Sindicalismo y política: vieja alianza

Sindicalismo y política: vieja alianza

6 de febrero, 2018.

Escrito por Hugo Maul R.

En esta materia no hay “tela que cortar”: el pacto colectivo con el magisterio no debería ser aprobado. Tristemente, dado que el jefe ya dio su brazo a torcer, lo más probable es que los funcionarios públicos de menor jerarquía que tienen algo que ver con esta decisión no opongan resistencia alguna. En tal sentido, bien harían los ministros de Finanzas, de Trabajo y Previsión Social y de Educación; y los directores de la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC–, de la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– del Minfin y de la Unidad de Administración Financiera –UDAF– del Mineduc, en asegurarse que cumplen a cabalidad todo lo que manda la normativa respectiva, en especial lo que estipula el Artículo 94 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente para 2018 ante la no aprobación del presupuesto para este año.

La norma jurídica en cuestión obliga a estos funcionarios, entre otros, a cumplir con la “Ley del Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado y demás legislación vigente relacionada”. Lo cual se traduce en una larga lista de requisitos, que de no mediar presiones políticas del más alto nivel y ser observadas a cabalidad los criterios técnicos exigidos, harían casi imposible aprobar un pacto colectivo como el que se pretende aprobar. Ya que las altas autoridades del gobierno no piensan echarse para atrás, lo mínimo que podrían hacer, para dar pruebas concretas de su alardeado compromiso con la transparencia presupuestaria, sería revelar todos y cada uno de los requisitos técnicos que mandan las leyes a observar, en especial cómo se cumplió con el requisito de incorporar dentro de la negociación colectiva “las mejoras a la calidad de los servicios públicos brindados a favor de la población, procurando disminuir los costos fijos de los servicios que se presten institucionalmente”.

Sobre el asunto de la calidad educativa guardan un silencio absoluto quienes negociaron dicho pacto; saben bien que, tal como lo demuestran los pobres resultados obtenidos en lectura y matemática, las billonarias sumas que se han transferido al magisterio nacional mediante estos pactos no han tenido impacto alguno en la calidad de la educación pública. Al final de las cansadas, la calidad de la educación y el bienestar de los niños son nimiedades que poco importan a los políticos y sindicalistas que negocian estos acuerdos, así como las implicaciones financieras de los mismos. Si bien los aspectos financieros son cruciales, sobre todo los referentes a la sostenibilidad de estos pactos, lo más importante de todo es reconocer que la negociación colectiva dentro del sector público ha terminado por convertirse en el instrumento que utiliza la clase política tradicional para remunerar al sindicalismo público por su participación en una profana alianza que permite a ambos grupos seguir gozando de las mieles del poder.

Mérito, no mediocridad

Mérito, no mediocridad

5 de febrero, 2018.

Escrito por María del Carmen Aceña

Fue una semana devastadora para el país, después de que la Corte de Constitucionalidad mandara al Congreso a repetir la elección de su junta directiva -debido a que una diputada no cumplía con la ley-, pareciera que el jueves, luego de volver a ganar Álvaro Arzú Escobar y su planilla, ya quedó firme la junta directiva del Organismo Legislativo. El Ministerio Público y la CICIG continuarán con las investigaciones de algunos de sus integrantes, pero al final 90 diputados de 158 los eligieron.

Es importante reconocer que en esta oportunidad se postuló otra planilla de diputados de distintas agrupaciones de la oposición, lo que complació a muchos ciudadanos de por lo menos haber competido. Esperamos que el Congreso pronto presente su agenda de temas prioritarios, las comisiones de trabajo inicien sus actividades y generen nuevas propuestas. Es urgente que se pongan a trabajar en un rediseño institucional ya que el país está prácticamente parado. Será prioridad revisar la Ley de Contrataciones y de alguna forma lograr armonizar esta normativa con los criterios de auditoría de la Contraloría de Cuentas. Actualmente el gobierno se ha dedicado a pagar salarios y bonos, los servicios públicos van a la deriva y no hay inversión en infraestructura. Hay temor a ejecutar, falta de certeza jurídica y también mucha ineptitud.

Ha sido decepcionante que luego de dos años no se han logrado nuevas normas reguladoras de las relaciones de trabajo y conducta de funcionarios que están al servicio del Organismo Ejecutivo. Se esperaba al menos transparencia en la planilla, fortalecimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil y una propuesta de política salarial para contrarrestar los nefastos pactos colectivos del sector público. Sin embargo, se adelantaron los sindicatos.

El jueves muchas escuelas pararon y varios maestros vinieron a la capital a exigir al gobierno la firma de un nuevo pacto colectivo a cambio de mostrar “su apoyo” al bloque oficial. Triste que el presidente Jimmy Morales, quien se vendía como el “nuevo político” que beneficiaría a los niños, niñas y jóvenes del país, haya caído en las garras del líder sindical, y cedido a la presión.

Es paradójico lo que sucedió el viernes, luego de que el viceministro de Educación presentara la evaluación de la prueba diagnóstica de 150 mil graduandos del año 2017, que da como resultado que de cada 100 alumnos tan solo 9 pasan el examen de matemáticas y 33 el de lectura, el ministro de Educación anunciara el acuerdo alcanzado con los sindicalistas: un nuevo pacto colectivo. Este consiste en incrementar el salario de los docentes en 15% -5% anual por tres años- además un bono de fin de año de Q2,500 para cada maestro y Q500 adicionales a los profesores que cuenten con el título del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep) que sostiene el Ministerio de Educación con la Universidad de San Carlos. Incrementos que posiblemente algunos docentes merecen, pero que muchos reciben sin hacer un mayor esfuerzo por mejorar la calidad educativa. Medidas que, lejos de promover el mérito, premian la mediocridad.

Serán más de Q1,500 millones que se podrían invertir en la cobertura de los tres primeros años de secundaria de aproximadamente 120 mil jóvenes que hoy están fuera de la escuela. Recursos que el gobierno no tiene, ni debiera de comprometer a futuro. Un llamado al ministro de Finanzas para que no apoye estas medidas y a las autoridades educativas que velen por un mayor y mejor aprendizaje de los alumnos. ¡No más bonos ni pactos, queremos que exista la carrera pública y que el Ejecutivo funcione! ¿Qué opina de los pactos colectivos? ¿Está de acuerdo con las presiones que ejercen los sindicatos públicos? ¿Cómo lograr reformas en el servicio civil que premien el mérito y no la extorsión de los grupos de presión?

Una ciudad para la gente

Una ciudad para la gente

31 de enero, 2018.

Escrito por Verónica Spross de Rivera

La primera pregunta que debe hacerse un alcalde es: ¿Para qué es la ciudad? ¿Para que vivan personas o para que circulen carros? Una pregunta muy de fondo que planteó el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, en la reciente convención de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, ANAM, donde tuvo una destacada participación reafirmando que una ciudad de mundo desarrollado es la que toma en cuenta la disponibilidad de espacios para la recreación y convivencia de los ciudadanos.

Acompañó a Peñalosa el director de Deportes y Recreación, Orlando Molano, quien presentó los diversos proyectos que están realizando para dotar a la ciudad de más parques y centros deportivos, en todos los sectores de la ciudad, especialmente en los más populosos. Por cada dólar invertido en deportes y recreación nos ahorramos tres en Salud, señaló Molano. Por ello, están siendo agresivos en mejorar las áreas deportivas y recreativas, con una meta de construir 100 canchas sintéticas en 4 años; ya han concretado la construcción de 70 canchas, así como ciclovías, gimnasios al aire libre y pistas de patinaje.

Una área de acción es el mejoramiento de los parques de la ciudad. En Bogotá cuentan con 5 mil parques, de distintos tamaños, algunos son pequeños, pero cumplen una función recreativa. A 110 parques de escala zonal se les ha incorporado alumbrado eléctrico para que puedan ser usados aún de noche, permanecen abiertos hasta las 10 p.m. Por un lado, se les ha incluido luz eléctrica, y por otro se les han incluido canchas deportivas para que sean lugares de actividad especialmente para los jóvenes. En los parques metropolitanos han incluido mesas de ping pong y mesas de ajedrez. Así también han construido 4 piscinas olímpicas.

En las ciudades avanzadas se privilegia a los peatones, la calidad de vida está relacionada a la posibilidad de caminar por la ciudad para ir de un lugar a otro, así como para disfrutar sus distintas atracciones y ángulos. La calidad de las banquetas es un indicador del tipo de ciudad.

Otra área de acción es contar con un buen transporte público, que sea del menor costo posible, que permita el transporte a una cantidad grandes de personas y de alta frecuencia. Es importante que las ciudades crezcan pero con transporte y áreas verdes y recreativas.

Hicimos ciclovías, señala Peñalosa. En Bogotá se realizan 1 millón de viajes en bicicleta al día. Se cuenta con más de 100 kilómetros de ciclovías, y 60 kilómetros son autopistas para bicicleta. Esta iniciativa tiene doble propósito, las personas se transportan de manera barata y efectiva, logrando además una mejor condición física. Otro aspecto importante del plan municipal de Peñalosa es el apoyo a la educación que llevan a cabo. Desde la Secretaría de Educación realizan acciones de mejoramiento de la infraestructura escolar, construcción de nuevos centros escolares, apoyo a preescolar y primera infancia, formación docente y desarrollo de liderazgo en los rectores o directores de los centros educativos. Se concluye que el apoyo a la educación es una de las áreas más importantes de la gestión municipal.

En la Asamblea de la ANAM, tanto el Alcalde de Guastatoya, el representante de la Municipalidad de Guatemala y el presidente de la asociación mencionaron que la Municipalidad en su plan de trabajo debe incorporar el apoyo a la educación, especialmente remozando la infraestructura, dotando de conectividad y tecnología, así como velando por los servicios básicos, como el agua y saneamiento en las escuelas. La inversión en la niñez y juventud debe ser prioritaria en los planes estratégicos municipales, con visión de largo plazo.

Retomando el crecimiento

Retomando el crecimiento

30 de enero, 2018.

Escrito por Hugo Maul R.

A principios de enero del año pasado el Banguat proyectó unas tasas de crecimiento económico que terminaron siendo muy optimista; de unas tasas esperadas entre 3 por ciento y 3.8 por ciento, la economía finalizó creciendo solo un 2.8 por ciento. Hasta aquí, nada nuevo; cual barco a la deriva, que es arrastrado por vientos y corrientes marinas, el país pareciera depender enteramente de lo que sucede a nivel internacional para mostrar algún signo de mejoría. El rápido crecimiento que experimenta la economía de EE. UU. bajo la administración Trump, sumado a la estabilidad de los precios de los combustibles, se convierten en 2018 en dos favorables circunstancias externas que podrían ayudar a la economía nacional a sobrellevar los múltiples factores negativos de orden doméstico. Nada garantiza que, al igual que lo acontecido en 2017, acontecimientos de tipo político, judicial o de seguridad imposibles de prever no terminen impactando negativamente la confianza en la economía nacional durante 2018.

De esa cuenta, la leve recuperación económica proyectada por el Banguat para 2018 podría quedarse corta nuevamente aunque las condiciones externas que afronta el país sean mejores que las del año pasado. En función de lo que se vivió durante 2017 y la forma en que ha iniciado este año, todo apunta a que no mejoren gran cosa las condiciones internas del país en todo lo relativo al ambiente para hacer negocios e inversiones durante el 2018. En este orden de ideas, la situación que vive Chile a raíz de la caída en su tasa de crecimiento durante los últimos años y el cambio de gobierno puede resultar aleccionadora para Guatemala. En una reciente entrevista, Felipe Larraín, jefe del equipo económico de la segunda administración de Piñera, refiriéndose a este problema decía que “recuperar el crecimiento es posible, y lo es sobre todo cuando el grueso de las razones para el frenazo son internas. No todas, pero sí el grueso”.

Allá, al igual que acá, claramente existe la necesidad de remover los factores internos que impiden al país crecer más rápidamente, acelerada. Respecto de esto, Larraín apunta que “las políticas económicas y públicas tienen que ver en el crecimiento… y que haciendo mejores políticas públicas vamos a afectar el crecimiento”. Una sencilla y poderosa realidad que pareciera haber sido olvidada por la actual administración, pero que antes de poder ser puesta en práctica requiere que los actores económicos vuelvan a confiar en la capacidad de quienes están a cargo de tales acciones. En tal sentido, este experto chileno señala que el cambio de expectativas en Chile se basa, “primero, en una fuerte recuperación de la confianza con el nuevo gobierno bajo el liderazgo del presidente Piñera. Segundo, en que se verá la mano en el sentido de que tendremos políticas públicas de mayor calidad, que volveremos a una tradición que teníamos en Chile y que se perdió los últimos cuatro años. Y tercero, porque tenemos algo de mejores condiciones externas”. Las condiciones externas favorables las tiene Guatemala, las otras dos, difícilmente.

Cerrando filas

Cerrando filas

29 de enero, 2018.

Escrito por María del Carmen Aceña

Desde septiembre la arena política cambió en el país. Una serie de partidos, muchos alcaldes y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo para formar un frente común. Este año lograron presentar una planilla para la junta directiva del Congreso y, ante una oposición débil, ganaron.

Luego del evento del 14 de enero, donde el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó su informe con una buena estrategia de comunicación, apoyado por un discurso del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, ambos dejaron claro que su deseo es que los políticos –electos por el pueblo– serían los que manden, sin influencias extranjeras ni de presiones de la sociedad civil.

Días antes se había dado a conocer que posiblemente la fiscal general, Thelma Aldana, se iba lanzar de nuevo para el puesto y el comisionado Iván Velázquez salió públicamente apoyando; sin embargo, el lunes 15 la fiscal declaró: “No veo al presidente de la República como un aliado contra la corrupción”, lo que se percibió como un enfrentamiento y una provocación.

A raíz de estos acontecimientos ha habido incidentes que por un lado dejan en claro que se continuará con los casos contra la corrupción de parte del MP y la CICIG y, por otra parte, que también vendrán acciones del otro grupo. La persecución de un personaje como Manuel Baldizón era necesaria, aunque aún no sabemos qué pasará. La detención de Arístides Crespo era de esperarse –ahora los cuatro presidentes del Congreso de la legislatura pasada están presos–.

La partida de Juan Francisco Solórzano Foppa fue criticada y coincidentemente se presentó el caso Aceros#2 relacionado con la devolución de crédito fiscal –donde también se toca al vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos–. Luego se le acepta la renuncia el viernes al ministro y al viceministro de Gobernación, Francisco Rivas y Ricardo Guzmán, respectivamente (ambos excolaboradores del MP). Paralelamente, es detenido Williams Mansilla (exministro de la Defensa) por el tema del bono de riesgos al presidente. Por último, el sábado Edwin Escobar es reelecto por la Anam, quien públicamente ha cerrado filas con el presidente Morales y varios partidos políticos tradicionales.

¿Qué pasará de aquí en adelante? Está pendiente la resolución de la Corte de Constitucionalidad de un amparo presentado por Acción Ciudadana que denuncia vicios en la elección de la junta directiva del Congreso para el periodo 2017-2018. A criterio de esa institución, cuatro de los diputados electos incurrieron en violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Legislativo. En caso de que la Corte mande a repetir la elección, la atención regresará al Congreso. Además, se han anunciado la presentación de más casos de corrupción, donde habrá muchos personajes involucrados y hay una serie de retiros de antejuicios pendientes.

La mayoría de los guatemaltecos queremos acabar con la corrupción; sin embargo, lo que hemos visto en estos tres años es que el combate de la misma no solo consiste en emprender acciones por la vía penal, ya que a pesar de que tanta gente está señalada, privada de libertad y acusada, el comportamiento de muchos no cambia. Es más, el gobierno está estancado y muchos empleados tienen pavor de ejecutar. El problema es que los niveles de pobreza aumentan, la economía se desacelera y el panorama político presenta lo peor de lo mismo.

Pareciera que tenemos un gran problema con nuestra estructura institucional y con los funcionarios de turno que no han tenido la capacidad para ir reformando sistemas y procesos, y para cambiar de una vez por todas la cultura de la corrupción por la de la legalidad.

¿Se identifica con alguno de los dos bandos o cree que existan otras opciones? ¿Surgirá un nuevo grupo que con ética, visión y capacidad presente una propuesta de trasformación? ¿Qué países han pasado por procesos como Guatemala y han tenido éxito?

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