– CIEN Septiembre 19/2017 –

Sería profundamente tranquilizador saber que existe una llave mágica que permitiera al país superar la situación que hoy se vive; que los eventos políticos de la últimas semanas fueron tan solo una mala racha producto de la casualidad. Desafortunadamente, ni uno ni lo otro es cierto. Por el bien de todos, sería mejor comprender de una vez por todas que problemas como los que vive el país requieren de un compromiso genuino de largo aliento por parte de todos los que desean un estado diferente de cosas; comprender que cortos períodos de intensa indignación y movilización popular no son suficientes para provocar, implementar y gestionar los cambios que el país necesita. Reconocer que lo sucedido últimamente no es producto de malas decisiones tomadas de manera aislada, sino obedece a la lógica fundamental detrás del sistema político reinante. En ese sentido, la sensación de urgencia, las exacerbadas expectativas de cambio y la marcada incertidumbre respecto del futuro que hoy se vive deberían ser parte de las preocupaciones permanentes de todos los guatemaltecos.

La situación que vive el país no es una aberración pasajera de la clase política de turno; tampoco un caso aislado de corrupción y abuso de poder por parte del Legislativo; una crisis de credibilidad institucional que pronto se disipará de forma automática, o; una moda caprichosa que hoy caracteriza a todos los guatemaltecos, sin distinción de credo, raza, edad o estatus económico. Lo que sucede hoy es solo un reflejo de una crisis más profunda y permanente que nadie sabe a ciencia cierta cómo superar. El problema principal de esta crisis es que favorece la aparición de posturas simplificadoras, autoritarias y extremistas que prometen soluciones tajantes, rápidas y de bajo costo para todos. Mediante estas promesas de salidas fáciles capturan la atención de muchos ciudadanos agobiadas por la falta de liderazgo y de respuesta a los complejos problemas actuales. Sin darse cuenta, muchos ciudadanos incautos favorecen así el mismo tipo de actitud, discurso y mecanismos que dieron origen a la situación actual.

Un mínimo de madurez por parte de la sociedad permitiría reconocer que la crisis actual no tiene una solución fácil e inmediata; así como que no existen grupos o personas individuales que tengan la llave mágica para salir de ella, y; que tampoco es factible desechar todo lo existente y empezar a construir todo de nuevo. El reto que se tiene por delante es grande e implica muchos sacrificios para todos; es preciso reconocer que el estado ideal requiere de un largo proceso de adaptación, aprendizaje y mejora. Aunque en el corto plazo haya que trabajar para estabilizar mínimamente la situación reinante y así “comprar tiempo”, la crisis existente requiere mucho más que un tratamiento de emergencia. Si bien al “mal paso hay que darle prisa”, la solución a los problemas existentes requiere un compromiso por parte de todos de participar en una carrera de largo aliento, en donde, seguramente, habrá que incurrir en más esfuerzos y sacrificios antes de ver los anhelados frutos.

¿Y ahora qué?

– CIEN Septiembre 18/2017 –

Los distintos acontecimientos políticos nos hacen retrasarnos cada vez más en el desarrollo del país. Luego de dos años, que pensábamos Guatemala tendría una oportunidad de cambio, en cuestión de días regresamos al pasado.

El proceso de levantarle el antejuicio al Presidente Jimmy Morales, el informe de la Comisión Pesquisidora del Congreso y los 104 votos de los diputados a su favor, fueron el estreno de la semana. Luego el martes el Presidente sorprendió aún más, cuando se reveló que recibía desde diciembre del 2016 un bono mensual de Q.50,000 de parte del Ministerio de la Defensa, recursos que la Contraloría de Cuentas le hizo devolver de forma inmediata.

El miércoles 13 fue un día negro para el país, los diputados reformaron el Código Penal, beneficiando a sus secretarios generales en temas de financiamiento político ilícito y aumentaron el número de años de conmutación de penas de 5 a 10 –que permitía más de 400 delitos pudieran ser penados mediante pago). Esto detonó la indignación de la población. Rápido se pronunciaron la mayoría de los sectores y se organizaron distintos grupos para protestar. En reacción a ello, el Presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, convocó a todos los jefes de bloque el 14 y acordaron celebrar una sesión al día siguiente para enmendar la reforma. Ese día, en la plaza, durante los actos cívicos protocolarios, oportunistas destruyeron la tarima donde estaban las autoridades y cuerpo diplomático celebraban la fiesta patria, lo que hizo el Gobierno cancelara todos los actos planificados para el 15 de septiembre, inclusive el desfile.

El viernes 15, los ciudadanos se hicieron presentes en la plaza y se dirigieron al Congreso antes de las 14 horas, donde celebrarían la plenaria. De 130 diputados presentes, todos se vieron presionados a derogar los decretos 14 y 15-2017, lo que se reconoce como una victoria ciudadana. Sin embargo, varios de los grupos de manifestantes tenían otros objetivos, tal como lograr la renuncia de los diputados, pedir de nuevo conocer el antejuicio del Presidente, entre otros; razón por la que tuvieron retenidos por varias horas a más de 80 diputados en el Congreso, hasta que después de las 23 horas fueron evacuados por las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil.

Pasamos de una crisis presidencial, a una de Estado. Los gobernantes han perdido legitimidad ante los ciudadanos quienes estamos hartos de tanto abuso y no tener rumbo. Esta semana vendrán más manifestaciones, paros y denuncias, sin embargo, el cambio no vendrá hasta que tengamos un plan de rescate nacional, donde varios miembros de la sociedad se sienten a dialogar y a discutir lo que es lo mejor para el país, fijar una ruta, y hacerlo cumplir.

No queremos un Presidente que se comunica por videos, ni diputados que se sirven de los ciudadanos para su beneficio personal, ni Cortes plegadas a ciertos grupos de la población. Tampoco queremos violencia ni tensión entre ciudadanos. Menos aún un #PactoDeCorruptos. Exigimos desarrollo, bienestar y oportunidades para cada guatemalteco -en armonía, libertad y con seguridad ciudadana. Para ello necesitamos un cambio profundo de carácter, comportamiento y conducta, iniciando con la convicción individual, transformación en el plano familiar, pasando a lo comunitario, e institucional, o nos quedaremos sin país. ¿Cómo se siente después de esta semana tan compleja? ¿Qué esperaría de un plan de rescate? ¿Quiénes debieran de diseñarlo?

Polarización e interés nacional

CIEN 12 de septiembre 2017

En ambientes altamente polarizados, como el que ha caracterizado a Guatemala, durante las últimas semanas, no hay manera de quedar bien con todos; cualquiera que sea la decisión que se tome, así sea una decisión que favorezca a todos los bandos en conflicto, siempre habrán quienes se sientan agradecidos y satisfechos y otros traicionados y molestos. En tal sentido, la decisión de no retirar la inmunidad al Presidente Morales, independientemente de cualquier consideración relacionada con la justicia, el derecho, la gobernabilidad o la legitimidad moral de quienes tomaron dicha decisión, le “echa más de leña al fuego” existente. Lamentablemente, en situaciones de tanta confrontación como la actual, lo mismo hubiera sucedido de haber tomado el Congreso la decisión contraria. Tal y como están las cosas en Guatemala, más que buscar puntos de encuentro con quienes piensan distinto, lo más importante parece ser defender hasta la última consecuencia el punto de vista que cada quien tiene sobre estos asuntos. Una actitud muy típica de otros tiempos en el país, que algunos pensaron había quedado atrás después del proceso de reconciliación a raíz de los Acuerdos de Paz pero que, para bien o para mal, el endurecimiento del combate contra la corrupción y la particular forma que éste ha tomado parece haber despertado entre muchos guatemaltecos.

A diferencia de quienes están totalmente comprometidos con la defensa a ultranza de las posturas más extremas en este debate, los guatemaltecos deberían identificar los elementos valiosos en cada una de las posturas antes de seguir alimentando un debate sin salida. Por un lado, quienes esperaban que el Congreso retirara la inmunidad al Presidente Morales, correctamente ven en la decisión del Legislativo un claro acuerdo entre los más variados intereses de la vieja política para defender sus intereses y permanencia en el tiempo. Por el otro, quienes defienden la decisión, correctamente afirman que el Congreso, mediante el uso de métodos perfectamente legales y legítimos, logró preservar la institucionalidad en el país en momentos muy difíciles. Desde un contexto más amplio, ambas posturas coinciden en la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país frente ala injerencia de grupos externos que puedan apropiarse de la misma para sus particulares intereses. Así como no existe duda que la gran mayoría está de acuerdo con que continúe la lucha contra la corrupción, siempre y cuando esta se lleve a cabo de manera que se respete, en forma y fondo, la institucionalidad existente, tampoco existe duda alguna que nadie está dispuesto a defender la institucionalidad existente si ésta es susceptible de ser manejada a sabor y antojo de grupos particulares. Más que continuar peleando cada uno desde su trinchera y tratando de descalificar a los que piensan distinto, este es momento para reconocer los elementos de verdad que tienen otras posturas y construir una postura común que permita defender así el interés general frente a los intereses particulares.

Juicio político

CIEN 11 de septiembre 2017

Lo que se está llevando a cabo en el Congreso de la República respecto del antejuicio del presidente Jimmy Morales es un juicio político. Se le llama así, ya que la Constitución señala que, si un presidente va a ser investigado o juzgado por una corte, previo deberá de levantarse el antejuicio al mandatario por el Organismo Legislativo. La Corte Suprema de Justicia le envió al Congreso el expediente del presidente el lunes pasado. Luego se llevó a cabo un sorteo donde se escogieron a los cinco diputados, que formaron la Comisión Pesquisidora. Se asignaron cinco diputados (por sorteo), se estableció un plazo de cinco días –que desde el inicio se cuestionó el poco tiempo–, luego se presentó un cronograma, se dieron una serie de audiencias y se espera que próximamente se presente el informe. Todo se ha llevado transparentemente.

Un estudio de LEGIS de 2016 señala que la función del Congreso de conocer y resolver diligencias de antejuicio no puede ser considerada de carácter jurisdiccional, toda vez que el artículo 17, inciso g) de la Ley en materia de antejuicio establece que: 41 g) “La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos”. La función del Congreso en este caso será de a) Establecer la existencia y veracidad de hechos que deban ser conocidos por un juez penal; b) establecer si, como consecuencia de los hechos investigados, el dignatario deba ser puesto a disposición de tribunales para su enjuiciamiento; c) determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas.

Se contemplan dos caminos. El primero: el presidente recibe el apoyo de 105 votos o más para no perder su inmunidad, lo que implicaría que se mantiene en el poder. El segundo: no obtiene los 105 votos y se le levanta el antejuicio. Acá hay al menos cuatro posibilidades: 1) El presidente afronta la investigación. 2) El presidente renuncia, asume el vicepresidente, quien presenta una terna para que el Congreso escoja nuevo vicepresidente. Pero, se le abre un procedimiento al nuevo presidente y él renuncia. 3) El vicepresidente asume la presidencia, propone al Congreso una terna y se escoge otro vicepresidente. 4) El presidente y el vicepresidente renuncian, entonces ante la falta permanente de ambos, completará el período la persona que designe el Congreso con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados.

Es difícil saber lo que va a pasar; sin embargo, si se observan las fuerzas políticas en el Congreso y se estudian distintos acontecimientos, posiblemente el presidente Morales no pierda la inmunidad. Sin embargo, esto no se dará “gratis”, habrá negociaciones, como, por ejemplo, el futuro del Ministro de Gobernación, quien está en plena interpelación; proyectos en el presupuesto de 2018 e, inclusive, la integración de la junta directiva y de la presidencia del Congreso del próximo año.

Preocupa que nos convirtamos en un país como Ecuador, que en menos de una década –1996 a 2005– tres presidentes constitucionales fueron derrocados. Luego gobernó Rafael Correa por más de diez años, quien se convirtió en casi un dictador que hasta coartó la libre emisión del pensamiento y trató de callar voces críticas.

Queremos cambios. Exigimos un rumbo distinto. Es indispensable mejorar la gestión pública, modernizar la normativa y sanear el Estado. ¿Perderá la inmunidad el presidente Morales? ¿Qué reformas son prioritarias? ¿Qué es lo mejor para el país?

Costoso activismo judicial

– CIEN 5 de septiembre 2017 –

No hace falta entrar en muchos detalles para comprender el alto costo económico que ha tenido el activismo judicial para el país; estas intervenciones judiciales han ido desde el esclarecimiento legal y constitucional de asuntos relacionados con los tributos y la forma en que se recaudan hasta la protección de intereses difusos en contra de proyectos productivos específicos, pasando por toda una variada gama de asuntos económicos. La experiencia demuestra que no existe ámbito económico alguno en donde las cortes no puedan, eventualmente, decidir qué es lo que se puede o no puede hacer. Someter al ámbito judicial cualquier decisión tomada en el ámbito político, económico, de políticas públicas o administrativos añade una fuente más de inseguridad al sistema económico, además de, potencialmente, atentar contra la planificación y operación del sector público y la independencia de poderes.

El tipo de decisiones que emanan de este activismo judicial podrán ser perfectamente legales, sin embargo, esto no libra a la sociedad las consecuencias económicas de las mismas. Sobre todo cuando estas terminan provocando graves errores judiciales; resultados controversiales o indeseables; anulación antojadiza de derechos o responsabilidades de las partes, y; decisiones en donde las cortes pasan por encima de la autoridad del Ejecutivo y el Legislativo. Si bien no se puede pretender que los jueces actúen únicamente en función de las consecuencias económicas de sus decisiones, al menos deberían considerar los potenciales beneficios y daños económicos que pueden acarrear sus decisiones. En ese sentido, tan solo considerar lo que manda el artículo 119 constitucional seguramente cambiaría la forma en que las cortes ven los asuntos económicos.

Según el referido artículo, también son obligaciones fundamentales del Estado “promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país; velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país procurando el bienestar de la familia; otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización”. De ponderarse adecuadamente estos principios, temas como la restitución de los derechos de la Mina San Rafael y la suspensión definitiva de la Ley de Tarjetas de Crédito seguramente se verían como algo natural, necesario y perfectamente legítimo y legal. En todo caso, en lugar de concentrarse únicamente en consideraciones sociales, de derechos humanos o de equidad, en todas sus variantes, los jueces debería también prestar atención a estos otros principios constitucionales al momento de tomar sus decisiones.

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