Por Verónica Spross

La situación del Registro Nacional de las Personas, RENAP, está siendo motivo de preocupación nacional.  Por un lado, partimos de una situación difícil, porque el sistema vigente era insostenible. La cédula es un documento anacrónico y obsoleto, que requería ser reemplazado por un sistema más moderno.  Pero, al tratar de implementar un nuevo sistema se hizo de forma centralizada, en lugar de preservar los beneficios de un sistema descentralizado.  Se debió haber fortalecido el rol de las municipalidades, tecnificando y unificando el sistema.

Entre los problemas que se enfrentan actualmente están los números duplicados, los casos de personas con dos documentos de identificación personal o DPI, así como los casos de personas cuyo nombre fue plasmado  incorrectamente en el nuevo documento o cuya foto salió de forma inadecuada.  El Registro Nacional de las Personas es una institución muy importante que debería realizar su función con los más altos estándares posibles, pero no es así debido a problemas importantes en el diseño institucional. 

El proceso electoral es uno de los campos que podrían verse más afectados ante los problemas del RENAP.  Si el proceso siguiera su curso no se llegaría a la meta de entregar a todos los ciudadanos su DPI.  Aunque el padrón electoral es independiente, el proceso electoral podría verse afectado al tener un documento de identidad que no es confiable; se pone en riesgo la confiabilidad de la institucionalidad que se ha venido construyendo en los últimos 25 años. El sistema electoral debe ser fortalecido y blindado.

Ante los problemas nos preguntamos qué se puede hacer.  Por un lado, hay que hacer una reconversión del Registro Nacional de las Personas.  La Ley del RENAP tiene graves problemas.  Los miembros de su directorio tienen conflicto de intereses.  No debería haber en el directorio un magistrado del Tribunal Supremo Electoral ni debería ser parte del mismo el Ministro de Gobernación. 

Contar con un sistema adecuado de identificación de las personas es fundamental en un país, puesto que el derecho a la identificación es fundamental.  Con un registro inadecuado, estamos jugando con la institucionalidad del país.  Sería un riesgo muy grande si no se pudiese sacar el pasaporte, ni la licencia al no contar con el DPI.  Está en juego incluso la institucionalidad democrática. 

Entre las propuestas que se han lanzado hay variedad de acciones, entre las cuales está llevar a cabo una auditoría del sistema, de las bases de datos y financiera.  Desde el punto del vista del proceso electoral, es importante que las misiones internacionales de observadores de OEA y otras organizaciones se involucren desde ahora, para que den acompañamiento en el proceso en sus distintas etapas y no hasta las elecciones.  El TSE, por su parte, tiene por delante la gran responsabilidad de depurar el padrón y verificar que se eviten los problemas por tener al momento de elecciones un sistema donde la persona podrá identificarse con cédula o con DPI. 

Hay que poner atención a las iniciativas de reforma a la Ley del RENAP.   Dicho registro constituye uno de los pilares de nuestra institucionalidad.  El impacto de sus problemas en el resto de la institucionalidad del país es muy grande.  El llamado a participar desde las organizaciones civiles ha sido formulado.  No seamos solamente espectadores de la vida nacional.   Debemos participar, ya sea promoviendo las reformas necesarias, ejecutándolas con responsabilidad o llevando a cabo actividades de auditoría social para que los responsables rindan cuentas a los ciudadanos.  El tema es demasiado importante como para dejarlo únicamente en manos de las autoridades de turno.

Por José Raúl González Merlo

Ante la insoportable ola de violencia, el presidente Colom ha vuelto a sentenciar que si queremos más seguridad debemos aumentar los impuestos. Ojalá la cosa fuera así de fácil.  Lamentablemente los argumentos del Gobierno hace rato que son increíbles. Lo único que puede mejorar la seguridad será una mejora en la gestión de los funcionarios. Más fondos, por sí solos, solamente garantizan un problema cada vez más grande.

Desde la firma de los acuerdos de paz, el presupuesto del Ministerio de Gobernación se ha multiplicado por siete. Aun descontando el efecto de la inflación, el presupuesto casi se ha triplicado. Mientras tanto, la percepción es que nunca hemos estado peor en materia de seguridad ciudadana. El problema no es de fondo. Si no existe capacidad de gestión pública, de nada sirve el dinero. Los escasos fondos del Ministerio de Gobernación, en algunos casos, se han trasladado a otros programas gubernamentales o se han malversado entre uniformes, combustibles o simplemente han desaparecido. De nada sirve tener el doble de radiopatrullas si se van a usar para asaltar ciudadanos en la carretera a El Salvador o para organizar “tumbes” de droga.

Por ello es que los clamores presidenciales caen en oídos escépticos. Mientras no se demuestre que los fondos actuales son bien utilizados, difícilmente se puede ganar la voluntad popular para aumentar impuestos si los mismos seguirán alimentando la corrupción institucionalizada en el Gobierno. La presencia de la señora Mack en el Ministerio de Gobernación es un intento por ganar esa credibilidad. Se requiere de mucho más que eso. La simple elaboración de tardíos planes estratégicos no es suficiente. No hay sustituto para los resultados concretos. Tristemente, la seguridad nunca fue una prioridad para el presidente Colom. Ahora le toca al ministro Menocal realizar los esfuerzos por mejorar la seguridad. No obstante los logros que se le puedan atribuir, todavía está por verse si la atención oficial a este tema no será opacada por la campaña electoral. La percepción es que los programas de la Primera Dama tienen prioridad sobre cualquier cosa.

La situación puede cambiar, pero para ello el Gobierno debe dejar de victimizarse con sus ridículas especulaciones de golpes de Estado y buscar la verdadera unidad nacional frente al crimen organizado. El ministro Menocal ha dado esperanzas de que no se necesita ser un “experto” en seguridad en tanto se tenga la voluntad. Ahora es importante que el presidente demuestre que tiene el valor, la sabiduría y el liderazgo para unir a los ciudadanos, en vez de buscar dividirlos, como lo ha hecho hasta ahora. No le queda mucho tiempo, por lo tanto, debe comenzar inmediatamente para que la situación de seguridad no siga deteriorándose.

Por Hugo Maul

Lo peor parte de la crisis internacional parece que quedó atrás, situación que habría que aprovechar para superar la “recuperación y emergencia económica” e iniciar reformas económicas que han estado esperando por más de dos años. El cambio en las condiciones internacionales hace de este un buen momento para retomar una agenda económica que promueva el crecimiento económica, la productividad y competitividad. No obstante, la inseguridad, la falta de claridad en la conducción de la política económica, el constante cambio de funcionarios y la ambivalencia en el trato a la inversión nacional y extranjera en nada ayudan al clima de negocios e inversión en el país. La mejora en las condiciones internacionales, la liquidez en el sistema financiero, la estabilidad de precios y de las tasas de interés no han tenido el impacto positivo que se hubiera esperado dada la desconfianza y cautela por parte del sector productivo, una reacción  natural ante la poca coherencia entre el discurso oficial y las acciones del gobierno de turno.

Aunque suene repetitivo, mientras la política pública no se enfoque en mejorar la seguridad ciudadana, la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la productividad, no hay posibilidad de pensar en cambios sostenibles largo plazo. Aunque a corto plazo sea posible “acelerar” artificialmente la actividad económica, a largo plazo se necesitan reformas que hagan más eficiente el sistema económico. No obstante, la cercanía de las elecciones generales y las intenciones de reelección del partido gobernante hacen poco probable que exista interés por parte del gobierno en impulsar reformas estructurales. Al día de hoy es más probable que el gobierno se incline por para generar un “boom” artificial de corto plazo,  que por reformas que den resultados a mediano y largo plazo.

Lamentablemente las reformas económicas que el país necesita no redundan en votos de manera inmediata. Aún así, las mismas no pueden quedar en el olvido; a largo plazo no es factible sostener un modelo económico basado solamente en la redistribución y la expansión del gasto público. Tarde o temprano habrá que preocuparse por la producción, inversión y eficiencia económica. Por supuesto, esto no ocurrirá en el próximo año y medio. Este período de tiempo estará marcado por la manipulación de la política pública con fines electorales. Después de este año y medio, Dios dirá. Tal vez exista una oportunidad para promover nuevamente este tipo de reformas, tal vez  las mismas no sigan siendo importantes para quien resulte electo.

Por Verónica Spross de Rivera

El programa Educación para la Paz y Vida Plena fue presentado recientemente.  La Viceministra Técnica, Marta Juana López de Zapeta, indicó que se estudiarán las causas y consecuencias históricas de la violencia en Guatemala,  incluyendo temas como la colonización y el conflicto armado interno. Esta estrategia del Ministerio de Educación se plantea como una acción en el área de calidad.

El objetivo general del programa fue planteado como involucrar de forma permanente a los miembros de la comunidad educativa en el proceso de reflexión y análisis desde su cultura, de las estrategias pedagógicas de la formación del ser humano integral. Se parte de los conocimientos y saberes ancestrales y contemporáneos de los pueblos que coexisten en el país, mediante una metodología de investigación-acción participativa.  También se busca motivar a la comunidad educativa y a la opinión pública sobre el análisis y la identificación de los conocimientos y práctica de valores a partir de la diversidad cultural de los pueblos Maya, Xinca, Garífuna y Ladino para la transformación de actitudes discriminatorias.

Entre los resultados esperados están: a) Política pública diseñada, elaborada y validada participativamente; b) Docentes que utilizan la metodología; c) Articulación de redes estudiantiles que fomenten la Educación para la Paz y Vida Plena.  En 2010 se completaría la elaboración participativa de la Política Pública para la Paz y Vida Plena.  Para 2011 se implementaría la política y, finalmente de 2012 a 2020 quedaría institucionalizada.   El programa, que en su primera etapa tendría una duración de 22 meses, cubrirá 18 municipios de los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, San Marcos, Jalapa, Izabal y Chiquimula.  La población meta es la comunidad educativa de establecimientos oficiales, urbanos y rurales de primaria y diversificado.

Aunque es valioso el reconocimiento de la multiculturalidad y el respeto desde y hacia todos los ciudadanos del país, es de resaltar que éste es solamente uno de los diversos elementos que contribuyen a la generación de un ambiente propicio al aprendizaje. No está claro de qué forma podría elevar la calidad educativa y los aprendizajes. Para mejorar la calidad educativa es necesario trabajar en varios campos a la vez, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades docentes para lograr mejores resultados en su desempeño en el aula, enfocados en el aprendizaje de sus alumnos, así como asegurar un currículo adecuado a las necesidades del mundo globalizado e intercomunicado.  Actualmente, las pruebas de rendimiento demuestran que los alumnos tienen serias deficiencias en áreas como matemáticas y comunicación y lenguaje. 

Sería preocupante que el programa haga énfasis en el pasado, dando a conocer las secuelas del genocidio y etnocidio, el racismo, la discriminación, la exclusión como se ha mencionado, en lugar de poner mayor atención al futuro y en cómo preparamos a nuestra juventud para ser parte de la economía mundial, respaldados en el fortalecimiento de  nuestra identidad nacional.  El conocimiento de la historia de Guatemala desde un ángulo objetivo será importante; lograrlo puede ser difícil y un desafío mayúsculo.

Para ser exitosos los niños y jóvenes deben lograr durante su formación las competencias para la vida y para el trabajo, elemento que no aparece mencionado, aún cuando es fundamental para que los jóvenes alcancen una vida plena.  Asimismo es necesario enfatizar la incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la tecnología, del idioma inglés y de ciertas habilidades como trabajo en equipo y capacidad de adaptación al cambio. En resumen, además de respeto intercultural, se necesita un enfoque más amplio para lograr la calidad educativa en las aulas.  

Por José Raúl González Merlo

La reciente reunión de los países que integran el llamado G20 ha puesto dos visiones en contraste. Por una parte la europea, que, finalmente, se ha dado cuenta de que sus estados benefactores son insostenibles y van por la contención del gasto público. Por otra, la de Estados Unidos, que cree que es posible continuar gastando para salir de la recesión. Mientras unos vienen de vuelta, otros van. Los estadounidenses deben prepararse para una fuerte desilusión.

Crear un Estado benefactor no es una decisión económica. Es una decisión política sujeta a las realidades económicas. Los griegos se creyeron europeos cuando ingresaron en la Comunidad Económica Europea, pero se les olvidó adquirir la productividad de los alemanes. Sus generosos beneficios sociales, especialmente para los funcionarios públicos, se crearon por decreto, no por productividad. Es el mismo camino que siguieron otros países como España. El “modelo europeo” fue la envidia y la aspiración de muchos. Una generación después, la realidad se hace presente y el modelo se vuelve insostenible.

EUA siempre fue un país industrializado criticado por no ofrecer beneficios sociales similares a sus colegas europeos. A cambio de esa flexibilidad económica, el modelo estadounidense mantenía menores niveles de desempleo y mayores tasas de crecimiento económico. Hasta que llegó la crisis financiera y, ahora, el presidente Obama introduce más gastos, más prestaciones y beneficios sociales para parecerse a Europa. Así que se da la paradoja de que mientras Europa trata de corregir sus errores, EUA insiste en ir por esa senda.

La prosperidad se basa en la productividad. Las prestaciones sociales por decreto se basan en la esperanza de que siempre “alguien más” aguantará la carga y pagará por los beneficios que otros reciben. La experiencia nos dice que todo tiene un límite. Grecia, España, Portugal y otros países lo descubrieron relativamente pronto. Alemania, prudentemente, está deteniendo esa fiesta de gasto público. Ahora, injustamente le echan la culpa de ser la causante de una recesión producto de la irresponsabilidad de otros. EUA ha elegido el camino equivocado. Obama cree que el gasto público es fuente de prosperidad y gasta como nunca antes. Quizás pase menos de una generación para que los estadounidenses se den cuenta de que la deuda creada debe ser eventualmente producida y pagada. Es una irresponsable apuesta.

La lección para nuestros países es clara. La decisión política de crear prestaciones sociales generosas será sostenible en tanto sea respaldada por productividad. Hacer caso omiso de lo anterior es una receta para un desastre económico. Gatear antes de caminar, caminar antes de correr. No hay atajos para el desarrollo. Mucho menos aquellos que provienen del endeudamiento público.

Por Hugo Maul Rivas

“Se están agarrando bandas completas, así que yo esperaría... Aquí es de aguantarnos para no arrodillarnos ante ellos”.  Colom podría tener razón; lo mismo argumentó Obama para justificar su plan de recuperación y, según parece, podría salirse con la suya. Desde la perspectiva de la “Dinámica de Sistemas”, disciplina estudiada en MIT, Colom podría estar invocando el conocido patrón de comportamiento que indica que hay que “empeorar antes de mejorar”.  Claro está, desde la perspectiva sistémica habría que modelar rigurosamente el sistema, hacer simulaciones virtuales para estudiar el comportamiento del mismo, construir escenarios, etcétera, antes de hablar así. Enfoque totalmente opuesto a la forma en que el gobierno afronta el problema de la criminalidad.

La adopción de acciones inconexas y la improvisación que caracterizan a este gobierno terminan convirtiéndose en soluciones que “se vuelven en contra de uno”. Es decir, soluciones que en lugar de resolver el problema lo agravan más. Lo que el profesor Buscaglia, experto en el estudio de la criminalidad desde la perspectiva de la economía y el derecho, llama la “Paradoja de la Sanción Penal”.  Según Buscaglia, mientras más recursos públicos se dediquen a combatir el crimen, encarcelar delincuentes y endurecer la justicia penal, más incentivos tienen los grupos criminales expandir sus redes de corrupción y fortalecer sus capacidades operativas como medios para defender sus “negocios”. Esto es, más corrupción y más violencia a mayor persecución por parte del Estado.

Según este autor, la única forma de superar esta paradoja es mediante “el desmantelamiento patrimonial de empresas criminales y de empresas legales ligadas a organizaciones delictivas; el combate y prevención de la corrupción política al más alto nivel que incluya procesamientos judiciales por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, y financiamiento ilegal de campañas electorales; la cooperación y coordinación legal/judicial nacional e internacional, y;  la prevención social del delito en manos de una sociedad civil. Según Buscaglia, estas medidas son “cuatro ruedas” que deben instalarse simultáneamente para “echar a andar” un sistema de combate y prevención del crimen. En nuestro país, de existir algunas de estas ruedas, están desinfladas o destrozadas. Pedirle al pueblo que siga aguantando más parece burla que sana advertencia.

Por Jaime Díaz

Hoy vivimos en un tiempo importante en la historia que será recordado por las políticas que causaron una crisis económica a nivel global y otras que trataron rescatar al mundo de sus rezagos. No es difícil encontrar discusiones sobre cómo fomentar el clima de inversión o cómo asegurar al desempleado. Más aún, abundan los debates sobre cómo financiar las consecuencias de esta crisis y a quién se le pasará la factura. Entre todo, este debate olvida a veces aquellos temas que son relevantes y que pueden ofrecer una mejor alternativa para resolver los daños de la crisis que nos atañe. Tal es el caso de la violencia en Latinoamérica.

Según las últimas estadísticas a nivel mundial, las regiones de Centro América y Suramérica presentan las mayores tasas de homicidio luego de África del Sur. Esto es más preocupante cuando se observa su tendencia en los últimos años en algunos países. Por ejemplo, en Guatemala la tasa de homicidios por 100,000 habitantes ha incrementado de un nivel de 26 a 45 en la última década. Más aún, las encuestas de victimización realizadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran que la mayoría de la población atribuye a la violencia como el principal problema a afrontar.

¿Qué factura está pasando la violencia? Evidentemente, existe un costo directo y observable en términos de pérdidas monetarias. Otros son más difíciles de medir en términos de vidas. En Guatemala, estas pérdidas han llegado a representar hasta un 7% del Producto Interno Bruto según el PNUD. Sin embargo, existen otros costos que no son tan obvios y que están afectando el desarrollo del empresario. Dos ellos se discutirán brevemente.

Por un lado, la violencia afecta significativamente al empresario pequeño. Muchas veces se caracteriza por sus restricciones crediticias o por las limitaciones a la expansión de sus negocios. De forma análoga al microcrédito que impulsa al empresario hacia nuevas oportunidades de negocios y bienestar, las pérdidas por la violencia pueden eliminar la capacidad de generación de ganancias e incluso eliminar negocios. En otras palabras, el miedo a ser expropiado por el crimen aniquila toda iniciativa creativa que pueda tener el empresario o toda apropiación de tecnologías. ¿Ha escuchado  de negocios que cierran sus operaciones por perder su inventario en un robo o por ser amenazados constantemente por el crimen? El resultado: empresas más pequeñas y menor inversión.

Por otro lado, la violencia impide que las personas busquen empleo fuera de sus hogares o de sus comunidades. Por ejemplo, el sector industrial ha sido uno de los afectados pues sus trabajadores son constantemente asaltados o amenazados al ir a trabajar. Esto ha presionado para que muchas personas dejen su trabajo y regresen a ser empleados por cuenta propia. Esto es un costo directo para el trabajador en términos de ingreso y desarrollo profesional. Asimismo, le cuesta a la empresa empleos y aprendizaje laboral. La consecuencia: mayor probabilidad de habitar en el subempleo.

Muchas energías se utilizan en el debate económico y se ingenian mil y un ideas sobre cómo mejorar el clima de inversión. Estos debates, políticas o acciones pueden ser estériles si se olvida que hoy la violencia le pasa la factura al ciudadano guatemalteco. Aquí es donde hay que hacer un llamado hacia la competitividad sistémica: no hay clima de inversión sin seguridad, no hay productividad sin certeza de utilizar la propiedad en el futuro y no hay formación personal sin tranquilidad de utilizar sus bienes a disposición.

A diferencia de algunos países desarrollados, donde es difícil encontrar noticias interesantes o muy esporádicamente suceden eventos que reportar por parte de los medios de comunicación, en este país suceden tantas cosas en una semana. Entre los fenómenos de la naturaleza y los hechos de criminalidad y violencia tenemos un cúmulo de situaciones que acaparan la atención y nos distancian de trabajar en la agenda de largo plazo que deberíamos estar persiguiendo.

En los últimos días hemos vivido jornadas de violencia, que deben ser motivo de seria reflexión y acción por parte de las entidades e instituciones que generan análisis y propuestas.  El asesinato de los dueños de una tienda en la colonia El Paraíso, la granada que explotó en el bus de la ruta que cubre San Juan Sacatepéquez,  la espeluznante muerte de un exdirigente político y los muertos que han aparecido en bolsas en distintos puntos de la ciudad capital son algunos de los casos que nos tienen alarmados, ya que reflejan una creciente ola de criminalidad.

Es momento de que se aborde el tema de manera interinstitucional y se pongan objetivos, metas y estrategias, que sean cumplidos.  La mesa de gobernabilidad  tiene sobre sí una gran responsabilidad que consiste en trabajar conjuntamente con el Gobierno en las acciones inmediatas y de mediano plazo que deben realizarse.

Francisco Dall’Anesse asumirá pronto la jefatura de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG y tendrá desafíos enormes por delante para contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia, tomando en cuenta los hallazgos y recomendaciones que le dejará Castresana.  Sin embargo, todo lo que él pueda hacer no tendrá sentido si los mismos guatemaltecos no asumimos la responsabilidad de transformar y apuntalar los sistemas de seguridad y justicia.  Está pendiente el nombramiento del Fiscal General, quien debería tener la solvencia moral, el liderazgo y la autoridad para realizar las reformas institucionalidades requeridas para mejorar las investigaciones que contribuyan a la efectividad del sistema de justicia.

La transformación de la Policía Nacional Civil, PNC, que cuenta con el liderazgo de Helen Mack como comisionada para el tema, es una tarea inmensa que debe ser desarrollada con pies de plomo y un plan estratégico con plazos concretos.  Esperamos se le otorgue el apoyo y recursos que dicha transformación requiere.

Es momento de que la seguridad y la justicia sean una verdadera prioridad en la agenda del país.  Ello deberá reflejarse no en los discursos, sino en los planes y las asignaciones presupuestarias que se requieren para lograr un cambio significativo en las instituciones principales del sector.  La discusión de qué, cómo, quién y cuánto se necesita para tener más seguridad y justicia debe ser el punto principal de la discusión nacional.  El Presidente Colom y su gabinete deberían focalizar su energía en promover la unidad nacional en torno al tema para el mejoramiento de la seguridad ciudadana y la reducción significativa de la violencia.

Por José Raúl González Merlo

El manejo de las finanzas públicas nos está encaminando a una crisis fiscal. Las cifras oficiales parecen pequeñas porque siempre las comparan contra el tamaño de toda la economía. De ahí que un 3.5 por ciento de déficit pareciera que “ni quita ni pone”. Sin embargo, ese enfoque está equivocado. Nuestro país está entrando en una deficiencia crónica que debe ser controlada a través del tamaño del gasto público.

De acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas Públicas, el déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) será de “solo” 3.5 por ciento este año. ¿Poco no? Si a usted le suben su sueldo en 3.5 por ciento, le parecería poco. De la misma manera que si se lo bajan 3.5 por ciento no le causan un daño tan grave. Sin embargo, ese 3.5 por ciento es demasiado. Representa Q10 mil millones por año. Con ingresos tributarios de Q34 mil millones, el déficit fiscal representa un 30 por ciento de los ingresos tributarios.

Claramente, el déficit se nos fue de las manos. ¿Se imagina un hogar o una empresa que gaste un 30 por ciento más de lo que le ingresa? ¿Cuánto tiempo más puede vivir alguien que vive de fiado en esas magnitudes? La comparación contra el PIB es un engaño. Lo relevante es lo que el Gobierno gasta en relación con sus ingresos. Hoy en día el déficit es financiado con deuda; lo cual crea un efecto de “bola de nieve”, porque cada vez necesitamos endeudarnos más para pagar los intereses que se acumulan.

A como van las cosas, para aspirar a tener un presupuesto equilibrado, necesitaríamos aumentar la recaudación en un 30 por ciento de la noche a la mañana. Claro que la recaudación puede crecer si se le permite a la economía seguir creciendo. De hecho, gracias a la recuperación económica, vamos recaudando un 10 por ciento más que el año pasado. Pero aumentar la recaudación al ritmo que van creciendo los gastos es irreal. Duplicar las tasas de impuesto (como es la intención) solo terminaría de hundirnos en recesión. Hay que tomar medidas que nos lleven a la solución del problema.

Por ello, el control del déficit fiscal debe venir del congelamiento del gasto público. Si nosotros paramos el gasto en lo que ya tenemos del 2010, es posible que, con la tendencia de crecimiento de los ingresos fiscales, para el 2015 tengamos un presupuesto equilibrado. Tan solo cinco años de congelamiento de gastos nos permitiría poner en orden las finanzas públicas para beneficio de toda una generación.

La solución a una inminente crisis, por tanto, es más simple de lo que parece. Sin embargo, requiere de una disciplina y visión aparentemente incompatible con la ambición política. Limitar el gasto público es limitar el tamaño del botín en el que se ha convertido el presupuesto del Estado. Pese a lo anterior, es la forma más sana de prevenir que Guatemala sea la próxima Grecia.

Por Hugo Maul

“el clima de violencia continúa imparable… el sábado se cobró 23 víctimas, entre ellas los propietarios de una tienda que fueron asesinados en la colonia El Paraíso … por negarse a pagar una extorsión”. (http://www.prensalibre.com/noticias/violencia-imparable-crimenes-delincuencia-ataque_0_296370443.html). 

Los efectos de la violencia en las empresas van más allá de la pérdida de valor en los negocios, el aumento de costos o cierre de empresas. Cuando el robo, la estafa, la extorsión, los secuestros  y la muerte se convierten en parte del giro “normal” de los negocios, sale sobrando hablar de cuestiones como crecimiento económico, productividad, eficiencia y competitividad.

Desde una perspectiva económica, la existencia y no penalización adecuada del robo provoca una inseguridad jurídica y física sobre la tenencia de la propiedad y el goce de sus beneficios que no todos los empresarios toleran. Lo cual se traduce en cierre y/o reducción de operaciones de los negocios, o bien, en niveles de riesgo que son compensados económicamente a través de mayores precios al consumidor. Las extorsiones, por su parte, han terminado por convertirse en un costo adicional de operaciones que deben cubrir las empresas. Al punto que muchas de estas terminan estando obligadas a contribuir a dos sistemas impositivos: el del Estado y el de los extorsionistas. La inseguridad en las carreteras y caminos del limita el crecimiento de los negocios, tanto en términos económicos como términos territoriales; muchos empresarios prefieren comerciar en lugares cercanos y/o en un menor número de lugares con tal de disminuir la probabilidad de ser víctimas de la violencia.

Más allá de las pérdidas directas provocadas por la inseguridad, la creciente ola de inseguridad atenta contra la democracia en sus pilares más básicos. El poco éxito de las políticas preventivas contra el crimen o de las medidas para frenar la inseguridad hace parecer que “somos un país sin autoridad”. Percepción que en nada ayuda a promover la confianza en las instituciones formales encargadas de la seguridad y la justicia. Esto constituye un desafío abierto contra el Estado en sus funciones básicas de proveer seguridad y velar por que la ley se cumpla. Situación que se traduce en pérdida oportunidades económicas, empresariales y un menor bienestar personal y social.

La reciente visita del Dr. Vernon Smith a nuestro país permitió a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín organizar un foro para escuchar los comentarios de un Premio Nobel en Economía, en un ambiente estilo conversatorio, que permitió a la audiencia sentir como si estuviese platicando de manera personal con el distinguido economista.  Smith obtuvo el Premio Nobel en 2002, a raíz de sus aportes en el campo de la economía experimental, que han permitido comprobar o llevar al laboratorio las teorías económicas. 

Su exposición estuvo centrada en el tema “Vivienda, mercados financieros y crisis económica:  La gran recesión y la gran depresión”.  El Dr. Smith comenzó indicando que las burbujas en los mercados son frecuentes en la historia.  Señaló que existen dos tipos de mercados: a) los de bienes de consumo y servicios (que no tienden a ser re-vendidos) y b) los de activos (tienen a ser negociados y re-vendidos).  Uno de sus comentarios fue: No sabemos por qué razón las personas son llevadas por sus expectativas auto-cumplidas de precios crecientes.

Su explicación de la crisis reciente, comienza por señalar que en 1996 las agencias de los Estados Unidos relacionadas con la vivienda dirigieron su financiamiento a los estratos de menores ingresos.  En 1997, el gobierno del Presidente Clinton emitió una ley de reducción de impuestos, conocida como “Ley de liberación de impuestos” (o “Tax payer Relief Act”), que eximió del pago de impuestos la compra-venta de viviendas hasta por 500 mil dólares.  Además de acciones como éstas, el gran déficit comercial, unido a una política monetaria expansiva durante más de 50 años, llevaron a la generación de esta última burbuja en el mercado inmobiliario. 

El impacto tan marcado de las burbujas en el mercado de hipotecas sobre el mercado financiero se debe al fracaso del sistema de reserva.  El impacto de la crisis es mayor sobre el segmento poblacional más pobre debido a que mientras más bajo es el precio de la vivienda la burbuja es más grande; entonces, cuando se da la caída del mercado, el impacto en las pérdidas bancarias es mayor en ese segmento.  Por ello, se argumenta acertadamente que los pobres han sufrido más la crisis. 

En conclusión, Vernon Smith recomendó aprender de la tradición y la experiencia.  Solo debemos arreglar lo que está roto.  Sugirió revisar las normas relativas a los derechos de propiedad y su relación con los mercados hipotecarios.  Finalmente recomendó revisar la política monetaria para evitar que ésta sea expansiva y genere mayores problemas y crisis.  Para los guatemaltecos su visita fue gratificante, pudiendo comprobar que quien obtiene un Premio Nobel tiene mucha experiencia y conocimientos que deben ser escuchados, principalmente por quiénes formulan las políticas económicas y monetarias.

Por José Raúl González Merlo

La situación sería cómica si no fuera por la gravedad de las acusaciones. El Gobierno “peló cables” y en total violación a la Constitución ha iniciado una campaña de ataques contra las opiniones disidentes. Como si fuera un proto Hugo Chávez, el presidente Colom dice que están “en guerra” contra él. Atrás quedaron los tiempos de solidaridad. Vienen los tiempos de intolerancia.

Primero fue el Comité Ejecutivo de la UNE el que anunció una “campaña de desestabilización” en los medios de comunicación. No es que la “denuncia” dejara de ser relevante. Simplemente ya aburrieron con que cada crisis provocada por su incompetencia traten de apañarla diciendo que es una “conspiración” en su contra. Un par de días después, sendos campos pagados del Gobierno igualaban a las críticas públicas con ataques armados en contra de las fuerzas de seguridad. Ciertamente el tono oficial se había “salido del guacal”. Ahora, tener una opinión desfavorable de la gestión gubernamental es “atentar contra la institucionalidad del Estado”; es participar en una “guerra sicológica”; es “perpetuar la corrupción”. ¿Qué mosca les habría picado?

Esa misma tarde, el presidente Colom nos dio la respuesta. Dijo que consideraba las opiniones de Dionisio Gutiérrez, sobre su gestión oficial, como una “declaración de guerra”. Al señor presidente no le gustó que Gutiérrez dijera que “este gobierno no ha hecho nada”. Esa crítica provocó la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo de la UNE, los campos pagados de prensa, radio y televisión, y las amenazas públicas del propio presidente. Emitir una opinión no es una declaración de guerra, pero esa actitud pendenciera de toda la maquinaria gubernamental sí lo es.

¿Y ahora quién podrá defendernos? El presidente controla las fuerzas de seguridad y un presupuesto de propaganda prácticamente ilimitado. La Constitución protege a los ciudadanos de ser molestados por sus opiniones, en su artículo 5. A pesar de ello, el Gobierno y el partido oficial amenazan indiscriminadamente a los disidentes. En las palabras de campo pagado son “prácticas comunes durante la época del conflicto armado”, y para ello tienen la escuela de Hugo Chávez, quien cuenta con grandes admiradores en este gobierno.

Adiós, tiempos de solidaridad. Malvenidos, tiempos de intolerancia. Aquel presidente Colom que llamó“infamia” a las falsas acusaciones por el caso Rosenberg, ya no puede alegar inocencia porque la criminalización de las opiniones ciudadanas es, también, una infamia. “No constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos”; lo dice el artículo 35 de nuestra Constitución. Respetarlo no es una opción. Es una obligación legal y moral.

Por Hugo Maul Rivas

Hace algunos años Hernando de Soto acuño este término para hacer referencia a todos aquellos activos que no se pueden transformar en capital debido a las fallas del ordenamiento jurídico existente. Este capital es una riqueza potencial que no se transforma en bienestar y mejores oportunidades debido a que las "reglas del juego" no favorecen su incorporación en la economía formal. Cientos de miles de terrenos, viviendas, micro negocios, bienes muebles y otros activos valen menos, o nada, en comparación lo que valdrían si las “reglas del juego” definieran y protegieran mejor los derechos existentes. En Guatemala, según estimaciones de De Soto, el “capital muerto” del país en el 2006 ascendía a más de US$32 mil millones, cifra equivalente al PIB de ese año, a más de cuatro veces de toda la inversión extranjera captada en los últimos cuarenta años y a más de tres veces de la totalidad de depósitos captados por el sistema financiero. Contrario a lo que se cree, el creciente número de restricciones legales y administrativas a los derechos de propiedad “mata” más capital que el que ayuda a crear. Lo que es más grave, “mata” más capital entre quienes menos tienen, todos aquellos que se ven obligados a refugiarse en la informalidad y el anonimato como forma de escape ante la asfixiante intervención gubernamental.

¿Qué se hace con este “capital muerto”? ¡Nada! O casi nada. El “capital muerto”, a diferencia del otro tipo de capital, tiene menores posibilidades de ser invertido en sus usos más eficientes, ser movilizado financieramente, comerciarse o transformarse. En el extremo, nada puede hacerse con este tipo de capital. Tal es el caso del capital que “muere” debido al total fracaso del gobierno en su función básica de proveer seguridad. Distritos residenciales y comerciales enteros dejan de ser viables económicamente debido al clima de inseguridad y violencia. El esfuerzo, sacrificio y trabajo honesto de decenas de miles de familias termina siendo, de hecho, expropiado al reducirse drásticamente de valor las propiedades por las que tanto han trabajado. Viviendas, pequeños negocios, explotaciones agrícolas, terrenos y otros activos pasan a engrosar la infeliz categoría de “capital muerto”. Cientos de miles de sueños son destruidos cada día. Desafortunadamente, en lugar de avanzar en la reducción de este fenómeno y mitigar sus efectos, cada vez es más común que ocurran nuevas acciones tendientes a “matar” el poco capital existente, para obligar a los más necesitados a depender de la dádiva del político y evitar así su liberación en términos económicos.

Hace dos semanas estuve, como parte de un proyecto de promoción de ciudadanía y empresarialidad, en Morales, Izabal.  Sumando las dos presentaciones que realizamos ese viernes, habremos estado con unos 400 estudiantes de Diversificado.  La recepción fue muy positiva.  Encontramos jóvenes que se conectaron con lo que presentamos, y quienes están motivados a buscar formas de mejorar sus comunidades.  Lo que nos dimos cuenta es que necesitan de un pequeño empuje para sentirse entusiasmados por mejorar su entorno.   Pero también el darse cuenta que lograrlo es posible, pues hay otros jóvenes que han logrado  cosas positivas.

Empezamos motivando a los jóvenes.  Tras mostrarles un video donde las personas rompen récords mundiales les hablamos de cómo la ciudadanía y la empresarialidad pueden ayudar a Guatemala a resolver problemas como: impunidad, corrupción, violencia, crimen organizado y pobreza.  Ellos, siendo jóvenes, podían ayudar a nivel de su comunidad, e incluso a nivel nacional, a lograr una mejor Guatemala.

Ese día no sólo el CIEN, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, se encontraba presente.  Nos acompañaba Karen Cancinos M. por parte de Jóvenes por Guatemala, quien les contó a los jóvenes su experiencia como fundadora de dicha organización, tomando también tiempo para explicarle a los estudiantes los múltiples logros alcanzados, como es el participar en el proceso de elección del Fiscal General y las campañas de reducción de la violencia y protección del ambiente.  También estuvieron presentes Herbert Tejeda y Stefan Estrada, quienes representan a Récords y fueron los ganadores del concurso Ideas que Valen.  Ellos motivaron a los estudiantes a apasionarse por alcanzar un récord en su vida.  Ese récord, bien podía ser algo chistoso como ser la persona que más camisas había utilizado en la vida o el joven que había logrado reducir la violencia en su comunidad.  Lo importante es que se apasionaran por algo y se comprometieran a ser un ejemplo para su comunidad.

Al terminar cada presentación, el turno le quedaba a Edwin Xol, quien llegaba con el sombrero de CIEN, pero también con el de la Red de Exbecarios FAES.  Él se orientó a resumir lo aprendido, interactuando con el público.  Cabe señalar que Edwin había estudiado su secundaria en Morales, lo cual le permitió conectarse con el público, mostrándoles cómo alguien con pocos años más que ellos y que estuvo viviendo en el mismo lugar ha empezado a hacerse un espacio en el ambiente profesional y logró sacar un posgrado en España. 

En todo caso, la actividad fue muy positiva.  En los próximos meses esperamos estar llegando a más estudiantes.

Por Verónica Spross

Los cambios en el gabinete económico, generados a raíz de las renuncias de los ministros de Finanzas Públicas, Energía y Minas y Economía en la anterior semana, merecen una reflexión sobre cuáles deberán ser las prioridades en la agenda económica del semestre que comienza. 

En primer lugar, es necesario y fundamental continuar y reforzar la agenda de competitividad en el país, velando por el aumento de inversión privada que permita la generación de riqueza y de fuentes de trabajo, tan necesarias especialmente en áreas de pobreza y extrema pobreza.  El soporte a la empresarialidad e iniciativas emprendedoras deberá ser un elemento del plan de trabajo del Ministerio de Economía, pero enfocándose en aquellos proyectos que pueden generar la mayor cantidad de beneficios para las comunidades en el mediano y largo plazo.  Continuar con los esfuerzos por incrementar el volumen del comercio internacional y la liberalización comercial sería un aliciente para lograr mayor inversión nacional y extranjera.

Por otra parte, y desde el respectivo Ministerio, deberá darse continuidad a la implementación de la política energética, reforzando los distintos componentes del proceso, que incluyen la generación, transmisión y distribución, y manteniendo la columna vertebral del sistema que nos ha permitido contar con suficiente energía en los últimos años.  Se pueden realizar las modificaciones necesarias para lograr mayor eficiencia en el sector, pero con base en la visión de largo plazo de lograr un mercado competitivo, en crecimiento, con inversiones adecuadas y una regulación moderna y eficaz, que permita lograr la mayor eficiencia a la que podemos aspirar.

Desde el Ministerio de Finanzas Públicas se tiene la importante responsabilidad de velar por el control del gasto público, la transparencia, el mantenimiento del equilibrio fiscal, todos temas incorporados en el Pacto Fiscal.  Además, es necesario realizar la necesaria coordinación del la política fiscal con la política monetaria.   

El Reporte de Libertad Económica para América Latina 2009-2010, recientemente presentado por CIEN y RELIAL, constituye una herramienta que puede contribuir a la definición de las políticas económicas en Guatemala, al tomar en cuenta los avances de otros países y la situación propia. Dicho reporte muestra que Guatemala experimentó un avance importante en la libertad económica en el período 2004-2007, especialmente en lo que se refiere a la consolidación de la apertura al comercio internacional y al contexto macroeconómico general. Sin embargo, lo relacionado con la consolidación del Estado de Derecho, certeza jurídica de los derechos de propiedad e independencia y eficiencia del sistema judicial no avanzó al mismo ritmo.  Se avanzó en el ámbito regulatorio y en la simplificación del sistema tributario. También se muestran avances en el ámbito del comercio exterior, especialmente por la entrada en vigencia del DR-CAFTA.  De cara al futuro, los retos principales están en mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, la legislación en torno a la transparencia en el gasto público y el combate a la corrupción. 

Las acciones en política económica que se tomen en los próximos meses pueden incidir de manera efectiva en la generación de oportunidades económicas para los guatemaltecos o pueden llevarnos a un deterioro en el índice de libertad económica.  Si tenemos menos libertad económica, habrá menos inversión, menos empleos y menos ingresos para las familias.    Señores ministros, su responsabilidad de trabajar para mejorar el clima de negocios y el ambiente propicio para la inversión es enorme.  Las estrategias que se sigan y las decisiones que se tomen determinarán si nos encaminamos por la senda de la producción de riqueza o por el camino que lleva a la pobreza y al deterioro económico.