El Sistema Penitenciario, una vez más, está pasando momentos de turbulencia. Hace dos semanas el director general y un ex subdirector general fueron arrestados y acusados de formar parte de una estructura criminal que operaba en la institución bajo el dominio de un privado de libertad. A raíz de estos sucesos, la institución se quedó sin director; asumiendo de forma interina la anterior subdirectora general.

¿Qué futuro le espera al sistema sin institucionalidad y con tan mala reputación? Los penales de Guatemala no reúnen los requisitos para cumplir con sus propósitos de resguardar en forma segura y rehabilitar a las personas privadas de libertad. Hasta hace unos años a la mayoría de los ciudadanos no le preocupaba la vida carcelaria. Muchos comentaban “¿Por qué debería de importarnos? – Son delincuentes y no merecen nada.” Sin embargo, la población está siendo afectada si el sistema carcelario no funciona, por ejemplo el Ministerio Público indica que más de la mitad de las extorsiones se efectúan desde los penales. Este tipo de señalamientos ha provocado que la sociedad ponga mayor interés en esta institución. Su abandono prolongado provocó la discusión y aprobación de un nuevo marco legal. Sin embargo, lejos de mejorar su desempeño, la misma ha seguido en su estado de deterioro que opera sin autoridad ni recursos.

La población reclusa se ha duplicada durante los pasados seis años y actualmente rebasa las 18,000 personas, quienes además suelen ser encarceladas por períodos largos – un tercio de las personas condenadas purgará condenas mayores a 10 años-. En cambio, la infraestructura no ha evolucionado; la falta de espacios es evidente y culmina en una ocupación del 280%. Este nivel de hacinamiento tiene graves consecuencias para la institución, ya que a la misma se le dificulta mantener la seguridad interna en las cárceles bajo esas condiciones. Además laboran con un déficit de personal operativo, lo cual significa poca presencia de la institución en los penales e imposible lograr una supervisión adecuada. Las condiciones actuales impiden una convivencia ordenada y estructurada en los recintos carcelarios; los bienes se hacen escasos y en consecuencia da oportunidad para cobros indebidos, extorsiones y liderazgos por parte de los reclusos. Una dinámica que lamentablemente se ha incrustado en todos los centros carcelarios.

Desde el 2004 han habido13 directores generales al frente del Sistema Penitenciario, algunos tan solo han fungido por unos meses. Para contar con una nueva dirección es imperante un cambio, no más de lo mismo. Se requiere a un profesional y a un equipo que esté dispuesto a dirigir con honestidad e iniciar un cambio cultural, enfrentando seriamente el problema de corrupción. Uno de los retos más grandes a afrontar será sentar las bases para la institucionalización de transformaciones profundas, como la carrera penitenciaria que está pendiente desde el 2007. Además, el nuevo director deberá velar por la construcción de los módulos de deshacinamiento, cuya adquisición en modo de excepción de Q. 755 millones fue aprobada recientemente y está próximo a firmarse el contrato. También, debe asegurar que exista la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para su construcción, que por cierto, actualmente no han sido presupuestados en el renglón correspondiente. El tiempo corre, ¡le quedan 18 meses a este gobierno para iniciar cambios! ¿Quién se animará a asumir el cargo?

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