Por Hugo Maul Rivas

Ágata en 2010; Stan en 2006; Mitch en 1998. Q5 mil millones de pérdidas con Mitch; Q 7,500 millones con Stan. Cada una de ellas, más mortal y costosa que la anterior. Aunque es muy pronto para saber la magnitud total de los daños causados por la tormenta tropical Ágata, seguramente serán parecidos a los de Stan, entre unos Q 7 mil a Q 9 mil millones. Dentro de estos costos económicos se incluyen no solo la destrucción de la infraestructura física, sino también la producción de bienes o servicios  que se destruye o que no llegará a producirse. Aunque los esfuerzos en reconstrucción impliquen una mayor demanda por ciertos insumos (como podría ser el caso de las palas, las escobas y los azadones para limpiar la arena expulsada por el Pacaya) y mayor empleo (como podría ser el caso de los millones de horas hombre dedicados a retirar la arena expulsada por el volcán), este “empujón” a la economía nacional no representa una mejora en el bienestar de los guatemaltecos. Los recursos destinados a financiar la reconstrucción provienen la reducción de otros gastos de menor importancia y de sacrificar cierto tipo de inversiones menos prioritarias.  Un efecto neto negativo para la sociedad. Todos los esfuerzos de reconstrucción simplemente permitirán al país recuperar el nivel de bienestar que se tenía antes del desastre natural.

Dado a que la mayor parte de las pérdidas se centran el sector agrícola, en el área rural y en regiones de pobreza, es de esperar que con el paso de esta tormenta aumenten los niveles de pobreza en ciertas regiones del país. Lo cual implica una actitud por parte del gobierno en donde se vaya más allá de la pura reconstrucción física de lo dañado y lo perdido y del asistencialismo de corto plazo. Es decir, un proceso de reconstrucción que tomé en cuenta las lecciones aprendidas después de estas tres tormentas; en donde la planificación urbana y regional tome en consideración las debilidades que han magnificado los costos de este tipo de desastres; en donde los programas gubernamentales de ayuda no se limiten al puro clientelismo y uso de fondos públicos con fines electorales. Más allá de aprovechar la desgracias de miles de familias para promover la ampliación de los programas públicos de construcción de viviendas, ampliar la cobertura de MIFAPRO o publicitar hasta el cansancio el carácter “solidario” del gobierno de turno, hay que pensar en soluciones de largo plazo que permitan reducir la vulnerabilidad del país ante tales fenómenos y mitigar los efectos negativos de los mismos.

Por Verónica Spross de Rivera

Al escudriñar los diferentes aspectos que inciden en la calidad de  la educación en nuestro país se hace evidente la importancia de focalizar las acciones en una estrategia que se centre en los resultados y no únicamente en los insumos, como serían la contratación de docentes o la apertura de establecimientos educativos. 

En los últimos años ha crecido el presupuesto asignado a educación, se han contratado docentes, se han comenzado múltiples programas, se generan toneladas de información, pero no se logra aún concretar en mejorías sustanciales en los aprendizajes de los alumnos.  ¿Por qué?  En parte, las estrategias se han enfocado principalmente en la cobertura y no necesariamente en mejorar la calidad educativa.  El programa de transferencias condicionadas a las familias en el 2009 absorbió 809 millones de quetzales, hizo que mermaran las asignaciones para libros de texto, computadoras y capacitaciones, entre otros rubros que sufrieron reducción.  

Los comentarios realizados por un grupo de expertos  en un foro de Empresarios por la Educación incluyeron la importancia de la inversión en educación para el desarrollo del país, así como también se resaltó que la educación incide en el mejoramiento de los índices de nutrición y salud.   Por otro lado, se destacaron los avances que se han dado en cobertura y se hizo ver la importancia de focalizarnos en acciones que elevan la calidad educativa del país para beneficio de la niñez y la juventud.  Se mencionó que la educación es un elemento importante para superar la pobreza. 

Se sugirió poner atención a la formación del maestro, para que adquiera las competencias, conocimientos y habilidades para su labor, a la dinámica del salón de clase y al uso de la información de las evaluaciones realizadas anualmente a los estudiantes, que son claves en el proceso de mejora de calidad, pero deben usarse para tomar decisiones.   Los centros educativos deben recibir retroalimentación sobre cómo se desempeñan sus alumnos.  La información también debe servir para orientar los programas de profesionalización y actualización docente.

Se señaló que debe evitarse la excesiva rotación de personal y mejorar la gobernanza del Ministerio de Educación.  Los cambios tan constantes impiden que se construya sobre bases sólidas el conocimiento de cómo se administra el sistema educativo.  El sistema de recursos humanos con base en la meritocracia debe mantenerse y fortalecerse.  La amenaza de la politización de los puestos pone en riesgo la gestión del sistema.

Finalmente, se resaltó la importancia de  que los niños dediquen más tiempo efectivo al aprendizaje.  Todas las escuelas deberían estar cumpliendo los 180 días de clase con 5 horas de enseñanza al día.  En algunos estudios se ha estimado que se llega a perder en algunos establecimientos hasta un tercio del tiempo efectivo de clases.  Se propuso hacer un acuerdo de nación para el mejoramiento de la calidad educativa.  Se deben definir metas de calidad que sean verificables y abiertas al escrutinio del público.  Los sistemas de estándares y evaluación deben estar al servicio de estas metas de calidad.  Se debe reconocer al docente su labor, pero también exigir los mejores docentes posibles y evaluar con base en resultados.   El presupuesto nacional debe retomar la educación como una prioridad. 

Por José Raúl González Merlo

Otorgar un subsidio de más de cien millones de quetzales, frente al aumento al precio de la energía eléctrica, es un grave error. A nadie le gusta pagar más por la electricidad, especialmente a aquellos de menor poder adquisitivo; pero mantener los precios artificialmente bajos es un desperdicio de fondos y un remedio peor que la enfermedad.

Los precios cumplen una importante función social. Frente a un mundo de bienes y servicios escasos, nos ayudan a hacer un uso racional de los mismos. Igualmente importante, les permite a los productores de esos bienes y servicios coordinar su producción. Si el Gobierno abarata artificialmente el precio de la electricidad, los usuarios continuarán consumiendo energía normalmente como si nada hubiese pasado. Es un error. La energía se ha vuelto más escasa y más cara de producir. Debemos consumir menos. Un aumento en su precio, por incómodo que sea, es la mejor forma para que cada consumidor adapte su consumo de acuerdo a sus posibilidades. Además, es la mejor forma de garantizar más competencia en el futuro.

Algunos equivocadamente creen que, por ser un producto de “primera necesidad”, la gente no puede disminuir su consumo de electricidad. Es otro error. Si algo nos dejó de lección el aumento en los precios del petróleo del año 2007-2008, es que los consumidores encuentran formas de ahorrar de acuerdo a sus circunstancias. Las estadísticas demostraron que frente a ese aumento en el precio de las gasolinas, se produjo una reducción de su consumo del 10 por ciento. El Gobierno se resistió a cometer el error de subsidiar o ponerle precios tope a la gasolina y ello facilitó que los ajustes fueran menos dolorosos y más eficientes para la economía en general.

Por otra parte, el procurador de los Derechos Humanos sigue robándose el show político interponiendo recursos legales para argumentar que el consumo de energía eléctrica es un “derecho humano”. Frente a esa equivocada forma de pensar, él también tiene la obligación moral de contribuir a que la energía sea “abundante y barata” y no simplemente interponer recursos legales notoriamente frívolos e improcedentes.

El ministro de Finanzas aún no sabe de dónde saldrán los Q116 millones ofrecidos por el presiente para el pago del subsidio. Luego de escuchar por años que al Gobierno no le alcanzan los fondos, es increíble que se pueda “encontrar” esa cantidad de dinero de la noche a la mañana. Seguir otorgando subsidios no solo tiene un alto costo de oportunidad, sino que provoca una falsa sensación de bienestar. Si bien es cierto tiene un alto valor político, en el mediano y largo plazo, la factura será peor al no racionalizar el consumo de un bien tan importante como la energía eléctrica.

Por Hugo Maul Rivas

Cuando se ve en retrospectiva el avance de la reforma a las telecomunicaciones, es innegable que la Ley General de Telecomunicaciones de 1996 proveyó un marco institucional adecuado para el desarrollo del país. Unos cuantos indicadores bastan para darse cuenta de tal cosa. En el año 1996, en tiempos de GUATEL, el tiempo de espera promedio para obtener una línea telefónica era de 2.7 años y habían apenas 3.4 líneas de teléfonos por cada 100 habitantes. En el año 2006, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, existe una penetración de 20.6% de líneas fijas de teléfono a nivel nacional. En lo que a teléfonos móviles se refiere, en el año 1996 había 0.4 teléfonos por cada 100 habitantes; en 2003 este indicador había subido a 19.4 y en el 2008 a 109.22 suscripciones a teléfonos móviles por cada 100 habitantes. En cuanto a precios, en 1996, por ejemplo, una llamada a E.E.U.U. rondaba los US$ 1.50 por minuto. Hoy en día tal llamada puede conseguirse fácilmente por menos de US$ 0.10 con una calidad incomparable a la de hace quince años. La tarifa por minuto de llamada en teléfonos celulares se ha reducido en más de 75% en este período. 

A pesar de algunos “manoseos” en el pasado, el espíritu básico de la reforma se ha mantenido. En especial lo referente a los Títulos de Usufructo de Frecuencias (TUF), figura legal que genera certeza jurídica y provee incentivos similares a los de la propiedad a sus titulares. Aunque la ley contempla la renovación automática de los mismos por 15 años más, la tentación política de revertir la legislación actual puede ser muy grande. En estos tiempos en los que cada día aumenta más la intromisión del Estado en la vida y negocios privados, en donde cada vez más se persigue a los medios de comunicación y la libre expresión, en donde los políticos de tendencia autoritaria desean controlar los medios de comunicación electrónicos, un marco institucional como el de Ley General de Telecomunicaciones es un estorbo. Para los políticos que así piensan, es mejor un GUATEL, amo y señor de los servicios telefónicos, que un mercado abierto y competitivo. Desde la perspectiva del control y la persecución  los medios de comunicación, es mejor una “Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional” todopoderosa y arbitraria, que un sistema descentralizado en donde se protege la libertad de expresión, comercio y propiedad de quienes operan en el sector.  Nada garantiza que este no ocurra de nuevo en Guatemala. Cuando se considera que los primeros TUF empiezan en el 2011 y lo que representaría para los políticos de turno meter sus manos en este sector, resulta claro que no todo está dicho.

Por Lisardo Bolaños Fletes

En resumen, Hugo Maul escribió en su última columna lo siguiente: “Honorabilidad y Comisiones de Postulación.  Pareciera que a esto se reduce el problema institucional que sufre Guatemala. Eso es lo que sucede cuando se pretende organizar el Estado en torno a un sistema que depende más de “hombres buenos” que del imperio de la ley. (…)  El problema de fondo, del cual casi nunca se habla y menos se hace para resolverlo, en palabras del Premio Nobel de Economía, D. North, es que en Guatemala las instituciones no fueron «creadas necesariamente para ser socialmente eficaces; al contrario, las instituciones, o por lo menos las reglas formales, fueron creadas para apoyar los intereses de los que tienen el poder de negociación para crear, o modificar, las reglas de juego»”.

No estoy de acuerdo con Hugo.  En un email que le envié hace un par de días mis argumentos fueron más o menos los siguientes:

Creo que los sistemas siempre van a depender de personas honorables. Es más, buenos sistemas están diseñados para lograr que personas honorables (o adecuadas para desempeñarse adecuadamente) lleguen a controlarlas.  Las instituciones siempre dependerán de personas y de su criterio para tomar decisiones.

Por otro lado, no es el sistema realmente lo que permite que las instituciones y la sociedad “funcione adecuadamente”, sino las creencias que tiene la gente de lo que es y no es válido  Con esto no me refiero sólo al político en el puesto más alto de la institución, sino me refiero a que la sociedad comparte un mínimo código de conducta que sigue.  Es decir, aplica para todos los funcionarios públicos, desde el ciudadano de a pie, hasta el que lo atiende en las oficinas en el Ministerio de Finanzas Públicas, hasta el Presidente de la República.

Lo que sucede en Guatemala es que no hay meritocracia, no nos guiamos por el mérito.  OJO.  No hablo sólo de cómo funciona el Gobierno. Hablo de la misma sociedad. ¿Qué premiamos en nuestra sociedad? ¿Cuáles son nuestros grandes ejemplos? ¿Quiénes son nuestras leyendas? ¿Quiénes nuestros mitos? ¿Qué actitudes buscamos promover? ¿Cuál es el ethos de nuestros pueblos?

Sin embargo, comparto lo que dice Hugo, en el sentido de que en Guatemala los sistemas están diseñados para que exista poder de veto por parte de algunos grupos poderosos en la sociedad.  Pero para cambiar eso, hay que cambiar la distribución de poder, no la institucionalidad.  De cierta manera, eso está pasando en la lucha de poder que estamos viendo en los últimos años.  Los enfrentamientos, las coaliciones y las distancias de grupos como la UNE, el FRG, las juventudes (no es una, sino son varias) y los sectores privados (no es uno, sino son varios), y muchos otros actores más.

La pregunta es cuál va a ser la decisión institucional que "vamos" a tomar.  Creo que es nuestro deber comprender lo que está pasando e influir en el proceso.  Nuestras instituciones no lo resolverán completamente porque de lo que se trata es exactamente de cómo serán las instituciones a futuro.  Y eso dependerá de nuestras decisiones.

Por Verónica Spross

La firma de un acuerdo de asociación entre Europa y seis países de América Central resulta una noticia importante para nuestro futuro.  Por un lado, es positivo que se amplíen las posibilidades para los centroamericanos de comerciar con los países europeos.  El principal motor del desarrollo real es el comercio.  Todas las naciones que más han progresado en los últimos cien años han permitido que el comercio florezca.

Aunque se considere que la firma de un acuerdo comercial es un avance, debido a que se establecen parámetros o reglas que dan certeza al proceso de planificación y trabajo del sector productivo, tanto europeo como centroamericano, resulta un tanto preocupante que se hayan hecho excepciones al libre comercio.  Mientras menos tiempo nos tomemos en incorporar la totalidad de productos al acuerdo, mejor será el resultado.   De especial interés resulta que se incorpore al acuerdo la totalidad de la oferta de productos centroamericanos sin barreras arancelarias o no arancelarias.  Por ejemplo, la apertura a productos de origen agroindustrial o industrial de Centroamérica como los bananos, los textiles, la carne y el azúcar contribuirán a que se desarrollen las regiones de mayor necesidad, al generar empleos que resultan urgentes en el combate a la pobreza.

Es de reconocer la buena voluntad para llegar a un acuerdo comercial que pueda ser firmado en la VI cumbre Unión Europea-América Latina, especialmente que se haya logrado la participación final de todos los países de la región centroamericana, ya que tras haber sufrido diversos retrasos por diversos acontecimientos que se dieron.  Por parte de Europa se ha conocido que hubo cierta flexibilidad al final de la negociación, elemento que debió darse desde el inicio y no solamente al final cuando ya era inminente la firma del acuerdo final. 

Es inconcebible que ciertos países europeos aún piensen que deben proteger a sus productores, de lácteos por ejemplo, o que deben mantener los subsidios a sus productores, cuando podrían obtener productos más baratos y de buena calidad, producidos en Centroamérica, que a su vez, al tener la posibilidad de ser introducidos al mercado europeo generarían trabajos, oportunidades y desarrollo en el istmo centroamericano.

La cumbre que incorpora a 60 países, 33 de América Latina y 27 de la Unión Europea, resulta histórica, pues permite hablar de los temas importantes en un foro con amplia representación.  Atrás deberán quedar los señalamientos mutuos y apoyar las iniciativas que generen riqueza y desarrollo para todos.  Es importante solicitar, eso sí, el respeto a nuestra cultura y valores, pues ello no debería ser motivo de distanciamiento.

En diez años tendremos libre comercio y aunque quisiéramos que fuese más rápido, no podemos sino alegrarnos de la intención de aumentar los intercambios voluntarios que enriquecen a las partes que se involucran.  Si el acuerdo ayudará a que intercambiemos más bienes y servicios, bienvenido sea.  Ahora bien, hay mucho trabajo por hacer para implementarlo y continuar dialogando en la incorporación de los productos pendientes.

Por José Raúl Gonzáles Merlo

Contrario a lo que ha ocurrido con otros trabajos que pretendieron facilitar el tráfico en la carretera a El Salvador, el reciente paso a desnivel de Santa Rosalía ha provocado serias quejas. Quizás sea un buen ejemplo de la equivocada lógica con la que los funcionarios suelen resolver los problemas públicos.

Para nadie es un secreto que el alto crecimiento demográfico ocurrido en el sector conocido como “carretera a El Salvador” ha puesto a prueba la débil infraestructura vial. Primero se derrumbó un tramo, lo que obligó a hacer un puente. Luego se realizaron diferentes pasos a desnivel para facilitar el acceso a colonias como Las Luces, o a San José Pinula, Fraijanes y Pavón. En cada una de ellas, los ciudadanos soportaron con estoicismo y esperanza las inevitables molestias, pensando que las mismas eran necesarias. ¿Qué tiene de diferente este último paso a desnivel? Las quejas que he escuchado se centran en que es una solución demasiado onerosa para la simplicidad del problema. Hay consenso respecto a que “algo había que hacer”, dados los accidentes fatales que habían ocurrido; pero el consenso termina cuando se implementa la solución. Para muchos, simplemente había que cerrar el cruce para obligar a dar vuelta en “U” en otros lugares más seguros y agregar un carril de aceleración para facilitar la incorporación de la colonia a la carretera. En vez de ello, se gastarán 26 millones de quetzales y seis meses de caos para cientos de miles de ciudadanos.

Allí comienzan las críticas. Se percibe que los beneficios de la obra serán obtenidos por un grupo relativamente pequeño de personas, mientras que el resto de ciudadanos afectados se sienten injustamente perjudicados. En todo caso, las autoridades competentes no han hecho un esfuerzo relevante por comunicar la justificación de la magnitud de la obra. Pareciera que creen que la misma “habla por sí sola” y que los ciudadanos agradecerán el puente, pero no es así. Esta vez es diferente. El sentido común dice que la lógica burocrática no tomó en cuenta soluciones menos onerosas y más simples, aunque menos espectaculares.

Las soluciones públicas suelen ser así. Se implementan sin que necesariamente se haga un análisis de sus costos y sus beneficios. Los costos tienden a ser subestimados o ignorados; especialmente el costo de oportunidad del tiempo perdido de los ciudadanos. No obstante, los esfuerzos oficiales por minimizar el caos, el paso por Santa Rosalía se ha vuelto una santa pesadilla. Y, como supongo que ya es demasiado tarde para rectificar, seguiremos viviendo esta pesadilla, con suerte, por seis meses más. Y cuando esta termine, la obra quedará como un monumento y recordatorio al equivocado criterio con el que se toman importantes decisiones en el sector público.

Por Hugo Maúl Rivas

Honorabilidad y Comisiones de Postulación.  Pareciera que a esto se reduce el problema institucional que sufre Guatemala. Eso es lo que sucede cuando se pretende organizar el Estado en torno a un sistema que depende más de “hombres buenos” que del imperio de la ley. Entendiendo por este último concepto lo que los anglosajones llaman el “Rule of Law”, lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho. Entendiendo, por supuesto, que cuando se habla de ley y de derecho se hace referencia a normas generales, abstractas y observancia general. La extrema dependencia en personas honorables y de reconocido prestigio y en comisiones de postulación es lo que en pensamiento sistémico se llama el “desplazamiento de la carga”. Esto es, preferir una salida fácil, lateral y temporal  en lugar de resolver el problema de fondo. Lo que ha sucedido en torno a la elección del Fiscal General es un síntoma de un problema más grave. Lo que hemos visto con la elección de la CSJ, el rector de la USAC, la CDAG  y lo que veremos con la elección del Contralor General de Cuentas, el Presidente del Banguat y la Corte de Constitucionalidad son síntomas de la atrofia institucional que sufre el país.

El problema de fondo, del cual casi nunca se habla y menos se hace para resolverlo, en palabras del Premio Nobel de Economía, D. North, es que en Guatemala las instituciones no fueron “creadas necesariamente para ser socialmente eficaces; al contrario, las instituciones, o por lo menos las reglas formales, fueron creadas para apoyar los intereses de los que tienen el poder de negociación para crear, o modificar, las reglas de juego”.  Es difícil saber si los constitucionalistas de los años ochenta tenían claro esto, en todo caso el diseño institucional que nos heredaron sufre del mal en cuestión. Haber diseñado un arreglo institucional que depende más de personas que de límites estrictos a la capacidad de crear, modificar, interpretar y hacer cumplir las reglas del juego, creo un conjunto de incentivos perversos en los grupos interesados en abusar del poder. Cuando los políticos y grupos de presión no encuentran un arreglo institucional que limite sus intereses o que restrinja su comportamiento depredador, es muy difícil consolidar un sistema político que respete la independencia de poderes, la alternancia en el poder y las libertades individuales básicas. En este tipo de sociedades, sostiene el Profesor North, el gobierno gradualmente se degrada hacia una organización tipo “mafia”,  en donde las instituciones se convierten en simples herramientas que permiten a los gobernantes de turno hacer lo que se les plazca.

Por Verónica Spross de Rivera

En las últimas semanas se ha venido discutiendo con mayor fuerza acerca de la necesidad de tener una Agenda de Nación en educación.  El imperativo de fortalecer la calidad, plasmada en mayores niveles de aprendizaje de niños y jóvenes, requiere de la participación de todos los sectores incluyendo al Ministerio de Educación, pero también a las universidades privadas, a los establecimientos educativos privados, municipales e institutos por cooperativa.

El mejoramiento de la calidad educativa requiere necesariamente del fortalecimiento de la formación inicial de los docentes.  En su formación deben poder desarrollar las capacidades y competencias que les permitan hacer una labor adecuada en el aula focalizándose en el aprendizaje de sus alumnos. Paralelamente deben organizarse adecuadamente programas de actualización y profesionalización, contando además con la carrera docente que incorpore los incentivos adecuados para los maestros.

Otro elemento para lograr un sistema educativo exitoso se refiere a la implementación de un currículo adecuado a las necesidades del mundo actual, que permita la formación de los niños y jóvenes con base en el desarrollo del pensamiento crítico, los conocimientos fundamentales de lenguaje y matemáticas, las competencias para la vida en sociedad y la preparación para el mundo del trabajo.  Hoy día se cuenta con un currículo que incorpora tecnología, trabajo en equipo y una metodología activa, pero aún no se implementa en todas las aulas.  Además, cada escuela debe tomarlo solamente como un mínimo, pudiendo incorporar otros temas que son relevantes en su contexto y necesidades reales.

Contar con un sistema de evaluación es fundamental con el fin de poder tomar mejores decisiones.  Es importante evaluar el rendimiento escolar, pero también evaluar la gestión, y otros indicadores que dan a conocer si se están logrando las metas y objetivos planteados.

Contar con el financiamiento adecuado de los servicios educativos es importante.  El presupuesto de educación debe definirse y asignarse principalmente en relación al número de alumnos atendidos.  Ahora bien, antes las necesidades tan grandes que se tienen, es necesario priorizar la asignación de fondos públicos en los elementos y actividades que más apoyen la educación de los niños.  El gran desafío es lograr que los fondos lleguen al niño, niña o joven y no que se queden en el camino, entrampados o desperdiciados en la cadena burocrática.  Si queremos elevar la calidad en la educación deberá reconsiderarse el apoyo de todos los sectores al financiamiento de la educación.  La gratuidad es positiva en el caso de los alumnos en extrema pobreza en áreas rurales.  Sin embargo, las necesidades de las escuelas son tan numerosas y distintas en cada localidad, que es importante contar con los mecanismos de participación social, comunitaria y municipal que permitan el adecuado funcionamiento de los centros escolares.  Las necesidades de la educación son tantas que se requiere la generación de alianzas para que lo que se planifique y ejecute se haga con visión de largo plazo, con base en un Plan de Nación, que no cambie de gobierno a gobierno, sino que se oriente conforme a las metas 2021.

Por José Raúl González Merlo

Mientras la crisis económica griega amenaza con extenderse a otros países europeos, los chapines deberíamos aprender las lecciones que nos deja un país que, se suponía, ya era miembro de la célebre “Unión Europea”.

“No hay atajos al desarrollo económico”. La pertenencia de Grecia a Europa es un accidente geográfico, no un hecho económico. Lejos quedaron los años en los que esa nación fue una potencia. Sus mediocres prácticas socialistas la han convertido en un bochorno. El ingreso de Grecia a la Comunidad Económica Europea y luego a la zona del Euro no era un pase gratis a la prosperidad. Generosas “conquistas sociales”, como el derecho al retiro laboral a los 50 años, entre otras, tomaron el espacio que debió haber tomado la productividad. Se dio el lujo de ser sede de los juegos olímpicos, como si sus antiguas glorias hubieran regresado por simple virtud de un tratado de integración europea. Grave error.

“Actuar como rico no lo hace a uno rico”. Ahora que está de moda el incremento de impuestos y gasto público, Grecia nos recuerda que solo los ricos pueden actuar como ricos. Algunos argumentan que Guatemala debe tener un Estado más grande y ponen de ejemplo a los países ricos con grandes aparatos gubernamentales. Es un grave engaño.

No es lo mismo ser socialista en Francia, Suecia o Alemania que en Grecia, Guatemala o Nicaragua. Cuando alcancemos los niveles de inversión por trabajador y productividad por empleado de los países desarrollados, nos podremos dar el lujo de desperdiciar el capital. Mientras ese momento llega, hay que entender que si el déficit fiscal o la deuda pública fueran parte de la ruta al desarrollo, Grecia sería más próspera que Alemania.

“Uno nunca sabe para quién trabaja”. El rescate económico que están preparando los gobiernos de Alemania y Francia parece más un rescate para sus propios bancos que para el pueblo griego. El interés de Francia y Alemania no es del todo altruista. Cuando EUA “rescató” a México en 1994 o a América Latina en los años 1980, el dinero no se quedó allí. Regresó a los bancos estadounidenses, que habrían sido los grandes perdedores en esas crisis. Aunque no se conoce el grado de exposición de instituciones financieras alemanas o francesas a la deuda griega, no extrañaría que esos gobiernos estén rescatando, en última instancia, a sus propios inversionistas.

Dice el refrán que el tonto no aprende de sus errores, que el inteligente sí, pero que el sabio aprende de los errores de otros. Grecia dejó pasar las oportunidades de ser miembro de la Unión Europea, y ahora enfrenta la realidad. Los chapines tenemos que tener la sabiduría de reconocer que la prosperidad no está en el tamaño del gobierno, sino en la productividad de sus ciudadanos.

Por Hugo Maul Rivas

La Media Maratón de Cobán demanda dos virtudes de todo corredor: perseverancia y disciplina; el compromiso, el entreno sistemático y la claridad del objetivo final son elementos claves en la estrategia de todo corredor. A nivel social, la Media Maratón de Cobán  es un ejemplo de todo esto. La calidad de la organización, el esfuerzo logístico, la colaboración  entre iniciativa privada y autoridades públicas son una prueba viva del compromiso, claridad de objetivos, perseverancia y disciplina que rodea a esta carrera. Sobra decir que es la única competencia en Guatemala que aparece en el calendario mundial de atletismo, con el paso del tiempo se ha convertido en un acontecimiento que es motivo de orgullo nacional, un ejemplo de la hospitalidad chapina y una clara muestra de lo que se puede lograr cuando los guatemaltecos se unen en torno a un mismo sentir. De cierta manera esta carrera es un sueño, una oportunidad para vivir, por unos cuantos días, esa Guatemala distinta con la que todos soñamos.
Cuando se cae en cuenta que en el año 2010 se está realizando la XXXVI edición de la carrera, surge también la pregunta acerca de qué circunstancias hacen que todo esto se repita año tras año y cada vez con mayor éxito. ¿Cuál será el secreto detrás de lo que sucede en Cobán? ¿Qué impide a los guatemaltecos hacer algo parecido con el país? A lo mejor algunos de los factores de este éxito están detrás de la práctica diaria de los valores que encierra la práctica del deporte de la carrera. Estos valores son los mismos que ayudan a cualquiera a alcanzar el éxito en muchos ámbitos de la vida, los negocios, el trabajo, los estudios, el deporte, etcétera.  En la medida que se reconociera el papel de la perseverancia, disciplina, compromiso y claridad de objetivos en cualquier proceso de cambio, sería más fácil comprender el tipo de desafío que implica alcanzar cambios fundamentales en Guatemala. Pudiera ser que en Guatemala falte reconocer que la práctica de estos valores en todos los ámbitos de la vida nacional es uno de los requisitos para llegar a la meta.  Así es, la Media Maratón de Cobán es más que un gran esfuerzo deportivo, a nivel social es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando se ponen en práctica los valores de la perseverancia, fraternidad, entusiasmo, valentía y esfuerzo en torno a un objetivo común. Finalmente, amigo lector, si Usted va a correr, recuerde dedicarle a Dios la carrera, dejar su corazón en cada kilómetro, disfrutar el paisaje y quebrantar su alma al llegar a la meta.

Por Verónica Spross de Rivera

La solidez de las instituciones es una prioridad a todo nivel.  Nos encontramos inmersos en importantes procesos de selección del Fiscal General y próximamente deberá iniciarse el del Contralor General de la Nación.  Dichos nombramientos son muy importantes en la búsqueda de transparencia que resulta tan necesaria, ante la escasez de los recursos y las necesidades ilimitadas que se enfrentan en la política fiscal. 

Sin embargo, la realidad diaria nos lleva a cuestionar profundamente el sistema de clientelismo que se percibe en los procesos de priorización y asignación del gasto público.  Al escarbar un poco en distintos procesos de compras y contrataciones de las entidades del Estado han salido a luz varios procesos viciados en licitaciones, concesiones y compras.  No pareciera estar claro que debe buscarse el mejor precio posible conforme a la calidad deseada. 

Desde hace mucho tiempo ha sido común en nuestro país, al igual que en otros países de América Latina, el nepotismo o búsqueda de beneficiar a allegados y parientes desde posiciones de poder, asignándoles un proyecto o realizando compras en sus empresas u ONGs, muchas de las cuales se crean específicamente para hacer negocios con el gobierno.

Hay, sin embargo, algunos países que han fortalecido los procesos de priorización y asignación del gasto público, como Chile, en donde toda iniciativa de gastos es debidamente evaluada e integrada al plan de inversión que realiza la Oficina de Planificación, ODEPLAN.  En nuestro caso, SEGEPLAN ha desarrollado un sistema de evaluación de los proyectos de inversión pública, denominado Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, pero éste no ha sido respetado ni implementado completamente. 

Debería hacerse un acuerdo nacional para respetar los criterios técnicos que permitan una asignación adecuada de los recursos escasos, priorizando conforme a las necesidades del país y tomando en cuenta criterios de rentabilidad social de la inversión.  Los partidos políticos, los diputados y los funcionarios públicos deberían comprometerse a sistematizar los procesos de contrataciones y compras, así como respetar los criterios de transparencia.  Retomar el pacto fiscal en su elemento de gasto es lo recomendable, pues va en esta dirección. 

De lo contrario, aunque la Vicepresidencia tenga su programa de Transparencia, si no hay pasos firmes de las distintas entidades, ministerios, fondos sociales y entidades autónomas por tener procesos transparentes y orientados a resultados, no se va a poder elevar la calidad del gasto público ni lograr objetivos que como país esperamos.  Es necesario que se aborde urgentemente la finalización del clientelismo y aprovechamiento de los fondos públicos.  Su razón de existir no es apoyar la búsqueda de votos ni quedar bien con los correligionarios.  ¿Quién va a tomar la iniciativa de mejorar finalmente la calidad del gasto público orientándolo a metas y objetivos concretos?

Por José Raúl González Merlo

El gobierno se hadedicado a importar opiniones favorables a sus intenciones de aumentar impuestos. La idea sería hacernos creer que la medida es necesaria. Pareciera que hay más gente, que no vive en Guatemala, dispuesta a apoyar el mentado aumento de tributos que ciudadanos de este país dispuestos a aceptarlo. Claro está, no es lo mismo andar dando recetas para otros que quedarse a probar la comida.

El último de esos “voceros gubernamentales ad honórem” ha sido un representante del Royal Bank of Scotland (RBS). Don Boris Segura vino con el “encargo” de hablar maravillas del incremento de impuestos. La prensa divulgó sus controversiales declaraciones y el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) publicó un documento en donde Segura dice presentar “argumentos convincentes” sobre la conveniencia de aumentar la recaudación fiscal.

Los mentados argumentos ni son “convincentes” ni son nuevos: que la carga tributaria es “baja”; que los indicadores sociales son muy malos, y que nuestros indicadores de competitividad también son deficientes. Segura pretende así convencernos de que, aumentando los impuestos, esos indicadores mejorarán y nuestro país se encaminará a la senda del desarrollo.

Obviamente, don Boris no ha vivido en Guatemala e ingenuamente compró el cuento que le vendió el MFP. Si él hubiera conocido la realidad, se habría dado cuenta de que los guatemaltecos han pagado cada año más impuestos; que la carga tributaria ha subido desde la firma de los acuerdos de paz ¡y todo sigue igual o peor! En lo que Segura sí tiene razón es que la deuda guatemalteca sería más atractiva si el Gobierno pudiera recaudar más. Un gobierno que recauda más impuestos tendría mayor capacidad para pagar sus préstamos. Eso le gusta a banqueros y acreedores.

En mi opinión, como economista, como banquero y como asesor financiero, don Boris Segura, en representación de su banco, vino a hacer un papel bochornoso. El RBS debería asumir un rol menos servil y más objetivo y profesional frente al pretendido aumento de impuestos y deuda pública. Claro está, siempre puede existir el conflicto de intereses entre un RBS que pudiera tener de cliente al MFP y los ciudadanos que tendrán que pagar de vuelta la deuda. Por ello hay que ver las declaraciones del señor Segura con tanto más escepticismo.

Así como vino, don Boris se fue para no vivir con las consecuencias de sus recomendaciones. Es la misma situación de tanto funcionario extranjero y diplomático que ha dejado nefastas recetas y luego somos los chapines quienes tenemos que pagar los platos rotos. No gracias. Vayan a dar “consejos” a donde vivan y a los inversionistas que se los quieran creer. Subir los impuestos no es garantía de prosperidad mientras el Gobierno no demuestre capacidad y honestidad.

Por Hugo Maul Rivas

Bueno fuera que se tratará del conocido barrio al sur de la ciudad. Se trata, más bien, de modificaciones tributarias dirigidas, según el partido de turno, contra el “gran capital” y las “empresas de jugosas ganancias”. Por supuesto, de acuerdo a lo que cada estas categorías de pensamiento representen para quienes defienden la propuesta. Cuando el fenómeno de la generación de empleo y de obtención de ganancias se ve a través de estos lentes, pareciera que los aumentos de impuestos no tienen mayor efecto sobre el proceso de la creación de riqueza. Según esta visión, modificaciones tributarias como las que promueve este gobierno afectan únicamente a los empresarios grandes y privilegiados, no al ciudadano promedio. Algo que no es del todo cierto, tal y como lo prueba la pérdida de puestos de trabajo, inversiones y recaudación tributaria asociada con empresas que han abandonado Guatemala debido al ambiente poco propicio para operar.  Por ejemplo, en algo tan importante como los requisitos básicos para promover la productividad, según los índices de competitividad, Guatemala está casi veinte puestos por debajo de El Salvador. Si a esto se suma la inseguridad jurídica, la violencia, el costo de la energía eléctrica y, por si fuera poco, aumentos de impuestos, no extraña que las empresas, inversiones y puestos de trabajo abandonen el país.

Es importante que quede claro que no se está hablando de promover negocios o inversiones a través de privilegios fiscales, sino de reconocer que las condiciones que afrontan la mayoría de empresas en el país no son propicias para hacer negocios y para la competitividad.  A lo que habría que sumar que la gran mayoría de empresas en Guatemala no tienen “jugosas ganancias” ni son representativas del “gran capital”. Por el contrario, más bien se trata de micro y pequeños empresarios que luchan por crecer y que apenas cuentan con algo de capital. No obstante, por la forma en que opera la lógica tributaria, justos pagan por pecadores. Por perseguir al “gran capital” se castiga a todos aquellos que buscan como cumplir las obligaciones tributarias. Por ir en busca de una tajada de las “jugosas ganancias” se crean mecanismos que terminan por quitar el pan de la boca a decenas de miles de empresarios que día a día trabajan dura y honradamente para sobrevivir. Es importante, nuevamente, que se entienda que nos se trata de tener un régimen para empresas pequeñas y en crecimiento y otro para empresas de “jugosas ganancias”, sino que las condiciones generales del país, incluidos los impuestos, sean propicias para la creación de empleo y mejores oportunidades.