– CIEN 5 de septiembre 2017 –

No hace falta entrar en muchos detalles para comprender el alto costo económico que ha tenido el activismo judicial para el país; estas intervenciones judiciales han ido desde el esclarecimiento legal y constitucional de asuntos relacionados con los tributos y la forma en que se recaudan hasta la protección de intereses difusos en contra de proyectos productivos específicos, pasando por toda una variada gama de asuntos económicos. La experiencia demuestra que no existe ámbito económico alguno en donde las cortes no puedan, eventualmente, decidir qué es lo que se puede o no puede hacer. Someter al ámbito judicial cualquier decisión tomada en el ámbito político, económico, de políticas públicas o administrativos añade una fuente más de inseguridad al sistema económico, además de, potencialmente, atentar contra la planificación y operación del sector público y la independencia de poderes.

El tipo de decisiones que emanan de este activismo judicial podrán ser perfectamente legales, sin embargo, esto no libra a la sociedad las consecuencias económicas de las mismas. Sobre todo cuando estas terminan provocando graves errores judiciales; resultados controversiales o indeseables; anulación antojadiza de derechos o responsabilidades de las partes, y; decisiones en donde las cortes pasan por encima de la autoridad del Ejecutivo y el Legislativo. Si bien no se puede pretender que los jueces actúen únicamente en función de las consecuencias económicas de sus decisiones, al menos deberían considerar los potenciales beneficios y daños económicos que pueden acarrear sus decisiones. En ese sentido, tan solo considerar lo que manda el artículo 119 constitucional seguramente cambiaría la forma en que las cortes ven los asuntos económicos.

Según el referido artículo, también son obligaciones fundamentales del Estado “promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país; velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país procurando el bienestar de la familia; otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización”. De ponderarse adecuadamente estos principios, temas como la restitución de los derechos de la Mina San Rafael y la suspensión definitiva de la Ley de Tarjetas de Crédito seguramente se verían como algo natural, necesario y perfectamente legítimo y legal. En todo caso, en lugar de concentrarse únicamente en consideraciones sociales, de derechos humanos o de equidad, en todas sus variantes, los jueces debería también prestar atención a estos otros principios constitucionales al momento de tomar sus decisiones.

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