Diversos analistas han comentado que la infraestructura vial está en las peores condiciones en que ha estado desde hace décadas. El sistema no funciona más. Necesitamos revisar y reformar la institucionalidad pública de tal modo que se puedan llevar a cabo las obras requeridas con celeridad, en un ámbito competitivo y a través de procesos transparentes. De allí que FUNDESA ha planteado que el próximo Encuentro Nacional de Empresarios aborde el tema de cómo mejorar la infraestructura del país para acelerar el crecimiento económico y el desarrollo.

Es importante avanzar hacia revisar, reformar y renovar la institucionalidad que faculta la ejecución de las obras públicas, especialmente los caminos y carreteras, que resultan cruciales para los procesos productivos, y en general para garantizar la movilidad eficiente de las personas. La calamitosa situación de las carreteras ha duplicado los tiempos de traslado, lo cual encarece el comercio, dificulta las exportaciones, pone en riesgo la salud de las personas y hace más complicada la prestación de ciertos servicios, especialmente el turismo, ya que se hace inviable visitar las maravillas que ofrece Guatemala, a menos que se traslade a los turistas por vía aérea. Los niños y maestros también se benefician si hay mejores caminos, logran llegar a sus centros educativos en menor tiempo y con seguridad.

El estado de calamidad de las carreteras es innegable. La solución debe darse pronto. Según FUNDESA Guatemala necesita construir más de 47 mil kilómetros en los próximos 15 años. No se han construido nuevos caminos ni carreteras en los últimos 5 años. La meta es triplicar el indicador de disponibilidad de red vial por habitante, para irnos acercando el indicador de México y otros países latinoamericanos. De allí la importancia de generar un marco institucional que facilite la licitación y contratación de obras, y que garantice una buena calidad de la infraestructura en un horizonte de largo plazo. La Ley de Contrataciones deberá reformarse de tal modo que regule adecuadamente los procesos, y que sea una normativa útil, más no sobrereguladora.

En cuanto a la Ley de Contrataciones, es importante balancear adecuadamente las restricciones, controles y responsabilidades con la libertad que deben tener los funcionarios cuando se requiere comprar oportunamente, con calidad y precio competitivo. Asimismo, se requieren propuestas innovadoras, inspiradas en las mejores prácticas a nivel mundial. Se puede pensar en dinamizar el modelo de alianzas público-privadas, utilizado para ejecutar la infraestructura vial en otras latitudes.

Ahora bien, entre que haya una calamidad en las carreteras, a aprobar un Estado de calamidad hay una diferencia. Realizar un plan de trabajo con los mejores ingenieros y estrategas es necesario y urgente. Se cuenta con recursos y disponibilidad de fondos; debe aprovecharse la existencia del Fondo Vial, que recibe el impuesto al combustible, para el mantenimiento vial. Decretar Estado de Calamidad implica saltarnos los requisitos legales para las contrataciones, con la excusa de la emergencia, lo cual no es conveniente para nuestro país, especialmente en la dramática situación en que nos encontramos, donde debemos a todas luces orientarnos hacia prácticas claras, transparentes y llenas de luz. Y, abandonar prácticas que se puedan prestar a la oscuridad y corrupción. El tema central para arreglar las carreteras es de tipo gerencial, exijamos mejorar la gestión antes que decretar Estado de Calamidad.

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