“Salud para privados de libertad sin riesgo ciudadano”

-CIEN 2 de octubre,2017-

La tragedia del Hospital Roosevelt del 16 de agosto por el traslado de un pandillero para obtener servicios de salud dejó la muerte de siete personas y 12 heridos, creó temor en los trabajadores y además desconfianza en la población que es atendida por el servicio público. Adicionalmente, el reo logró su cometido: escaparse.

También dejó grandes lecciones respecto de la seguridad ciudadana y los traslados de los privados de libertad. Recientemente, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) realizó una investigación respecto de la salud de los privados de libertad y las acciones que se están ejecutando en búsqueda de otorgar el servicio como un derecho a esta población, pero resguardando la seguridad de los profesionales que trabajan en salud pública y de los usuarios del servicio.

Es importante comprender que la autorización para un traslado médico de un privado de libertad depende de autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el juez competente del Organismo Judicial (OJ) y especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Adicionalmente, si la persona que será trasladada tiene un perfil de alta peligrosidad, debiera de tomarse medidas específicas de resguardo, como contar con mayor soporte de guardias penitenciarios y solicitar apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

No todos los privados de libertad están enfermos, y mucho menos requieren salir del centro penitenciario para ser atendidos. Las principales causas de movilidad en las cárceles tanto para hombres como para mujeres son las enfermedades pépticas y el resfriado común. Al no contar con atención en los centros carcelarios, se requiere realizar los traslados al exterior. El estudio detectó tres tipos de reclusos que solicitan o demandan servicios de salud: 1) Quienes realmente necesitan atención médica, los cuales son la mayoría de trasladados; 2) personas que tienen la intención de evadir la cárcel internándose en un hospital, quienes son minoría y suelen tener la capacidad de pagar un hospital privado; y 3) los privados de libertad que aprovechan la salida para reconectarse con su estructura criminal o escaparse –los cuales son minoría, pero mayoritariamente pandilleros–.

Lo importante es que se está reaccionando positivamente. Según la DGSP, se han iniciado cambios, como la apertura de laboratorios y la implementación de nuevos protocolos. De hecho, los traslados por motivos médicos se han reducido de 30 a seis diarios. A la fecha del estudio (septiembre 2017) se encontraban 43 privados de libertad recluidos en hospitales, quienes habitan en 10 de las 21 cárceles. La tasa promedio es de dos reclusos hospitalizados por cada mil. Sin embargo, en las cárceles de Matamoros y Mariscal Zavala la tasa asciende a cien y 77 por cada mil.

El estudio recomienda continuar con los esfuerzos para tener mejores servicios médicos en los centros penitenciarios, lograr el abastecimiento constante y planificado de medicamentos en cada uno de los centros, sostener suficiente personal médico y destinar el presupuesto necesario para mantener funcionando los servicios de salud. También se recomienda fortalecer la unidad de análisis del Sistema Penitenciario por medio del aumento de número de personal y capacitación especializada en inteligencia; así como la capacitación constante del grupo élite encargado de los traslados. ¿Qué otras medidas deben tomarse para evitar traslados a hospitales? ¿Cómo prevenir enfermedades en los centros penitenciarios? ¿Cómo lograr mayor coordinación y colaboración entre las autoridades que se involucran en el traslado de un privado de libertad?

Alfabetización en el siglo actual

– CIEN 27 de Septiembre, 2017 –

El Día Mundial de la Alfabetización fue el motivo por el cual el Comité Nacional de Alfabetización, CONALFA, presentó su informe de avances y un documento con su posicionamiento actual, denominado “Hacia una alfabetización innovadora”. Debemos hacer un alto en el camino y revisar el grado de avance y de efectividad de las estrategias de alfabetización que se han implementado desde que surgió el referido comité con base en la Ley de Alfabetización de 1986 y su reglamento, promulgado en 1991.

Después de tres décadas de existencia y de recibir uno por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, según artículo 13 transitorio de la Constitución Política de la República, es de cuestionar si se han logrado los objetivos planteados y si se ha cumplido con la misión alfabetizadora.

La asignación constitucional debía asignarse durante tres gobiernos originados a partir de la vigencia de la Constitución. La aprobación de los presupuestos y programas de alfabetización, la fiscalización y supervisión de su desarrollo estarían a cargo de un comité compuesto por los sectores público y privado; la mitad más uno de sus miembros será del sector público. El comité es coordinado por el Ministro de Educación, quien suele delegar la participación del Ministerio en un Viceministro, que generalmente ha sido el Técnico. Su presupuesto en 2016 fue de 214.9 millones de quetzales y está incorporado con el del Ministerio de Educación, aunque CONALFA funciona de manera autónoma e independiente. Sus fuentes de financiamiento provienen de los ingresos ordinarios y de impuestos específicos como el de salida del país.

Se reporta que el analfabetismo se ha reducido de 52% en 1986 a un 12.3% en 2016, en la población de 15 años y más. Es un avance en el indicador que podría decirse es aceptable. Sin embargo, esta reducción en el indicador no se atribuye únicamente a la labor de CONALFA sino que proviene también del aumento de cobertura en la primaria, que casi se ha universalizado, cerrando por tanto el chorro del analfabetismo en la niñez.

Según las estimaciones de población aún existen 1.2 millones de personas que no saben leer y escribir, a quienes es necesario atender mediante estrategias innovadoras. El desafío que CONALFA se plantea es que la formación que se realice sea relevante y motive a las personas que se inscriben a terminar el proceso. Ello se logrará solamente si los programas son de interés para desarrollar destrezas útiles para la vida y para la inserción laboral.

Entre los desafíos de la alfabetización en el siglo veintiuno están llegar a esos segmentos poblacionales que aún son analfabetas y que son más difíciles de atender por su ruralidad o condiciones etáreas. Además, es un reto incorporar la tecnología como un área novedosa que permita la innovación y el acceso al conocimiento mundial. Algunos municipios se han esforzado por llegar a ser declarados Libres de analfabetismo, aunque hay varios que están en cola para ser reconocidos como tales. Es momento de revisar a fondo las estrategias de alfabetización y considerar los puntos en común con otras estrategias, como la educación extraescolar que impulsa el Ministerio de Educación, los programas de INTECAP así como la formación que se brinda a las madres en temas de salud y para reducir la desnutrición crónica. Hay mucho por hacer, especialmente en cuanto a revisar las acciones de CONALFA, redireccionarlas e innovar para reducir el analfabetismo de manera efectiva y a un costo razonable.

División y confrontación: camino equivocado

– CIEN 26 de septiembre, 2017

El clamor popular no deja ninguna duda: la lucha contra la corrupción debe continuar. No obstante, una cosa es exigirlo y otra promover las reformas que permitan erradicar este mal de forma exitosa y oportuna. En ese sentido, es muy importante reconocer que la naturaleza de la lucha contra la corrupción requiere de esfuerzos y sacrificios por parte de todos y de un proceso de adaptación gradual que puede ser tardado y complicado. Esta lucha no se reduce a un asunto meramente técnico, cuya solución pueda delegarse a un grupo de expertos que identifican con precisión las causas raíz de la situación e implementan las soluciones más efectivas y de menor costo. Al contrario, el combate contra la corrupción conlleva un proceso gradual de cambio y adaptación en donde todos los involucrados en la lucha deben aprender a trabajar en conjunto.

Todos los involucrados en la lucha contra la corrupción deberían reconocer que “la moneda está en el aire”, todavía no hay ganadores ni perdedores. Los falsos y precoces triunfalismos impiden reconocer que la marcada polarización existente hace que todo tipo de liderazgos sean vistos con profunda desconfianza y temor, lo cual limita seriamente la capacidad de dirección del proceso; el afán por empujar agendas sectoriales provoca que espacios legítimos de diálogo sean descalificados bajo pretexto de representar adecuadamente la diversidad de demandas sociales o la pluralidad de la sociedad guatemalteca, surgiendo en su lugar espacios en donde solamente se convoca a quienes piensan igual y repiten el mismo credo; aunque se tienen ideas generales de los cambios que se necesitan, no existen propuestas concretas que puedan ser puestas en operación de inmediato para garantizar los resultados deseados; quienes hoy dicen liderar el proceso carecen de credibilidad para erigirse en los voceros del pueblo y descalificar a todos los demás con el ánimo de monopolizar el manejo de la agenda, al final de cuentas la mayoría de grupos en esta lucha son representativos de algún sector, más no representantes legítimos de los mismos.

En situaciones de alta incertidumbre, desorientación, polarización y pesimismo, como las que hoy se viven, es necesario que todos los involucrados en la construcción de una posible salida a la situación actual comprendan que es momento de facilitar un cambio gradual hacia un nuevo estado de cosas, de guiar a la población en un difícil camino, y no de revivir odios y desconfianzas del pasado, defender a ultranza posiciones radicales o pretender ganar notoriedad, con vistas a capitalizar réditos políticos en el futuro cercano. Más que tratar de imponer una determinada visión del mundo, lo importante es comprometerse con un determinado curso de acción, que se cree correcto, pero estar abierto a la posibilidad que a lo mejor ese curso de acción está equivocado. No reconocer estos factores, al final, puede resultar tan dañino como los males que se pretenden combatir.

Diálogo, ¿de qué, para qué y con quiénes?

– CIEN 25 de septiembre 2017 –

Una semana llena de ciudadanía; luego de los eventos del 13 y el 15 de septiembre, varias universidades y colectivos sociales convocaron a una marcha para el miércoles #20S. Fue realmente una demostración de indignidad ante el actuar de los diputados solicitando su renuncia, así como de levantar el antejuicio del presidente. También se dieron manifestaciones en otros departamentos y hubo grupos que se aprovecharon para presentar sus demandas particulares.

Desde el lunes había rumores de la renuncia de tres ministros (Finanzas, Trabajo y Gobernación), quienes la presentaron el martes por la tarde, luego del discurso del presidente en Naciones Unidas. Así se refirió a CICIG: “Es un principio de la República que nadie debe entrometerse en la administración de la justicia. Sea cual sea la forma de injerencia que se haga, directa o indirecta, mediática o a través de cualquier acto que pareciera inconexo, puede darse como una afectación a la soberanía y todo ello, afecta el accionar del país. Nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad, es por ello que hemos empezado el proceso de revisión, de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo de CICIG, por lo que esperamos que, con objetividad y ecuanimidad, podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la Comisión, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política.

Esperamos iniciar pronto las acciones pertinentes por ambos interesados”.

Por último, presentó algunos puntos de su plan de gobierno y lo más sorpresivo fue que convocó a un diálogo nacional a los guatemaltecos desde Nueva York. Desde varios meses se han juntado grupos de distintos miembros de la sociedad civil a hablar y buscar una salida a la crisis que ha provocado este gobierno. Estamos conscientes de que el país tiene serios problemas como la desnutrición crónica, la poca cobertura de la educación secundaria, el estado pésimo de las carreteras, la conflictividad en el área rural, la seguridad ciudadana, el lento proceso de la justicia, la falta de empleo y la carencia de un modelo económico sostenible. Sin embargo, la nueva política, el combate a la corrupción y la reducción de la impunidad son actualmente la prioridad. Tenemos que diseñar una nueva institucionalidad para lograr un Estado íntegro, procesos para combatir la corrupción y un sistema político que premie la capacidad, representatividad, mérito y honestidad. Además, requerimos un nuevo modelo de desarrollo para generar oportunidades para todos.

Difícil comprender cómo trabajarán el presidente y el comisionado, y qué acciones se tomarán luego de varias semanas de roce y de falta de comunicación entre ellos. De hecho, el jueves se volvió a tratar el tema del antejuicio del presidente en el Congreso –archivándolo nuevamente– y el viernes se comentó que la fiscal estaba realizando otras investigaciones penales al presidente.

El presidente está bastante aislado de la población, no lo hemos visto por varias semanas y aún no ha presentado detalles del diálogo. Desconocemos su objetivo, el contenido, la metodología que se utilizará, los temas a tratar y a quién convocará. Necesitamos un escape urgente a esta crisis política. No podemos mantenernos en incertidumbre constante. Muchos están llenos de ira, buscando no quién se las debe, sino quién se las paga. Es importante ver más allá y trabajar por una salida lo más pronto posible ya que el país se está derrumbando. ¿Cómo salir de esta crisis política? ¿Cree que un diálogo nacional mejoraría la situación? ¿Podrá un presidente gobernar por medio de mensajes en la televisión, sin interactuar con los ciudadanos?

– CIEN Septiembre 19/2017 –

Sería profundamente tranquilizador saber que existe una llave mágica que permitiera al país superar la situación que hoy se vive; que los eventos políticos de la últimas semanas fueron tan solo una mala racha producto de la casualidad. Desafortunadamente, ni uno ni lo otro es cierto. Por el bien de todos, sería mejor comprender de una vez por todas que problemas como los que vive el país requieren de un compromiso genuino de largo aliento por parte de todos los que desean un estado diferente de cosas; comprender que cortos períodos de intensa indignación y movilización popular no son suficientes para provocar, implementar y gestionar los cambios que el país necesita. Reconocer que lo sucedido últimamente no es producto de malas decisiones tomadas de manera aislada, sino obedece a la lógica fundamental detrás del sistema político reinante. En ese sentido, la sensación de urgencia, las exacerbadas expectativas de cambio y la marcada incertidumbre respecto del futuro que hoy se vive deberían ser parte de las preocupaciones permanentes de todos los guatemaltecos.

La situación que vive el país no es una aberración pasajera de la clase política de turno; tampoco un caso aislado de corrupción y abuso de poder por parte del Legislativo; una crisis de credibilidad institucional que pronto se disipará de forma automática, o; una moda caprichosa que hoy caracteriza a todos los guatemaltecos, sin distinción de credo, raza, edad o estatus económico. Lo que sucede hoy es solo un reflejo de una crisis más profunda y permanente que nadie sabe a ciencia cierta cómo superar. El problema principal de esta crisis es que favorece la aparición de posturas simplificadoras, autoritarias y extremistas que prometen soluciones tajantes, rápidas y de bajo costo para todos. Mediante estas promesas de salidas fáciles capturan la atención de muchos ciudadanos agobiadas por la falta de liderazgo y de respuesta a los complejos problemas actuales. Sin darse cuenta, muchos ciudadanos incautos favorecen así el mismo tipo de actitud, discurso y mecanismos que dieron origen a la situación actual.

Un mínimo de madurez por parte de la sociedad permitiría reconocer que la crisis actual no tiene una solución fácil e inmediata; así como que no existen grupos o personas individuales que tengan la llave mágica para salir de ella, y; que tampoco es factible desechar todo lo existente y empezar a construir todo de nuevo. El reto que se tiene por delante es grande e implica muchos sacrificios para todos; es preciso reconocer que el estado ideal requiere de un largo proceso de adaptación, aprendizaje y mejora. Aunque en el corto plazo haya que trabajar para estabilizar mínimamente la situación reinante y así “comprar tiempo”, la crisis existente requiere mucho más que un tratamiento de emergencia. Si bien al “mal paso hay que darle prisa”, la solución a los problemas existentes requiere un compromiso por parte de todos de participar en una carrera de largo aliento, en donde, seguramente, habrá que incurrir en más esfuerzos y sacrificios antes de ver los anhelados frutos.

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