Por José Raúl González Merlo

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la tercera revisión del programa económico para Guatemala. La calificación favorable implica una felicitación implícita al Gobierno, pero deja una gran ausencia: el mérito del crecimiento económico radica menos en la función pública y más en el esfuerzo de trabajadores y empresarios. El hecho de que el FMI ni siquiera los mencione nos deja entrever el sesgo del que esa institución padece.

El Gobierno de Guatemala se mantiene dentro de los parámetros económicos a los que se comprometió con el FMI luego de recibir una línea contingente de financiamiento por más de US$900 millones. Por esto, cada cierto tiempo una misión del Fondo viene a chequearnos. En esta ocasión, dicen que “todos los criterios se cumplieron holgadamente”. Que la recuperación económica “está afianzándose”. Que “las firmes medidas de política económica tomadas por las autoridades en respuesta a la crisis respaldadas por el FMI han brindado una sólida base para la recuperación”. ¿Qué tal? Como quien dice que agradecidos deberíamos estar con ambos. Pareciera como que, si no hubiera sido por sus atinadas intervenciones, todavía estaríamos en crisis.

No hay nada que agradecer. En todo caso, la recuperación económica está ocurriendo no gracias a, sino a pesar de, la gestión gubernamental y las recomendaciones del FMI. La economía guatemalteca fue la que menos cayó de toda la región durante la crisis. Fue también la que incurrió en un menor déficit fiscal y no se ha cometido el error de aumentar los impuestos gracias a la presión ciudadana. Si por el Gobierno y el FMI hubiera sido, estaríamos más endeudados y con tasas más altas de impuestos. Eran las famosas “medidas anticíclicas” que, como deliberadamente no seguimos, gracias a ello nos fue mejor.

No hay nada que agradecer. ¿Gracias por no endeudarnos tanto? ¿Gracias por no provocar inflación? Nada qué ver. El verdadero mérito del crecimiento económico es de los empresarios grandes, medianos y pequeños que aguantaron la “gran recesión” internacional. Fueron su eficiencia, productividad y creatividad las verdaderas “bases sólidas para la recuperación”. Fue su audacia de continuar tomando riesgos en épocas de alta incertidumbre la que nos mantuvieron, y fueron también los trabajadores guatemaltecos cuyo esfuerzo sostuvo al país.

Obviamente, el FMI es una institución formada por gobiernos. Quizás sea por ello que exista esa tendencia a felicitarse mutuamente y obviar el mérito del sector privado. “No podemos pedirle peras al olmo”, dice el refrán. Pero lo que sí debemos hacer es entender en dónde está la realidad y en dónde la fantasía. En el caso de los gobiernos y el FMI, el refrán a aplicar es “mucho ayuda el que poco estorba”.

Por Hugo Maul Rivas

Con la salida de Juan Alberto Fuentes perdemos todos. Aunque no se coincida con él, hay que aceptar que es una persona de vocación democrática, capacidad técnica y fiel a sus principios. Su presencia ayudaba a reafirmar la imagen social demócrata que el gobierno de turno pretende proyectar; su capacidad técnica e independencia daban señal de cierto grado de compromiso con la disciplina fiscal y monetaria. 

Quienes criticamos algunas de sus acciones perdemos un interlocutor abierto a las críticas y al intercambio de ideas. El gabinete económico pierde a una de los pocos elementos que contribuían a darle algo de credibilidad a la política económica. No sería raro que dentro del Gabinete Económico, Junta Monetaria y otras instancias de gobierno se produzcan notables fallas de coordinación y continuidad en las políticas.  El Ministerio de Finanzas pierde por partida doble: Juan Alberto y Erick Coyoy, hoy Ministro de Economía, eran piezas clave de dicha cartera. El Banco de Guatemala pierde un valioso aliado en la conducción de la política macroeconómica del país. Probablemente también pierde a quien pudo haber sido su próximo presidente,  o bien, a quien pudo haber ejercido cierta influencia sobre el Presidente para nombrar en dicho puesto a un técnico en lugar de un político.

Los guatemaltecos perdemos un recurso importante en el combate al despilfarro de recursos, a la corrupción y a la opacidad del gasto público. El problema no es que un ministro de finanzas se haya cansado de remar contra la corriente y decida abandonar el barco. Finalmente, de eso se trata el trabajo.  El problema radica en que el ministro se haya quedado solo en este esfuerzo. Una lucha desigual contra fuerzas que no reparan en criterios técnicos, un tsunami de presiones de gente muy poderosa dentro del gobierno y un desmedido apetito electoral.  Siendo así las cosas, no sorprende que Juan Alberto decidiera retirarse. Sorprende que no lo hubiera hecho antes, de seguro trató de mantener la nave “a flote” hasta el último momento, luchando contra viento y marea para que el resto del gobierno pusiera en práctica los principios de una verdadera social democracia. No se le puede criticar por eso, así es el espíritu de las personas comprometidas con sus ideales. Resulta preocupante, eso sí,  que abandone la nave uno de sus principales diseñadores. Cuando ya ni el creador del navío cree en la viabilidad del mismo, no es posible creer que quienes estén al mando del mismo sean capaces de evitar el colapso.

Por Verónica Spross

En el Día del Maestro no podemos dejar de reconocer a los maestros que hacen su labor diaria con vocación y entrega.  En cada uno de nosotros hubo algún maestro que dejó huella durante nuestra vida escolar y en las aulas universitarias.  Realizar esta noble labor requiere de características muy especiales incluyendo preparación, responsabilidad, amor, entrega y mucha tenacidad, para desarrollar una tarea que en nuestro medio resulta un tanto difícil con las condiciones vigentes.

Sin embargo, contar con una carrera docente que permita seleccionar, reclutar, contratar, incentivar adecuadamente y evaluar a los maestros en servicio es nuestro gran sueño.  Elevar la formación inicial al nivel superior es una acción urgente, que aún está pendiente en la agenda nacional.  A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en Guatemala los maestros todavía se forman en el nivel de diversificado.  Y, debe reflexionarse que el nivel no es lo importante sino quién los está formando, cómo se están formando y si están adquiriendo las competencias y herramientas para desarrollar su labor con éxito.

El documento no. 57 del Grupo de Trabajo de Desarrollo Profesional Docente, GTD de PREAL comenta que la diversidad y complejidad que caracteriza a las sociedades modernas representa retos para el sistema educativo y especialmente para los docentes en las aulas.  La pregunta importante es: ¿Cómo generar las condiciones para que todos los alumnos aprendan? independientemente de su condición socioeconómica, origen étnico o diferencias en habilidades y capacidades.  En otras palabras, los maestros se enfrentan al desafío de la diversidad como un elemento que debe ser comprendido y resuelto para el beneficio de los alumnos.

Los buenos maestros se preparan durante su vida activa, a través de cursos y programas de actualización que les permiten familiarizarse con metodologías novedosas, o fortalecer áreas en las que requieren mayor conocimiento o habilidad.  Una de las tendencias de las que comenta el mencionado documento es a prepararse para tener aulas inclusivas, en donde alumnos con distintas características pueden ser atendidos conforme a sus propias necesidades y aprender a su ritmo.

Otro desafío para los docentes en la actualidad es conocer profundamente a sus alumnos e identificar cómo ellos aprenden, ya que cada estudiante tiene sus habilidades y capacidades que le permiten aprender con éxito.  El conocimiento de la teoría de Inteligencias Múltiples ayuda al docente para atender a cada niño conforme a sus posibilidades de aprendizaje.  Algunos niños son más auditivos que visuales, otros aprenden a través del movimiento.  En fin, se requieren maestros que utilicen una metodología activa que facilite el aprendizaje a todos los niños.  Es cierto, el docente tendrá que esforzarse más para poder dar una educación individualizada, pero su recompensa se dará cuando observe que todos los niños pueden aprender y que nadie debe repetir el año. Felicidades a los maestros y maestras que con cariño y pasión están enseñando a nuestros hijos o nietos.

Por José Raúl González Merlo

La conferencia de prensa en la que el Dr. Castresana presentó su evidencia para la destitución del Fiscal General quedó, en mi opinión, opacada por una clara amenaza a la libertad de expresión. Nadie duda de que la Cicig tiene en su contra a poderosos enemigos. Sin embargo, para combatirlos, no puede ni debe violar nuestras garantías constitucionales.

El 14 de junio pasado, el Dr. Castresana presentó las tres pruebas más relevantes, “entre muchas otras”, de la supuesta campaña de “destrucción mediática” en su contra. La primera fue un artículo de opinión escrito por Gabriel Orellana, el 24 de mayo, en Siglo Veintiuno. La Cicig sugiere que este fue inducido por los señores Valdés, acusados de la muerte de Rodrigo Rosenberg, como parte de una campaña para “obstruir la justicia”. En el artículo, Orellana le recuerda al vocero presidencial que la Constitución garantiza la inocencia de cualquier acusado hasta comprobarse lo contrario. ¿Es eso delito?

La segunda “evidencia” es un artículo escrito en la revista electrónica www.revistalarazon.net. Allí se critica al Dr. Castresana, comparándolo con el inquisidor Torquemada. Y la tercera supuesta prueba más importante fue una conversación telefónica intervenida entre Rodolfo Ibarra (actualmente detenido) y el Dr. Francisco Beltranena. En ella, el Dr. Beltranena dice que “no le gusta” el término “policía democrática” usado por el Dr. Castresana durante una entrevista. En otras conversaciones, también intervenidas, el Dr. Beltranena da su opinión sobre la controvertida elección del jefe del Ministerio Público. ¿Más delitos?

Es difícil pensar que lo anterior constituya evidencia incontrovertible de una campaña para la obstrucción de la justicia. Más bien parece un claro mensaje a periodistas de opinión y ciudadanos en general: “quien no esté con la Cicig está en contra de la Cicig” y, por ende, corre el riesgo de que su opinión sea criminalizada. El mensaje ha sido recibido fuerte y claro. Parece que el Dr. Castresana no está dispuesto a cumplir los artículos 5 y 35 de nuestra Constitución. El primero protege a las personas de ser molestadas por sus opiniones; el segundo garantiza la libertad de expresión del pensamiento y establece que no constituye delito la crítica a funcionarios públicos.

No se vale “combatir la impunidad”, ni creer que se contribuye a la justicia, violando las garantías constitucionales. Lejos de generar confianza, ese penoso capítulo de la conferencia de prensa mostró una intolerancia que ha provocado temor entre la población. ¿Será usted el próximo acusado de “conspirador”, por expresar su opinión en público o en privado? Solo la Cicig sabe. ¿Y las entidades que supuestamente están para defender la libertad de expresión? ¿Acaso tienen la cola machucada?

Por Hugo Maul Rivas

Según el Presidente Arbenz,  en su Informe al Congreso Nacional correspondiente a 1951, el Censo Agropecuario  de 1950 constituyó “uno de los acontecimientos más notables en la historia estadística de Guatemala” (p. VIII). Este censo junto con la creación de Dirección General de Estadística, sin duda alguna, constituyen los primeros esfuerzos serios por  construir un sistema nacional de estadística. Hoy, setenta años después, a pesar de los notables avances en las tecnologías de la información, la revolución en las comunicaciones, los conocimientos estadísticos y las presiones  para ser más competitivos, transparentes y eficientes,  el país sigue a la espera de una verdadera reforma en este sector. Salvadas las diferencias entre aquella época y el día de hoy, setenta años después no ha perdido validez decir que “a pesar de no contarse – por de pronto- con estadísticas” (p. 196) igual hay que tomar decisiones. ¿Cuánto más va a durar es “por de pronto? ¿Acaso 70 años no son suficientes? ¿O acaso hay algo más que no se está tomando en cuenta?

Como bien comentó un lector la última vez que abordé este tema, desarrollar un Sistema Estadístico Nacional “no es un proyecto para el corto plazo, pero hay que empezar a realizarlo… (estos) proyectos… son el músculo y la expresión de una economía moderna y de una sociedad informada y actualizada sobre los grandes problemas económicos, financieros y sociales del país”. La Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) realizada hace unos años identificó la falta de compromiso político como una de las principales debilidades para desarrollar el Sistema Estadístico Nacional (SEN).  Tal falta de compromiso se explica en función de un “aparente” no entendimiento del papel que juegan las estadísticas en la planificación de la política pública, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de las acciones del gobierno.

Sin información estadística adecuada, oportuna y confiable es muy difícil tomar buenas decisiones, públicas o privadas,  más difícil todavía evaluar el impacto de la política pública y el funcionamiento del aparato estatal. Si este es el caso, no sorprende que hayan pasado más de setenta años y no se consolide todavía una verdadera reforma. ¿Qué incentivos  podría tener un gobierno para crear un sistema de información que sirva para que le cuenten las “costillas”?  A lo mejor esto explica por qué es tan difícil avanzar en un tema en donde todos, aparentemente, están de acuerdo.

Por Véronica Spross

El recurso interpuesto tuvo éxito y se logró la destitución del Fiscal General por resolución de la Corte de Constitucionalidad.  Ello, sumado a las declaraciones de Carlos Castresana, Jefe de la CICIG, nos pone ante una importante encrucijada que nos puede llevar al fortalecimiento de las instituciones o a continuar por un despeñadero como instituciones.

Desde hace meses indicó el Dr. Castresana que no estaba recibiendo apoyo del país para fortalecer el sistema y hacer cambios.  Pero, no se vieron resultados en cuanto a las acciones requeridas.   Como indicó recientemente el Lic. Fuentes Destarac, en el último Libre Encuentro, las instituciones en el sector justicia deben ser fuertes, sólidas.  Tenemos que acudir a las “reservas morales” de la patria, que lideren a los jóvenes.  Están deseosos de que haya un futuro promisorio.  No podemos seguir esperando a perder el país.  Tenemos que afrontar con entereza y esperanza la realidad de este país y sacarlo adelante.

Por su parte, la Licda. Helen Mack indicó que todos debemos participar.  Tenemos que dejar de ser habitantes y pasar a ser ciudadanos.  En otros países ser funcionario público es un honor.  Aquí se aprovecha el poder para sus propios negocios y hay mediocridad.   Ella indicó que se animó a participar en la reforma de la policía porque no tenemos tiempo, es una responsabilidad cívica hacer algo por el país y participar.

Se logró rescatar el nombramiento de Fiscal General, porque tenemos personas en la Corte de Constitucionalidad  a personas honorables y con principios. Evitar el secuestro del MP no garantiza que no lo van a volver a intentar.  El próximo fiscal general debe cumplir con los requisitos que se piden para el combate a la impunidad.  No nos queda sino exigir más transparencia y democracia. Se vienen otros procesos importantes, como el del Contralor General de la Nación y de la Corte de Constitucionalidad.   Tenemos que velar que el proceso sea transparente, limpio, pero que tenga candidatos que puedan optar al puesto.  La actual Corte ha actuado con principios y valores adecuados que deben mantenerse en los próximos magistrados.   El Congreso, por su parte, debe hacer sus funciones con responsabilidad.  

Es fundamental continuar en el fortalecimiento de la  libertad de expresión y evitar innecesarios señalamientos a quienes se expresan y manifiestan desacuerdos con lo que está pasando.  Tenemos que rechazar y dar señales de repugnancia hacia los corruptos, pero debe haber un respeto social a las opiniones de periodistas, columnistas y conductores de programas en los medios.  El debate público es un elemento clave de una democracia.

Los jóvenes son una esperanza para nuestro futuro, están expectantes y necesitan líderes.  Está pendiente la reforma institucional.  Hay suficientes hechos y manifestaciones que nos están diciendo que vamos mal.  Por lo menos se está debatiendo; se están generando espacios de discusión.  Tenemos que ser referentes para esa juventud.  Más que actitud debemos ejercer nuestra ciudadanía con coraje, valor y decisión.  

Por José Raúl González Merlo

Adiós disciplina fiscalEl Ministerio de Finan-zas Públicas (MFP) ha presentado un “Presupuesto Multianual” en donde se describen los lineamientos básicos del gasto público entre el 2010 y 2013. El escenario es preocupante. Las expectativas son mantener permanentemente un déficit. Es decir, el plan es hipotecar irresponsablemente el futuro de nuestra nación abandonando, en el camino, cualquier signo de disciplina fiscal.

Lejos quedaron los compromisos que surgieron del llamado “Pacto Fiscal” del año 2000, en donde, paradójicamente, participó activamente el actual ministro de Finanzas. Allí se introdujo el concepto de un presupuesto equilibrado y, si mucho, se toleraba un déficit no mayor al uno por ciento del tamaño de la economía. Ahora, el MFP pretende triplicar esa cifra e incurrir en déficits entre 3.2 por ciento y 2.2 por ciento del PIB en los años 2010 al 2013. Y no crea que es por falta de recaudación. ¡El documento planea mantener un déficit crónico aún si se diera el pretendido aumento en las tasas de impuestos!

No cabe duda de que el camino por el cual el MFP pretende llevar al país es una receta para el desastre. Imagínese que el plan oficial es endeudarnos en unos ¡40 mil millones de quetzales! entre el 2010 y el 2013. Ese es el valor acumulado del déficit fiscal proyectado para esos años, el cual se vendría a sumar a los más de ¡70 mil millones de quetzales! de deuda pública con la que ya cargamos. Y, por supuesto, acompañando semejantes datos, no podía faltar la promesa cajonera que el manejo de los fondos será con “transparencia y productividad”. La misma promesa incumplida que todos los años se nos ha hecho por este y anteriores gobiernos. La promesa no solo es increíble, sino que debe ser inaceptable.

Debe ser inaceptable que el Gobierno crea que los ciudadanos vamos a permitir que se nos presente un panorama de déficit fiscal crónico. Hay demasiados ejemplos de otros países, ricos y pobres, que cayeron en graves crisis económicas, producto de un manejo irresponsable de sus presupuestos de gasto gubernamental. Es hora de que los políticos dejen de mentir y comiencen a cumplir con manejar la cosa pública de forma prudente y responsable. La primera prueba debe ser que adapten el gasto a los ingresos, presentando un presupuesto equilibrado. La segunda es que se ganen la credibilidad de la ciudadanía con un manejo notoriamente honrado de los fondos públicos.

La semana pasada circuló la versión de un supuesto “consenso” en materia del pretendido aumento de impuestos. Mal haría el Congreso en aceptar semejante irresponsabilidad. Claramente, en las intenciones oficiales no existe la prudencia, sino una necedad por aumentar el gasto público endeudando al país en el camino. En algún momento hay que ponerle freno a esa irresponsabilidad. Ese momento tiene que ser ahora.

Por Hugo Maul R.

“Hay dos tipos de problemas en la vida: problemas políticos sin solución y problemas económicos incomprensibles.”  Respecto del primer tipo de problema es poco lo que puede hacerse mientras no exista un verdadero estado de Derecho y una democracia consolidada. Respecto del segundo tipo de problemas es importante, al menos, estar mejor informado y conscientes de la realidad que nos rodea. En este sentido, la semana en curso no es una semana cualquiera. Gracias al Banco de Guatemala, este lunes y martes se estará realizando el XIX Ciclo de Jornadas Económicas. Durante las mismas se abordarán los temas del desarrollo económico sostenible y la política macroeconómica en fase de recuperación. Ambos temas de crucial importancia para nuestra realidad actual y futuro cercano. Aunque el reto del crecimiento económico acelerado sigue siendo uno de los desafíos más importantes para nuestro país, no puede dejarse de lado la interdependencia entre la economía, la sociedad y el ambiente. Asimismo, aunque la recuperación económica es urgente, no puede dejarse de lado las implicaciones de mediano y largo plazo del excesivo intervencionismo gubernamental. Para analizar estos temas se contará con la participación, entre otros, de un ex presidente del banco central de Chile, expertos internacionales y varios famosos profesores de economía de prestigiosas universidades extranjeras.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UFM, por su parte, presentará este viernes a las 18:30 horas al Premio Nobel de Economía 2002, Vernon Smith, en la conferencia titulada la “Burbuja Inmobiliaria y la Economía Mundial”. Una aproximación desde el novedoso campo de la economía experimental a las interrelaciones entre la racionalidad económica, la manipulación de la tasa de interés y las repercusiones sobre el sistema económico. Algo por demás importante para nosotros de cara al año electoral y al cambio de autoridades en el BANGUAT. Es obvio que el partido de turno llevará al banco central a gente de su entera confianza, lo cual representa un riesgo en términos de la manipulación de la política monetaria con fines electorales. Algo que no es nuevo entre nosotros, pero que siempre que se ha intentado ha tenido consecuencias negativas.

Si bien la comprensión de los problemas económicos contemporáneos requiere mucho más que unas cuantas conferencias, no todos las semanas se tiene la oportunidad de reflexionar al más alto nivel acerca de este tipo temas. Demás estás decir que las invitaciones a ambos eventos son abiertas al público.

Por Verónica Spross

En nuestro país hay una tradición popular que habla de la ley de las series.  ¿Alguna vez ha escuchando que cuando sucede un acontecimiento, frecuentemente ocurre una serie de tres eventualidades similares?  En estos momentos podemos decir que en una semana se dieron tres eventos impactantes para nuestro país: La explosión del Pacaya, la llegada de la Tormenta Ágata y el anuncio del colapso del sistema de justicia por el comisionado internacional para el combate de la impunidad.

Recién se conoció que el trabajo de Carlos Castresana está llegando a su fin.  A través de una conferencia de prensa dio a conocer su renuncia, así como los motivos de la misma.  Sus comentarios resultan como un balde de agua fría en estos momentos de incipiente recuperación ante los fenómenos de la naturaleza que tanto han afectado a los pobladores de algunas regiones.  Señaló que considera no poder continuar al frente de la CICIG debido a que muchas cosas no caminan como se esperaba.

La gota que derramó el vaso parece radicar en el nombramiento del Fiscal General y los cambios que llegó a hacer, incluyendo la destitución de personal con trayectoria y preparación en el Ministerio Público.  Los señalamientos de Castresana indican influencia de grupos relacionados con el crimen organizado en el nombramiento del Fiscal General.  Por otra parte, Castresana ha señalado que no ha encontrado voluntad del gobierno para hacer los cambios necesarios y dar el apoyo requerido para el fortalecimiento del sistema de justicia.  Este comentario es realmente preocupante.  Resulta necesario analizar con profundidad dichos señalamientos y verificar los avances y retrocesos acontecidos en los últimos meses.  También mencionó que hace falta el apoyo del Organismo Legislativo, ya que estarían pendientes de aprobación cerca de diez leyes requeridas para hacer efectivo el Estado de Derecho y el funcionamiento del sistema de justicia. 

Entre el legado de Castresana pueden mencionarse los avances en algunos casos importantes como consecuencia del fortalecimiento del sistema de investigación, ya que se cuenta con más recursos y técnicas de investigación actualizadas que aún no se habían implementado en nuestro país.

La renuncia de Castresana debe significar un alto en el camino, que dé lugar a la reflexión profunda y responsable sobre los puntos mencionados, para tomar las acciones necesarias para enmendar la dirección en la ruta. Será importante que nos deje un informe completo de los temas pendientes para su seguimiento por parte de las organizaciones correspondientes.   El tema más importante para mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos es el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. Ello, a la par del  fortalecimiento del Estado de Derecho, será a todas luces el tema principal de las agendas de los partidos políticos, de las organizaciones que velan por la justicia y de los centros de investigación en los próximos meses.

José Raúl González Merlo

La mejora en la calificación de riesgos de la deuda pública guatemalteca por parte de la agencia Moodys dio una buena noticia en medio de la tragedia de los desastres naturales. El trabajo del grupo, denominado “mesa de riesgo país”, fue exitoso y se logró un objetivo añorado. ¿Qué beneficios podemos esperar? ¿Qué debemos continuar haciendo?

Una calificación de riesgo trata de cuantificar la probabilidad de que un deudor incumpla en sus compromisos. Las agencias como Moodys se dedican a otorgar dichas calificaciones con base en una serie de complejos criterios. Estimar la “probabilidad de default” no es una ciencia exacta como se comprobó recientemente con la buena calificación que le dieron a instrumentos de deuda inmobiliaria que resultaron ser basura. No obstante lo anterior, continúa siendo la principal variable que usan los inversionistas para determinar el nivel de riesgo que están asumiendo.

El hecho de que la deuda del Gobierno de Guatemala haya mejorado su calificación facilita que tanto el Gobierno como las empresas puedan tener acceso a una deuda menos costosa. Eso es bueno. Reducir el costo de capital permite el florecimiento de nuevos proyectos de inversión. La inversión genera empleos y mitiga la pobreza. Moodys reconoce que nuestro país goza de un ambiente macroeconómico estable y califica dentro de “prudentes” las políticas fiscales y monetarias. El relativamente “bajo” nivel de deuda también ayuda. Con esta mejora, Guatemala se sitúa a tan solo un escalón de pertenecer al exclusivo club de países calificados como “grado de inversión”. Habrá que mejorar una grada más para que Guatemala deje de ser un lugar de inversiones altamente especulativas.

Lo cual nos lleva al riesgo de ser víctimas de nuestro propio éxito. El hecho de tener un nivel “bajo” de endeudamiento invita a abandonar esa prudencia que nos ha permitido mejorar la calificación. No olvidemos que casi al mismo tiempo que Guatemala era mejorada, España era degradada y antes de ella era Grecia quien caía por su irresponsable manejo fiscal. Es el Gobierno y su acción pública la única que puede llevarnos a empeorar esa calificación. Y al mismo tiempo, es su buena gestión la única que puede contribuir a mejorarla.

Por ello es tan importante que, como ciudadanos, vigilemos el manejo de la deuda pública y exijamos una prudente gestión. Si es así, será posible que Guatemala llegue al añorado “grado de inversión”. Contrario a lo que muchos funcionarios puedan pensar, el propósito de este anhelo no es bajar el costo de la deuda externa guatemalteca para poder endeudarnos más, sino bajar el costo del capital privado invertido en el país. Este último objetivo es crucial para facilitar la inversión y encaminarnos por una senda de desarrollo que contribuya a reducir la pobreza.

Por Hugo Maul

Estado de derecho, imperio de la ley, estado de legalidad, rigor de la ley, etcétera. Aunque parecen distintos, todos estos términos tienen aspectos en común. Cuando se habla de un estado de legalidad, por ejemplo, implícitamente se está haciendo referencia a leyes “justas”, no a los  caprichos de los gobernantes convertidos en ley. Cuando se habla del imperio de ley sucede lo mismo, no se trata de la obediencia ciega a cualquier tipo ley ni de la imposición de la misma en contra del debido proceso.  Cuando se habla de Estado de derecho se hace referencia a nociones íntimamente ligadas a los conceptos de libertad, democracia, restricciones al poder estatal y respeto a las libertades básicas. Estos términos, de una u otra manera, resaltan la importancia del cumplimiento de la ley, de limitar la discrecionalidad de las autoridades, de la protección de los derechos básicos y del gobierno de las leyes y no de los hombres.

Medir el Estado de derecho no es una tarea sencilla, el proyecto de Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial es pionero en ese sentido. Según estos indicadores, la cuantificación del Estado de derecho se centra en medir las percepciones ciudadanas en torno al grado de confianza que tienen en las leyes y su cumplimiento, específicamente en lo que respecta a la calidad de las cortes, de la policía, del cumplimiento de contratos y los derechos de propiedad, así como la prevalencia del crimen y la violencia. Aunque la definición del Banco Mundial no es perfecta, sin duda muestra el desafío que Guatemala tiene por delante. Al día de hoy pareciera que seguimos empeñados en ir en la dirección contraria: ampliación de los poderes discrecionales de las autoridades en lugar de buscar cómo limitarlos; generar incertidumbre en torno a la protección de los derechos de propiedad en lugar de promover la certeza jurídica; favorecer cambios constantes en las reglas del juego en lugar de hacerlas más estables y predecibles. No es casualidad que Guatemala se encuentre en el “fondo” de la tabla del Banco Mundial, según estas mediciones Guatemala está en la posición 12 de 100, mientras que Chile se encuentra en la posición 88 y Suiza en la 97 de 100. La relación entre el desarrollo económico y el Estado de derechos es bien conocida: a mayor y mejor protección de los derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos, estabilidad de las reglas del juego y la eficacia y prontitud del sistema legal, mayor desarrollo económico. No obstante, insistimos en ir en la dirección contraria.

Por Héctor Ñaupari (Colaborador)*

O cómo los socialistas limpian de sus crímenes a los terroristas.

La reciente excarcelación en el Perú de la terrorista Lori Berenson pone sobre el tapete la vergonzosa tarea que llevan acometiendo los socialistas latinoamericanos desde hace décadas, cual es limpiar a terroristas y radicales de diverso pelaje de los crímenes que llevaron a cabo contra sus propios pueblos, a quienes supuestamente iban a liberar de la opresión.
 
Que el Che Guevara sea considerado un héroe, o el poeta Javier Heraud un luchador social, que los miembros de las FARC sean perdonados en Colombia o que se denomine intolerantes a quienes no quieren convivir con los terroristas peruanos del MRTA o el PCP–Sendero Luminoso liberados – pero no arrepentidos de sus asesinatos y secuestros – forma parte de una misma estrategia: que la opinión pública latinoamericana atenúe la dureza de su juicio contra quienes quisieron hacer correr ríos de sangre inocente.
 
Para lograrlo, se apela en primer lugar a la proverbial frágil memoria de nuestros pueblos. Se calla en todos los idiomas los crímenes cometidos por los terroristas. Se les borra de los libros de historia y de los materiales de enseñanza en los colegios. Estos predicadores del olvido intentan por todos los medios que nadie recuerde quién pedía mil Vietnam en nuestra región, se consideraba a sí mismo una “fría máquina de matar”, y fue el verdugo personal de más de cien cubanos, a quienes ultimó sin apego alguno al debido proceso ni el respeto a sus derechos humanos.  Si usted no lo sabe, estimado lector, es que tal empresa ha tenido éxito.
 
Además, se abusa de palabras como “reconciliación”, “perdón”, “justicia”, “paz” o “tolerancia”, hasta prácticamente despojarlas de contenido y pervertir su significado. Como las comadrejas, a quienes el mito nórdico creía capaces de vaciar un huevo sin quebrar la cáscara, los compañeros de viaje de los guerrilleros, buscan que sus defendidos sean honrados con estos términos y sus detractores acusados de las peores denominaciones: intolerantes, reaccionarios, derechistas y cómplices de las dictaduras. 
 
Por supuesto, en ese esfuerzo los socialistas latinoamericanos no escatiman nada, llegando incluso a sacrificar la memoria de sus propios muertos. Como es sabido por diversas fuentes de nuestra historia reciente, que incluye los Informes de las Comisiones de la Verdad por ellos integradas, fueron precisamente las agrupaciones y partidos de la izquierda democrática en América Latina contra quienes más se ensañaron las organizaciones revolucionarias, a quienes les disputaban el espacio que éstas necesitaban para incendiar la pradera e iniciar el paraíso igualitario. En ese esfuerzo, estos falsos apóstoles de la benevolencia se ponen del lado de los victimarios, aniquilando nuevamente a quienes eran sus primos hermanos ideológicos a la vez que sus víctimas.
 
¿Qué razones pueden esgrimirse para esta siniestro cometido? Permítanme esbozar algunas. El horror al vacío, pues en el sistema democrático se mesuran los radicalismos y los diversos partidos se terminan pareciendo todos un poco, siendo preciso distinguirse. La mala conciencia de saber que ellos no tomaron el fusil, no pasaron a la clandestinidad ni se enrolaron en la lucha armada, y que, al defenderlos, se irradia hacia ellos un tenue brillo de la luz revolucionaria. Otro propósito más subalterno es el de tentar con estos actos el financiamiento de organismos no gubernamentales del primer mundo, con lo que comparten esta visión. Sin embargo, cualquiera sea el motivo o coartada al que aludan, la sangre que pretenden lavar no es fácil de quitar. En nombre de todas esas víctimas inocentes, no nos permitamos olvidar a estos criminales revolucionarios, por muchos que sean los empeños de sus cómplices en ocultarlos.

* Vicepresidente de la Red Liberal de América Latina, jurista y ensayista peruano. Autor de Políticas liberales exitosas 2 y Libertad para todos.

Por Verónica Spross

La precariedad de nuestra infraestructura se pone de manifiesto cuando enfrentamos eventos de la naturaleza como erupciones y tormentas.  La llegada de la tormenta Ágata saca a luz las deficiencias que tenemos para atender estas emergencias.  Posiblemente puede mejorarse en un sistema de alarma para prevenir tragedias, que en esta ocasión han resultado en la pérdida de casi cien vidas humanas.

El costo que se genera es importante, se manifiesta por medio de pérdidas de producción, cosechas que no fructificaron, comercio que dejó de hacerse, trabajo que no se generó.  En fin, podemos contabilizar las pérdidas desde la infraestructura que debe repararse, viviendas que se dañaron o quedaron inservibles hasta lo que el agua se llevó….  Por otro lado, estas eventualidades muestran una falsa señal de reactivación económica, pero en realidad no se trata de creación de riqueza ni mejoría del bienestar, sino de dedicar recursos que se hubiesen destinado a otra prioridad si no se hubiera dado el daño.

Es de reconocer la unidad nacional y deseos de colaboración de la mayoría de personas de la sociedad.  Muchas instituciones, preocupadas por quienes han perdido sus bienes, realizan colectas de víveres, enseres y ropa.  Ello refleja un alto grado de compromiso hacia los demás.  Muchas personas se vuelcan a participar en esfuerzos de ayuda, poniendo de manifiesto la capacidad de cooperación que tiene nuestra sociedad.  Este afán de colaboración y ayuda mutua puede ser la semilla de un esfuerzo nacional para sacar adelante al país. 

El gobierno debe reconocer que en momentos como éste no se puede trabajar solo.  Es una equivocación prohibir a los miembros del Aeroclub o a otras instituciones que colaboren llevando víveres a donde se necesitan.  Las colectas espontáneas que se realizan en iglesias, comercios, colegios, universidades y en un sinfín de organizaciones que buscan colaborar deben llegar a quienes efectivamente lo necesitan.  Y, el gobierno no tiene la capacidad de atender la emergencia con sus entidades.  Sería muy egoísta pretender mantener el monopolio de la ayuda a los damnificados. 

¿Será posible que la ambición de protagonismo político impida que se colabore con la reconstrucción y entrega de la ayuda humanitaria?  En ocasiones anteriores en que hemos vivido los efectos de catástrofes naturales la unidad nacional ha sido un elemento fundamental que ha contribuido a levantarnos del suelo.  Literalmente, cuando fue el terremoto de 1976, bajo el lema Guatemala está en pie, todos los sectores trabajaron de la mano para reconstruir el país.  En pocos años se había logrado recuperar la infraestructura, pero especialmente se logró un sentimiento real de solidaridad que nos hizo fortalecer la Nación.  Después del Huracán Mitch y de la Tormenta Stan cientos de empresas, medios de comunicación y organizaciones sociales contribuyeron con la reconstrucción de escuelas y viviendas.  Es momento de dejar a un lado los protagonismos y pensar en cómo ayudar a quiénes lo han perdido todo.   La atención de las emergencias es uno de aquellos temas en los que hay espacio para los beneficios políticos ni personales.

Por José Raúl González Merlo

Si el Norte fuera el Sur es- uno de los éxitos de Ricardo Arjona. En esa canción se hace una parodia de lo que habría pasado si los “desarrollados” hubiésemos sido los países del “sur” y no los del “norte”. Pues, parece que ese momento se hizo realidad. Los gobiernos del “norte” son los que, ahora, enfrentan crisis de deuda y sus bancos son los que deben ser rescatados. Mientras tanto, los países del “sur” son ejemplo de una mejor gestión pública y privada.

Si no fuera porque Estados Unidos e Inglaterra pueden “crear” su propio dinero, iría camino a una crisis como la que enfrentan Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia, que no pueden imprimir euros tan fácilmente. En todo caso, las expectativas son que esas monedas valdrán cada día menos como consecuencia del financiamiento de sus abultados déficits fiscales. Claramente, los países desarrollados han dejado de ser, hace mucho tiempo, un ejemplo a seguir.

Mientras el tributario de los países del “norte” se prepara a pagar con sus impuestos el costo de los déficits fiscales y rescates bancarios, en el “sur”, los bancos salen fortalecidos de la crisis financiera internacional y rápidamente toman los espacios dejados por los bancos del “norte”. Los países del “sur” no se metieron a las irresponsables políticas monetarias del “norte”; por lo tanto, en el “sur” no se crearon burbujas inmobiliarias. Los bancos centrales del “sur” fueron conservadores y manejaron la oferta de dinero y la tasa de interés de forma más responsable que los del “norte”.

¿Quién hubiera pensado que el “norte” perdería el norte y se comportaría como el más irresponsable de los países del “sur”? Pero así fue. La irresponsabilidad no es patrimonio ni de los políticos, ni de los burócratas, ni de los ciudadanos del “sur”. La irresponsabilidad es el común denominador cuando se deja de practicar la prudencia y se cree que alguien más debe y puede pagar por mis “derechos sociales”. En una encuesta, el 92 por ciento de los alemanes no estaba de acuerdo con pagar el rescate financiero de Grecia. Especialmente luego de saber que un burócrata griego se podía retirar a los 47 años con el 80 por ciento de su salario, mientras que un alemán lo podía hacer hasta los 67 años con el 45 por ciento de su salario… El modelo del estado benefactor del “norte europeo” ha fracasado porque, ¡oh, sorpresa! las “conquistas sociales” y los “derechos adquiridos” deben venir acompañados de productividad.

Arjona termina su canción en una nota pesimista: “...si el norte fuera el sur sería la misma porquería”. Yo comparto ese pesimismo en tanto sigamos creyendo en esa ilusión politiquera que los “derechos y las conquistas sociales y económicas” se logran por decreto y no por mejorar en el trabajo diario. Eso no lo debemos olvidar ni los ciudadanos del norte ni los del sur.