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Fabiola Rodríguez
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¿Cómo lograremos tener mejor un Presupuesto del Estado?

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Guatemala 8 de noviembre de 2016. Hoy, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- presentó un análisis sobre el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2017 y dio recomendaciones sobre qué hacer respecto al mismo, buscando trascender la coyuntura asociada al próximo ciclo presupuestario y presentando recomendaciones sobre aspectos estructurales para futuros presupuestos.

El análisis muestra que a partir del 2009 los ingresos sufrieron una caída y en años posteriores no se lograron recuperar. Además los gastos corrientes aumentaron más que los ingresos corrientes, lo cual impactó en el déficit fiscal. Por el lado de los ingresos, se ha dado una práctica de incluir algunos “bolsones” de ingresos tributarios que en el presupuesto de 2017 alcanzan la cifra de Q3,200 millones. “Esta práctica hace menos transparente la estimación del presupuesto de impuestos con destino específico. Además, en los últimos años se ha sobreestimado los ingresos tributarios. Al final se termina recaudando menos de lo que se esperaba”, explicó Jorge Lavarreda, investigador asociado del CIEN.

La estructura de los gastos ha cambiado. La inversión pública pasó del 33% del presupuesto en 2006 al 17% en 2015. En el mismo periodo, el gasto de funcionamiento pasó del 50.6% al 66.6%. Existe un alto grado de rigidez de los ingresos corrientes, en el 2011 estaban comprometidos el 80% y en 2015 el 89%.

El presupuesto 2017 prioriza el gasto en educación, pago de deuda y seguridad ciudadana. Como en otros años, más de la mitad se concentra en la región metropolitana y el gasto per cápita por departamento varía entre Q7,580 en Guatemala y Q1,260 en Totonicapán. Aún existen desafíos en la calidad del gasto público. Por ejemplo, el presupuesto asignado a desnutrición crónica no está distribuido según la prevalencia de la misma a nivel departamental. “Estudios internacionales muestran que en Guatemala existe una baja eficiencia operativa del gasto público y con el mismo presupuesto, la provisión de servicios de salud y educación podría mejorar”, comentó Lavarreda.

CIEN propone que para tener un mejor presupuesto del Estado se debe:

1. Garantizar que las cifras aprobadas cuenten con fundamento técnico. Establecer techo presupues-tario con un déficit fiscal cercano al 1.5% del PIB y eliminar los “bolsones” en ingresos tributarios.

2. Mejorar la transparencia, rendición de cuentas y la calidad del presupuesto. Explicitar la situación de las deudas con proveedores. Mejorar la rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos. Eliminar gastos innecesarios e identificar recursos de contraparte asociados a préstamos.

3. Introducir prácticas que permitan avanzar hacia un presupuesto técnicamente sólido. Endeudamiento solo para financiar desequilibrios transitorios, no gasto corriente. Eliminar gradualmente las asignaciones presupuestarias con destino específico.

4. Avanzar hacia marcos de presupuestación de mediano plazo que incluyan flexibilidad.

5. Identificar, promover y contratar funcionarios y empleados públicos que cumplan con requisitos de mérito y competencias. Actualizar la Ley del Servicio Civil y fortalecer la ONSEC.

Para más información comunicarse con Fabiola Rodríguez al 2331-1564.

¿Cómo deshacinar los centros penitenciarios en Guatemala?

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Guatemala 24 de octubre de 2016. Hoy, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- presentó un estudio en el cual se analizaron las formas de deshacinar las cárceles en Guatemala. Las mismas actualmente operan al triple de su capacidad instalada, lo cual ubica al país como el segundo con más sobrepoblación carcelaria en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial.

Para que la medida privativa de libertad cumpla su finalidad de rehabilitación, es indispensable que las prisiones sean seguras, ordenadas y que fomenten la rehabilitación, lo cual no es posible actualmente.

En el estudio se recomienda mejorar el proceso penal a fin de descongestionar los juzgados y tribunales y así dar cumplimiento a los plazos procesales establecidos. Es necesario buscar alternativas al encarcelamiento, fortaleciendo las medidas sustitutivas para que la prisión preventiva sea la excepción, así como implementar mecanismos alternos a la prisión para el cumplimiento de condenas. “Otorgar medidas sustitutivas a los que actualmente están en prisión preventiva no tendrá el efecto deseado para reducir el hacinamiento por los requisitos que establece el Código Procesal Penal. Estimamos que menos de 1,500 personas en prisión preventiva podrían beneficiarse, lo cual en última instancia queda a criterio del juez”, comentó Corinne Dedik, investigadora del CIEN.

El déficit actual de espacios carcelarios es de 14 mil. Para prisión preventiva 5,200 y para cumplimiento de condena 8,800. “Las necesidades de ampliar los espacios para cumplimiento de condena son mayores, por lo que se debería priorizar la construcción de este tipo de infraestructura. Actualmente hay 21 cárceles, pero solo 5 son de cumplimiento de condena”, mencionó Walter Menchú, analista del CIEN.

Se recomienda que la habilitación de nueva infraestructura penitenciaria se priorice en aquellos lugares con mayor demanda, según el origen de los privados de libertad, a fin de mantener sus lazos familiares y fortalecer los procesos de rehabilitación. Además se debe escoger una ubicación estratégica, para facilitar la logística penitenciaria (traslados, salidas, emergencias, etc).

CIEN recomienda que para reducir el hacinamiento se debe:

1. Realizar un plan de infraestructura a mediano y largo plazo, con criterios técnicos, para adecuar espacios carcelarios.

2. Fortalecer las medidas alternativas al encarcelamiento y a mediano plazo, una revisión exhaustiva del código penal.

3. Priorizar la construcción de infraestructura carcelaria para cumplimiento de condena y en los departamentos y regiones con mayor déficit de espacios: a) Cumplimiento de condena: Región I, Guatemala; b) Prisión preventiva: Departamentos de Guatemala y Escuintla.

4. Ampliar la infraestructura para las mujeres que están cumpliendo condena, y construir una cárcel de alta seguridad.

5. Implementar en las nuevas cárceles una nueva administración carcelaria y un nuevo régimen interno.

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¿Qué principios deben guiar una buena Ley de Competencia?

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Guatemala 12 de octubre de 2016. Hoy, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- presentó comentarios sobre la propuesta de Ley de Competencia que se han discutido en el Congreso de la República durante los últimos meses, a iniciativa de varios diputados. El propósito fue enlistar los principios que deben guiar una propuesta de Ley de Competencia para que logre el objetivo de promover y defender la libre competencia.

“El primer problema de la actual propuesta de Ley de Competencia inicia con una mala definición de libre competencia, pues no se define nada sino que se repite en la definición lo que se suponía definir. Esto abre la posibilidad a una serie de arbitrariedades, pues cualquier acto podría calificarse de anti competitivo. Además, hay otros vacíos legales, pues no se define qué es daño a la competencia”, explicó Sigfrido Lee, investigador asociado del CIEN.

Según el artículo 130 de la Constitución, una condición previa, para justificar la acción del Estado en materia de competencia, es que debe haber un perjuicio a la economía nacional y/o a los consumidores. Sin embargo, en la actual propuesta se sigue una doctrina per sé, donde es suficiente suponer un posible daño para sancionar a los empresarios. “Suponer que una concentración de mercado por sí misma es dañina, no demuestra que en realidad esté causando un daño”, comentó Lee.

También se establecen excepciones que van en contra de los objetivos del proyecto y violan el derecho de libertad de industria, comercio y trabajo. CIEN considera que no se debe criminalizar una práctica anticompetitiva, pues debe verse como un conflicto de orden civil y no meramente administrativo y menos penal. La posible sanción debe encaminarse a compensar el daño causado.

Por último, se considera que se está estableciendo una estructura organizacional politizada, pues en la integración de los órganos administrativos de la entidad a cargo se incluyen representantes del Congreso, del Colegio de Economistas y del de Abogados y Notarios, lo cual no garantiza la independencia de criterio de los directores. “La Superintendencia que se crea debería ser eminentemente técnica”, opinó Sigfrido Lee.

CIEN propone que se redacte una nueva iniciativa de Ley de Competencia con los siguientes principios:

1. No excluye sectores.

2. Respeta el debido proceso: la carga de prueba la tiene quien acusa y no hay sanción sin daño demostrado.

3. Una autoridad con discreción limitada a través de funciones y alcances claramente definidos.

4. No limita estructuras de mercado sino sanciona prácticas no competitivas que efectivamente provocan daño.

5. No criminaliza prácticas anticompetitivas.

6. Respeta el derecho de libertad de industria, comercio y trabajo.

Para más información comunicarse con Fabiola Rodríguez al 2331-1564.

¿Es necesario hacer reformas constitucionales para lograr más justicia?

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Guatemala 07 de septiembre de 2016. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN – presentó un análisis y sugerencias sobre la reciente propuesta de Reformas Constitucionales al Sector Justicia. En la presentación se abordaron los proceso anteriores de reforma a la Constitución de 1985, señalándose que en los últimos diez años han existido siete iniciativas distintas para reformas constitucionales.

La última reforma propone reformar 19 artículos de la Constitución, 12 de los cuales son respecto a la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial. El análisis de la reforma indica que la misma carecía de una exposición de motivos, lo cual es más que un requisito meramente formal. “Es necesario que se den a conocer las razones fácticas y jurídicas que aconsejan la adopción de reformas constitucionales” señaló Francisco Quezada, investigador del CIEN.

Se señala que el contenido del articulado es superficial y responde más a la coyuntura. Asimismo, se deja al margen el tema medular que se debe abordar, el cual es el mejoramiento de la justicia. El análisis realizado encuentra que algunas propuestas intentan romper la unidad jurisdiccional en que descansa el sistema republicano.

“Las mesas de diálogo fueron un exitoso ejercicio democrático, pero su alcance fue totalmente politico en desmedro del análisis técnico constitucional” comentó Quezada.

Como resultado de este análisis se hicieron 5 recomendaciones a las reformas constitucionales: 1. Cualquier intento de reforma debe hacerse para fortalecer el Estado de Derecho en una República, nunca para debilitarlo. 2. Previo a llevar a cabo un proceso de discusión amplio y abierto sobre una propuesta de reforma constitucional, deben conocerse los problemas que se pretenden resolver por esta vía. 3. Antes de proponer reformas constitucionales es menester realizar cambios a nivel de leyes ordinarias o prácticas administrativas para solucionar los problemas que se desean abordar. 4. Mejorar la administración de justicia por medio de políticas públicas que ofrezcan planes e instrumentos de planificación y evaluación. 5. Reencauzar la discusión del mejoramiento de la justicia a través de foros técnicos y estudios de procedimientos.

“La mayoría de temas que se abordan en las propuestas de reformas constitucionales se pueden solucionar realizando modificaciones en leyes ordinarias o en prácticas administrativas. Se debería inciar por este tipo de soluciones hasta que fruto de un análisis de casos y estudios técnicos se determine que la norma es disfuncional y no queda otra vía que ser reformada”, comentó María Isabel Bonilla, investigadora del CIEN.

La propuesta de CIEN es que si se busca mejorar la justicia, más que reformas constitucionales se requieren instrumentos de planificación, ajuste de procedimientos y que las instituciones del sector justicia operen con base en resultados.

Para más información comunicarse con Francisco Quezada al 2261-7578 y/o Maria Isabel Bonilla al 2331-1564

¿Por qué es necesario reformar la Ley de Contrataciones del Estado?

Guatemala 14 de junio de 2016. Meses antes de a las elecciones generales, El Congreso de la República promovió la participación de diferentes sectores para que propusieran reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Las propuestas se discutieron en plena campaña electoral y fueron aprobadas en noviembre, mediante el decreto 09-2015. Hoy, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- comentó algunos problemas de redacción de la reforma, así también expuso algunas inconsistencias que limitan su aplicación en la práctica.

Durante la presentación se dio a conocer los diferentes desafíos que enfrenta el Estado en cuanto a la mejora de esta ley, desde su dificultosa y contradictoria redacción, falta de armonización con el resto de la legislación, múltiples remisiones a reglamentos para resolver su insuficiencia, y el desarrollo de toda una institucionalidad sin dotarla de recursos financieros, técnicos y humanos.

“Hoy presentamos un breve diagnóstico sobre la última reforma realizada a la Ley de Contrataciones del Estado, enfocándonos en cinco temas cruciales que introducen cambios que buscan la transparencia en las adquisiciones, pero que le restan eficacia a la gestión. A futuro hay que mejorar su redacción y enfocarse en temas puntuales”, indicó Francisco Quezada, investigador del CIEN.

En la presentación se hizo énfasis en la ampliación del ámbito de aplicación de la ley, la definición de las autoridades superiores encargadas de las adquisiciones, la integración de las juntas de cotización, licitación o calificación, los arrendamientos, el Registro General de Adquisiciones y la prórroga de los contratos.

“Después de 23 años de vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, ha habidos mejoras en el sistema de adquisiciones públicas, sin embargo, persisten aspectos normativos e institucionales que en la práctica convierten los procesos de adquisiciones de las instituciones públicas en procedimientos lentos, engorrosos y no exentos de riesgos de corrupción”, comentó María Isabel Bonilla, investigadora del CIEN.

Luego de las reformas a la Ley de Contrataciones mediante el Decreto 09-2015, el CIEN propone: 1. Impulsar un sistema de adquisiciones públicas en un marco de eficiencia, eficacia y transparencia. 2. Para hacer reformas efectivas a la Ley de Contrataciones del Estado, es necesario centrarse en temas puntuales y de alta incidencia en materia de adquisiciones. 3. Comenzar por corregir los evidentes errores que ya contiene la Ley de Contrataciones del Estado, para luego pensar en un modelo de adquisiciones y de contrataciones, que combine eficiencia y transparencia. 4. En el corto plazo es aconsejable no solo una revisión integral de la Ley de Contrataciones del Estado, sino incluir en la agenda legislativa, como prioridad, una nueva normativa que corrija sus falencias.

La propuesta del CIEN es que La Ley de Contrataciones del Estado contenga una normativa clara y eficiente para las adquisiciones públicas sin descuidar la transparencia.

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