¿Inflación mentirosa?

14 de noviembre/2017

El debut público de la nueva Canasta Básica Alimentaria ha venido a ponerle un poco de sal y pimienta, y tal vez un poco de chile, al desánimo reinante entre los distintos participantes de la escena económica nacional. Cansados ya de la aletargada situación económica reinante en el país, la actualización de esta canasta representa una auténtica sacudida para todos los involucrados, directa o indirectamente, con el uso de esta información. Si bien el INE se ha concentrado en explicar hasta el último detalle la construcción de la nueva canasta y la forma en que los precios de los productos que la componen se mantendrán actualizados, existen ciertos detalles preocupantes que merecen mucho más atención y escrutinio público que lo que hasta hoy han tenido. Desde la perspectiva de las decisiones macroeconómicas, una de las tantas perspectivas para analizar la actualización de la referida canasta, errónea consignación de precios a la que estuvo sujeta la antigua Canasta Básica Alimentaria durante varios años consecutivos abre la posibilidad para que se hayan tomado decisiones equivocadas en materia salarial, de política monetaria, cambiaria y crediticia, tributaria y de gasto público.

Según explican los actuales funcionarios del INE, a partir de cierto momento el INE dejó de utilizar los precios observados de cada producto que componen la canasta, que se obtienen todos los meses mediante cotización directa en centenares de puntos de venta a lo largo y ancho del país, y empezaron a usar un “artefacto” que hacía crecer mes a mes los precios de los productos de esta canasta de manera automática y artificial. Llegó a ser tan absurda la perturbación en la medición del costo de vida que, finalmente, las autoridades del INE se vieron obligadas a reconocer el error y descontinuar su empleo. No sería esta la primera vez que un órgano rector de la estadística de un país calcula mal el costo de la vida. Basta con recordar lo sucedido en Argentina durante el mandato de la Kirchner Fernández, en donde llegó a ser tal el escándalo de la medición de la inflación que en octubre de 2015 su gobierno decidió suspender la publicación de la medición de inflación oficial.

A pesar que, hasta donde se sabe, la mayoría de precios utilizados para calcular la inflación de alimentos no estuvieron sujetos al referido “artefacto”, para quienes no conocen las diferencias técnicas entre IPC y CBA, esta manipulación de precios inevitablemente provocará crecientes dudas entre el público acerca de la forma en que se toman decisiones instituciones como la SAT, el Ministerio de Trabajo, el Minfin y el Banco de Guatemala. Instituciones, todas estas, que de una manera u otra han utilizado información del INE respecto del comportamiento de los precios para tomar decisiones macroeconómicas clave. Contrario a lo que podría creerse, más que hacerse de la “vista gorda” y esperar a que “pase la tormenta”, corresponde a estas instituciones liderar el esfuerzo por determinar la gravedad y extensión del error cometido y subsanar, en la medida de lo posible, decisiones equivocadas que pudieron haber tomado.

Inestabilidad política y economía

7 de noviembre, 2017

A raíz que Standard&Poors, con ocasión de la rebaja en la calificación de riesgo crediticio del país, sacara a colación que la inestabilidad política estaba afectando el desempeño económico, cada vez existe mayor preocupación acerca de los efectos que la crisis política puede tener sobre variables económicas fundamentales como la tasa de crecimiento del PIB, la inversión doméstica y extranjera, el empleo, tipo de cambio, tasas de interés y la recaudación. El fenómeno al que hace referencia la calificadora de riesgo es uno que ha sido bastante estudiado por la ciencia económica; la mayor parte de la evidencia encontrada indica que mientras más severo, duradero y violento resulte ser el período de inestabilidad política, mayor el impacto negativo sobre la actividad económica. Si bien la relación entre inestabilidad política y actividad económica parece obvia, lo que no resulta tan obvio es cómo se mide, para propósitos prácticos, la inestabilidad política: los efectos económicos de un golpe de Estado son muy distintos a los que provoca el cambio constante de ministros o un fraude electoral; de igual forma, no iguales los efectos económicos de una crisis política corta y profunda que de una larga y de poca intensidad; lo mismo sucede en lo que se refiere al nivel confrontación social asociado con la inestabilidad política.

En lo que respecta a los efectos de la inestabilidad política sobre la conducción de los asuntos públicos durante estos dos años, la sensación generalizada es que el gobierno está en modo de “piloto automático”. A pesar que ciertos funcionarios públicos han intentado estructurar algunos ambiciosos planes de trabajo, lo cierto es que existe una sensación generalizada que el país no va a ningún lado; no se percibe que las autoridades a cargo tomen decisiones en función de un plan estratégico de desarrollo del país. En lo que se refiere a expectativas futuras, lo único que está claro es el marcado ambiente de incertidumbre que reina en el país. Lo que se esperaba fuera un proceso corto y profundo de reforma política está convirtiéndose en un largo y complicado camino cuyos resultados finales no los conoce nadie y en donde puede terminar pasando cualquier cosa. En este estado de cosas, resulta totalmente comprensible que se erosione la credibilidad del gobierno; que existan cada vez más dudas sobre las políticas públicas; que aumente la percepción de riesgo sobre las inversiones; que se reduzcan los horizontes de planificación; que se escondan o huyan los capitales; que se reduzcan los niveles de productividad a causa de la desatención a variables y procesos clave dentro del sistema económico; que los consumidores reduzcan su gasto ante el incierto futuro. Aunque la inestabilidad política no ha provocado, afortunadamente un quiebre institucional mayor, mientras más tiempo pase sin que se resuelva y cada vez exista menos esperanza que algo fundamental cambiará al final de la misma, los efectos económicos serán mayores.

Finanzas sanas

Posiblemente, en noviembre muchas familias hacen cuentas de lo gastado durante el año, planifiquen las actividades para el fin de año y además hacen un proyecto de presupuesto para el año que viene. De la misma forma lo hace el Gobierno. Haremos un ejercicio sencillo para el entendimiento de lo propuesto por el Ministerio de Finanzas para 2018, reduciendo las cifras a miles en vez de miles de millones y suponiendo que es un presupuesto doméstico –de una pareja y dos hijos adolescentes–, que actualmente es de Q77,000 anuales. Para el año entrante están pensando gastar Q10,900 (14% más), por lo que su presupuesto será de Q87,900 (Q7,000 mensuales).

Sin embargo, sus ingresos anuales no han aumentado, son alrededor de Q65,000, por lo que les hará falta Q15,700, o sea tendrán un déficit. Ahora bien, ¿cómo lo van a financiar? Pueden hacer un préstamo, ya sea por medio de la tarjeta de crédito, un banco local o internacional, un prestamista u otros.

“No permitamos que los escasos recursos recaudados se despilfarren, si no que se inviertan, especialmente en los más necesitados”.

El jefe de familia ha decidido que solicitará un préstamo en el banco por Q13,500, y el resto lo conseguirá con un amigo. En el banco le preguntan en qué va a invertir los Q10,900 extra del año entrante. Él explica que gastará Q1,700 más en salud respecto a 2017, Q3,200 son para ampliar la casa, otra parte del dinero es para ayudar a un tío con su jubilación y que pagará parte de la deuda que viene arrastrando desde hace años. Se percata de que la mayoría de su presupuesto lo destina a mantener a sus parientes. De este, una tercera parte lo gasta en familiares que viven en otros departamentos, 17% en educación de sus hijos, 10% en salud, 8% en mantenimiento de su casa, 6% en seguridad, 16% a la deuda de la tarjeta y el resto en servicios como agua, electricidad, comida, vestimenta, transporte y otros. Resulta que su presupuesto es bastante rígido, ya que de una solo persona –el jefe de hogar– depende mucha gente que cada vez demanda más recursos. De cada Q100, tan solo Q16 no tienen un destino que viene de años anteriores.

En el banco le dicen que en estas circunstancias difícilmente le aprobarán el préstamo; sin embargo, le dan una serie de recomendaciones para lograr unas finanzas sanas en el hogar y así poder ser sujeto de crédito:

Revise en qué realmente está gastando su dinero y cuáles son los resultados. Pregunte a sus parientes en qué invierten los recursos que les envía mensualmente. Analice si sus familiares están más sanos y si están aprendiendo en la escuela o en la universidad. Examine si en su casa hay fugas de agua o gas y si mensualmente cuenta con el mantenimiento adecuado. Piense bien cómo apoyar al tío, ya que usted no puede tomar la responsabilidad de mantenerlo el resto de su vida.

Analice su desempeño personal en el trabajo. Piense cómo puede mejorar y obtener más ingresos. Cambie procesos, diversifique, haga algo distinto o trabaje extra. Su esposa no tiene un trabajo fuera de la casa, por lo que podría conseguir tareas remuneradas de tiempo parcial y lograr un aumento de ingresos en el hogar. También sus hijos pueden aportar al presupuesto general y no solo gastar los recursos.

Por último, ajuste su presupuesto. Elimine los gastos superfluos, haga economías, ahorre algo e identifique los rubros en los que se puede cambiar. Comente a sus parientes que ya no será tan gamonal como antes. Hable con su familia, explíqueles la situación y hagan un pacto. Sean realistas de cuánto tienen y lo que deben. Muestre a sus hijos lo importante que es aprovechar los estudios, prevenga en materia de salud, supervise el mantenimiento y regularmente haga una sesión donde cada uno rinda cuentas acorde a sus compromisos. Y si sobran recursos al final del año, mejor paguen deuda o ahorren, pero no se lo gasten en bonos navideños. Conviene un trato con el banco que le dará una tasa de interés más baja que la actual.

“Sin cambios de gestión y revisión de proyectos no habrá presupuesto que alcance. Exijamos transparencia y eficiencia al Gobierno”.

Al igual que el ejemplo anterior, se desea obtener bienestar para todos. Sin cambios de gestión y revisión de proyectos no habrá presupuesto que alcance.

Exijamos transparencia y eficiencia al Gobierno. No permitamos que los escasos recursos recaudados se despilfarren, si no que se inviertan, especialmente en los más necesitados. ¿En qué podría ahorrar el Gobierno? ¿Está de acuerdo que se endeude más? ¿Cómo lograr que mejoren resultados, se premie el mérito, rindan cuentas y que las finanzas públicas sean sanas?

Costos de la crisis política

31 de octubre, 2017

En un sentido amplio, la milpa sigue creciendo, el café madurando, el ganado pastando, las máquinas dentro de las fábricas funcionando, los proyectos en construcción avanzando, los puertos operando y las personas trabajando. A pesar de la crisis política que afecta al país desde hace algún tiempo, la economía pareciera seguir funcionando. Lo que a veces no se ve es que la economía cada vez funciona peor, reflejando únicamente un comportamiento inercial insuficiente para resolver los problemas económicos y sociales del país. El mejor ejemplo de la interacción entre política y economía lo ilustra lo que viene sucediendo en Cataluña desde hace varios meses atrás. Producto de esta crisis, más de 1,500 empresas han decidido trasladar sus sedes fuera de esta jurisdicción; cerca de un 20 por ciento de todas las Mipymes han decidido dejar de invertir este año y un 15 por ciento de ellas tienen duda de permanecer radicadas en este lugar. Sería equivocado pensar que el sistema económico es inmune a las crisis políticas; variables clave como la inversión, el ahorro, los flujos de capital, el tipo de cambio y la tasa de interés, para citar algunas cuantas, son muy sensibles al tipo de incertidumbre y polarización que típicamente generan las crisis políticas.

Salvadas las distancias entre la crisis catalana y la guatemalteca, no debería sorprender a nadie que como consecuencia de la creciente desconfianza hacia el sistema político, la polarización de las posturas en contienda y el aumento de la conflictividad, la economía del país sufra las consecuencias: las ventas de las empresas disminuyen, en especial la de bienes duraderos; las inversiones se frenan; las condiciones para otorgar financiamientos se endurecen; aumenta el riesgo de hacer negocios; se exacerban las fluctuaciones en los mercados y; en consecuencia, se reducen las posibilidades de crecimiento económico. Aunque la naturaleza, duración y profundidad de la crisis catalana son muy distintas a las que se viven en Guatemala, el mecanismo fundamental detrás de lo que sucede del otro lado del Atlántico y lo que sucede en Guatemala es el mismo: la incertidumbre respecto de la resolución de crisis política genera crecientes niveles de desconfianza entre los agentes económicos de la protección jurídica que gozarán los negocios, a propiedad y los contratos una vez termine la crisis política. Razones más que suficientes para postergar cualquier decisión en materia económica y, de ser posible, buscar mejores destinos. La experiencia catalana demuestra que las crisis políticas pueden afectar el funcionamiento de la economía aun en lugares en donde existe un sólido Estado de Derecho; un clima favorable para los negocios; se respetan la propiedad y los contratos, y; existe estabilidad en las reglas del juego. No se diga en lugares en donde el Estado de Derecho no funciona; no existe certeza jurídica sobre los derechos de propiedad y; las reglas del juego cambian constantemente de manera arbitraria.

¿Cómo lograr un Congreso eficiente?

30 de octubre, 2017

Con gran indignación la mayoría de los ciudadanos protestaron por la aprobación de dos decretos para modificar el Código Penal el 13 de septiembre, siendo obvio que había un pacto de corruptos. Fue tanta la presión que los diputados dieron marcha atrás. Sin embargo, el mal sabor todavía está en nosotros y varios piden la renuncia de la mayoría de los parlamentarios debido a su comportamiento.

La semana pasada la Alianza para el Congreso Eficiente presentó una evaluación del desempeño del Congreso durante el año. Esta se basa en analizar la asistencia de los diputados al pleno, rastrear cómo va el proceso de sus empleados, verificar el desempeño de siete comisiones de trabajo, evaluar la página web de la institución, estudiar los decretos aprobados y detectar si existe una agenda legislativa.

Se requiere voluntad política y transparencia de todos los miembros de los distintos bloques y no solo de los miembros de la junta directiva para que el Congreso funcione”.

A la fecha, el Congreso había realizado 84 sesiones. Solo 10 diputados asistieron a todas las sesiones. También se estudió su presencia durante las sesiones. Basado en 10 sesiones ordinarias realizadas en septiembre, en promedio 86% asistieron pero solo el 61% estuvo presente en la primera votación.

Respecto a los trabajadores del Congreso, se detectó que hay 2,106 empleados, 10% menos que el año pasado; sin embargo, a pesar de que los empleados en los renglones 011 y 029 se redujeron en 17%, hay 107 personas más en el renglón 022 de lo que la ley orgánica permite.

El monitoreo realizado a siete comisiones de trabajo muestra que durante el tercer trimestre celebraron 47 reuniones, 15% menos que el trimestre anterior. La asistencia a las sesiones sigue siendo baja, varias veces no llegan al quorum mínimo (25%) y mucho menos para votar. Son muchas comisiones (38) y aún no se compran los equipos audiovisuales que la ley manda para darles seguimiento.

Se sabe que el Congreso está desarrollando una nueva página web, pero no está disponible. La actual contiene información no actualizada, no están los marcos legales vigentes ni tampoco el organigrama. La página no facilita el acercamiento de los diputados con la población ni tampoco cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública.

Los fondos rotativos son manejados por siete instancias y se les asigna alrededor de medio millón de quetzales al mes. La Dirección de Protocolo no está aprobada y maneja dinero. Cuando se consultó la información en la página web se encontró que no existen informes mensuales de liquidación, además no llevan un orden específico.

La asistencia a las sesiones sigue siendo baja, varias veces no llegan al quorum mínimo (25%) y mucho menos para votar”. Se siguen produciendo leyes que no siguen los procesos que la ley manda. En el año se han aprobado 20 decretos, seis iniciativas del Ejecutivo y el resto del Legislativo. Las iniciativas no van acompañadas de estudios financieros ni técnicos. Los nueve decretos aprobados en la segunda mitad del año no responden a una agenda legislativa mínima y no se están atendiendo necesidades prioritarias de la población.

Con el objeto de contar con esa agenda mínima y lograr que no tome por sorpresa a los guatemaltecos con las iniciativas que se aprueban de urgencia nacional, se entrevistaron a nueve distintos jefes de bloques. Varios de ellos comentaron que, aunque las sesiones de jefes de bloques son muy democráticas y todos pueden opinar, a la hora de llevar las iniciativas al pleno lo que pesa es el número de diputados, así que debe trabajarse al respecto para que luego de aprobarlas no se cambien tan súbitamente.

Definitivamente se necesita reducir el número de comisiones (al menos a la mitad) y darles seguimiento a todas. Se recomienda estudiar el desempeño de cada una y dejar solo las necesarias. Considerar las más importantes como Gobernación, Comunicaciones, Salud, Educación, Finanzas, Derechos Humanos, Apoyo Técnico, Sector Justicia, Legislación y Puntos Constitucionales. Es urgente lograr una página web moderna, dinámica y eficiente. Debe continuarse con el proceso de tecnificación y meritocracia de los empleados. Se requiere voluntad política y transparencia de todos los miembros de los distintos bloques y no solo de los miembros de la junta directiva para que el Congreso funcione. El diputado que no cumpla con la ley debe ser objeto de sanciones, hasta llegar a su destitución. ¿Qué opina de los diputados? ¿Qué temas debieran estar en la agenda mínima? ¿Qué hacemos para que los que aprueban las leyes las cumplan?

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