Carreteras en estado de calamidad

Diversos analistas han comentado que la infraestructura vial está en las peores condiciones en que ha estado desde hace décadas. El sistema no funciona más. Necesitamos revisar y reformar la institucionalidad pública de tal modo que se puedan llevar a cabo las obras requeridas con celeridad, en un ámbito competitivo y a través de procesos transparentes. De allí que FUNDESA ha planteado que el próximo Encuentro Nacional de Empresarios aborde el tema de cómo mejorar la infraestructura del país para acelerar el crecimiento económico y el desarrollo.

Es importante avanzar hacia revisar, reformar y renovar la institucionalidad que faculta la ejecución de las obras públicas, especialmente los caminos y carreteras, que resultan cruciales para los procesos productivos, y en general para garantizar la movilidad eficiente de las personas. La calamitosa situación de las carreteras ha duplicado los tiempos de traslado, lo cual encarece el comercio, dificulta las exportaciones, pone en riesgo la salud de las personas y hace más complicada la prestación de ciertos servicios, especialmente el turismo, ya que se hace inviable visitar las maravillas que ofrece Guatemala, a menos que se traslade a los turistas por vía aérea. Los niños y maestros también se benefician si hay mejores caminos, logran llegar a sus centros educativos en menor tiempo y con seguridad.

El estado de calamidad de las carreteras es innegable. La solución debe darse pronto. Según FUNDESA Guatemala necesita construir más de 47 mil kilómetros en los próximos 15 años. No se han construido nuevos caminos ni carreteras en los últimos 5 años. La meta es triplicar el indicador de disponibilidad de red vial por habitante, para irnos acercando el indicador de México y otros países latinoamericanos. De allí la importancia de generar un marco institucional que facilite la licitación y contratación de obras, y que garantice una buena calidad de la infraestructura en un horizonte de largo plazo. La Ley de Contrataciones deberá reformarse de tal modo que regule adecuadamente los procesos, y que sea una normativa útil, más no sobrereguladora.

En cuanto a la Ley de Contrataciones, es importante balancear adecuadamente las restricciones, controles y responsabilidades con la libertad que deben tener los funcionarios cuando se requiere comprar oportunamente, con calidad y precio competitivo. Asimismo, se requieren propuestas innovadoras, inspiradas en las mejores prácticas a nivel mundial. Se puede pensar en dinamizar el modelo de alianzas público-privadas, utilizado para ejecutar la infraestructura vial en otras latitudes.

Ahora bien, entre que haya una calamidad en las carreteras, a aprobar un Estado de calamidad hay una diferencia. Realizar un plan de trabajo con los mejores ingenieros y estrategas es necesario y urgente. Se cuenta con recursos y disponibilidad de fondos; debe aprovecharse la existencia del Fondo Vial, que recibe el impuesto al combustible, para el mantenimiento vial. Decretar Estado de Calamidad implica saltarnos los requisitos legales para las contrataciones, con la excusa de la emergencia, lo cual no es conveniente para nuestro país, especialmente en la dramática situación en que nos encontramos, donde debemos a todas luces orientarnos hacia prácticas claras, transparentes y llenas de luz. Y, abandonar prácticas que se puedan prestar a la oscuridad y corrupción. El tema central para arreglar las carreteras es de tipo gerencial, exijamos mejorar la gestión antes que decretar Estado de Calamidad.

Ministros de reemplazo

Acá renuncian cuatro ministros y parece no pasar nada; en Chile, hace poco más de un mes, la renuncia de forma simultánea de los ministros de Hacienda y Economía, según parece, por un desacuerdo con Bachelet sobre un proyecto portuario-minero, provocó claras manifestaciones de preocupación por parte de las calificadores de riesgo y los agentes financieros, así como duras críticas por parte de la oposición. A diferencia de lo sucedido en Chile, el “quiebre dentro del gobierno” de Morales, para usar el nombre que utilizaron allá para referirse a este hecho, no obedece a una simple diferencia de opiniones sobre un proyecto productivo, sino, aparentemente, a una divergencia profunda acerca del grado de compromiso que debería tener el gobierno de turno con el combate a la corrupción. Lo que sería un crisis en otro país, acá pasa sin pena ni gloria. Aun así, que estas renuncias no hayan provocado mayor revuelo no debe interpretarse como algo positivo o de poca importancia, así como tampoco debería tomarse con ligereza la escogencia de los sustitutos.

Para principiar, quienes reemplacen a Estrada, Teleguario y Rivas no solo deben contar con la solvencia técnica y experiencia necesarias, sino estar dispuestos a navegar en aguas traicioneras a bordo de un gobierno que afronta una profunda crisis, que carece de un rumbo claro en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y cuyo capitán ha perdido la mayor parte de su credibilidad. Dada la importancia de las carteras en cuestión, los ministros de reemplazo, más que obedecer a ciegas al Presidente, deben ejercer su liderazgo para reencauzar el rumbo de la nave y dar señales a la población respecto del compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción. Estos nuevos funcionarios deben reconocer que, de salir bien librados de la tormenta que actualmente sacude al gobierno, deben sentirse satisfechos con tan solo mantener el “barco a flote” después de lo vivido. Como bien dijo el nuevo ministro de Economía chileno cuando asumió el cargo: “no es el momento para desbordes de ninguna naturaleza”. Para bien o para mal, el gobierno de turno carece de capital político, legitimidad y capacidad de gestión para intentar realizar reformas osadas o impulsar grandes cambios.

Dados los temores existentes y la percepción de falta de dirección en los asuntos públicos, quienes lleguen en reemplazo deben ser extremadamente cuidadosos en no generar más incertidumbre en el ambiente, mucho menos tomar o propiciar acciones que provoquen más corrupción, tráfico de influencias, abusos de poder y el uso ineficiente e ineficaz de los fondos públicos. Para finalizar, es importante que Morales y Cabrera comprendan que mucho de su futuro inmediato depende de quienes resulten designados para estos cargos; la historia reciente demuestra cuánto daño se le puede hacer al país cuando se dejan bajo el control de grupos de interés o marionetas al frente de carteras tan importantes como las de Finanzas, Trabajo y Gobernación.

“Salud para privados de libertad sin riesgo ciudadano”

-CIEN 2 de octubre,2017-

La tragedia del Hospital Roosevelt del 16 de agosto por el traslado de un pandillero para obtener servicios de salud dejó la muerte de siete personas y 12 heridos, creó temor en los trabajadores y además desconfianza en la población que es atendida por el servicio público. Adicionalmente, el reo logró su cometido: escaparse.

También dejó grandes lecciones respecto de la seguridad ciudadana y los traslados de los privados de libertad. Recientemente, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) realizó una investigación respecto de la salud de los privados de libertad y las acciones que se están ejecutando en búsqueda de otorgar el servicio como un derecho a esta población, pero resguardando la seguridad de los profesionales que trabajan en salud pública y de los usuarios del servicio.

Es importante comprender que la autorización para un traslado médico de un privado de libertad depende de autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el juez competente del Organismo Judicial (OJ) y especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Adicionalmente, si la persona que será trasladada tiene un perfil de alta peligrosidad, debiera de tomarse medidas específicas de resguardo, como contar con mayor soporte de guardias penitenciarios y solicitar apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

No todos los privados de libertad están enfermos, y mucho menos requieren salir del centro penitenciario para ser atendidos. Las principales causas de movilidad en las cárceles tanto para hombres como para mujeres son las enfermedades pépticas y el resfriado común. Al no contar con atención en los centros carcelarios, se requiere realizar los traslados al exterior. El estudio detectó tres tipos de reclusos que solicitan o demandan servicios de salud: 1) Quienes realmente necesitan atención médica, los cuales son la mayoría de trasladados; 2) personas que tienen la intención de evadir la cárcel internándose en un hospital, quienes son minoría y suelen tener la capacidad de pagar un hospital privado; y 3) los privados de libertad que aprovechan la salida para reconectarse con su estructura criminal o escaparse –los cuales son minoría, pero mayoritariamente pandilleros–.

Lo importante es que se está reaccionando positivamente. Según la DGSP, se han iniciado cambios, como la apertura de laboratorios y la implementación de nuevos protocolos. De hecho, los traslados por motivos médicos se han reducido de 30 a seis diarios. A la fecha del estudio (septiembre 2017) se encontraban 43 privados de libertad recluidos en hospitales, quienes habitan en 10 de las 21 cárceles. La tasa promedio es de dos reclusos hospitalizados por cada mil. Sin embargo, en las cárceles de Matamoros y Mariscal Zavala la tasa asciende a cien y 77 por cada mil.

El estudio recomienda continuar con los esfuerzos para tener mejores servicios médicos en los centros penitenciarios, lograr el abastecimiento constante y planificado de medicamentos en cada uno de los centros, sostener suficiente personal médico y destinar el presupuesto necesario para mantener funcionando los servicios de salud. También se recomienda fortalecer la unidad de análisis del Sistema Penitenciario por medio del aumento de número de personal y capacitación especializada en inteligencia; así como la capacitación constante del grupo élite encargado de los traslados. ¿Qué otras medidas deben tomarse para evitar traslados a hospitales? ¿Cómo prevenir enfermedades en los centros penitenciarios? ¿Cómo lograr mayor coordinación y colaboración entre las autoridades que se involucran en el traslado de un privado de libertad?

Alfabetización en el siglo actual

– CIEN 27 de Septiembre, 2017 –

El Día Mundial de la Alfabetización fue el motivo por el cual el Comité Nacional de Alfabetización, CONALFA, presentó su informe de avances y un documento con su posicionamiento actual, denominado “Hacia una alfabetización innovadora”. Debemos hacer un alto en el camino y revisar el grado de avance y de efectividad de las estrategias de alfabetización que se han implementado desde que surgió el referido comité con base en la Ley de Alfabetización de 1986 y su reglamento, promulgado en 1991.

Después de tres décadas de existencia y de recibir uno por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, según artículo 13 transitorio de la Constitución Política de la República, es de cuestionar si se han logrado los objetivos planteados y si se ha cumplido con la misión alfabetizadora.

La asignación constitucional debía asignarse durante tres gobiernos originados a partir de la vigencia de la Constitución. La aprobación de los presupuestos y programas de alfabetización, la fiscalización y supervisión de su desarrollo estarían a cargo de un comité compuesto por los sectores público y privado; la mitad más uno de sus miembros será del sector público. El comité es coordinado por el Ministro de Educación, quien suele delegar la participación del Ministerio en un Viceministro, que generalmente ha sido el Técnico. Su presupuesto en 2016 fue de 214.9 millones de quetzales y está incorporado con el del Ministerio de Educación, aunque CONALFA funciona de manera autónoma e independiente. Sus fuentes de financiamiento provienen de los ingresos ordinarios y de impuestos específicos como el de salida del país.

Se reporta que el analfabetismo se ha reducido de 52% en 1986 a un 12.3% en 2016, en la población de 15 años y más. Es un avance en el indicador que podría decirse es aceptable. Sin embargo, esta reducción en el indicador no se atribuye únicamente a la labor de CONALFA sino que proviene también del aumento de cobertura en la primaria, que casi se ha universalizado, cerrando por tanto el chorro del analfabetismo en la niñez.

Según las estimaciones de población aún existen 1.2 millones de personas que no saben leer y escribir, a quienes es necesario atender mediante estrategias innovadoras. El desafío que CONALFA se plantea es que la formación que se realice sea relevante y motive a las personas que se inscriben a terminar el proceso. Ello se logrará solamente si los programas son de interés para desarrollar destrezas útiles para la vida y para la inserción laboral.

Entre los desafíos de la alfabetización en el siglo veintiuno están llegar a esos segmentos poblacionales que aún son analfabetas y que son más difíciles de atender por su ruralidad o condiciones etáreas. Además, es un reto incorporar la tecnología como un área novedosa que permita la innovación y el acceso al conocimiento mundial. Algunos municipios se han esforzado por llegar a ser declarados Libres de analfabetismo, aunque hay varios que están en cola para ser reconocidos como tales. Es momento de revisar a fondo las estrategias de alfabetización y considerar los puntos en común con otras estrategias, como la educación extraescolar que impulsa el Ministerio de Educación, los programas de INTECAP así como la formación que se brinda a las madres en temas de salud y para reducir la desnutrición crónica. Hay mucho por hacer, especialmente en cuanto a revisar las acciones de CONALFA, redireccionarlas e innovar para reducir el analfabetismo de manera efectiva y a un costo razonable.

División y confrontación: camino equivocado

– CIEN 26 de septiembre, 2017

El clamor popular no deja ninguna duda: la lucha contra la corrupción debe continuar. No obstante, una cosa es exigirlo y otra promover las reformas que permitan erradicar este mal de forma exitosa y oportuna. En ese sentido, es muy importante reconocer que la naturaleza de la lucha contra la corrupción requiere de esfuerzos y sacrificios por parte de todos y de un proceso de adaptación gradual que puede ser tardado y complicado. Esta lucha no se reduce a un asunto meramente técnico, cuya solución pueda delegarse a un grupo de expertos que identifican con precisión las causas raíz de la situación e implementan las soluciones más efectivas y de menor costo. Al contrario, el combate contra la corrupción conlleva un proceso gradual de cambio y adaptación en donde todos los involucrados en la lucha deben aprender a trabajar en conjunto.

Todos los involucrados en la lucha contra la corrupción deberían reconocer que “la moneda está en el aire”, todavía no hay ganadores ni perdedores. Los falsos y precoces triunfalismos impiden reconocer que la marcada polarización existente hace que todo tipo de liderazgos sean vistos con profunda desconfianza y temor, lo cual limita seriamente la capacidad de dirección del proceso; el afán por empujar agendas sectoriales provoca que espacios legítimos de diálogo sean descalificados bajo pretexto de representar adecuadamente la diversidad de demandas sociales o la pluralidad de la sociedad guatemalteca, surgiendo en su lugar espacios en donde solamente se convoca a quienes piensan igual y repiten el mismo credo; aunque se tienen ideas generales de los cambios que se necesitan, no existen propuestas concretas que puedan ser puestas en operación de inmediato para garantizar los resultados deseados; quienes hoy dicen liderar el proceso carecen de credibilidad para erigirse en los voceros del pueblo y descalificar a todos los demás con el ánimo de monopolizar el manejo de la agenda, al final de cuentas la mayoría de grupos en esta lucha son representativos de algún sector, más no representantes legítimos de los mismos.

En situaciones de alta incertidumbre, desorientación, polarización y pesimismo, como las que hoy se viven, es necesario que todos los involucrados en la construcción de una posible salida a la situación actual comprendan que es momento de facilitar un cambio gradual hacia un nuevo estado de cosas, de guiar a la población en un difícil camino, y no de revivir odios y desconfianzas del pasado, defender a ultranza posiciones radicales o pretender ganar notoriedad, con vistas a capitalizar réditos políticos en el futuro cercano. Más que tratar de imponer una determinada visión del mundo, lo importante es comprometerse con un determinado curso de acción, que se cree correcto, pero estar abierto a la posibilidad que a lo mejor ese curso de acción está equivocado. No reconocer estos factores, al final, puede resultar tan dañino como los males que se pretenden combatir.

Visítanos en nuestras cuentas de: