Reformas constitucionales: ¿Ahora qué?

Sería triste que después de todo este proceso de reforma, en lugar de mejorar en los indicadores del Estado de Derecho se termine cayendo más bajo.

Si bien cualquier cambio que implique mejoras al funcionamiento del sistema de justicia debería ser bienvenido, no todo cambio, necesariamente, implica un avance en la consolidación del Estado de Derecho. Concepto jurídico fundamental que debe distinguirse en un mero Estado de Legalidad, en donde lo único que importa es la estricta observancia a las leyes emanadas por cualquier cuerpo legislativo, independientemente si las mismas respetan o no derechos fundamentales y si las mismas en su actuar se rigen un marco jurídico que limita la forma en que pueden usar el poder. De esa cuenta, un país como Venezuela, en donde el Chavismo se ha preocupado siempre por legislar hasta el más mínimo detalle de la vida política, social y económica de sus ciudadanos, tiene el deshonroso privilegio de ocupar el último lugar en el índice de Derecho (Rule of Law) del Proyecto Mundial de Justicia (www.worldjusticeproyect.org), por debajo de países como Afganistán, Zimbabue o Camboya. No muy lejos de países como Bolivia, que ocupa el lugar 94 de 102 países, Honduras, lugar 90, Nicaragua, lugar 85 y Guatemala, lugar 85.

Según este índice, en un Estado de Derecho se define en función de ocho criterios de medición dentro del índice, en los cuales Guatemala ocupa los siguientes lugares en el ranquin global de 2015 (102 países): límites a los poderes públicos (64); ausencia de corrupción (89); gobierno abierto (70); derechos fundamentales (54); seguridad y orden (95); cumplimiento de las regulaciones (90); justicia civil (97); y justicia criminal (95). Criterios que, a su vez, se descomponen en más de 44 indicadores específicos acerca de la calidad del Estado de Derecho. Dado que “el diablo está en los detalles”, no hay garantía alguna que una, supuesta, gran reforma como esta no termine convirtiéndose en un fracaso cuando se ponga en práctica. Ahora que las reformas constitucionales al sector justicia son un hecho, sería importante pasar de los objetivos generales y grandes promesas a los resultados específicos que se esperan de ellas. Es decir, a los impactos medibles que dichas reformas tendrán sobre el bienestar de los guatemaltecos.

El debate que tendrá lugar ahora en adelante, de cara a una consulta popular, tiene que aterrizar en impactos específicos esperados de las reformas aprobadas. ¿En qué aspectos específicos mejorará la justicia? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuánto mejorarán estos indicadores? ¿En qué plazo? ¿A qué costo? Como mínimo, estas son el tipo de preguntas que deben responderse en esta materia. Sería triste que después de todo este proceso de reforma, en lugar de mejorar en los indicadores del Estado de Derecho se termine cayendo más bajo. Una reforma de este tipo no puede, ni debe, juzgarse solamente en función de sus grandes ideales u objetivos generales, sino en base los resultados medibles que se esperan obtener de la misma. De lo contrario, cualquier resultado parecerá aceptable, aunque sus costos sean muy altos.

Nota publicada en el Periódico: http://elperiodico.com.gt/opinion/2016/11/29/reformas-constitucionales-ahora-que/

Queremos debate

“En esta semana presenciaremos propuestas de enmiendas, aprobación del articulado y presiones locales e internacionales para concretar la reforma. Será lamentable, en especial por lo que viene, ya que distrae, divide y confunde”.

Ante la propuesta de reformas a la Constitución en el sector de justicia se han velado mitos, prejuicios y pasiones alrededor, pues no olvidemos que se trata de una contienda política electoral, con todas sus cargas e implicaciones. Para quienes es la primera vez que pasan por este proceso de reformar la Constitución en Guatemala se muestran muy animados por querer lograr un cambio rápido; sin embargo, es importante lograr su comprensión, ya que hay lecciones del pasado contundentes, por lo cual se solicita más prudencia, respeto y debate.

Importante señalar que no todo aquel que “no da el sí definitivo” es corrupto, está protegiendo el status quo o defiende la impunidad.También sería ingenuo pensar que como la propuesta viene de la CICIG y del MP es la salvacióncontra una sociedad que permitió por muchos años mafias gubernamentales corruptas, premió la cultura de ilegalidad y tiene doble moral.

El punto es cómo lograr un equilibrio, en el sentido de realizar reformas rápidas pero de calidad, avalado por expertos y de apoyo popular. Por un lado varios abogados han señalado que el texto podría estar mejor redactado, hay puntos que no coinciden con la integralidad del sistema jurídico definido en la Constitución y hay algunos temas que merecen más análisis como el poder que se le otorga al Consejo del Organismo Judicial, la ambigüedad del pluralismo jurídico y el funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad a futuro. Preocupa que el texto no haya sido revisado por varios juristas y constitucionalistas. Alarma que su contenido no sea estudiado por los parlamentarios y exista presión de aprobarlo esta semana.

Lo que se comenta es que el tiempo es clave para ponerla en práctica requiere de una consulta popular y debe programarse su presupuesto para 2017 (el miércoles es el último día). También se sabe que a inicios de diciembre un grupo de congresistas viajará a Europa a una actividad de Parlamento Abierto y su prisa es dejar resuelto este asunto.

No se trata de llevar un maratón con los distintos jefes de bloques, negociar y modificar artículos para luego aprobar el texto que después no se podrá modificar. Hemos visto este año un parlamento más activo, pero la calidad y la cantidad de leyes que ha producido son preocupantes. Un estudio realizado por Congreso Eficiente señala que de 23 leyes analizadas, apenas 20% siguió los procedimientos en forma que señala la normativa.

Para hacer reformas que perduren, sean integrales y consistentes se requiere seguir una metodología, discutir profundamente los temas y trabajar con los conocedores de la materia. No se trata solo de hacer mesas donde se desconoce el problema que se desea resolver, se presentan posturas sin debatir, sus miembros son “políticamente correctos” y nunca se concreta.

Por acelerar el paso, sin un cronograma definido y procedimientos de consulta a expertos y de redacción de estilo, luego resultamos con normativa aprobada que requiere una segunda versión de reformas como sucedió con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como la Ley de Contrataciones. En el primer caso, aún no se sabe cuándo se revisará, ni cómo se conocerá la misma. En el caso de la Ley de Contrataciones, distintas instituciones del Estado han tenido serios problemas para ejecutar, debido a la mala redacción y complejidad de la misma. Hacer los reglamentos no ha sido fácil y ante la ambigüedad los funcionarios prefieren no actuar por temor a ser sancionados e inclusive pavor de terminar en prisión con un juicio penal.

El sector de justicia presenta también muchos problemas de procesos, su operatividad no es solo cuestión de reformas constitucionales. Un estudio que se realizó hace unos meses respecto del flujo de la justicia criminal mostró que la eficiencia de la totalidad del sistema es 13%, y a pesar de los esfuerzos y recursos que se han destinado al MP y al Organismo Judicial estos presentan apenas una eficiencia de 14% y 20%, respectivamente. Con un presupuesto de Q2.5 millones se podría mejorar integralmente todos los procesos y elevar su eficiencia a 20%.

Tensa y complicada situación. En esta semana presenciaremos propuestas de enmiendas, aprobación del articulado y presiones locales e internacionales para concretar la reforma. Será lamentable, en especial por lo que viene, ya que distrae, divide y confunde. Ojalá observáramos un cambio de actitud. ¿Qué opina de llevar a cabo una reforma constitucional? ¿Está de acuerdo con la aprobación de normativa exprés en el Congreso? ¿Cómo debieran de debatirse reformas a nuestra Constitución?

Nota publicada en Publinews: http://www.publinews.gt/opinion/queremos-debate/TetpkB—dhLCIqWEGLBtA/

Reformas Constitucionales (articulado final, noviembre)

CIEN • Noviembre de 2016

El documento que a continuación se presenta contiene comentarios al articulado final de las reformas constitucionales presentado para su discusión y aprobación en el Congreso de la República.

>> Documento: Análisis del articulado final de las propuestas de Reformas Constitucionales 2016

En Septiembre, CIEN presentó un análisis del documento inicial de reformas propuesto en el diálogo, el cual puede encontrarse aquí:

>> Documento: Análisis de las propuestas de Reformas Constitucionales 2016

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Estrategia de Ampliación de Cobertura de Primaria

MARCA SOLUCIONES blanco

CIEN • Noviembre de 2016

A partir de los acuerdos de paz se redoblaron esfuerzos para aumentar la cobertura educativa del nivel primaria, a fin de buscar la tan anhelada cobertura universal. En efecto, los resultados fueron positivos y la cobertura neta de primaria año con año se fue incrementando, hasta llegar a un 99% en el año 2009. Sin embargo, a partir de ese año la tendencia se revirtió, y a sorpresa de muchos la cobertura neta inició a disminuir hasta alcanzar en el año 2015 el mismo nivel que se tenía en el año 1999.

El presente documento inicia con un diagnóstico de la cobertura educativa intentando dilucidar cuál es el escenario más probable comparando diferentes fuentes de información y determinar las causas del problema “la cobertura educativa en primaria no es universal”. A ello le sigue la propuesta de estrategia de ampliación de cobertura y se hace una serie de recomendaciones al MINEDUC para su implementación.

Documento: Estrategia de ampliación de cobertura en Primaria

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Documento de Propuesta: Estrategia de Ampliación de Cobertura de Primaria

MARCA SOLUCIONES blanco

CIEN • Noviembre de 2016

El CIEN presenta una propuesta de ampliación de la cobertura en el nivel educativo de primaria a fin de retomar las tasas de escolaridad que se han reducido en los últimos años. Se encuentra que el principal motivo por el cual los estudiantes entre 7 y 12 años no asisten a la escuela es por falta de dinero y por falta de interés. La estrategia de ampliación de la cobertura está enfocada en atender estos motivos. No es un problema de falta de acceso a la escuela (oferta educativa), sino un problema desde los hogares (demanda educativa). Se prioriza intervenciones en 11 departamentos con lo cual la cobertura educativa en la edad de 7 a 12 años pasaría del 91% al 96%.

Documentos:

>> Documento de Política Pública, Resumen

>> Presentación

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