Por Verónica Spross de Rivera

Los registros públicos son una de las instituciones más importantes del país.  Entre estos se encuentran el Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil y el Registro Nacional de las Personas, RENAP, entre otros.  La agilidad o lentitud de los trámites que allí se llevan a cabo está determinada por el modelo de gestión y el uso de la tecnología que realizan. 

Recién se conoció que el rezago tecnológico frena el avance del Registro Mercantil.  Se señaló que la falta de presupuesto impidió que durante diez años se pudiera cambiar el software y los servidores.  En él se realiza la inscripción de las empresas mercantiles, elemento fundamental para el despegue económico.  Hernando de Soto estableció en su obra El otro sendero que la economía informal se da en buena medida por los altos costos de los registros y trámites que enfrentan los empresarios. 

Desde entonces, en los países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, se han emprendido acciones para modernizar el registro de empresas, pero dichas acciones son aún insuficientes para poder avanzar en los indicadores de competitividad para hacer negocios.  Se han creado ventanillas únicas, facilidades en los trámites, pero la modernización debe consolidarse y recordarse continuamente a los servidores públicos a cargo del mismo de la importancia de su función.

El Registro de la Propiedad, por otra parte, era a principios de la década de los noventa una de las entidades menos modernas del país.  Se decía que en el archivo de dicho registro había una víbora que estaba allí para evitar la proliferación de ratas, que eran una plaga terrible que ponía en riesgo los libros de escrituras de propiedad.  Luego, se emprendió una importante reforma en la que se digitalizaron los libros que registran las propiedades de los guatemaltecos.  Aunque se dieron acciones importantes en años anteriores, fue hasta el período 2004-2007 en que se consolidó su actualización, modernización y tecnificación.

Uno de los proyectos más exitosos vinculados al Registro de la Propiedad es el de facilitar el registro de propiedades que no están debidamente inscritas.  Se sabía que el 70 por ciento de propietarios de terrenos no tenía el correspondiente título de propiedad.  En El Salvador, el proyecto País de Propietarios, logró que muchísimas personas lograran ser dueños con título lo cual revolucionó al sector vivienda, pudiendo entonces las familias conseguir créditos hipotecarios para construir su casa.  Aquí se inició un programa similar, pero no se le dio la continuidad ni el impulso para que se viera el efecto.  Sería conveniente retomar esta iniciativa.

Actualmente hay desafíos tremendos en el RENAP, el cual tiene que hacer una labor titánica para la emisión del documento único de identidad.  Con los recursos de que dispone no tiene la capacidad óptima para atender la demanda que diariamente se le presenta.  Es de poner la atención y los recursos humanos, físicos y financieros que permitan el cumplimiento de tan importante tarea, especialmente ante una próxima elección que requiere transparencia y eficacia en el registro de los ciudadanos.  Si queremos mayores niveles de competitividad, desarrollo y fortalecimiento del sistema electoral debemos retomar con urgencia la modernización de los registros que garantizan nuestra propiedad, nuestra identidad y la apertura de empresas.

Por José Raúl González Merlo

El gobierno se quejó el año pasado por la caída en la recaudación. ¿Y qué esperaban, si cayó también el ingreso promedio del ciudadano tributario? Sin embargo, ya no se pueden seguir quejando de lo mismo. El total de ingresos tributarios del primer trimestre viene creciendo a un ritmo de 8% anual. Un buen comienzo que no solo invalida la “necesidad” de aumentar las tasas de impuesto, sino que confirma que la intención pondría en riesgo la incipiente recuperación económica.

Vamos bien. La economía tiende a recuperarse. El índice mensual de actividad económica crece. Los ingresos fiscales también. El ISO y el IVA doméstico están recaudando casi 12% más que el año pasado. El impuesto a las bebidas crece 13% luego de haber caído el año anterior. El IVA de las importaciones viene recaudando cerca del 17% más. Prácticamente todos los impuestos vienen significativamente mejor. Lo único que no viene bien es la irresponsable necedad gubernamental de gastar más y aumentar las tasas de impuesto y endeudamiento. Esa voracidad quiere atrapar un porcentaje cada vez mayor de la riqueza creada por los ciudadanos, poniendo en riesgo nuestra recuperación. No debe ser así. Los ciudadanos tienen un mejor uso para esos escasos fondos que el despilfarro y el robo descarado del gasto público.Si la economía continúa recuperándose, es posible ver un escenario en donde los ingresos fiscales crezcan arriba del 10%. Sería una excelente tasa de crecimiento basada en una mayor actividad económica. Es una fórmula ganadora para todos: fisco y ciudadanos.

Históricamente, no sería la primera vez que ocurre. Aún tomando en cuenta el año pasado, la tasa promedio de crecimiento anual de los ingresos fiscales entre 2001 y 2009 es casi 10%. Inclusive, es una mejor tasa nominal de crecimiento que el mismo crecimiento económico que, en promedio, ha sido del 8% para los mismos años. Los ingresos fiscales están altamente correlacionados con el comportamiento de la economía. Es la mejor forma de que estos crezcan. Sobre bases económicas reales y no sobre la ilusión de aumentar las tasas de impuesto o el endeudamiento. Lamentablemente lo que queda pendiente es la tarea de demostrar que los gobernantes son capaces de gastar los fondos públicos con honradez y eficiencia. Es algo que venimos esperando desde que Vinicio Cerezo asumió la presidencia en 1985…

No obstante la realidad de la corrupción institucionalizada en el Estado, los ingresos fiscales continúan aumentando. Y al analizar los datos recientes, cada vez está más claro que el aumento de impuestos es innecesario. El repunte económico está dando suficientes ingresos adicionales al Gobierno. No permitamos que el ansia de enriquecimiento ilícito de tanto funcionario permita que se interrumpa este círculo virtuoso.

Por Hugo Maul Rivas

Entre el olvido y falta de comprensión. Recientemente el FMI presentó sus cifras de crecimiento económico para el 2010. Según estas proyecciones, el país estaría saliendo de la crisis económica de los últimos años. No se niega que un ritmo de crecimiento de 2.5% anual es una buena noticia, sin embargo, desde la perspectiva del ingreso per cápita, dicha tasa ni siquiera supera la tasa de crecimiento de la población. Esto significa el estancamiento del nivel de vida del guatemalteco promedio. Desde la perspectiva de las oportunidades perdidas, tales tasas de crecimiento solamente revelan nuestra incapacidad para afrontar con seriedad las reformas básicas capaces de promover mayores niveles de inversión, creación de empleo y uso eficiente de los recursos. Mientras no se comprenda que el reto consiste en promover la productividad y la competitividad, difícilmente el país podrá crecer consistentemente a tasas mayores.

No obstante, ambos conceptos parecen olvidados, independientemente de lo que diga la propaganda oficial. Para lograr estos objetivos hacen falta esfuerzos sostenidos, creíbles y bien dirigidos para crear un sistema de incentivos que premie la eficiencia productiva y el uso óptimo de los recursos.  El reto de la productividad implica hacer más con menos, sacarle todo “el jugo” a los recursos disponibles. Aunque es mucho lo que se dice en torno a este concepto, es poco lo que se hace y  menos aún los cambios positivos que perduran en el tiempo. Aunque en sentido estricto por competitividad se entiende la capacidad de las empresas para alcanzar y superar los estándares internacionales en todos sus distintos ámbitos de acción, desde una perspectiva más amplia se reconoce que el término competitividad hace referencia también al marco institucional necesario para promover la productividad.

En países como el nuestro en donde la debilidad institucional, la incapacidad de llevar a la práctica las visiones de largo plazo y la dificultad para genera consensos están por doquier, promover reformas básicas que aumenten la eficiencia con que opera el sistema económico es un asunto complicado. De esa cuenta, cuando se habla de competitividad en realidad se está hablando del marco institucional formal, normas sociales, límites y formas de funcionamiento del mercado, relación entre Estado y sociedad y condiciones generadoras de eficiencia  que garanticen el más eficiente uso de los recursos existentes. Es decir, el conjunto de reglas del juego y formas de ver el mundo que faciliten al sector productivo hacer más con menos. Mientras no se avance en esta dirección de manera sostenida y creíble, no se puede aspirar al crecimiento económico sostenido a tasas elevadas.

Por Vanessa Paz Abdo

Muchas veces se desprecia el trabajo de los empresarios en la sociedad guatemalteca.  Ayer,  unos cinco mil campesinos e indígenas vinieron a la ciudad capital a realizar una marcha en conmemoración del Día de la Tierra, y durante su recorrido manifestaron su rechazo a ciertas actividades empresariales.  Durante la caminata se podía escuchar por el auto parlante algunas de sus denuncias contra algunos empresarios, a quienes catalogaron de privilegiados, inhumanos, explotadores y sin conciencia social, entre otras cosas.  

Así como este grupo de manifestantes, hay muchos otros que tienden a generalizar, y a señalar a los empresarios como personas que han logrado grandes fortunas gracias a determinados privilegios, y a decir que son ricos a costa de los pobres.   Claro que hay algunos empresarios que lograron aprovechar el proteccionismo gubernamental que existía hacia la industria hace muchos años; sin embargo, el mundo está cambiando y desde hace un par de décadas, cada vez los ambientes en que se opera son más libres y competitivos; lo que ha hecho que las empresas se esfuercen por ofrecer productos de menor costo, de buena calidad y a precios razonables.

Muchos guatemaltecos deseamos el desarrollo del país, y estoy segura, que todas estas personas que participaban en la marcha, también lo desean; sin embargo, con acciones como esa, a veces pareciera que actúan con una mentalidad que aún siguen en el siglo pasado.  Y no son los únicos, muchas de nuestras instituciones y organizaciones parecieran haberse quedado también rezagadas por sus formas de operación y mentalidad, pues lo que menos les caracteriza es la competitividad y productividad, tan indispensable en el mundo de hoy, si se quiere cambiar a un país como Guatemala, aún en vías de desarrollo.

En un mundo competitivo, no cabe la mediocridad, así como tampoco el desperdicio de recursos.  Hay muchos países que nos llevan la delantera; por lo que no basta con contar con un gobierno eficiente, o tener empresas competitivas, o funcionarios públicos capaces o trabajadores productivos, para salir adelante; sino la suma de todo bien hecho, de forma sistémica.  Sólo así, podremos hablar de éxito de manera sostenible en el largo plazo.

Para ello, hay una gran tarea por delante, que sólo lograremos hacerla si cambiamos de actitud, si dejamos de desperdiciar recursos, si hacemos las cosas bien hechas a todo nivel, y trabajamos en armonía buscando poner a Guatemala muy alto, entre los mejores países.  Actuando, en lugar de sólo protestar.

Apoyemos más la actividad empresarial, realizada con persistencia y pasión, riesgos y compromisos;  entusiasmo y responsabilidad,  que busca nuevas oportunidades y que no se cansa nunca de emprender;  siempre en contacto con sus clientes para poderles servir mejor; con innovación, calidad, y servicio, que actúa de manera honesta, con ética y responsabilidad ante su comunidad; pues son ellos, un pilar de ese sistema que se requiere para lograr el desarrollo.  Vale la pena  seguir apoyando a los empresarios y reconocerles su labor.

Por Lisardo Bolaños Fletes

Hace casi dos meses, Edgar Gutiérrez escribía su interpretación alrededor de la batalla legal alrededor de la transparencia de Mi Familia Progresa (MIFAPRO).  Por un lado, debo reconocer que estoy de acuerdo con su visión que todos ganamos en dicha batalla.  Nineth Montenegro ganó apoyo electoral de la clase media que siguió la lucha por los medios de comunicación; Sandra Torres ganó, porque es vista como un ícono, casi una mártir de los pobres; los guatemaltecos ganamos porque se demostró que el sistema de justicia permite la fiscalización del presupuesto público.  Sin embargo, no estoy de acuerdo con todo lo dicho por Gutiérrez.

El principal aspecto de mi desacuerdo reside en su percepción del funcionamiento de MIFAPRO.  El argumento de Gutiérrez tiene dos elementos.  Primero, MIFAPRO es el mejor programa posible: “En Latinoamérica hay experiencias acumuladas desde hace casi dos décadas en 17 países. Son, certificadamente, los programas más eficientes para combatir la pobreza y por su alta dispersión, donde más difícil es robar o desviar fondos públicos”. 

Segundo, MIFAPRO puede tener errores, pero los mismos no ponen en riesgo el programa, son corregibles y hay esfuerzos internos por su mejora.  Según Gutiérrez: “Siempre hay fallas técnicas por los diseños censales y errores porque el aprendizaje se hace sobre la marcha, sobre todo si apunta a objetivos inmediatos de legitimación política. Pero, como se constata en otros lados, son deficiencias corregibles. En nuestro caso, una vez resuelta la logística a través de la contratación de Banrural”.

Primero, el problema está en el detalle.  No en todos los lugares del mundo donde se han implementado programas similares a MIFAPRO los mismos han funcionado como se esperaba.  Hay millones de formas para que el “programa ideal” se implemente de una manera desastrosa.  En Guatemala podemos encontrar muchos ejemplos de cómo se intentó copiar instituciones de otros países y cómo las mismas no han funcionado como se esperaba.  Basta con las leyes guatemaltecas, cómo las mismas no se cumplen y cómo el Gobierno resulta incompetente para su aplicación.

Segundo, sin la labor de actores externos, como Nineth Montenegro, el programa no se ve forzado a hacer públicos sus errores.  Una vez son públicos y existe presión social por su mejora, el Gobierno puede apoyarse en sus equipos técnicos y las recomendaciones de otros miembros de la sociedad para mejorar el programa.  No es que el “aprendizaje se haga sobre la marcha”.  Sin presión externa, los errores pueden seguir por muchos, muchos años.  Ejemplos abundan.

Por último, Gutiérrez reconoce que el programa en el corto plazo es para lograr “legitimación política”.  Para él, eso parecer justificar la falta de transparencia del programa.  En México, lo que significó fue invertir muchos recursos en un diseño adecuado del programa, acompañándolo de un proceso exigente de evaluación.  De esa manera, el Gobierno podía salir públicamente a mostrar sus logros.  En Guatemala, ese no ha sido el caso.  Como diría Gutiérrez, hay que dejar el “provincialismo” de la política nacional, para pensar en otros mecanismos de legitimación política.

Por José Raúl González Merlo

Como que diera lo mismo cuatro que siete mil millones de deuda.

¿Cuándo se ha visto que el Presidente solicite un cupo de emisión de deuda y el Congreso le apruebe casi un sesenta por ciento más? No cabe duda que los funcionarios públicos han perdido completamente la dimensión y la responsabilidad. Con una increíble ligereza autorizan semejante danza de millones  como que si ello no de representara una hipoteca sobre el futuro de los ciudadanos guatemaltecos.
 
Luego del escándalo público, ante la posibilidad de un plumazo de siete mil millones de quetzales adicionales en deuda pública, el Presidente Colom anunció que vetaría semejante decreto. Pareciera que el gobierno nos está “amenazando con el petate del muerto”. Ahora hay que darle las gracias al Presidente. Si no fuera por él,  ya estaríamos endeudados en siete mil millones más por encima de los más de setenta mil millones de quetzales que ya debemos. A como vamos, “sólo” nos endeudarán en cuatro mil quinientos millones. ¿Poca cosa no?
 
La política de endeudamiento nacional parece responder a esta simple premisa: endeudemos al país porque, ahorita, es endeudable. Más tarde, dejará de serlo. Tal es la postura que se desprende de los “análisis técnicos” que presenta la Junta Monetaria a la Comisión de Finanzas del Congreso. Dice tal comisión que el aumento en la deuda pública es de “solo” seis por ciento. Que es un mecanismo de financiamiento “de bajo riesgo”. Que la sostenibilidad de la deuda es “moderada” porque el total de la misma se encuentra por debajo del equivalente al cuarenta por ciento del tamaño de nuestra economía. Y que el endeudamiento no tendría un efecto importante dado que alcanzaría “sólo” un 58% (del total de las exportaciones), respecto a un supuesto nivel crítico de 150%.
 
Así que nos van a endeudar porque nos pueden endeudar. ¿Y para qué se van a usar los fondos? Para sostener el funcionamiento del gobierno. No para inversiones de capital. No hay ninguna obra relevante en materia de infraestructura en el horizonte. Casi todo, es para funcionamiento, excepto mil ochocientos millones de quetzales que son para pagar deuda ya existente. Es decir, contratamos deuda porque no tenemos dinero para los compromisos de la deuda que ya teníamos antes de ésta. ¿Bonito no?
 
Así es como, en medio de este jueguito de números y dizque “estándares internacionales”, el único resultado objetivo es que la deuda sigue creciendo. Es el mismo camino que  ya recorrieron otros países, como Grecia, que actualmente se encuentran en medio de una crisis de endeudamiento. Es obvio que los políticos, de todas partes del mundo, son especialistas en pasarle la factura de su mala gestión a las generaciones futuras.  Esto no debe seguir. Los ciudadanos debemos exigir que los funcionarios enfrenten la realidad y dejen de endeudar a nuestros hijos y nietos.

Por Hugo Maul

El endeudamiento público se reduce a un ejercicio político.

¿Tres mil?, ¿cinco mil?, ¿siete mil? ¿Qué más da? Cuando no se cuenta con una planificación económica adecuada, que clasifique los programas y proyectos públicos de acuerdo a su prioridad, rentabilidad social, productividad y congruencia con objetivos sociales de mediano y largo plazo, el endeudamiento público se reduce a un ejercicio puramente político. En cuyo caso da lo mismo cualquier cifra, ninguna tiene mayor justificación. Si el endeudamiento respondiera a un plan de Gobierno adecuadamente diseñado, de acuerdo a objetivos de mediano y largo plazo y se privilegiaran proyectos y programas bien diseñados, el tema del endeudamiento se trataría con más seriedad. En nuestro caso parece que esto no sucede.

Cuando el gasto público no se utiliza de manera eficiente y productiva, cualquier tipo de endeudamiento se convierte en un peso muerto con el que debe cargar las finanzas públicas. Tarde o temprano ese endeudamiento se transforma en, incrementos en las tasas de impuestos, creación de nuevos impuestos o reducción del gasto público. En la medida que la deuda crece, los pagos por el servicio de la misma van absorbiendo cada vez una proporción mayor de los ingresos del Estado. Situación que termina afectando negativamente la cantidad de recursos que el Gobierno puede usar libremente para financiar otros rubros del gasto público. Es decir, “pan para hoy, hambre para mañana”. Si a esto se responde con mayor endeudamiento, el círculo vicioso nunca termina.

Finalmente, hay que reconocer que otra forma de asegurar el bienestar social es mediante unas finanzas públicas sanas, que estimulen el crecimiento económico, promuevan el ahorro y que respalden la estabilidad macroeconómica. Si bien es cierto que las necesidades sociales son muy grandes y que los recursos con que cuenta el Gobierno podrían no ser suficientes, nada justifica la falta de prudencia en el manejo de la deuda o la imperiosa necesidad de mejorar la calidad del gasto público. Tampoco se justifica la falta de seriedad con que se maneja el tema a los más altos niveles. Aunque se entiende que detrás de la aprobación de toda nueva deuda existirán siempre negociaciones políticas, es importante que tales negociaciones estén, al menos, informadas de los criterios técnicos que justifican los gastos que se pretenden financiar.

Por Verónica Spross

El ataque del que fue víctima Felipe Valenzuela hace algunos días nos estremeció profundamente, porque nos indica que estamos lejos de ser una sociedad donde se respeta la vida ante todo.  Es lamentable que un periodista respetuoso, valiente y entusiasta resultara seriamente herido ante la agresión sufrida.    Es necesario hacer una investigación exhaustiva que permita capturar a los responsables y juzgarlos conforme a la ley.  La sanción por su delito no debe obviarse.

Por otra parte, un empresario hondureño y colaborador del vecino gobierno como comisionado de la región del sur, junto con su familia, fue atacado por delincuentes cerca del kilómetro 40 de la Carretera a El Salvador.  Como resultado, él perdió la vida a causa de una complicación cardíaca ocasionada por el acto criminal.   Estos son algunos ejemplos dramáticos de lo que está sucediendo día con día en nuestro país.  Sin embargo, diariamente hay infinidad de robos de celulares, vehículos, computadoras, furgones, así como extorsiones que sufren desde los pequeños comerciantes hasta industriales y transportistas.

En pleno proceso de selección del Fiscal General de la Nación es necesario reconocer que los temas del fortalecimiento del Estado de Derecho y el mejoramiento de la seguridad deben ser abordados con urgencia y formalidad.  En repetidas ocasiones se ha tratado este tema por parte de las organizaciones ciudadanas que velan por la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho.  Se han hecho propuestas, diálogos, foros y debates en los principales programas de discusión en televisión, pero de allí no hemos pasado.

La CICIG ha brindado cifras relativas a la impunidad que son realmente alarmantes: el 99.7% de casos no llegan al momento de otorgar una sanción.  Sus hallazgos en ciertas investigaciones son interesantes, así como sus mecanismos de búsqueda de la prueba y presentación del proceso, pero debemos tomar en cuenta que es una entidad con horizonte temporal, que debe ir trasladando sus capacidades a las instituciones nacionales correspondientes, principalmente al Ministerio Público.

El apuntalamiento del sistema de investigación y del Organismo Judicial debe ser motivo de acuerdos y políticas concretas.  Por ejemplo, la asignación adecuada de recursos para que funcione la Justicia es fundamental.  En lugar de estar asignando recursos para el transporte de algunos veraneantes a la playa podría haberse dedicado ese dinero para el mejoramiento de los procesos del sistema judicial. 

La responsabilidad de trabajar por un Estado de Derecho con leyes estables e iguales para todos, sin discriminación ni privilegios, así como el fortalecimiento de la Policía y del Sistema Judicial debe ir antes que cualquier otra prioridad, incluso que del combate a la pobreza y de la prestación de los servicios básicos.  La elección de una persona idónea para el puesto de Fiscal General es una de las principales expectativas para poder vivir con un nivel de mayor justicia y seguridad. 

Por José Raúl González Merlo

La diferencia entre la vida y la muerte se mide en milímetros. Unos milímetros de diferencia y la bala dirigida a la cabeza de Felipe Valenzuela le hubiera matado en vez de “solamente” herirlo de gravedad.  Unos milímetros de mayor voluntad política y capacidad de gestión, y el Gobierno podría mejorar la situación de seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, está claro que las prioridades son muchas otras.

Hemos llegado a tal grado de cinismo que, luego del atentado contra el Lic. Valenzuela, la discusión era: ¿será que el hecho era atribuible a la “criminalidad común”, que “solamente” buscaba asesinar a Valenzuela luego de robarle su carro? O ¿será que el atentado era para matar al director del Patrullaje Informativo, por el trabajo que realizaba como periodista? La situación de Guatemala se ha deteriorado tanto que, ahora, inconscientemente, nos dedicamos a “justificar” los motivos de los asesinatos en vez de condenarlos independientemente de su origen.

Por supuesto que el móvil de cualquier crimen puede hacer una diferencia, pero para la persona que yace en la cama de un hospital, con el rostro destrozado, el consuelo entre uno y otro es poco. Y para el resto de ciudadanos que continúan expuestos a la incompetencia gubernamental, también. Guatemala está perdiendo a sus mejores ciudadanos y está ahuyentando al resto de ciudadanos del mundo a un ritmo estúpido. La misma semana del atentado contra Valenzuela era asesinado un diputado hondureño, durante otro atraco en la carretera a El Salvador. Desde hace años se sabe que esa ruta es la “favorita” para los criminales. ¿Y la seguridad? Bien, gracias. No alcanza el dinero —dicen—, pero en algún lado encontraron Q11 millones para dar vacaciones gratuitas a Puerto San José, durante Semana Santa.

Guatemala no puede continuar dándose el lujo de perder a sus mejores hijos simplemente porque el Gobierno es incapaz de mejorar la seguridad. Felipe es el mejor periodista de su generación, no solo por su capacidad académica, sino por su inteligencia, honestidad intelectual y ecuanimidad al momento de abordar los temas de interés nacional. Nuestro país lo necesita, como también necesita que la población honrada deje de ser víctima de los criminales.

De nada sirve que los más altos funcionarios públicos hayan visitado a Felipe en el hospital. Ahora resulta que “ya tienen identificada una banda de robacarros que opera en ese sector”. Como dice el refrán, “Después del trueno, ¡Jesús y María!”. Felipe está vivo porque Dios nos hizo el milagro de desviar la bala para que él siga siendo un miembro productivo de nuestra sociedad. Otros —la mayoría de los que mueren todos los días— no han tenido esa misma suerte. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando la parsimonia gubernamental?

Por Hugo Maul R.

¿Puede seguirse endeudando el país? Depende. Para bien o para mal, depende de lo que se haga con los recursos derivados de la deuda. Así como existen malas razones para endeudarse, también existen las buenas. La pregunta central es cuál es el balance entre las buenas y las malas razones del nuevo endeudamiento que busca el gobierno. Mientras las prioridades del gasto público no estén claras y no se evalúe la calidad y efectividad del mismo, el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado es como un gran saco lleno de agujeros, en donde los ingresos que entran por un lado se pierden en los miles de “hoyos” que existen por todos lados. Más allá de la metáfora, el hecho es que los fondos provenientes de la deuda se usarán tan bien o tan mal como el sistema lo permita. Dado que la batalla en contra de este aumento está perdida, es importante que el gasto público en su totalidad, independientemente como se financie, sea bien utilizado, de acuerdo a prioridades claras y sujeto a mecanismos de evaluación y control. Mientras esto no ocurra, da lo mismo como se financie el gasto. A largo plazo, todo el gasto público se financia a través de impuestos.

Oponerse al endeudamiento en sí mismo es algo que se justifica en razón del nivel y la capacidad futura del país para pagar la misma. La deuda no debiera crecer más rápido que la capacidad productiva nacional o la capacidad del país para obtener divisas en el mediano plazo. Temas que según la opinión de expertos internacionales de instituciones que prestan dinero al gobierno no deben preocupar a los guatemaltecos,  ya que, según sus análisis, el país está en plena capacidad para pagar la deuda. Aunque les asistiera la razón, este tipo de consideraciones se enfocan en los síntomas y no en la enfermedad. Determinar la gravedad de los síntomas siempre es importante, sin embargo, no basta esto para curar al paciente. Para que el paciente no se muera hay que atacar las causas fundamentales de la enfermedad: el aumento del gasto público y la falta de mecanismos para evaluar su calidad, efectividad y rentabilidad social. Mientras esto no se comprenda, el endeudamiento puede seguir creciendo sin límites pero nunca se resolverán los problemas que, supuestamente, originan la necesidad del mismo.

Por Mario Cuevas

Lo más costoso de la reforma tributaria no son los impuestos que habremos de pagar, sino la miopía fiscalista y la visión de túnel que induce un excesivo énfasis en el rol del Estado en el desarrollo. 

Se está creando un nuevo mito en Guatemala... el mito de que el país no se desarrolla simplemente porque se pagan "pocos impuestos."  Esa visión es muy estrecha e inadecuada.  Podemos subir los impuestos a 12%, 15%, 50% hasta llegar a 99% del PIB, que si en otros aspectos hacemos más de lo mismo que estamos haciendo hasta el momento, lo único que vamos a lograr es el colapso total de la economía e incrementar la pobreza de nuestra gente.

La esencia del problema no es el tamaño de la carga tributaria.  Mientras no se otorgue una adecuada prioridad a una agenda amplia de reformas orientadas a promover la productividad, mejorar el clima de inversión y generar empleo de calidad, será cuestionable la sostenibilidad de todo esfuerzo por ampliar las oportunidades para todos los guatemaltecos.  El "pastel" que debe crecer en primer lugar es la economía nacional, no la participación del gobierno en el gasto interno.

Además, el Estado no puede ser el motor y eje central del desarrollo.  La visión fiscalista e intervencionista que prevalece en la actualidad está condenada a fracasar, por miope, de la misma manera que experimentos similares han fracasado antes a lo largo de la historia y en todas partes del mundo.  Esto no significa que el Estado no debe tener rol alguno en el desarrollo. ¡Claro que tiene un rol!  Pero su rol, en todo caso, NO es el de un cobrador de impuestos.  El Estado no puede reducirse a ser una super-SAT por un lado, y a una impresora de cheques y billetes por otro.

Lamentablemente, las acciones tomadas a la fecha por las autoridades nacionales revelan un completo desinterés por una agenda amplia, al mismo tiempo que manifiestan una visión de túnel centrada fundamentalmente en acceder a cada vez más recursos para financiar al Estado, sean estos deuda o tributos. 

En efecto, a la fecha se han registrado importantes retrocesos en la manera que se maneja la administración pública, no hay signos de que la violencia se combata con inteligencia, se han destruido muchos avances heredados de gobiernos anteriores en el sector educativo, entre muchos malos augurios.  En todos estos aspectos--no tributarios--es muy claro que los políticos que gobiernan no tienen una visión clara de lo que buscan lograr, o simplemente están muy mal orientados en términos del interés público, distinto al interés personal o político-partidista.

Por el contrario, el rol del Estado en el contexto debe ser el de un elemento catalizador para la articulación de una agenda nacional de desarrollo económico, orientada a la promoción de un entorno adecuado para el libre desempeño de la actividad privada, de forma equitativa e incluyente de toda la ciudadanía.   Urge abordar seriamente la reforma educativa, la modernización del servicio civil, la adecuación del sistema previsional y, por supuesto, mejorar la administración de la seguridad y justicia, siendo ésta una lista no exhaustiva de prioridades.  Sin visiones CLARAS en estos aspectos, paguemos más o paguemos menos impuestos, los resultados seguirán siendo igualmente nulos.

Lo caro de la "reforma fiscal" para Guatemala NO solamente son los impuestos que habremos de pagar. Lo verdaderamente COSTOSO es la completa desatención al resto de la agenda debido a la miopía fiscalista y visión de túnel de nuestras autoridades. 

¡Urge una agenda nacional de desarrollo!

Por Verónica Spross

Debemos reflexionar sobre cómo avanzar en tener escuelas que respondan a las expectativas de aprendizaje de los estudiantes.

En días recientes se ha puesto sobre la mesa de la discusión nacional la necesidad de revisar y fortalecer al sistema educativo.  La percepción generalizada es que se carece de estrategias para resolver las fallas detectadas especialmente en calidad educativa.  En los reportajes se han resaltado los problemas en la asignación a tiempo de los recursos requeridos en las escuelas, en contraposición a las promesas de la política de gratuidad. 

La cantidad y frecuencia de los cambios en las autoridades del Ministerio de Educación, a nivel del Ministro, viceministros y directores, ha generado un desconocimiento acerca de las políticas y estrategias que se están implementando.  Quizás hay actividades que se están realizando, pero no parece haber una visión general que esté orientando las acciones en educación.  La opinión pública sólo percibe que se destinan recursos y se orientan esfuerzos a los programas de Cohesión Social. 

Debe reconocerse que en algunos temas de naturaleza técnica se percibe cierta continuidad, como en llevar la reforma educativa al aula con la implementación del nuevo currículo en primaria y básicos, en la adopción de estándares y en la evaluación del aprendizaje. Sin embargo, en la reforma del modelo de gestión existe el peligro de volver a prácticas que se habían ya dejado atrás, como la politización en la contratación de personal.  Desde hace más de una década se ha venido trabajando en tener procesos transparentes de contratación con base en la capacidad.  En el caso de los maestros se han impulsado los jurados de oposición y en el caso de la contratación de directores se habían realizado procesos competitivos. Por el bien del sistema educativo, no deben abandonarse los procesos de contratación transparentes, competitivos y por mérito.

El tema de la descentralización en la educación tiene ya muchos años de estar presente en la agenda de discusión a nivel internacional; no así a nivel nacional.  Es un tema pendiente.  Incluso, se han dado pasos hacia atrás al haber eliminado las escuelas de autogestión.  Para avanzar en descentralizar ciertas funciones lo importante es tener claro qué funciones debe asumir cada instancia del nivel central, departamental, distrital o municipal y a nivel del centro educativo. Debemos reflexionar seriamente sobre cómo avanzar en tener escuelas que respondan a las expectativas de aprendizaje de los estudiantes. 

El documento No. 34 de la serie Políticas, de PREAL, titulado “Descentralización con miras a la calidad educativa” nos da una luz sobre cuáles son las características comunes de las experiencias exitosas de los sistemas educativos.  Entre los aspectos mencionados, que pueden orientar la discusión nacional sobre cómo mejorar la calidad de la educación, están: la necesidad de tener una visión compartida, diseminada y constantemente revisada que orienta las políticas, metas, estructuras, procesos, incentivos e instrumentos; claridad sobre lo que se espera de cada actor; atención prioritaria al profesionalismo docente y a los procesos técnico-pedagógicos; fijación de metas contrastadas con la información generada por evaluaciones y mediciones; y, responsabilización de los actores por los resultados, entre otros.  Estos insumos pueden servir para retomar un proyecto de país que nos lleve a trabajar por una mayor calidad educativa que beneficie a los estudiantes con aprendizajes útiles para la vida. 

Por José Raúl González Merlo

Mal haríamos en seguir los consejos de la burocracia internacional.

En su necia carrera por aumentar los impuestos, el Gobierno recurre a la intercesión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para dizque “convencer” a los ciudadanos. El esfuerzo oficial es doblemente vergonzoso. Por una parte, el BID carece de un currículum que amerite seguir sus “consejos”, y por otra, ellos mismos tienen intereses creados en el aumento de impuestos.

El Gobierno convocó a un “foro internacional” en donde el presidente del BID, Alfredo Moreno, “se refirió a la urgencia de implementar la reforma fiscal en países como Guatemala”. Dijo Moreno que “el Estado guatemalteco, al igual que la mitad de sus niños, se encuentra en estado de desnutrición crónica”. Con esta dramática comparación, el presidente del BID vino a “hacerle la campaña” al ministro de Finanzas para empujar su aumento de impuestos. No fue una “campaña” desinteresada, no olvidemos que nuestro ministro de Finanzas es uno de los gobernadores del BID y, por lo tanto, “jefe” de Moreno.

Claramente Moreno prefirió obviar de lo que verdaderamente padece el Estado de Guatemala: una grave corrupción crónica que le impide realizar sus funciones más básicas. Lo anterior, a pesar de conocer de primera mano esa situación. Una semana antes, Prensa Libre destacaba los actos de corrupción descubiertos por el propio BID en la ejecución de sus financiamientos. No, no es la supuesta falta de fondos el problema. Tampoco es la primera vez que el BID se “raya” con sus apreciaciones. Es la misma institución que, en su momento, apoyó las iniciativas de aumento de impuestos del ex presidente Alfonso Portillo y su entonces presidente Enrique Iglesias le rindió todo tipo de pleitesías y préstamos.

Así que la opinión del BID y sus intereses están en claro conflicto con los mejores intereses de los ciudadanos guatemaltecos. Al BID le interesan más impuestos en Guatemala para que haya más fondos para pagar los préstamos que nos quieren otorgar. Para muestra, un botón: finalizado el “foro internacional” se anuncia un préstamo por 75 millones de dólares. Darle dinero a un Estado como el guatemalteco es el equivalente a continuar dándole licor a un alcohólico. Es la receta más directa para pasar de ser un país pobre a continuar siendo un país pobre, solo que, ahora, altamente endeudado.

Mal haríamos en tomar los consejos de la burocracia internacional. Lejos de tener un récord en materia de sacar a los países del subdesarrollo, instituciones como el BID carecen del mismo. Todavía estamos esperando conocer al país que, gracias al financiamiento de los bancos multilaterales, son ahora desarrollados. No es cosa de dinero, sino de cómo se invierte el mismo. Y en ese sentido, ni el Gobierno de Guatemala ni el BID han logrado demostrar que son capaces de hacerlo bien.

Por Hugo Maul R.

Mientras el Sudeste Asiático dio vida a los temibles “Tigres Asiáticos”,  América Latina, salvo alguna honrosa excepción, ni siquiera a ha dado vida a dóciles gatitos. El crecimiento económico en nuestro continente, salvo algunas mejoras transitorias debidas a “booms” en los precios de los productos de exportación, sigue siendo un reto pendiente. Nuestro país es un buen ejemplo de ello, si bien las crisis no han sido tan profundas como en alguno de los países vecinos, los períodos de crecimiento no han sido ni espectaculares ni sostenidos. La economía no se va “a pique” pero tampoco toma “vuelo” de manera definitiva, pareciera que siempre estamos en la fase del “despegue”.

Durante mucho tiempo se ha enfatizado en la necesidad de una mayor acumulación de factores y de mejoras en su calidad como prerrequisitos para el crecimiento. Asimismo, se ha enfatizado en el papel de las mejoras tecnológicas y del acceso a los mercados internacionales como factores claves para apuntalar el proceso. Todos estos son, sin duda, factores claves y necesarios para alcanzar mayores niveles de crecimiento. No obstante, en países pobres como los nuestros, en donde los niveles de inversión y calidad en el capital físico y humano son bajos, en donde no existe suficiente ahorro interno para financiar rápidas expansiones en el capital y donde la ampliación de mercados no implica un aprovechamiento de las oportunidades, mejorar la productividad global del sistema se convierte en una forma directa de compensar todo lo demás que hace falta.

Dicho de otra manera: hacer un mejor uso del capital físico y humano existente. Una enorme oportunidad para promover reformas económicas que promuevan un mejor uso de los recursos.  Aunque son muchas las razones del bajo nivel de vida de grandes mayorías de la población, desde la ausencia de políticas sociales, baja tributación, mala calidad del gasto, poca y mala infraestructura, corrupción, bajos niveles de ahorro e inversión, bajo nivel de capital humano, etcétera, es importante reconocer que una mejora sustancial en la productividad del sistema económico es tanto o más importante que muchos de los factores anteriores. Hacer más con lo mismo o hacer más con menos es tan importante para cualquier sistema económico como una buena política social o como un considerable aumento de los niveles de inversión en capital físico y humano.