Apuesta hondureña por el empleo

28 de noviembre, 2017

Según el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE’s, “van muy bien”. Según este funcionario, “más de 30 firmas internacionales y nacionales participaron en una jornada para competir en la primera subasta de plazas para las Zonas Especiales de Empleo… las empresas ofrecieron un total de 80 mil 160 empleos, cifra que superó la meta de 60 mil”. Según el actual presidente del vecino país, con las ZEDE’s Honduras replica “las mejores prácticas del mundo para atraer inversiones”, como lo hacen muchos países asiáticos. Según lo establecido por la ley respectiva, quienes se instalen dentro de estas zonas gozarán de contratos de estabilidad a la inversión, regímenes fiscales simplificados y acceso a una plataforma independiente de resolución de conflictos, así como bajas tasas de impuestos, no pudiendo las tasas del Impuesto Sobre la Renta superar el 16 por ciento para las empresas y el 12 por ciento para las personas naturales. Un concepto que, tan solo en su debut, atrajo la atención de inversionistas colombianos, canadienses, chinos, taiwaneses, brasileños e israelitas.

Probablemente sea muy pronto para sacar conclusiones, pero según fuentes oficiales, en esta primera fase se esperan inversiones por más de US$5 millardos al 2020; solo en uno de los siete polos de desarrollo que contemplan desarrollar esperan generar US$2.8 millardos de inversión en proyectos turísticos, agroindustriales y energéticos. En materia de empleo pretende alcanzar para 2020 350 mil empleos adicionales en la industria del vestuario y textiles, casi 70 mil en BPO, más de 100 en manufactura de arneses y 455 mil en turismo; las 80 mil plazas de trabajo colocadas durante el debut de este esquema son una señal alentadora en la dirección correcta. Con que logren alcanzar la quinta parte de estas metas, o deban conformarse únicamente con estos primeros 80 mil empleos, habrán hecho mucho más por generar empleo e inversión y extranjera que lo que en Guatemala en mucho tiempo.

En el peor de los casos, los hondureños por lo menos tienen una estrategia en la dirección correcta. Si bien el resultado electoral genera muchas dudas respecto del futuro de la política económica del nuevo gobierno, en Guatemala no solo existe ese tipo de incertidumbre desde hace más de dos años, sino además no existe estrategia, ni dirección, ni acciones concretas para generar nuevas inversiones y empleo en esta escala. Lo más triste de todo es que el modelo que hoy utilizan en Honduras es muy parecido al de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE’s, propuesta por el Mineco hace más de cuatro años. Mientras Guatemala deja escapar las oportunidades de inversión y empleo, los hondureños no desaprovechan las que se les presentan. A pesar que muchos de estos proyectos, probablemente, preferirían localizarse en Guatemala que en otros lugares de Centroamérica.

Coordinación y recursos para lograr seguridad y justicia

27 de noviembre, 2017

La voluntad política está donde están los recursos, razón por la cual la discusión del presupuesto 2018 es muy importante. Los problemas de Guatemala se resumen en falta de oportunidades, por tener un pésimo sistema de salud, poca educación y de mala calidad, inseguridad, escasa infraestructura, falta de certeza jurídica e impunidad.

Deseamos combatir la corrupción, lograr servicios públicos de calidad y contar con justicia pronta y cumplida. Tenemos mucha delincuencia. Hay persecución penal, pero el Organismo Judicial no puede responder con prontitud. La pregunta es: ¿Cómo se asignarán los recursos el año entrante para lograr más y mejor seguridad y justicia?

El Proyecto de Presupuesto 2018 presentado por el Ejecutivo para las seis instituciones más importantes del sector de seguridad y justicia –la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP), el Organismo Judicial (OJ) y el Sistema Penitenciario (SP)– es de Q9,371 millones de Q87,900 millones, pasando del 13% en 2017 al 11% en relación con el total de egresos del presupuesto.

Recientemente, el CIEN hizo un estudio sobre la ejecución presupuestaria de estas instituciones en la última década y lo presupuestado para 2018. Se concluyó que no hay un comportamiento predecible en las asignaciones de recursos, no siempre se han medido los resultados del desempeño de cada institución, no se ha contado con un plan estratégico y además se ha adolecido de tener metas en común.

La PNC es la institución que tiene un mayor peso (42%), similar a otros años. El MP en 2010 obtuvo un 16% y para 2018 se propone un 21%, valor por arriba de su promedio histórico (17%). La asignación al Inacif sería de un 3%, de años anteriores (4%). El IDPP ha tenido en promedio un 2%, mejorando al doble para 2018. El OJ se perfila con una cuarta parte de los recursos, menor a la de 2010 (30%). El SP ha presentado la mayor variación a lo largo del tiempo, sin tener un patrón definido, oscilando entre un 5% (2010) y un 8% (2015), 6% para el próximo año.

Para incrementar la seguridad ciudadana y mejorar la justicia, es indispensable que las organizaciones del sector operen en equipo y se planteen objetivos. Uno de los mayores aprendizajes en estos años es que deben trabajar en forma sistémica e ir mejorando los procesos internos para reducir los cuellos de botella. En este sentido, para alcanzar una mejor coordinación interinstitucional, la CICIG ha venido trabajando en conjunto con las seis instituciones en el Sistema Integrado de Justicia (SIJ), que tiene como objetivo articular una planificación estratégica común y buscar la asignación presupuestaria que garantice una coherente cobertura territorial de las instituciones de seguridad y justicia. Se ha avanzado con tener una base de datos, una propuesta para combatir tres delitos identificados como prioritarios (homicidios, extorsiones y violencia contra la mujer) y se pondrá en marcha un programa piloto en dos departamentos: Alta Verapaz y Escuintla.

La asignación de recursos por parte del Congreso debe tomar en cuenta la planificación estratégica, la visión integral, las metas en común, acciones coordinadas, mejoras en su eficiencia y resultados. La encuesta de victimización permitirá conocer los desafíos de los distintos delitos y dará la oportunidad de llevar a cabo intervenciones más puntuales. ¿Cómo debieran asignarse los recursos a las instituciones de seguridad y justicia? ¿Por qué la participación del OJ ha disminuido? ¿Qué meta es prioritaria?

Agenda regional de Primera Infancia

22 de noviembre, 2017

Invertir en la primera infancia es fundamental para fortalecer el desarrollo de las personas y mejorar el índice de competitividad del país, a través de un recurso humano más capacitado y educado, que participa exitosamente de los beneficios del crecimiento económico al ser un sujeto activo en el círculo virtuoso del desarrollo.

  

Recientemente se llevó a cabo un encuentro regional para apoyar y potenciar la Agenda regional para el desarrollo integral de la primera infancia en América Latina y el Caribe, que fue organizado por el Diálogo Interamericano, el Gobierno Colombiano e instituciones aliadas, entre las cuales se encuentra la Red Latinoamericana por la educación, REDUCA.  Representantes de diversos sectores, incluyendo académicos, fundaciones, gobiernos representados por ministerios y secretarías y organizaciones de desarrollo, entre otros, han venido trabajando desde 2015 en definir una agenda regional que facilite el progreso en la implementación de los programas para la atención de la primera infancia en los países latinoamericanos.

  

Se reconoció que hay avances importantes para ampliar la cobertura y fortalecer la calidad de los servicios para la atención de los niños menores de 6 años, pero también se señaló que son grandes los retos para que en todos los países se cuente con dichos servicios de manera más generalizada y con la calidad necesaria.  Esta conclusión es muy relevante para el caso de Guatemala, donde la cobertura de programas de atención a la primera infancia es menor que en otro países de la región.  Es de destacar la implementación del programa con madres que se ha denominado Creciendo Bien o Mejores familias, que tiene como objetivo el cambio de hábitos para bienestar principalmente de los niños menores que acceden a vacunación, salud preventiva y estimulación temprana.

  

En nuestro país durante la presente década se ha hablado de la implementación de la Ventana de los mil días, con acciones que contribuyan al desarrollo de la niñez y se impacte principalmente el indicador de desnutrición crónica, ya que aún 4 de cada diez niños menores de 2 años la padece, con las consecuencias tan negativas para el desarrollo cerebral y físico, que les retrasa o impide llegar a su máximo potencial como individuos que construyen su futuro.

  

Entre los acuerdos de la Agenda regional firmada en Bogotá, con la presencia del Presidente Santos y su esposa, quien ejerce el liderazgo en los programas de primera infancia, se encuentran los siguientes acuerdos: 1) Consolidar las políticas y planes nacionales para que se dé la necesaria coordinación interinstitucional y se asegure el financiamiento para una atención integral; 2) Fortalecer la gestión para una atención de calidad, pertinente y oportuna, desde el reconocimiento de las características culturales pero asegurando estándares de calidad; 3) Contar con mecanismos claros de evaluación del desarrollo infantil que permitan verificar los avances y permitan hacer comparaciones internacionales; 4) Consolidar una coalición que impulse con prioridad la atención a la primera infancia.

  

Urge combate a las extorsiones

20 de noviembre, 2017

En los últimos días hemos tenido la sensación de que las extorsiones en Guatemala están aumentando. Cobró especial interés un audio que circuló de una telefónica hace algunos días, luego del asesinato de cuatro trabajadores de la empresa, la que decidió cerrar operaciones un fin de semana para tomar medidas de seguridad. Los extorsionistas les demandaron Q100 mil de pago inicial y Q2 mil semanales por cada uno de los 20 vehículos que operan en áreas rojas de la capital, a cambio de que cesaran los ataques.

La extorsión se basa en el miedo y la incapacidad de defensa de los individuos y organizaciones. Según su definición por la RAE, es “presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido”. Desde hace una década se ha registrado un aumento acelerado de denuncias tanto en el Ministerio Público (MP) como en la Policía Nacional Civil (PNC). Las extorsiones impactan en el contexto económico, psicológico y social. Siembran miedo y desconfianza, reducen el patrimonio, aumentan los costos de seguridad e inhabilitan cualquier negocio, por pequeño que sea. Es una especie de impuesto de pánico hacia los ciudadanos que cobran los delincuentes en forma violenta. La proliferación de la extorsión está ligada a ciertos factores que la permiten: alta impunidad, facilidad de delinquir, alta rentabilidad, factores sociales, acceso a las telecomunicaciones y la falta de credibilidad y confianza en las instituciones.

La extorsión se basa en el miedo y la incapacidad de defensa de los individuos y organizaciones”. Un estudio de CIEN señala que en el año 2016 los departamentos de Retalhuleu, Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Suchitepéquez presentaron las mayores tasas de denuncias (entre 55 y 90 por cada 100 mil habitantes). Aproximadamente, la mitad de denuncias se hicieron en el departamento de Guatemala y la mayoría fueron de residencias, de negocios y del transporte. Afecta a personas de los distintos niveles socioeconómicos. Casi todas las amenazas se cometieron telefónicamente y una fuente oficial señala que el 90% provenía de las cárceles. Se desconoce la cifra real, debido a que pocas personas denuncian y no se cuenta con encuestas de victimización de forma regular que revelen la “cifra gris” y el total de personas e instituciones extorsionadas.

En octubre, la PNC registró 893 denuncias por extorsión, un promedio de 28.8 denuncias diarias (en septiembre fueron 19.7). La tasa por cada 100 mil habitantes en octubre de 2017 fue 46.2, superior a la de septiembre (45.4). Las denuncias de octubre confirman una alta probabilidad de que el delito haya experimentado un alza, en vista de los hechos en días recientes (noviembre).

Las extorsiones impactan en el contexto económico, psicológico y social. Siembran miedo y desconfianza, reducen el patrimonio, aumentan los costos de seguridad e inhabilitan cualquier negocio, por pequeño que sea. Es una especie de impuesto de pánico hacia los ciudadanos que cobran los delincuentes en forma violenta”. Un paso fundamental para acabar con el fenómeno de las extorsiones es denunciando. Actualmente, la PNC ha realizado esfuerzos en investigación, y algo fundamental es que está mejorando tanto la atención como el asesoramiento a la víctima. Mucho se destina al victimario, pero poco se invierte y se habla de las víctimas. Como dijo el director de la PNC, es importante no caer en el círculo vicioso de los extorsionistas. La primera vez es crucial denunciarlo y que sea tratado por las autoridades de forma profesional, y acompañar a la víctima a superar la crisis.

Además será importante mejorar los controles internos de los centros penitenciarios y en el mediano plazo construir una cárcel de máxima seguridad donde los delincuentes más peligrosos estén aislados. También el contar con encuestas de victimización sistemáticamente proporcionaría información muy valiosa para realizar estrategias y encontrar las estructuras criminales que están cometiendo este delito tan infame. ¿Ha sido extorsionado alguna vez? ¿Conoce a alguien a quien lo hayan extorsionado? ¿Cómo mejorar la confianza en la PNC para que aumenten las denuncias?

¿Inflación mentirosa?

14 de noviembre/2017

El debut público de la nueva Canasta Básica Alimentaria ha venido a ponerle un poco de sal y pimienta, y tal vez un poco de chile, al desánimo reinante entre los distintos participantes de la escena económica nacional. Cansados ya de la aletargada situación económica reinante en el país, la actualización de esta canasta representa una auténtica sacudida para todos los involucrados, directa o indirectamente, con el uso de esta información. Si bien el INE se ha concentrado en explicar hasta el último detalle la construcción de la nueva canasta y la forma en que los precios de los productos que la componen se mantendrán actualizados, existen ciertos detalles preocupantes que merecen mucho más atención y escrutinio público que lo que hasta hoy han tenido. Desde la perspectiva de las decisiones macroeconómicas, una de las tantas perspectivas para analizar la actualización de la referida canasta, errónea consignación de precios a la que estuvo sujeta la antigua Canasta Básica Alimentaria durante varios años consecutivos abre la posibilidad para que se hayan tomado decisiones equivocadas en materia salarial, de política monetaria, cambiaria y crediticia, tributaria y de gasto público.

Según explican los actuales funcionarios del INE, a partir de cierto momento el INE dejó de utilizar los precios observados de cada producto que componen la canasta, que se obtienen todos los meses mediante cotización directa en centenares de puntos de venta a lo largo y ancho del país, y empezaron a usar un “artefacto” que hacía crecer mes a mes los precios de los productos de esta canasta de manera automática y artificial. Llegó a ser tan absurda la perturbación en la medición del costo de vida que, finalmente, las autoridades del INE se vieron obligadas a reconocer el error y descontinuar su empleo. No sería esta la primera vez que un órgano rector de la estadística de un país calcula mal el costo de la vida. Basta con recordar lo sucedido en Argentina durante el mandato de la Kirchner Fernández, en donde llegó a ser tal el escándalo de la medición de la inflación que en octubre de 2015 su gobierno decidió suspender la publicación de la medición de inflación oficial.

A pesar que, hasta donde se sabe, la mayoría de precios utilizados para calcular la inflación de alimentos no estuvieron sujetos al referido “artefacto”, para quienes no conocen las diferencias técnicas entre IPC y CBA, esta manipulación de precios inevitablemente provocará crecientes dudas entre el público acerca de la forma en que se toman decisiones instituciones como la SAT, el Ministerio de Trabajo, el Minfin y el Banco de Guatemala. Instituciones, todas estas, que de una manera u otra han utilizado información del INE respecto del comportamiento de los precios para tomar decisiones macroeconómicas clave. Contrario a lo que podría creerse, más que hacerse de la “vista gorda” y esperar a que “pase la tormenta”, corresponde a estas instituciones liderar el esfuerzo por determinar la gravedad y extensión del error cometido y subsanar, en la medida de lo posible, decisiones equivocadas que pudieron haber tomado.

Visítanos en nuestras cuentas de: