Si  se analiza el destino del gasto público en estos dos años y medio de Gobierno –que al final es un reflejo de la voluntad política–, las prioridades están enfocadas en los aumentos salariales y la obra pública. Estas decisiones han tenido repercusiones negativas, como el desequilibrio fiscal y la renuncia de dos ministros de Finanzas.

Los incrementos salariales corresponden en su mayoría a dos pactos colectivos, el de salud y el de educación. No aplica a todos los servidores públicos y tampoco les exige un mejor desempeño.

Un pacto colectivo es un acuerdo entre dos partes, empleados y patronos, que busca regular las condiciones de trabajo y establecer responsabilidades y beneficios de unos y otros por un período, de uno a tres años, renovable o no. Se dan tanto en el sector privado como en el público. En el primer caso están en juego los recursos del dueño y la negociación es ganar-ganar. En el segundo, la ausencia de un “dueño” o patrono presenta grandes retos. Las negociaciones se realizan entre un representante del Gobierno y miembros de uno o varios sindicatos de la entidad. No todos los interesados participan.

Es complejo comprender lo difícil que se ha vuelto manejar las presiones de algunos sindicalistas. La mayoría de veces buscan trabajar menos y recibir más, usando de excusa “lo colectivo” para mejorar su posición individual. Hay poco equilibrio a la hora de negociar, en especial cuando se trata de empleados que prestan servicios de educación, salud, puertos y registros, ya que amenazan con paros, bloqueos y muestran poco respeto por la población.

Lamentablemente, los funcionarios son temporales y necesitan presentar resultados en el corto plazo, lo que a veces los hace ceder ante las exigencias sindicales. En adición, miembros de algunos partidos políticos conciben a los sindicatos como medio para obtener votos, por lo que en varias oportunidades se han asociado, o han forzando a la autoridad de turno a conceder más de lo debido, sin importar el bien común.

Los  trabajadores públicos tienen derecho a asociarse y a suscribir pactos. Sin embargo, deben hacerlo dentro de los límites que señalan las normas. En la práctica, cada renegociación ha significado la concesión de más días de asueto, bonos, incrementos salariales, reducción de horas laborales, becas de estudio… Lo anterior ha redundado en una pérdida de eficiencia del recurso humano, pues anula los méritos individuales del trabajador. También en el aumento de prerrogativas, en especial para algunos dirigentes sindicales: en la actualidad, varios de ellos cuentan con licencia para no trabajar, múltiples ingresos extraordinarios, viajes y viáticos, carros, edificios y secretarias. El extremo ha sido que se les ha dado la potestad de avalar la nominación de trabajadores y hasta de heredar sus plazas.

A  pesar de que los líderes sindicales del sector público promueven la democracia, no siempre son representantivos y respetuosos de la ley. Hace unos años supe de instancias sindicales que no llenaban los requisitos legales de celebrar asambleas, elegir cada dos años al Comité Ejecutivo, aprobar los estatutos, fijar cuotas o rendir cuentas. De hecho, varios de los secretarios generales tienen tantos años de ocupar el cargo que parece que este fuera vitalicio. Esto les ha permitido ganar experiencia, contar con recursos económicos, lograr presencia en medios de comunicación, integrar comisiones, disponer de tiempo libre, formar redes locales e internacionales, unirse con varios partidos políticos y, en muchos casos, hasta chantajear a las autoridades de turno.

Es muy importante que se frene la firma de pactos colectivos que no tienen restricciones. Debe haber un  equilibrio entre las partes. Los problemas que ya están causando en las finanzas públicas, así como en el desempeño del servidor y en la autoridad gubernamental, son graves. Será necesario respetar lo señalado por la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante su negociación. Asimismo, los beneficios otorgados tendrían que sujetarse a la Ley de Servicio Civil y a la Ley Orgánica del Presupuesto. Es fundamental que el Ministerio de Finanzas Públicas y la Oficina Nacional del Servicio Civil no validen los pactos cuando estos riñan con el equilibrio fiscal y la eficiencia del recurso humano; y que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no los homologue cuando transgredan la ley.

“Los trabajadores públicos tienen derecho a asociarse y a suscribir pactos. Pero deben hacerlo dentro de los límites que señalan las normas”.

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