Independientemente de la decisión que pueda tomar la Corte de Constitucionalidad en el caso de la reciente suspensión a las licencias de explotación de la Minera San Rafael, el daño a la credibilidad del país como destino de inversiones está hecho. Aunque la Corte de Constitucionalidad decidiera en sentido contrario a la Corte Suprema de Justicia, ante los ojos de todo tipo de inversionistas y empresarios, nacionales o extranjeros, Guatemala queda muy mal parada como un destino económico. Si ya la mayoría de indicadores relativos a la seguridad física o jurídica para hacer negocios eran bastante malos, no se diga ahora después de los dos controversiales fallos por las más altas cortes del país contra un proyecto hidroeléctrico y uno minero. Según el Índice de Estado de Derecho de 2016, del World Justice Project, Guatemala ocupa el lugar 101 de 113 países en el mundo en lo que se refiere al cumplimiento de las regulaciones en el país, solamente por encima de Venezuela en esta región del planeta. Guatemala se encuentra dentro de la docena de países en donde menos se garantiza que “la implementación efectiva de las regulaciones se lleve a cabo sin influencias indebidas por parte de ciudadanos o de intereses privados, y; que los procesos administrativos se realicen de manera oportuna, sin demoras irrazonables y respetando el debido proceso”. En resumen, un país en donde se respetan poco los derechos de propiedad de las personas y de las empresas.

Lo que hoy le está sucediendo a la hidroeléctrica y a la minera podría sucederle mañana a cualquier otra empresa, proyecto productivo o ciudadano; la explotación de recursos naturales o la adecuada regulación del Convenio 169 terminan siendo anecdóticos en todo este proceso. Así como también resulta anecdótico recordar que Guatemala, dentro de 113 países en la muestra, ocupa el lugar 106 en justicia criminal y el 111 en justicia civil en el referido índice. En otras palabras, el tipo de fallos en cuestión son un buen reflejo de un “sistema de justicia que opera con grandes retrasos; cuyas decisiones no se cumplen de forma adecuada; que no opera de forma imparcial y que tampoco se encuentra libre de la corrupción o de influencias indebidas, y; en donde no se respeta el debido proceso y no se protegen adecuadamente los derechos de los acusados”.

Dadas estas circunstancias, para invertir en Guatemala hay que estar dispuesto a tolerar riesgos similares a los que afrontan quienes lo hacen hoy en Venezuela. Visto de esta perspectiva, a nadie debería causar sorpresa que fallos jurídicos de este tipo afecten todo tipo de proyecto productivo e inversión, no solo a las empresas que se vieron envueltas en el supuesto problema. Lo peor de todo, en vista de lo sucedido, es que buenas excusas para invocar este tipo de intervención de las altas cortes siempre existirán, existan o no razones válidas para la misma.

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