrados del TSE resulta ingenuo, lo importante es que también se consideren otros factores como la experiencia, honorabilidad y capacidad de los candidatos. Al final de cuentas, tal y como lo demuestran incontables experiencias a lo largo de la historia, cuando los pueblos se hartan de este tipo de manipulaciones, quienes más pierden son quienes se han aprovechado del sistema. “Que se vayan todos” reclamaban los argentinos hace unos años, en clara referencia al hartazgo que les producía el comportamiento de los políticos tradicionales. 

 

Una democracia como la guatemalteca no puede darse el lujo de equivocarse en la elección de quienes serán los responsables de garantizar la legalidad y limpieza del proceso electoral.

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