Ideología, intereses y competencia

Ideología, intereses y competencia

6 de marzo, 2018.

Escrito por Hugo Maul R.

Ciertamente, Guatemala y Cuba son los únicos dos países de América Latina que no tienen una Ley de Competencia. No obstante, el hecho que los demás países tengan una determinada institución no justifica que Guatemala deba tenerla, mucho menos si no existen garantías que la referida institución funcionará correcta y justamente. El hecho que Guatemala no tenga una ley de competencia no dice nada acerca del funcionamiento de los mercados, la intensidad y variedad de la competencia, mucho menos acerca del nivel de eficiencia de los mercados. Contrario a lo que creen los críticos del capitalismo, el hecho que no exista una ley de este tipo no implica necesariamente que existan extendidas prácticas anticompetitivas en el mercado; asimismo, contrario a lo que creen los defensores a ultranza de la intervención gubernamental, la ausencia de este tipo de regulación tampoco garantiza que no existan prácticas anticompetitivas en un mercado. Estos son asuntos que, a la luz del intento de regular la competencia, deben ser determinados de forma empírica; justificar este tipo de regulación en función de criterios ideológicos constituye un mal punto de partida.

Además de estos problemas de tipo institucional y legal, hay que agregar la tendencia de economistas y abogados de ver “micos aparejados” en este tema. Como bien dijera Ronald Coase, Premio Nobel de economía, experto en estos temas: cuando “un economista encuentra un comportamiento de mercado que no comprende, siempre busca una explicación monopólica”. Dada la poca comprensión del fenómeno de la competencia en la actual propuesta de ley, la cantidad de potenciales prácticas de mercado prohibidas que podrían encontrar quienes tengan a cargo hacer funcionar esta ley es ilimitado. La existencia de prácticas anticompetitivas es algo que debe determinarse empíricamente y no asumirse como el punto de partida para justificar la necesidad de la intervención gubernamental para promover la competencia.

En países como Guatemala, en donde los sistemas de información económica sectorial son muy débiles o inexistentes y en donde la información de ese tipo es escasa, sesgada y fragmentaria, es bastante probable que los procesos de investigación de una autoridad de competencia terminen siendo inspirados en puras razones ideológicas. Sobre todo, cuando se considera el nivel de polarización política existente, la falta de recursos humanos especializados y la poca investigación aplicada en este sentido. En países que carecen de instituciones fuertes, donde la independencia judicial está cuestionada, el servicio público tiene bajo niveles de profesional, este tipo de regulación puede convertirse en el mejor catalizador de actos arbitrarios, abusos y corrupción En palabras de otro conocido experto en esta materia, el Profesor B. Klein, de la Universidad de California en Los Ángeles, lo único seguro de este tipo de regulación es que “terminará enriqueciendo a los abogados y economistas que promueven este tipo de temas”.

Visión 2018

Visión 2018

5 de marzo, 2018.

Escrito por María del Carmen Aceña

Guatemala tiene futuro, pero solo si trabajamos en una nueva forma de gobernar, convivir y hacer negocios. Esta es mi conclusión luego de participar en el Foro #Visión18 el pasado jueves 1 de marzo.

Desde hace varios años el Grupo Cerca organiza a inicio de cada año el Foro Visión, donde reúne a varios empresarios para hablar de perspectivas políticas, económicas y sociales para el país. Este año y como última actividad de la jornada, eligieron 10 temas claves para que 10 expertos, durante 10 minutos, expusieran su visión sobre la situación nacional y lo que esperan para este año. Las charlas escogidas las subdividieron en tres grandes temáticas: 1) Económica y financiera, 2) Social y 3) Política.

Como parte de la primer área, se abordó la importancia de la marca país. Gabriel Biguria, con mucho entusiasmo, llevó al público por un viaje maravilloso por Guatemala y recalcó lo clave que es conocer el potencial de inversión y turismo que tiene el país (ver video en http://bit.ly/2Foc8rl). En el tema económico Rubén Morales expuso la situación actual y qué esperar a futuro. Quedó claro la importancia que tienen las remesas en la economía guatemalteca, las cuales son mayores a los impuestos que pagamos los guatemaltecos. También se habló de contar con información oportuna para tomar decisiones. Es urgente concluir el Censo de Población.

Paulo de León conversó sobre la competitividad del país. Lamentablemente, lo que se ha realizado respecto al combate a la corrupción no se ha traducido en mejores oportunidades para Guatemala. En el Índice de Competitividad Global 2017-2018 bajamos del puesto 78 a la posición 84 de 137 países evaluados. Estamos bien en la eficiencia financiera y de mercado de bienes; sin embargo, nos falta innovación, ética y seguridad ciudadana. De acuerdo a los resultados del Índice, los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en el país son: El crimen y robo, la corrupción, la ineficiencia burocrática, el suministro inadecuado de infraestructura y la inestabilidad política.

Quique Godoy se refirió al sistema político, el cual, en los últimos años, ha girado alrededor del dinero, razón por la cual es muy importante cambiar el sistema de financiamiento de los partidos políticos y promover el mérito. Al respecto, Paul Briere compartió los avances de una agenda en el Congreso, a los que especial mención merecen las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Hay una coincidencia en fortalecer las instituciones del Estado para que estén al servicio de los ciudadanos. Samuel Pérez lanzó el reto de convertir nuestras instituciones de tipo extractivas a inclusivas, como, por ejemplo, impulsar una Ley de Servicio Civil, a diferencia del amiguismo, el compadrazgo y el botín político. Para lograr el desarrollo sostenible, Juan Pablo Morataya mencionó la importancia de contar con liderazgos éticos y dejar legados de beneficio al país.

El entorno geopolítico fue abordado por Daniel Panedas, quien comentó los resultados positivos que ha tenido el presidente Donald Trump en el campo económico en los Estados Unidos, la recuperación que hay en Europa y los problemas serios que vive Siria. Se puede concluir que Guatemala no es un país de mucha importancia geopolítica, aunque su ubicación geográfica es importante para el Norte.

También se expuso el tema de la educación y el tópico de la inclusión social. En educación se resaltó que, a pesar de los esfuerzos que se venían haciendo en cobertura y calidad educativa, hoy estamos estancados. Parte se debe a que no hemos logrado superar la desnutrición crónica y, por otro lado, que el aumento de recursos que se han destinado al sector ha servido para financiar pactos colectivos que, lejos de premiar el resultado de los maestros, fomentan la mediocridad. Por esta razón, es importante avanzar en la carrera de los docentes, revisar el aprendizaje de los alumnos e introducir tecnología en el aula. Si destináramos los Q1,000 millones que está solicitando el Ministerio de Educación para el pacto colectivo a la compra de “tablets”, podríamos dotar a cada estudiante del sector público de una.

Karla Ruiz cerró el evento exhortando al país a ser más inclusivo. ¿Qué significa esto? Que las mujeres tengan oportunidades en salud, educación y participación económica y política. Su colaboración no solo dejaría réditos para ellas como personas, sino a sus familias y la economía del país.

Ojalá que estas reflexiones sirvan para tomar una ruta. Queda claro que el país tiene un gran potencial; sin embargo, el gobierno, el sector productivo y la sociedad civil deben trabajar juntos para transformarlo, basándonos en nuevos valores como el mérito, la ética, la solidaridad y el patriotismo. Será necesario lograr un nuevo acuerdo nacional, con visión de largo plazo, que inspire a los guatemaltecos al cambio. ¿Qué tema opina es prioritario? ¿El país en 2018 va para mejor? ¿Cómo lograr luz al final del túnel?

Formación laboral para jóvenes

Formación laboral para jóvenes

28 de febrero, 2018.

Escrito por Verónica Spross de Rivera

Los jóvenes guatemaltecos enfrentan una situación complicada. Hay escasas oportunidades laborales y limitadas esperanzas de acceder a una educación integral de calidad. Solamente una cuarta parte de los jóvenes logra ingresar al ciclo diversificado del nivel medio. Hay más de 800 mil jóvenes fuera de la escuela que carecen de las competencias, habilidades y destrezas para continuar una carrera universitaria o lograr la inserción laboral.

Muchos jóvenes de los departamentos permanecerán en sus comunidades con una ocupación en el sector informal que les generará la mitad o un tercio del salario mínimo. Otros decidirán partir a otras latitudes en busca de una remuneración mayor; no les importará trabajar muchas horas diarias, porque el incentivo es ganar mucho más de lo que pueden lograr si se quedan en Guatemala. La situación no es halagüeña, sino por el contrario es motivo de gran preocupación desde el punto de vista de las políticas públicas. Las organizaciones cooperantes se han dado cuenta de esta bomba de tiempo que representan los jóvenes sin preparación y sin trabajo.

Como un intento de responder a esas inquietudes de la juventud y de los empleadores que requieren talento humano para contratar en sus iniciativas productivas, surge el Sistema Nacional de Formación Laboral, SINAFOL, que se define como una estructura de gestión y articulación de recursos públicos y privados que busca la vinculación de instituciones que permitan proporcionar a las personas la formación laboral idónea para su inserción en el mercado productivo.

Entre los objetivos del SINAFOL se encuentran: a) Mejorar la calidad de la formación técnica laboral en el sistema educativo nacional, b) Articular la oferta formativa y la demanda productiva, c) Generar vínculos y alianzas con el sector productivo del país para mejorar la competitividad nacional, d) Diseñar ofertas de formación con enfoque territorial y que respondan a las demandas productivas, e) Certificar competencias laborales, adquiridas por la vía formal o a través de la experiencia empírica, f) Normar y garantizar el proceso de certificación de competencias laborales. Y los procesos asociados de Acreditación de la experiencia, del contrato de aprendizaje, así como los procesos asociados.

Es una gran noticia el lanzamiento de este sistema, que no dudamos podrá traer beneficios para las empresas y organizaciones productivas, para los oferentes de educación y capacitación técnica, así como para las entidades de gobierno. Pero, los principales beneficiados deben ser los jóvenes, que accederán a la formación laboral, sea técnica o en destrezas y competencias blandas. Estas incluyen la responsabilidad, puntualidad, flexibilidad para adaptarse al cambio, capacidad de trabajar en equipo, dominio de la tecnología, idioma inglés y habilidades para ser emprendedores.

La gran duda no es el documento técnico que está muy bien formulado, sino la implementación de las estrategias y acciones. Las interrogantes pasan por la capacidad del Ministerio de Educación para innovar los sistemas con efectividad, introduciendo las mejores prácticas en los centros de formación. Lanzo algunas preguntas para continuar con la discusión del tema: ¿Quién va a estar al frente de la gestión de los centros educativos para que sean de primer mundo y dejemos atrás la educación tercermundista? ¿Podemos traer profesores o formadores de otros países? ¿Le vamos a apostar a las carreras centradas en TICs y a la enseñanza de idioma inglés que genera mucha inserción laboral? ¿Cómo vamos a lograr que el proceso camine a paso acelerado? La respuesta pasa por una hoja de ruta con plazos concretos y tener actores comprometidos en cada sector que lleven a cabo las acciones esperadas sin perder ni un minuto. ¡Los jóvenes no pueden esperar!

Ley de competencia: Más de lo mismo

Ley de competencia: Más de lo mismo

27 de febrero, 2018.

Escrito por Hugo Maul R.

A estas alturas de la lucha contra la corrupción no deberían quedar dudas acerca del papel que juegan en la explicación de este mal el poder discrecional de los funcionarios públicos; la manipulación política de los mecanismos de designación y elección de los mismos, y; la captura de las instituciones gubernamentales por parte de oscuros intereses. Sea que se trate de La Línea, Odebrecht, Cooptación del Estado, Agua Mágica o Transurbano, cada uno de estos casos pudo haberse evitado o minimizado si la arquitectura institucional de las diferentes dependencias públicas involucradas en estos escándalos hubiera limitado de manera más efectiva el poder discrecional en mano de las autoridades respectivas; si los mecanismos de designación y elección de estas autoridades no hubiera estado bajo el control directo de intereses políticos y/o particulares, y; si hubieran estado mejor definidos los objetivos y resultados esperados de las mismas. La lucha contra la corrupción no se limita a persecución legal; en un sentido amplio, la misma inicia desde que se diseñan las instituciones públicas. La excesiva concentración de poder en una institución, ambigüedad en sus objetivos y resultados esperados, excesiva y confusa normatividad asociada a su función y la injerencia de intereses políticos y particulares sobre decisiones técnicas, entre otros tantos factores, son ingredientes claves para que la corrupción aflore en cualquier ambiente institucional.

Cualquier tipo de diseño institucional que no considere seriamente estos elementos está condenado al fracaso: la polémica Ley de Competencia, que el Congreso pretende aprobar esta tarde, es un claro ejemplo de ello. Basta con considerar que la integración y designación del Directorio de la Superintendencia de Competencia y queda en manos del Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República, para que surjan dudas profundas acerca de la independencia técnica de esta institución. No se diga si se consideran las amplias atribuciones que la ley otorga al directorio y superintendente, 19 y 24 atribuciones específicas respectivamente. O bien, el hecho que todo lo relativo a transparencia y rendición de cuentas se límite a dos escuetos artículos dentro de los 149 que contiene la ley, siendo uno de ellos la presentación de la memoria de labores. Por si fuera poco, aunque resulta ocioso considerarlo a estas alturas, ya que los políticos que impulsan esta ley y sus aliados técnico-legales no van a dar su brazo a torcer, en la ley abundan conceptos ambiguos, objetivos confusos, resultados esperados difíciles de medir y, sobre todo, amplios márgenes de discrecionalidad para los funcionarios respectivos. Si bien nunca es un buen momento para pretender crear una todapoderosa institución con un amplio mandato y vastos poderes discrecionales, en la situación actual pretender tal cosa revela lo poco que la clase política tradicional ha internalizado de la lucha contra la corrupción o lo poco que les importa que este mal siga enraizándose en la sociedad.

Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error

Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error

20 de febrero, 2018.

Escrito por Hugo Maul R.

Mientras más tiempo pasa, más poder explicativo parece tener esta expresión mexicana sesentera. Originalmente, utilizada para denunciar los abusos cometidos por funcionarios y políticos que, aprovechándose de la discrecionalidad que la ley les otorgaba, se recetaban a sí mismos estratosféricos salarios y substanciosos beneficios de otra índole, además de incurrir en masivas contrataciones de servidores públicos con puros intereses políticos. Con el paso del tiempo, ha venido a denotar el gradual cambio de mentalidad dentro de ciertos segmentos de la sociedad que ven en el presupuesto público una forma rápida de obtener fama y fortuna: el abuso del presupuesto público como herramienta para evitar todos los sacrificios que conlleva el trabajo duro y honesto. En la medida que esta forma de ver el mundo sea la regla dentro de importantes grupos dentro de la sociedad, la persecución legal cumple una función insustituible en la lucha contra la corrupción.

Paradójicamente, no basta con endurecer las penas y las sanciones, así como incrementar la persecución legal contra la corrupción. En el extremo, tal tipo de aproximación podría terminar en una variante de lo que en economía se conoce como “selección adversa”: un proceso en donde las “malas manzanas” terminan por sacar a las buenas del mercado. Con el agravante que cualquier “buena manzana” que incursione en el ámbito político o de la función pública, tendría todos los incentivos para tomar la menor cantidad de decisiones críticas posibles, evitando así meterse en potenciales problemas e incurrir en los costos que dicta el endurecido marco jurídico resultante. En la medida que aumenten los costos esperados del ejercicio de la función pública y de la política, no sería raro que cada vez menos personas honestas y bien intencionadas estén interesadas en este tipo de actividades. Faltante que sería suplido, lamentablemente, por personas con tal nivel de voracidad que, a pesar de mayores castigos y mayores niveles de persecución legal, están dispuestos a hacer lo que sea con tal de salir electos u obtener un cargo público.

No basta con introducir medidas que incrementen la probabilidad de terminar en la cárcel, perder las riquezas mal habidas, dañar irreparablemente la reputación o causar profundos dolores a la familia a quienes abusen del poder público. Hace falta también modificar el marco jurídico que rige la función pública y la política para facilitar el uso efectivo, eficiente, oportuno y honesto de los fondos públicos; mejorar las capacidades de planificación del gasto público; acercar la labor del gobierno a los ciudadanos; mejorar los sistemas de rendición de cuentas; volver a tener confianza en los ciudadanos; desregular y desburocratizar a lo largo y ancho del sector público; mejorar los sistemas de compras y adquisiciones del Estado; modificar el concepto de “cuentadancia” dentro de la función pública, etcétera.

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