27 de noviembre, 2017

La voluntad política está donde están los recursos, razón por la cual la discusión del presupuesto 2018 es muy importante. Los problemas de Guatemala se resumen en falta de oportunidades, por tener un pésimo sistema de salud, poca educación y de mala calidad, inseguridad, escasa infraestructura, falta de certeza jurídica e impunidad.

Deseamos combatir la corrupción, lograr servicios públicos de calidad y contar con justicia pronta y cumplida. Tenemos mucha delincuencia. Hay persecución penal, pero el Organismo Judicial no puede responder con prontitud. La pregunta es: ¿Cómo se asignarán los recursos el año entrante para lograr más y mejor seguridad y justicia?

El Proyecto de Presupuesto 2018 presentado por el Ejecutivo para las seis instituciones más importantes del sector de seguridad y justicia –la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP), el Organismo Judicial (OJ) y el Sistema Penitenciario (SP)– es de Q9,371 millones de Q87,900 millones, pasando del 13% en 2017 al 11% en relación con el total de egresos del presupuesto.

Recientemente, el CIEN hizo un estudio sobre la ejecución presupuestaria de estas instituciones en la última década y lo presupuestado para 2018. Se concluyó que no hay un comportamiento predecible en las asignaciones de recursos, no siempre se han medido los resultados del desempeño de cada institución, no se ha contado con un plan estratégico y además se ha adolecido de tener metas en común.

La PNC es la institución que tiene un mayor peso (42%), similar a otros años. El MP en 2010 obtuvo un 16% y para 2018 se propone un 21%, valor por arriba de su promedio histórico (17%). La asignación al Inacif sería de un 3%, de años anteriores (4%). El IDPP ha tenido en promedio un 2%, mejorando al doble para 2018. El OJ se perfila con una cuarta parte de los recursos, menor a la de 2010 (30%). El SP ha presentado la mayor variación a lo largo del tiempo, sin tener un patrón definido, oscilando entre un 5% (2010) y un 8% (2015), 6% para el próximo año.

Para incrementar la seguridad ciudadana y mejorar la justicia, es indispensable que las organizaciones del sector operen en equipo y se planteen objetivos. Uno de los mayores aprendizajes en estos años es que deben trabajar en forma sistémica e ir mejorando los procesos internos para reducir los cuellos de botella. En este sentido, para alcanzar una mejor coordinación interinstitucional, la CICIG ha venido trabajando en conjunto con las seis instituciones en el Sistema Integrado de Justicia (SIJ), que tiene como objetivo articular una planificación estratégica común y buscar la asignación presupuestaria que garantice una coherente cobertura territorial de las instituciones de seguridad y justicia. Se ha avanzado con tener una base de datos, una propuesta para combatir tres delitos identificados como prioritarios (homicidios, extorsiones y violencia contra la mujer) y se pondrá en marcha un programa piloto en dos departamentos: Alta Verapaz y Escuintla.

La asignación de recursos por parte del Congreso debe tomar en cuenta la planificación estratégica, la visión integral, las metas en común, acciones coordinadas, mejoras en su eficiencia y resultados. La encuesta de victimización permitirá conocer los desafíos de los distintos delitos y dará la oportunidad de llevar a cabo intervenciones más puntuales. ¿Cómo debieran asignarse los recursos a las instituciones de seguridad y justicia? ¿Por qué la participación del OJ ha disminuido? ¿Qué meta es prioritaria?

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