Corrupción y ceguera selectiva

– CIEN 28 de agosto/2018 –

Con toda la validez que pueda tener, reducir el debate de lo que está sucediendo un asunto de búsqueda de culpables, de quién se queda y quién se va o de qué bando tiene la razón equivale a perder de vista el problema fundamental. Lo que verdaderamente debería preocupar a todos es que la corrupción se haya convertido en una forma de vida aceptada por muchos, de manera que su combate resulta más difícil de lo que parece ya que se le ve como algo natural, como una oportunidad legítima de ganancias o, en el mejor de los casos, como un crimen sin víctimas. Cuando se ha perdido la capacidad de reconocer el daño que esto hace a la fibra moral de un pueblo y no se reconocen los costos sociales de esta forma de actuar, se hace necesario reconocer cuán limitados pueden resultar los mecanismos tradicionales de combatir la corrupción. Sobre todo, cuando la situación parece obedecer a lo que en el lenguaje sistémico se conoce como un “ciclo reforzador”: una situación en la cual la corrupción se retroalimenta a sí misma y se fortalece de manera autónoma con el paso del tiempo, haciéndola cada vez más generalizada, profunda y aceptada por todos.

En cierto sentido, la lucha iniciada contra la corrupción es similar a lo que sucede cuando se corta un árbol de gran altura: inevitablemente se llega a un punto en donde se concluye la tarea conforme el plan inicial o el árbol termina cayéndole encima a quienes intentan derribarlo. Lo más grave de abandonar de tajo la forma en que se lucha hoy contra la corrupción no es la pérdida del aprendizaje organizacional, técnico y social adquirido hasta ahora, sino el alto riesgo de volver a una situación similar a la que prevalecía cuando esta lucha se inició o, muy probablemente, a una peor dado lo fortalecidos que podrían salir quienes hoy están en la mira de dicha lucha. Dado este estado de cosas, debe reconocerse que las instituciones nacionales encargadas de la lucha contra la corrupción muy difícilmente podrían continuar la tarea que inició ya la CICIG; al menos, no con la misma intensidad y determinación como se ha venido haciendo.

Como lo muestra la Tercera Ley de Newton, para vencer a una fuerza en una determinada dirección se necesita una fuerza mayor en dirección contraria. Algo que gobiernos débiles, que ni siquiera son capaces de administrar los asuntos básicos, que probablemente carezcan de un genuino compromiso de luchar contra la corrupción, que no cuentan los recursos necesarios y que no tienen una estrategia integral al respecto, difícilmente pueden garantizar la condición mínima para que funcione este principio básico. No reconocer este hecho constituye una fatal ingenuidad o una negligencia temeraria, independientemente de quien sea el que juzgue el fenómeno; tome decisiones de política pública; pretenda defender la soberanía nacional, o; tenga en sus manos la decisión de modificar de un plumazo la institucionalidad existente.

Jimmy vrs. Iván

CIEN -28 de agosto de 2017-

Se presentan nuevos casos de corrupción y otra crisis. Pareciera que la primavera que vivimos ha pasado y ahora estamos en pleno invierno. Una semana muy tensa entre el presidente y muchos ciudadanos y el mandatario frente los entes acusadores: el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

Sorprendió que el presidente Jimmy Morales decidiera pedir una cita con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y viajará a Nueva York para sostener una reunión el viernes pasado. Aunque él oficialmente nunca reveló el objetivo de su viaje, si lo comentó en privado en dos ocasiones.

Luego que el periodista José Rubén Zamora sacara públicamente que el presidente iba a viajar para “demandar la salida inmediata del comisionado de la CICIG”, el tema se convirtió en una especie de rumor público. La presidencia ofreció una conferencia de prensa el miércoles, donde el vocero jamás negó que el presidente haría la petición y no pudo explicar a qué se debía el “viaje secreto” que tenía planeado. Luego el Canciller dio una entrevista donde trató de calmar las aguas, pero la duda de la petición persistía.

El viernes el presidente no pidió la remoción del comisionado por escrito, posiblemente lo hizo de forma verbal y se emitió un comunicado poco claro respecto la visita. Se informó que el domingo en la noche se daría un mensaje a la población.

Paralelamente también se dieron acciones. La fiscal general Thelma Aldana comentó, si el comisionado Iván Velásquez se iba, ella renunciaba. Muchos empleados del MP se pronunciaron en solidaridad a la fiscal. Además, el MP y la CICIG convocaron a dos conferencias de prensa, una el jueves y otra el viernes, donde presentaron una investigación realizada sobre el financiamiento electoral durante la campaña política del 2015, donde a su criterio, se dieron una serie de anomalías al ocultar el origen de los fondos que utilizaron varios partidos durante la campaña, cayendo en una serie de delitos.

Adicionalmente, se presentaron tres solicitudes de antejuicio: a los diputados Roberto Villate (LIDER) y Orlando Blanco (UNE), y al presidente Jimmy Morales de FCN-Nación. Los tres fungieron como secretarios generales de sus partidos durante esa época.

Finalmente, el presidente Morales a su regreso declaró al comisionado non grato. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a favor del comisionado; fallo cuestionable pero obligatorio. Ahora el presidente tiene un antejuicio, dos ministros y varios viceministros menos ya que renunciaron. Posiblemente, el mandatario sabía de la investigación y decidió adelantarse a la presentación del caso o bien su decisión tiene sustento, razón por la cual será importante hacer una evaluación objetiva, técnica y externa de la CICIG y del Comisionado.

La plaza se vuelve a organizar tal como se advirtió. Y para algunos que les gusta la pelea, se confrontan y desatan un pulso entre el Presidente y el comisionado, contienda que es poco equilibrada. Muy difícil competir con don Iván Velásquez Gómez, un gran personaje, popular y de corte internacional, quien tiene toda la ventaja pues no arrastra la complejidad que pesa sobre el mandatario, quien ganó y sostiene su cargo dentro de la ruda arena política guatemalteca. Ahora a Jimmy Morales solo le queda mostrar la legitimidad de su mandato –que por cierto no hay que olvidar le entregó la población con un número muy importante de votos– e ir a librar una batalla de orden político al Congreso. ¿Cree que vale la pena este tipo de enfrentamientos? ¿Avanza Guatemala con esta actitud? ¿Qué le recomendaría al presidente?

¿Agotamiento Macroeconómico?

La forma en que el banco central conduce la política monetaria, que hoy parece incomodar a muchos sectores, responde, en cierto sentido, a los problemas provocados por el intervencionismo macroeconómico del pasado, que manipulando las tasas de interés, tipos de cambio y condiciones de liquidez pretendieron promover el desarrollo económico y solo lograron inflaciones y devaluaciones constantes. Antes de aceptar a ciegas la tesis del agotamiento de la política macroeconómica actual, sería prudente hacer memoria acerca de los problemas que trajo consigo antes la opción alterna que algunas parecen proponer. En otras palabras, en el corto y mediano plazo, aunque tuvieran razón quienes defienden la tesis del agotamiento, lo más probable es que el banco central siga utilizando el esquema de metas explícitas de inflación para conducir su política.

Dado que es improbable que el banco central modifique este marco de referencia para tomar sus decisiones, es de vital importancia que los insumos de información que utiliza para tomar decisiones reflejen verdaderamente lo que sucede en la economía. Pretender “calibrar finamente” un sistema económico utilizando diagnósticos equivocados puede resultar en peores problemas que los que se pretenden minimizar. Aunque el diseño de la política monetaria fuera el adecuado, un mal diagnóstico podría provocar decisiones de política económica contrarias a las que se requieren. Por ejemplo, errores de medición por parte del INE en el cálculo del costo de la canasta básica, mostrando aumentos mayores a los que realmente ocurren y fuera de contexto con lo que sucede con nuestros países vecinos y reportes alternos que dan cuenta de precios menores, podrían provocar decisiones erradas en materia de tasas de interés, tipos de cambio, salarios y disponibilidad de crédito, factores capaces de generar situaciones como las que hoy se conocen como “Economía Zombie” o agotamiento de la política macroeconómica.

El riesgo de una manipulación en la medición de la tasa de inflación no es algo nuevo en América Latina; basta recordar el triste caso de la Argentina en tiempos de Kirchner, cuando se “dibujaba” la tasa de inflación a sabor y antojo del régimen de turno en aquel país. Si bien Guatemala no ha llegado a tales extremos, el INE, lamentablemente, no las ha tenido todas consigo durante los últimos años y no sería sorpresa que un indicador tan crítico como este pudiera estar siendo medido, de forma inadvertida, de forma incorrecta. Sin embargo, alguna razón habrá para que la elaboración de las cuentas nacionales, que miden el Producto Interno Bruto y sus componentes, sigan estando en manos del banco central. Antes de afirmar que la política macroeconómica se agotó, sería necesario revisar de manera profunda la calidad de la información estadística que utiliza el banco central para tomar sus decisiones, así como la congruencia del marco de referencia que se utiliza con las necesidades particulares del país y lo que permite su mandato legal.

Jacarandas en agosto

Hace una semana pasaba por la 14 calle y 6a. avenida de la zona 10 y me impresionaron los árboles de jacarandas con flor. Me hizo reflexionar lo que pasamos hace dos años en nuestra “primavera democrática”. Sentí de nuevo el entusiasmo y la energía que nos impulsaban ir a la plaza, nuestra determinación por exigir justicia, la aclamación de que se fueran los corruptos e iniciar a pensar en una nueva era para Guatemala, con ciudadanos desarrollados y en paz.

Participo en varios grupos de discusión. Muchas personas están afligidas de que el país no avance y que la situación está empeorando. Luego de una cultura donde la mayoría del sector público se movía por estímulos corruptos, cambiar súbitamente a una cultura de legalidad es complejo. La normativa del país no fue diseñada para facilitar procesos, tiene grandes lagunas, no es coherente, es abierta a infinidad de interpretaciones –por lo que no es clara ni pareja para todos. Definitivamente deben rediseñarse varias leyes, sistemas y procesos, pero la pregunta que siempre surge quiénes harán esta trasformación institucional y con qué visión se hará.

Luego de un cuestionable lunes de descanso para los empleados públicos, seguido de la celebración del día de la Virgen de la Asunción, el miércoles fuimos recibidos con profunda tristeza. Quedamos devastados por la masacre en el Hospital Roosevelt, hecho que generó luto, pánico e impotencia en todo el país y de gran impacto internacional.

Por si fuera poco, y casi de forma inadvertida, el mismo miércoles, los capitalinos amanecimos sin árboles en el bulevar Juan Pablo II, zona 13 de la ciudad. Alrededor de 50 árboles de jacaranda fueron talados ilegalmente con hachas y machetes en la madrugada de dicho día, en los arriates del mirador del Aeropuerto Internacional La Aurora. Expertos señalan que los árboles tenían varios años de estar sembrados y que tenían una función tanto ambiental como de ornato. Según informó la Municipalidad de Guatemala, no es la primera vez que esto sucede, pues ya se han dado casos similares en el Centro Histórico y el bulevar Liberación.

Indignante y desafiante. Se apresaron a los nueve taladores de árboles, quienes comentaron que eran originarios de Villa Nueva y que fueron contratados por Q.100 cada uno por hacer el trabajo. Detrás de ellos se ha señalado que los árboles fueron mandados a cortar por una empresa de vallas publicitarias porque dificultaban la visibilidad de sus anuncios. Los hombres, solo recibieron una sanción escrita y en caso de reincidencia, la sanción sería más severa. Sin embargo, todos estamos en espera se revele el autor intelectual del hecho.

Que un particular destruya o invada bienes públicos para su provecho personal, es un abuso de derecho y un delito. Es el momento de revisar a fondo la normativa relativa a rótulos y vallas publicitarias del país, pues su legislación es aberrante. Indiscutiblemente su carácter tan relajado pareciera obedecer a transes del pasado de algunos políticos. Creo firmemente en la empresarialidad, pero no en las prácticas arbitrarias. Otros países han logrado regular con éxito los anuncios publicitarios tanto en las ciudades como en las carreteras, de forma que no obstruyan la visión, contaminen el ambiente y muy especialmente pongan en riesgo la vida y la seguridad de las personas. ¿Cree usted debiera de restringirse características y lugares donde se coloquen rótulos publicitarios? ¿Qué cambios requiere la normativa? ¿Cómo recuperamos nuestras jacarandas?

Ley de Contrataciones del Estado

En un ambiente caracterizado por el alto nivel de desconfianza de la ciudadanía sobre funcionarios públicos y políticos, es comprensible que el sentir generalizado en lo que se refiere a procesos de compra y contrataciones públicas vayan en la dirección de ampliar y endurecer los controles y las sanciones. No podría ser de otra forma tras tantos escándalos de corrupción que han salido a la luz pública durante los últimos años. A pesar de la legitimidad de esta postura y de la importancia de reducir al mínimo la corrupción en estos procesos, es importante también considerar que mientras más detallada y complicada sea la regulación a cumplir, más tiempo, recursos humanos especializados y planificación son necesarios para cumplir con ella.

Si a esta dificultad inicial se le suma el hecho que las instituciones de gobierno no siempre tienen a las personas más idóneas a cargo de estos procesos, no debería causar sorpresa que aumente la probabilidad de cometer errores de forma y fondo en los mismos. Una posibilidad que, una vez internalizada por parte de los funcionarios respectivos, puede llevar a la inacción total por parte de los responsables, dada la posibilidad de salir sancionado administrativa y penalmente por las autoridades fiscalizadoras. La situación anterior hace crisis cuando el legislador, o quien dicte la norma, desconoce de gestión pública y crea disposiciones muy difíciles, sino imposibles, de poner en práctica. O bien, cuando la normativa en cuestión es tan vaga o confusa que puede ser interpretada de formas muy distintas por parte de quien la debe cumplir y quien la debe fiscalizar.

En otras palabras, mientras más se “aprietan las tuercas”, más probable es “que se atasquen los engranajes” de los procesos de adquisición pública. Lo que Guatemala ha vivido durante los últimos años en esta materia no es nada nuevo; la historia moderna de las reformas a los sistemas de contratación muestran un constante ir y venir, como si se tratara de un péndulo, entre: desregulación y sobrerregulación; garantizar a toda costa la rendición de cuentas y la adecuada y oportuna provisión de los bienes y servicios que necesita el sector público para funcionar, y; restringir y ampliar las excepciones a la normativa general para garantizar la rapidez de los procesos en situaciones especiales. Estas reflexiones no deben ser interpretadas como una defensa solapada a favor de la opacidad, ineficiencia, inefectividad, favoritismos, sobrecostos y corrupción dentro de los procesos de adquisiciones públicas, sino como una reflexión en torno a la necesidad de balancear adecuadamente las restricciones, controles y responsabilidades con la libertad que deben tener los funcionarios cuando se requiere comprar oportunamente, con calidad y precio competitivo. En cuanto a procesos de adquisición se refiere es muy difícil escapar a la naturaleza pendular de estas reformas: sobrerregulación, cuando se han cometido abusos, y sobreflexibilización, cuando se requiere derespuestas ágiles.

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