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Fabiola Rodríguez
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¿Es necesario hacer reformas constitucionales para lograr más justicia?

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Guatemala 07 de septiembre de 2016. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN – presentó un análisis y sugerencias sobre la reciente propuesta de Reformas Constitucionales al Sector Justicia. En la presentación se abordaron los proceso anteriores de reforma a la Constitución de 1985, señalándose que en los últimos diez años han existido siete iniciativas distintas para reformas constitucionales.

La última reforma propone reformar 19 artículos de la Constitución, 12 de los cuales son respecto a la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial. El análisis de la reforma indica que la misma carecía de una exposición de motivos, lo cual es más que un requisito meramente formal. “Es necesario que se den a conocer las razones fácticas y jurídicas que aconsejan la adopción de reformas constitucionales” señaló Francisco Quezada, investigador del CIEN.

Se señala que el contenido del articulado es superficial y responde más a la coyuntura. Asimismo, se deja al margen el tema medular que se debe abordar, el cual es el mejoramiento de la justicia. El análisis realizado encuentra que algunas propuestas intentan romper la unidad jurisdiccional en que descansa el sistema republicano.

“Las mesas de diálogo fueron un exitoso ejercicio democrático, pero su alcance fue totalmente politico en desmedro del análisis técnico constitucional” comentó Quezada.

Como resultado de este análisis se hicieron 5 recomendaciones a las reformas constitucionales: 1. Cualquier intento de reforma debe hacerse para fortalecer el Estado de Derecho en una República, nunca para debilitarlo. 2. Previo a llevar a cabo un proceso de discusión amplio y abierto sobre una propuesta de reforma constitucional, deben conocerse los problemas que se pretenden resolver por esta vía. 3. Antes de proponer reformas constitucionales es menester realizar cambios a nivel de leyes ordinarias o prácticas administrativas para solucionar los problemas que se desean abordar. 4. Mejorar la administración de justicia por medio de políticas públicas que ofrezcan planes e instrumentos de planificación y evaluación. 5. Reencauzar la discusión del mejoramiento de la justicia a través de foros técnicos y estudios de procedimientos.

“La mayoría de temas que se abordan en las propuestas de reformas constitucionales se pueden solucionar realizando modificaciones en leyes ordinarias o en prácticas administrativas. Se debería inciar por este tipo de soluciones hasta que fruto de un análisis de casos y estudios técnicos se determine que la norma es disfuncional y no queda otra vía que ser reformada”, comentó María Isabel Bonilla, investigadora del CIEN.

La propuesta de CIEN es que si se busca mejorar la justicia, más que reformas constitucionales se requieren instrumentos de planificación, ajuste de procedimientos y que las instituciones del sector justicia operen con base en resultados.

Para más información comunicarse con Francisco Quezada al 2261-7578 y/o Maria Isabel Bonilla al 2331-1564

¿Por qué es necesario reformar la Ley de Contrataciones del Estado?

Guatemala 14 de junio de 2016. Meses antes de a las elecciones generales, El Congreso de la República promovió la participación de diferentes sectores para que propusieran reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Las propuestas se discutieron en plena campaña electoral y fueron aprobadas en noviembre, mediante el decreto 09-2015. Hoy, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- comentó algunos problemas de redacción de la reforma, así también expuso algunas inconsistencias que limitan su aplicación en la práctica.

Durante la presentación se dio a conocer los diferentes desafíos que enfrenta el Estado en cuanto a la mejora de esta ley, desde su dificultosa y contradictoria redacción, falta de armonización con el resto de la legislación, múltiples remisiones a reglamentos para resolver su insuficiencia, y el desarrollo de toda una institucionalidad sin dotarla de recursos financieros, técnicos y humanos.

“Hoy presentamos un breve diagnóstico sobre la última reforma realizada a la Ley de Contrataciones del Estado, enfocándonos en cinco temas cruciales que introducen cambios que buscan la transparencia en las adquisiciones, pero que le restan eficacia a la gestión. A futuro hay que mejorar su redacción y enfocarse en temas puntuales”, indicó Francisco Quezada, investigador del CIEN.

En la presentación se hizo énfasis en la ampliación del ámbito de aplicación de la ley, la definición de las autoridades superiores encargadas de las adquisiciones, la integración de las juntas de cotización, licitación o calificación, los arrendamientos, el Registro General de Adquisiciones y la prórroga de los contratos.

“Después de 23 años de vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, ha habidos mejoras en el sistema de adquisiciones públicas, sin embargo, persisten aspectos normativos e institucionales que en la práctica convierten los procesos de adquisiciones de las instituciones públicas en procedimientos lentos, engorrosos y no exentos de riesgos de corrupción”, comentó María Isabel Bonilla, investigadora del CIEN.

Luego de las reformas a la Ley de Contrataciones mediante el Decreto 09-2015, el CIEN propone: 1. Impulsar un sistema de adquisiciones públicas en un marco de eficiencia, eficacia y transparencia. 2. Para hacer reformas efectivas a la Ley de Contrataciones del Estado, es necesario centrarse en temas puntuales y de alta incidencia en materia de adquisiciones. 3. Comenzar por corregir los evidentes errores que ya contiene la Ley de Contrataciones del Estado, para luego pensar en un modelo de adquisiciones y de contrataciones, que combine eficiencia y transparencia. 4. En el corto plazo es aconsejable no solo una revisión integral de la Ley de Contrataciones del Estado, sino incluir en la agenda legislativa, como prioridad, una nueva normativa que corrija sus falencias.

La propuesta del CIEN es que La Ley de Contrataciones del Estado contenga una normativa clara y eficiente para las adquisiciones públicas sin descuidar la transparencia.

Las extorsiones: un fenómeno más complicado de lo que parece

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- presentó un acercamiento al fenómeno de las extorsiones en Guatemala y las medidas que se han tomado para hacerle frente.

La cifra real de la incidencia del delito de extorsión en Guatemala es imposible de conocer en la actualidad. “Hace falta investigar más a profundidad el fenómeno, contar con datos homologados y realizar encuestas de victimización para conocer los delitos que no se denuncian” afirmó Walter Menchú, investigador del Área de Seguridad del CIEN. Las extorsiones denunciadas en la PNC y el MP muestran la misma tendencia pero varían en cantidades. A partir del 2008 se registra un aumento acelerado llegando a la cifra más alta de 9,500 denuncias en el 2010. Hasta septiembre del presente año se habían recibido 6,000 denuncias. Las mismas se concentran en su mayoría en cinco departamentos del país, 61% del total en el departamento de Guatemala.

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Se necesita una reforma integral para la Policía Nacional Civil

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- presentó hoy un análisis respecto a la situación actual de la reforma policial, iniciada en el año 2010, evaluando así los avances y desafíos de la Policía Nacional Civil –PNC-.

La cantidad de agentes de la PNC ha pasado de 16,500 en el año 2000 a más de 31,000 en 2014, con un incremento en la tasa de 148 a 198 policías por cada 100 mil habitantes. "El presupuesto de la PNC incrementó 55% entre 2009 y 2014, mientras el presupuesto General del Estado aumentó 37%", comentó Walter Menchú, Asistente de Investigación del Área de Seguridad del CIEN.

 

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Urge ampliar la infraestructura carcelaria, con planificación y control

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- presentó un análisis respecto a la deficiente situación de la infraestructura y el hacinamiento carcelario, los cuales impactan negativamente en la seguridad ciudadana.

“Desde el año 2010, la población reclusa creció en 6,870 mientras que los espacios se redujeron en 270”, afirmó Walter Menchú, investigador del Área de Seguridad del CIEN. La combinación de una población reclusa que crece aceleradamente y tiene condenas de larga duración, y la ausencia de inversión para generar nuevos espacios carcelarios, da como resultado una ocupación del 280% de las instalaciones. Actualmente en promedio hay tres personas que ocupan el mismo espacio disponible.

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