Más de 20 alcaldes mostraron hace unos días su malestar con las reformas a la Ley de Contrataciones, Decreto 9-2015. Según dijeron, ahora tienen dinero en sus arcas, no porque les hayan asignado más sino porque no se lo pueden gastar. Aunque resulte arriesgado utilizar el testimonio de un grupo de alcaldes en asuntos presupuestarios, la queja de estos jefes ediles se repite a lo largo y ancho del sector público a raíz de esta reforma. Este tipo de inconvenientes son un claro ejemplo que “no todo lo que brilla es oro” en materia del combate a la corrupción.

Reformas de este tipo, cuyas implicaciones operativas son tan variadas y complejas, no pueden hacerse a la carrera, a puerta cerrada y atendiendo únicamente el consejo de un reducido número de consultores, que si bien podrían estar bien intencionados, pretender resolver problemas complejos con una lógica lineal.

Los procesos de compras y contrataciones dentro del sector público se han complicado tanto dado que es casi imposible responder de manera medianamente ágil a las necesidades de gasto y cumplir con lo que manda la ley, independientemente de las buenas o malas intenciones de quien las realiza. La lucha contra la corrupción implica un delicado balance entre controles, restricciones y supervisión y el efectivo funcionamiento del aparato público. Lo cual, entiéndase bien, no implica aceptar la corrupción como un “mal necesario” y tampoco hacerle el juego a los corruptos, acusaciones que los autores de estas reformas tienen en la punta de la lengua para descalificar a quienes ponen en duda las supuestas bondades de la misma.

En ese sentido, tal y como lo demuestra el análisis de la Ley de Contrataciones realizada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN– en este tipo de reformas “es necesario centrarse en temas puntuales y de alta incidencia… para ello se deben levantar estadísticas, cálculos financieros, investigaciones de campo, consultar con expertos, funcionarios públicos y usuarios … [hacer] un esfuerzo de confrontación con el resto de la legislación, lo que en muchos casos aconseja modificar otras leyes”.

En la práctica, el Decreto 9-2015 está limitando la oportuna ejecución de los recursos públicos debido a “su dificultosa y contradictoria redacción, falta de armonización con el resto de la legislación, múltiples remisiones a reglamentos para resolver su insuficiencia, y a [la creación] de una institucionalidad sin dotarla de recursos financieros, técnicos y humanos”. Si bien el combate a la corrupción es bienvenida, hay que tener cuidado de no entorpecer a tal grado la gestión gubernamental que la calidad y efectividad del gasto se vea aún más comprometida. El reto consiste en impulsar un sistema de adquisiciones públicas que se adapte a las continuas innovaciones en los mercados de bienes y servicios y que “responda de la mejor manera a las múltiples necesidades de satisfactores sociales que demanda la sociedad guatemalteca en un marco de eficiencia, eficacia y transparencia”.

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