Carreteras: El largo camino de la corrupción

Mientras más detalles se conocen de los escándalos de corrupción de Odebrecht y de la trama Construcción y Corrupción, cada vez queda más claro que el chiste se convirtió, tristemente, en una realidad. Según dice este cuento, un día un exitoso, rico y poderoso político, desde el penthouse de su lujoso edificio, rodeado de los más finos muebles, pinturas y decoraciones y acompañado por hermosas mujeres, cuestionaba así a su invitado especial: “Compadre ¿ve usted aquella carretera, esos puentes y esas calles pavimentadas? No compadre, no veo nada de eso, respondió el invitado. ¡Claro que no! Me embolsé el cien por ciento compadre”. Aunque técnicamente no se haya llegado a tal extremo, para mala fortuna de todos, el insaciable apetito al que hace referencia el chiste terminó por convertirse en el comportamiento típico de muchos funcionarios y políticos que ha visto en la construcción de infraestructura pública una inmejorable oportunidad para acrecentar su poder y llenarse los bolsillos.

Lo que ahora ha quedado al descubierto es tan solo una rama de un inmenso árbol, cuyas raíces se extienden hasta las más profundas entrañas del gobierno central y los gobiernos locales, así como a las entrañas de una nueva clase empresarial emergente que ha hecho de este tipo de negocios su actividad principal. Aunque suene irónico decirlo, bueno fuera que el modus operandi de este negocio se circunscribiera al pago de jugosas comisiones; sin embargo, junto con el cobro y pago de comisiones, muy probablemente, también existen problemas graves relacionados con la planificación y calidad de las construcciones, así como la priorización de los proyectos. En ese sentido, aunque condenable e inaceptable, una ilegal comisión de diez por ciento o veinte por ciento para la agilización de los pagos sería el menor de los males. El mayor de los problemas radica en que, a ciencia cierta, poco o nada se sabe de la rentabilidad social de los proyectos de infraestructura pública; del estricto cumplimiento de los plazos de entrega, y; de la calidad real de las obras terminadas. Todo esto, en cierto sentido, se conjuga en la dirección en la que apunta el chiste: pagar por obras inexistentes, ya sea porque no tienen la calidad deseada, no se entregan a tiempo, no mejoran substancialmente las condiciones de vida de los supuestos beneficiarios o, simplemente, no se necesitan.

En este estado de cosas, es necesario reconocer que el combate a la corrupción en la obra pública inicia con un buen diseño de los proyectos y una adecuada supervisión de los mismos, así como en una valoración adecuada de y promoción de condiciones competitivas y abiertas en la contratación. Asuntos de los que no se sabe mayor cosa, que rara vez salen a la luz pública y que por su naturaleza jurídica y técnica dificulta los procesos de fiscalización. Nada de esto es nuevo, el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, exige que todos estos requisitos se cumplan en toda la obra pública. Sin embargo, dado lo que ahora se sabe, queda la duda de cómo este sistema ha funcionado en el pasado y por qué ha sido incapaz de detectar todos estos males.

En busca de un Congreso Eficiente

El Congreso de la República es muy importante para el logro de un gobierno eficiente y transparente. Le compete, por un lado, legislar y, por otro, fiscalizar.

La Alianza para el Congreso Eficiente, que agrupa a seis instituciones de la sociedad civil, se ha puesto como tarea monitorear las actividades del Congreso. Recientemente, presentó el resultado del primer período del año.

Evaluó la presencia de los diputados en las plenarias, el trabajo de las comisiones, la página de internet, la elección del Procurador de los Derechos Humanos y el proceso de aprobación de decretos.

Hasta mayo, el Congreso realizó 52 sesiones plenarias. Ocho diputados asistieron a todas las sesiones, 22 faltaron al 25%, pero casi todos fueron al menos a la mitad. Una diputada faltó 60%.

Hay 17 bloques y 38 comisiones de trabajo. Dos de estas se quedaron sin presidente porque el Tribunal Supremo Electoral canceló los partidos a los que pertenecían. Una de las comisiones está desintegrada y otra está a cargo del vicepresidente, como manda la ley. La Junta Directiva de las comisiones debe estar integrada por diputados de distintos partidos políticos, siete comisiones no acatan la normativa y hay una en la que los tres integrantes pertenecen al mismo partido político. Se realizó un monitoreo a siete comisiones de trabajo y se observó un cumplimiento parcial respecto del número de sesiones realizadas, a la conformación de quórum y los temas que se abordan.

En un monitoreo realizado a la página web del Congreso el 5 de julio se encontró que no está actualizada. Varios vínculos a documentos estaban caídos y no estaba publicado el informe de auditoría de 2016. En cuanto a la publicidad de las sesiones de las comisiones de trabajo, aún no se registra en medios audiovisuales todas las sesiones, lo cual hace difícil comprobar que lo asentado en las actas de las comisiones sea un reflejo de lo que sucede en dichas reuniones y que los diputados que firman las actas estuvieron presentes.

En relación a la actividad legislativa, se aprobaron 11 decretos, de los cuales solo dos fueron presentados como iniciativas en el presente año. Cuatro decretos contaron con dictámenes emitidos en el plazo que establece la ley (45 días) y dos fueron admitidos de urgencia nacional en un único debate sin contar con documentación que los respaldara. Del total de decretos aprobados, ninguno cumple con la totalidad de los requisitos del proceso de formación de ley. Se concluye que en general los diputados participan en el pleno del Congreso. Aún queda pendiente tomar acciones para mejorar el trabajo de las comisiones, la asistencia de los diputados a las mismas y la publicidad de sus reuniones. Algunos datos de la página web del Congreso están desactualizados y los procesos de elección de otras autoridades no están claros al basarse en criterios muy subjetivos. Los decretos aprobados no siguen todos los procedimientos de ley.

Se recomienda que los diputados participen más en las comisiones. Es importante que el Congreso cuente con un equipo técnico permanente que apoye en las áreas sustantivas como legislación, fiscalización y nominación. Debe ponerse al día en su página. También es de suma importancia que respeten su ley y que utilicen las redes sociales como un mecanismo de comunicación ciudadana.

¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso? ¿Tiene usted comunicación con su diputado? ¿Qué hacer para lograr mayor compromiso de los diputados con ciudadanos?

Energía eléctrica: Factor clave de la competitividad

La integración regional de los mercados eléctricos es de la mayor relevancia para potenciar el desarrollo sostenible del istmo centroamericano. Hay aún varios países de la región que enfrentan serias dificultades para contar con un servicio eficiente y a costos razonables que permita el desarrollo de la industria y de empresas de servicios con proyección internacional. Afortunadamente en Guatemala desde hace más de una década se cuenta con un servicio eléctrico más efectivo que el de otros países cercanos.

Aún así, no podemos dormirnos en nuestros laureles. La reforma realizada en la década de los noventa ha rendido sus frutos. Sin embargo, es importante y urgente retomar la importancia del desarrollo del sector eléctrico como tema clave en la agenda nacional, ya que el crecimiento económico, el desarrollo de las ciudades intermedias y una mejor calidad de vida en todas las regiones será posible solamente si se toman las acciones necesarias para fortalecer la disponibilidad energética, considerada factor clave de competitividad.

Hace unas semanas se presentó el foro Energía eléctrica: ¿Quién le pone el cascabel al gato? Organizado por el CIEN y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, en el marco de la Alianza para Centroamérica, en conjunto con otras entidades, en donde se enfatizó la necesidad de dialogar sobre los principales desafíos de la agenda del sector eléctrico, con el fin de reforzar la hoja de ruta que como país se debe asumir. La existencia de un mercado eléctrico competitivo, con reglas claras e incentivos para seguirse extendiendo a todo el territorio nacional en el largo plazo, es una condición necesaria para alcanzar el desarrollo económico sostenible de Guatemala.

Garantizar el acceso a energía eléctrica barata y generada utilizando recursos naturales renovables son dos objetivos planteados conforme a la matriz energética elaborada para Guatemala. Quizá el principal desafío que en la actualidad enfrenta el sector eléctrico está relacionado a preservar un funcionamiento en donde prima la libre empresa, la certeza jurídica y la ausencia de decisiones políticas cortoplacistas.

La solución real va por una ruta contraria a la que plantean ciertos grupos cuyas aparentes soluciones se enmarcan en un ambiente de conflictividad social y plantean que el sector regrese a operar bajo un esquema estatizado. Nuestro caso demuestra que es el esquema menos afortunado para alcanzar un sector eléctrico competitivo.

Como se concluyó en el foro, es necesario que el Ministerio de Energía y Minas le ponga el cascabel al gato. Debe retomar con fuerza su rol como formulador de políticas y coordinar las acciones requeridas para retomar nuevamente el desarrollo del sector eléctrico. Asimismo le corresponde al Ministerio hacer cumplir la ley dentro del sector eléctrico. Requerimos políticas y estrategias claras que nos permitan retomar el liderazgo como centro energético en la región centroamericana. De lo contrario, el posicionamiento que pretende la agenda nacional de competitividad podría quedarse escrito en papel. Es momento de actuar y dar un respaldo al desarrollo del sector eléctrico sin titubear.

Desacertados fallos

Independientemente de la decisión que pueda tomar la Corte de Constitucionalidad en el caso de la reciente suspensión a las licencias de explotación de la Minera San Rafael, el daño a la credibilidad del país como destino de inversiones está hecho. Aunque la Corte de Constitucionalidad decidiera en sentido contrario a la Corte Suprema de Justicia, ante los ojos de todo tipo de inversionistas y empresarios, nacionales o extranjeros, Guatemala queda muy mal parada como un destino económico. Si ya la mayoría de indicadores relativos a la seguridad física o jurídica para hacer negocios eran bastante malos, no se diga ahora después de los dos controversiales fallos por las más altas cortes del país contra un proyecto hidroeléctrico y uno minero. Según el Índice de Estado de Derecho de 2016, del World Justice Project, Guatemala ocupa el lugar 101 de 113 países en el mundo en lo que se refiere al cumplimiento de las regulaciones en el país, solamente por encima de Venezuela en esta región del planeta. Guatemala se encuentra dentro de la docena de países en donde menos se garantiza que “la implementación efectiva de las regulaciones se lleve a cabo sin influencias indebidas por parte de ciudadanos o de intereses privados, y; que los procesos administrativos se realicen de manera oportuna, sin demoras irrazonables y respetando el debido proceso”. En resumen, un país en donde se respetan poco los derechos de propiedad de las personas y de las empresas.

Lo que hoy le está sucediendo a la hidroeléctrica y a la minera podría sucederle mañana a cualquier otra empresa, proyecto productivo o ciudadano; la explotación de recursos naturales o la adecuada regulación del Convenio 169 terminan siendo anecdóticos en todo este proceso. Así como también resulta anecdótico recordar que Guatemala, dentro de 113 países en la muestra, ocupa el lugar 106 en justicia criminal y el 111 en justicia civil en el referido índice. En otras palabras, el tipo de fallos en cuestión son un buen reflejo de un “sistema de justicia que opera con grandes retrasos; cuyas decisiones no se cumplen de forma adecuada; que no opera de forma imparcial y que tampoco se encuentra libre de la corrupción o de influencias indebidas, y; en donde no se respeta el debido proceso y no se protegen adecuadamente los derechos de los acusados”.

Dadas estas circunstancias, para invertir en Guatemala hay que estar dispuesto a tolerar riesgos similares a los que afrontan quienes lo hacen hoy en Venezuela. Visto de esta perspectiva, a nadie debería causar sorpresa que fallos jurídicos de este tipo afecten todo tipo de proyecto productivo e inversión, no solo a las empresas que se vieron envueltas en el supuesto problema. Lo peor de todo, en vista de lo sucedido, es que buenas excusas para invocar este tipo de intervención de las altas cortes siempre existirán, existan o no razones válidas para la misma.

Confianza minada

En este año, por segunda ocasión, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se arroga una facultad que el Estado de Derecho no le concede.

El primer caso se dio en enero, cuando la CSJ suspendió de manera provisional la licencia de autorización de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, ubicadas en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, amparando a Bernardo Caal, quien presentó una acción legal contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), por no haber llevado a cabo las consultas según lo demanda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pese a ello, en mayo de este año la Corte de Constitucional (CC) dictó una sentencia que le permite a ambos proyectos continuar operaciones por un año prorrogable, mientras el MEM repite las consultas a los pueblos indígenas. También instruye al Congreso de la República legislar sobre el derecho de consulta.

La semana pasada la CSJ suspende, de manera provisional, dos licencias a la minera San Rafael al otorgar un amparo al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), ya que se señala que el MEM no hizo las consultas comunitarias previo a autorizar las licencias, una aprobada en 2012 y la otra en 2013. El acto reclamado es la supuesta discriminación y violación al derecho de consulta a los pueblos xincas de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa.

Según el comunicador de la empresa minera, las licencias corresponden a explotación y exploración. La de exploración estaba vencida hace casi un año, algo asombroso suspenderla dado que no estaba ya vigente. También argumentó que en el municipio de San Rafael Las Flores, donde se encuentra ubicada la mina Escobal, según datos del Renap, el INE, Segeplan e incluso el parlamento xinca, no hay población xinca. Este fallo afecta el desarrollo de país, iniciando por los que perdieron su única posibilidad de empleo, además tiene repercusiones internacionalmente, dado que la empresa propietaria de las minas, Tahoe Resources del Canadá, sufrió una baja significativa en el precio que cotiza sus acciones en la bolsa de valores New York. Rápidamente, el sector privado organizado presentó un amparo ante la CC contra la resolución de la CSJ, argumentando que esta resolución no solo es manifiestamente ilegal, sino que además contraviene lo resuelto en mayo pasado por la propia CC en un caso similar.

Según explican abogados, de conformidad con la Ley de Contencioso Administrativo es por medio de ese tribunal donde se debe discutir la validez de una decisión administrativa, tal es el caso de una licencia para la operación una mina o bien una concesión. Por esa razón la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha venido correctamente utilizado esa vía para controvertir la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). El hecho es que la CSJ, al emitir la resolución en contra de la actividad de esta minera, violó el principio de definitividad del amparo, pues no permitió se agotaran todos los recursos legales previos para admitir dicha acción constitucional, o sea que no debieron admitirlo por prematuro.

“Aquí un caso claro de abuso del amparo, tamaña ligereza al admitirlo y, peor aún, decretar la suspensión sin detenerse a pensar en los daños que provocará al país. No solo concurre el denunciado abuso, si se deja de lado el principio de presunción de validez del actuar administrativo, lo que no solo atenta directamente contra el curso del servicio público sino la certeza jurídica”, me explicó un abogado.

Con criterios así, prácticamente los ciudadanos quedamos indefensos ante cualquier arbitrariedad que se le ocurra al sistema judicial. Las inversiones en proyectos hidroeléctricos y mineros representan una de las pocas inversiones de empleo masivo de mano de obra e infraestructura en el largo plazo. Con este claro mensaje a los inversionistas internacionales, se destruye la poca esperanza que tiene los guatemaltecos de algún día obtener un empleo digno y se mina la confianza para emprender un pequeño o mediano negocio. ¿Por qué la CSJ está tomado estas decisiones? ¿Está de acuerdo que se suspendan proyectos aprobados? ¿Cómo lograr un buen reglamento del Convenio 169?

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