Por Verónica Spross

Una encrucijada es un lugar en donde se cruzan dos o más caminos.  Al arribar a una encrucijada debe tomarse la decisión sobre cuál es el camino adecuado para llegar al destino.  En Guatemala nos encontramos frente a decisiones importantes, que al ser tomadas nos llevarán por una ruta con las respectivas consecuencias.  La principal decisión que debe tomarse actualmente está relacionada con la visión de desarrollo. 

Debe analizarse si se privilegiará un plan integral centrado en la generación de empleos a través de la inversión enfocándonos en la búsqueda de competitividad y mayor productividad ó si se enfocan las baterías únicamente en los programas sociales, encabezados por el de transferencias condicionadas.  El punto de análisis fundamental es si queremos una estrategia de crecimiento integral basada en la búsqueda de competitividad sistémica con enfoque de largo plazo o si queremos quedarnos en acciones aisladas con una perspectiva de corto o mediano plazo.

Las presiones por aumentar el gasto público son fuertes.  Algunas pueden tener un sustento real, como los programas de alimentación escolar, la cobertura de los servicios básicos en las escuelas, la disponibilidad de útiles y el pago de docentes.  Los requerimientos para financiar el fortalecimiento de la seguridad y del sistema de justicia son entendibles, ya que el principal problema que el guatemalteco reporta es el de la inseguridad que enfrenta diariamente. En el sector salud también hay múltiples necesidades que deben ser cubiertas, tanto en el área preventiva como en la curativa.

El problema fundamental parece radicar en la falta de un verdadero sistema de evaluación de los proyectos de inversión y gasto público.  En primer lugar, antes de comenzar cualquier programa novedoso debería darse un proceso de análisis que se denomina plan piloto, el cual permite evaluar el impacto y los resultados en un área geográfica específica o con un número determinado de casos,  con el fin de obtener lecciones de la implementación para cuando se replique a un nivel nacional.  En nuestro país muy pocas ocasiones se han llevado a cabo programas que han sido previamente probados y que cuentan con una ruta clara para su adecuada implementación.

Otro problema redica en la falta de capacidad de SEGEPLAN para impulsar con ahínco el sistema de evaluación de la inversión pública, que existe desde hace varios años.  Este no se utiliza con la rigurosidad requerida.  Este sistema, bien aplicado, impediría que proyectos que tienen un origen clientelar o una orientación politizada se lleven a cabo.

Finalmente, como lo indicaba el Pacto Fiscal, es necesario mejorar la calidad del gasto.   Es necesario aplicar una política de austeridad real, que impida el malgasto de los recursos de los ciudadanos.  Por ejemplo, limitar la cantidad de viáticos, celebraciones, gastos innecesarios y otros rubros que no tienen impacto en mejorar la seguridad, elevar la competitividad del país o llevar a cabo los servicios principales.  Es urgente la revisión exhaustiva de los gastos, así como de los sistemas con que se opera, para  minimizar las ventanas de corrupción que existen.  En todo momento deben contrastarse los gastos con su costo de oportunidad.  Es decir, debe tomarse en cuenta, por ejemplo, que con 124 mil quetzales se pudo dar 95 mil raciones de refacción escolar en las escuelas rurales.  Es momento de establecer cuáles son las prioridades reales que como país se desean financiar, cuáles son los programas o rubros de gasto que deben eliminarse y transparentar el sistema de adquisiciones y contrataciones para evitar los desvíos millonarios de fondos.  No podemos darnos el lujo de tener políticas inadecuadas que nos lleven a otra década perdida.

Por José Raúl González Merlo

La pretendida “Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual” nos recuerda cómo la función de los diputados sigue siendo la dispensa arbitraria y discrecional de privilegios hacia aquellos sectores que tienen la capacidad de “seducirlos”. Es una función vergonzosa que debería haberse terminado hace tiempo.

De acuerdo con el proyecto de ley, “es imperativo estimular… la actividad audiovisual y cinematográfica de Guatemala”. Pues… debe ser imperativo para los diputados y para los interesados en lucrar de esa actividad porque yo puedo imaginar muchas otras cosas más “imperativas” que hacer películas, dada nuestra realidad nacional. No obstante lo anterior, los diputados han decidido “quedar bien” con aquellos que se dedican a esa actividad y quieren crearles un nuevo ente estatal.

El Instituto Nacional del Audiovisual y la Cinematografía formulará “políticas nacionales”, “estimulará la calidad”, promoverá “el desarrollo profesional”, y una larga lista de otras buenas intenciones. Por supuesto, todo ello es imposible de realizar con fondos privados de aquellos que buscan dedicarse al arte cinematográfico. No. Necesariamente lo tienen que pagar los tributarios guatemaltecos, quienes deberían destinar el 0.025 por ciento del presupuesto de gastos de la Nación para financiar el tal instituto. Con un presupuesto nacional de ingresos de Q40 mil millones, fácilmente les tocarían unos 10 milloncitos que no le caen mal a nadie.

Así que la cosa está tan bien en Guatemala que ya nos podemos dar el lujo de financiar, con fondos públicos, la producción de películas. ¡Qué alegre! Menos mal que ya no necesitamos más medicinas en hospitales públicos porque, de otra manera, el costo de oportunidad de esos fondos sería altísimo. ¡Grande la visión de los diputados de la Comisión de Economía al darle un dictamen favorable a tan oportuna iniciativa de ley!

Pero la cosa no termina ahí, porque también se crea una “Comisión Fílmica Guatemalteca”, ante quienes la ley establece la obligatoriedad del registro de las producciones realizadas en el país por productoras extranjeras. ¿Por qué? ¿Para qué? La excusa es “mantener un orden”. La realidad suena a censura para aquellas entidades que no “inicien los trámites correspondientes” ante la Comisión Fílmica Guatemalteca.

Está claro que los miembros de la Comisión de Economía del Congreso fueron incapaces de entender que no fueron electos para malgastar los impuestos que con tanto esfuerzo pagan los tributarios. Por lo tanto, ahora le tocará al pleno del Congreso votar en contra de esta absurda ley. La producción cinematográfica es una actividad legítima que debe ser financiada exclusivamente con fondos de los interesados. De ninguna manera se deben usar los escasos fondos públicos.

Por Hugo Maul

¿Cuál es el verdadero interés detrás de los candidatos a rector?

¿Cuál será el verdadero interés detrás de los candidatos a rector? Mejorar la educación superior pareciera no ser lo más importante para algunos de ellos. Basta con ver el tipo y cantidad de propaganda que hacen para darse cuenta que hay algo más. Cualquiera que no supiera de qué se trata todo esto, fácilmente pensaría que se trata de campañas publicitarias para vender algún tipo de bebida alcohólica: cancioncitas pegajosas, colores llamativos, despliegue multimedia de alto nivel, fotos, música, fiestas, etcétera. Quien crea que todo esto es una exageración, dese una vuelta por la Usac, busque que lo inviten a alguna reunión “académica” en apoyo a algunos de los candidatos o simplemente visite sus respectivas páginas electrónicas.

Para muestra un botón, en una de esas páginas electrónicas, (www.sierrarector.com), lo que más resalta es una foto mostrando la multitudinaria fiesta de bienvenida de primer semestre de 2010 y el agradecimiento de los organizadores al referido candidato. Algo que no debería causar mayor revuelo, salvo por el hecho que este tipo de reuniones parecen ser uno de los pilares de esta campaña. La galería fotográfica de la página en cuestión muestra las reuniones que este candidato patrocina “en beneficio de la universidad”. (http: //www.sierrarector.com/galeria.html). El otro candidato no se queda atrás, (http: //www.estuardogalvez.com/), en medio de un impresionante despliegue tecnológico y publicitario el actual rector utiliza sus “logros” como herramienta de campaña. Esta página recibe a los visitantes con una pegajosa adaptación de La bamba, en donde, cuál político barato, el rector actual promete el cielo y la tierra a su electorado. Sería el colmo que nada tuviera que mostrar después de haber tenido miles de millones de quetzales bajo su control durante su período.

Contrastando con este despliegue de publicidad y superficialidad, se ve que el otro candidato, Eduardo Velásquez (www.guayorector.com), no cuenta con los millones de quetzales que sus contrincantes. No obstante, cuenta con una clara visión para mejorar a la Usac, con un compromiso comprobable con la educación superior y con una larga trayectoria académica. Cuestiones que, a juzgar por las otras campañas, no es lo que más interesa a la mayoría de la comunidad sancarlista. De ser así, parafraseando el conocido refrán, la “Usac tendrá el rector que se merezca”. Si los profesionales, estudiantes y cuerpo docente de la Usac no defienden su propia casa, después que no se quejen de lo que suceda.

Por Verónica Spross

Antes de la reunión de las Naciones Unidas en Copenhague se publicó un Informe de la Sociedad Civil sobre el Cambio Climático.  En el mencionado estudio, presentado en diciembre de 2009, publicado por 58 centros de investigación de política pública de  40 países de América Latina y del mundo, se reta al alarmismo creado sobre el cambio climático y se argumenta que los gobiernos deben centrarse en remover las barreras para permitir la adaptación.  A continuación algunas de las conclusiones de dicho estudio que deberían servirnos para reflexionar técnicamente sobre este tema tan controversial.

Mientras el calentamiento global es probablemente real y puede causar problemas, el debate ha sido deformado por los alarmistas, que alegan que, de no mediar acciones urgentes y drásticas, un cambio climático catastrófico causaría muchas víctimas humanas. Dicen que la temperatura global promedio no debería elevarse en más de dos grados centígrados sobre la temperatura existente a mediados del siglo XIX. Si así ocurriera, puede producirse un círculo vicioso de calentamiento, derivando en sequías devastadoras, enfermedades, pestilencias, hambrunas, inundaciones y otros desastres.  Hoy día es de cuestionarse si hay tal calentamiento, especialmente ante las nevadas que muestran la existencia de ciclos más que una única tendencia.
 
Estos alegatos alarmistas han promovido el calentamiento global de tal manera que ha terminado siendo el principal terror ambiental de los últimos veinte años.  Algunos  científicos se han convertido en fáciles conspiradores, escribiendo artículos y apareciendo en los medios. Otros analistas, sin embargo, rebaten a sus colegas con sólidas evidencias.  

Ahora que nos encontramos cerca de la negociación de un nuevo tratado internacional para proteger el medio ambiente, existe una enorme incertidumbre sobre qué pasará  cuando el plazo del Tratado de Kioto expire, en el 2012. En medio de una recesión mundial y con otros tantos temas que cobran un mayor relieve ante el debate del cambio climático, los ambientalistas han modificado sus proclamas de reducción de emisiones, como un paso hacia una economía verde.  Frente a esta situación, no está claro que se necesite un nuevo acuerdo para proteger el medio ambiente.

Algunas de las conclusiones del estudio que deberían ser tratadas por los científicos y analistas en los próximos meses incluyen las siguientes: Reducir las emisiones de gases de invernadero en las próximas dos décadas no es una manera eficiente de enfrentarse al cambio climático; no hay evidencia de que el cambio climático cause un aumento de las enfermedades; la producción alimenticia ha crecido más rápidamente que la población en los últimos 50 años y los avances tecnológicos permitirán que este modelo siga más allá del 2100, incluso si las temperaturas promedio del planeta suben 3 grados centígrados; la escasez de agua es un problema en muchos países, pero, con un mejor manejo de la misma y tecnologías modernas, el agua puede llegar a mucha más gente; millones de personas mueren actualmente en países pobres por falta de desarrollo y tecnología; al retrasar el crecimiento y el desarrollo económico, las restricciones globales de los gases de invernadero perjudicarían en los países subdesarrollados la capacidad de las personas para enfrentarse a los problemas de hoy, y también a los del futuro. 

La recomendación final es que en lugar de restringir las emisiones y políticas fallidas de ayuda los gobiernos deberían centrarse en reducir las barreras al desarrollo económico y de adaptación, como las barreras comerciales y promover la descentralización de la administración del agua, a la par del fortalecimiento de los derechos de propiedad de las tierras.

Por José Raúl González Merlo

Los números son los números. Los ingresos fiscales cayeron un 4.6 por ciento en el 2009 y eso provocó un mayor desequilibrio de las finanzas públicas. Como el Gobierno no redujo sus gastos, la cosa se puso peor. Ahora, la factura tiene que ser pagada, como siempre y de nuevo, por el tributario guatemalteco. Sin embargo, esa simple estadística no cuenta toda la historia.

No todos los impuestos recaudaron menos respecto del 2008. El mal llamado Impuesto de Solidaridad (ISO) recaudó casi 7 por ciento más. El impuesto sobre la renta de personas y productos financieros creció 13 por ciento. El Impuesto sobre Circulación de Vehículos, Tabaco y Petróleo recaudó 17 por ciento más. Inclusive, el IVA doméstico creció un 4 por ciento. La suma de todo lo anterior representa más de mil cien millones de quetzales incrementales para el Gobierno. No se puede decir que los ciudadanos, a pesar de la crisis, pagaron menos impuestos que el año anterior.

Lo que sí pasó es que los tributarios tuvieron que bajar sus niveles de consumo. Es lo que hace cualquier persona responsable frente a una recesión. Eso se tradujo principalmente en una caída de los bienes importados, que a su vez bajó la recaudación del IVA e impuestos de importación en un 12 por ciento. El efecto neto fue una caída en el total de impuestos recaudados. Sin embargo, la recaudación “tocó fondo” en el mes de mayo. A partir de junio del año pasado, cada mes fue mostrando una leve recuperación hasta el mes de diciembre, que se recaudó 10 por ciento que el mismo mes del año anterior.

Eso quiere decir que los ciudadanos, poco a poco, están recuperando la confianza y su esfuerzo laboral se ha traducido en más crecimiento y más impuestos. Hay que seguir así. El índice mensual de actividad económica confirma que nos estamos recuperando. No obstante lo anterior, el único que puede abortar esta recuperación es el Gobierno. Ellos no deben continuar creyendo que el gasto deseado determine el nivel de recaudación. Es al revés. La carreta no jala al buey. Conforme la recaudación se recupere, el Gobierno podrá darse el lujo de gastar más. Si insisten, neciamente, en aumentar las tasas de impuesto y endeudamiento, pondrán en riesgo la prosperidad de todos los guatemaltecos.

La recuperación económica es mucho más efectiva para aliviar la pobreza que cualquier programa de gobierno. Además, ofrece la posibilidad de romper ese círculo vicioso de dependencia de la caridad pública que tanto se insiste en acentuar. Es la estabilidad y la dignidad de un empleo, no la dependencia de programas públicos, lo que nos hará una nación rica. Guatemala tuvo un mejor desempeño que otras naciones por el trabajo y creatividad de sus ciudadanos, a pesar de los desatinos gubernamentales. “Mucho ayuda el que poco estorba”, dice el refrán. La recuperación va en marcha. El Gobierno no debe acabar con ella.

Por Hugo Maul

¿Qué tipo de telescopio tiene el referido observatorio?

Las posibilidades reales de éxito del Observatorio Ciudadano del Gasto Público parecen ser muy bajas. Razones pueden haber muchas, una muy importante es la potencia y calidad de los instrumentos que utilizan para sus observaciones.

Como bien dice un querido lector de la versión electrónica de elPeriódico, “un observatorio… sólo sirve para informarse cuando algo aparece en el universo”. Si algo no aparece, no se puede ver. Ya sea porque tal cosa no existe o porque el instrumento de observación no puede detectarlo. Un telescopio de aficionados en la azotea de una casa no puede captar lo mismo que el Hubble en el espacio exterior. ¿Qué tipo de telescopio tiene el referido observatorio?

Para formarse una idea del tipo de “telescopio” que debería tener, basta con recordar algunos de los principios del Pacto Fiscal. En lo referente a la calidad y productividad del gasto público y su transparencia, el pacto establecía que la necesidad de construir un Sistema de Indicadores de Gestión del Gasto Público que permitiera “evaluar la eficiencia y eficacia del gasto, incluyendo sus características de progresividad… (y) abarcando el examen del impacto económico y social, además de la factibilidad financiera, técnica y administrativa”. En ausencia de un “telescopio” de este calibre, es poco factible que los observadores puedan darse cuenta de lo que realmente sucede. Afirmación que el mismo ministro de Finanzas hubiera avalado hace unos años atrás. En un documento citado antes ya en esta columna, el ministro afirmaba que a pesar del “aumento del activismo político con relación al tema del gasto público y su transparencia…este… no siempre ha estado acompañado de avances institucionales para favorecer una mayor rendición de cuentas con relación al gasto público”. Situación que parece haber cambiado muy poco en los últimos años. El caso de los datos de Mifapro es uno más que lo demuestra. 

Dicho de otra manera, el desafío principal de quienes integran el referido observatorio es ver más allá de lo obvio, más allá de lo que el Gobierno quiera dejarlos ver, más allá de lo que sus simples herramientas de observación puedan mostrarles. Como bien dice el referido lector, “en nuestro caso lo que necesitamos son evidencias de buen o mal gobierno”. Así de sencillo y así de complicado. El telescopio y la voluntad política de permitir una “nueva mirada” no se observan por ningún lado.

Por Verónica Spross

Repensar la educación pensando en las necesidades reales de miles de jóvenes es una necesidad. 
 

Aún se encuentra pendiente la reforma de las carreras del ciclo diversificado de la  secundaria. Actualmente se ofrecen más de 200 carreras, muchas de las cuales indican alguna especialidad, pero en numerosos casos no se logra el objetivo de preparar a los jóvenes para la vida  ni para su desempeño laboral. 

Además de aumentar la cobertura en la secundaria, la reforma debe pasar por el mejoramiento de la calidad de la educación, lo cual requiere especialmente que los jóvenes adquieran las competencias y las destrezas básicas para la vida y para el trabajo. Las alianzas entre el sector educativo y el sector productivo permitirán vincular las necesidades de recurso humano en el sector productivo con las carreras de diversificado. La incorporación de una educación técnica vinculada a los requerimientos de la demanda es urgente para que al graduarse de secundaria los jóvenes puedan incorporarse exitosamente al mundo productivo. 

Asimismo es fundamental implementar programas de emprendimiento a todo nivel de la secundaria, que les permitan a los jóvenes adquirir las herramientas y destrezas personales para emprender proyectos productivos o comunitarios. Todo joven puede emprender un negocio; sin embargo no se ha generalizado aún la enseñanza de cómo se puede organizar una empresa, ni cómo se hace el cálculo económico básico, elemento fundamental para determinar si se puede abrir o no un negocio. 

En Quito, Ecuador, durante la Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación se recomendó: Dar participación a los jóvenes en las decisiones relativas a su propio desarrollo educativo y a las políticas públicas correspondientes; fortalecer los currículos para que sean pertinentes al mundo contemporáneo;  desarrollar sistemas de acreditación y certificación de competencias claves y laborales; introducción y fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación; y, también de la formación técnico-profesional y vocacional, entre otras acciones. 

El aprendizaje del inglés,  conocer los más modernos sistemas tecnológicos, habilidades para solucionar problemas, capacidad para trabajar en equipo, así como desarrollo del pensamiento crítico son algunas de las competencias y destrezas que los jóvenes de hoy necesitan. Nuestro sistema educativo no está preparándoles adecuadamente para ello. 

Por ello, es importantísimo realizar un desarrollo profesional docente que responda a las necesidades del siglo XIX. Los profesores del nivel secundario deben estar preparados para ser esos facilitadores del aprendizaje que los jóvenes de hoy requieren. No tienen que darles el conocimiento con un gotero, como sucedía en el siglo XIX. Ahora, deben contribuir a que el alumno aprenda por sí mismo a través de metodologías activas, participativas y basadas en la investigación. Repensar la educación pensando en las necesidades reales de miles de jóvenes es una necesidad, especialmente si se desea que concluyan su educación secundaria preparados para la vida y para tener éxito en el mundo laboral.

Por José Raúl González Merlo

El Fondo Monetario In-ternacional (FMI), en su análisis de la economía mundial de enero, celebra que las economías globales crecerán de nuevo en el 2010. Este repunte, dice el FMI, es “gracias a que un apoyo extraordinario mediante políticas [públicas] impidió que se produjera otra Gran Depresión.” ¿Quiere decir que nos salió barata la crisis financiera? ¿Qué los gobiernos nos rescataron cual salvavidas? Nada que ver. Hoy, al igual que hace 10 años, son los gobiernos quienes están sembrando la semilla de la próxima crisis.

Dice el FMI que “la recuperación mundial se vio impulsada por medidas de estímulo de extraordinaria magnitud”. Es decir, los gobiernos incurrieron en masivos déficits fiscales y los bancos centrales imprimieron dinero como nunca antes. Por ejemplo, EUA tiene déficit fiscal superior al 10 por ciento del PIB y multiplicó la base monetaria en dos y media veces, además de bajar su tasa de interés de referencia a prácticamente cero por ciento. Ahora que el precio del crédito está barato, esperamos las consecuencias de toda esa deuda pública y de todo ese dinero impreso sin respaldo alguno…

La celebración del éxito de la política pública es prematura. Estamos viendo el inicio de un nuevo ciclo de expansión para vivir un nuevo ciclo de recesión. Es similar al que vivimos cuando explotó la burbuja tecnológica en el 2000, que dio inicio a la burbuja inmobiliaria que explotó en el 2008. Y la combinación es también la misma: un desorden en las finanzas públicas y “crédito barato” inducido por el banco central. La historia no es nueva. De hecho, dos economistas del FMI han documentado 124 crisis financieras y bancarias en los últimos 27 años en diferentes países, y todas tienen esos mismos comunes denominadores.

Hasta el mismo FMI advierte que “los países enfrentan crecientes inquietudes acerca de la sostenibilidad fiscal”, y que “es necesario elaborar estrategias creíbles para retirar las políticas monetarias de apoyo y dar a conocer dichas estrategias para anclar las expectativas y aplacar los temores potenciales de inflación o de nueva inestabilidad financiera”. Van tarde. Solamente hay que ver a España, Portugal y Grecia, en donde están próximas a ocurrir las nuevas crisis económicas. Ya se especula la necesidad de un “rescate financiero” para esos gobiernos.

La historia se repite. Y no tiene nada que ver con la “inestabilidad de los mercados”, la “avaricia” o los “espíritus animales” de los inversionistas. Los agentes económicos no pueden imprimir dinero, ni manipular la tasa de interés, ni endeudar unilateralmente a los ciudadanos. Eso solamente lo pueden hacer los bancos centrales y los ministerios de Finanzas. Es allí, en el Gobierno, y no en otro lugar, en donde está el origen de las crisis financieras.

Por Hugo Maul

¿Por qué tendría que ser diferente en este caso?

Según la propaganda oficial, el Observatorio Ciudadano del Gasto Público, será un espacio participativo de análisis y cooperación intersectorial para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia del gasto público. Si así de simple se solucionan los problemas del país, habría que crear observatorios ciudadanos por miles. De hecho, muchos observatorios han sido creados ya, y a pesar de su positiva labor y los valiosos aportes, muchos problemas se resisten a cambiar. Lo cual es comprensible, nadie espera que mediante la simple observación, denuncia y análisis cambie de un día para otro  tan complicadas situaciones. ¿Por qué tendría que ser diferente el caso del Observatorio Ciudadano del Gasto Público? ¿Simplemente porque las autoridades así lo dicen?

Aunque las autoridades digan que “las recomendaciones del Observatorio serán reconocidas por el Gobierno como insumos para la formulación o rectificación de las políticas públicas, programas o acciones que mejoren la calidad del gasto”, cabe preguntarse qué se entiende por “reconocimiento”. ¿Significa que “acatarán como legítima la autoridad o superioridad” del observatorio? ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Acaso tiene el observatorio un lugar dentro de la estructura legal que rige las funciones de los órganos de control? ¿Darán autoridad al observatorio para pedir cuentas a quienes no acaten sus recomendaciones? Nada de esto es nuevo. Instancias con mayor “representatividad y legitimidad” no lograron mayor cosa en este tema en el pasado reciente. El Pacto Fiscal es una de ellas, los compromisos específicos en esta materia fueron los que menos avanzaron mientras estuvo vigente. Eso a pesar que detrás del cumplimiento de los mismos estaba la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, Minugua y cientos de organizaciones que acompañaron el proceso. Observaciones y recomendaciones no faltaron, pero sí mecanismos para darle seguimiento; que las decisiones de las instancias del Pacto Fiscal fueran vinculantes. 

De esa cuenta, lo más probable es que “reconocer” signifique, en el mejor de los casos, que los funcionarios respectivos solamente “examinaran con cuidado las recomendaciones”. Nada más. Examinar no significa adoptar, mucho menos obedecer. No se diga rendir cuentas o reconocer la autoridad de alguien más. Esperemos que quienes integran el Observatorio aprovechen el lugar y el momento para hacer lo correcto y que sobre todo no olviden que velan por los intereses del pueblo de Guatemala y no de un determinado gobierno, partido político o figura con intereses presidenciales.

Por Verónica Spross

Continuando con los hallazgos de la Auditoría Social de los Programas y Servicios del Ministerio de Educación 2009, realizada por la Gran Campaña Nacional por la Educación, y que consistió en la visita a mil escuelas para verificar si llega la alimentación escolar, si llegan los libros a los alumnos, si se recibe capacitación docente y si hay supervisión escolar, entre otros elementos evaluados.

Se pudo establecer que hay indicios de que  un 30% de docentes  aún no está capacitado en el Currículo Nacional Base (CNB) ni en las áreas de Matemática e Idioma Español, que son las dos áreas en las que las evaluaciones a nivel nacional han evidenciado grandes deficiencias en docentes y alumnos. En la observación realizada sobre la actitud de los niños-as y de los docentes en la clase, se pudo constatar que en la mayoría de establecimientos las clases se imparten conforme una planificación (85%) con actitud positiva por parte de los docentes (90%) y receptiva por parte de los alumnos (71%), lo cual es uno de los factores que incide en la calidad educativa.

A través de las entrevistas con directores y docentes de las escuelas se pudo evidenciar que era grave el problema salarial de docentes: dos de cada tres escuelas tenían problemas de pago,  constatándose que en el 44% de las escuelas el retraso era de más de cinco meses, lo cual corrobora la información vertida por diversos medios de comunicación y la incidencia en la precaria economía de la mayoría de docentes.  Por otra parte, se constató que el personal del MINEDUC que más visita y supervisa las escuelas durante el año, es el relacionado con asuntos administrativos (14 visitas), mientras que el que cumple funciones pedagógicas visita muy poco (una vez) o ninguna los centros educativos.

Entre las recomendaciones están: Es necesario efectuar la planeación correspondiente para formular estrategias de corto, mediano y largo plazo y, con el fin de garantizar  el financiamiento para cada una de las etapas y los servicios que deben ser cubiertos en las escuelas.  Además de  garantizar el aumento de la matrícula, deben evaluarse los programas con indicadores de calidad y eficiencia interna (disminución de la deserción, permanencia, aprendizaje y promoción).  También, debe verificarse la asignación de recursos y la transferencia de recursos financieros para los programas de apoyo y el pago puntual de la remuneración de los docentes.  

Asimismo es necesario reestructurar el sistema de supervisión  de manera que cumpla con funciones pedagógicas; fortalecer la descentralización organizativa de los padres de familia y  revisar la estructura anterior en la que tenían a su cargo la gestión de los recursos, para lograr la eficiencia demostrada en auditorias anteriores  en los programas de útiles y alimentos.  Se reitera la importancia de identificar experiencias novedosas en otros países para la dotación de textos escolares, a efecto de formular y ejecutar estrategias que resuelvan en definitiva este desafío.  Finalmente se recomienda fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural y organizar la capacitación y actualización de docentes en servicio, en las áreas de Matemática, Idioma Español y otras, mediante alianzas estratégicas con universidades y centros de formación especializados.  

Lo importante de estos hallazgos es que se aprenda de lo que funciona y se cambie lo que no tiene resultados positivos.  Está comprobado que la participación comunitaria contribuye sustancialmente a que los servicios estén en las escuelas, por lo que debe fortalecerse el modelo de juntas escolares participando en la gestión y apoyo a la educación.  El modelo administrativo y de gestión debe ser eficiente para cumplir con los objetivos, ya que la tarea es muy grande.  Es necesario profundizar la descentralización, que aún es incipiente.

Por José Raúl González Merlo

El Dr. Castresana dijo que deberíamos celebrar la captura del ex presidente Alfonso Portillo como un triunfo en contra de la impunidad. Puede ser… Yo lo veo desde otra perspectiva. No hay nada que celebrar y mucho de qué preocuparse. El hecho de que los guatemaltecos hayamos electo como nuestro presidente a una figura como Portillo es motivo suficiente de vergüenza y meditación nacional.

¿De qué otra manera podía haber terminado la “carrera política” de Alfonso Portillo? ¿Qué se podía esperar de un político que se enorgullecía de haber asesinado, no a una, sino a dos personas? Que se vanagloriaba de haber logrado evadir la justicia mexicana hasta que el crimen prescribió. “Fui impune, por eso puedo combatir la impunidad”, dijo. Que no sentía vergüenza para mentir descaradamente. Que se rodeó y continuó rodeando de personajes de la más dudosa reputación. ¿Qué clase de partido político nombra a un personaje como este como su candidato? Y ¿qué se puede esperar de una nación que lo elige como su presidente constitucional y aún hoy le manifiesta su solidaridad? Que conste que no fue una elección apretada ni mucho menos. Portillo sacó 60 por ciento más votos que Berger en la primera vuelta electoral y obtuvo más de un millón cien mil votos en la segunda. ¡El 70 por ciento de los electores votó por él!

Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, dice el refrán. Alfonso Portillo no llegó a la Presidencia por accidente. Llegó porque los guatemaltecos lo llevamos allí en elecciones libres y transparentes. Y si cometió los delitos de los que se le acusa fue porque él sabía perfectamente que los guatemaltecos no teníamos ni el carácter ni el valor para impedir que este u otro gobernante abuse del poder que nosotros mismos le entregamos. Peor aún, tan seguro se sentía de nuestra pobreza moral que ya había anunciado, orgullosamente, sus nuevas intenciones políticas. Quién sabe si él hubiera logrado elegirse como diputado al Congreso y desde allí alcanzar la Presidencia de ese organismo. No era un escenario descabellado considerando los “personajes” que han desfilado por esos importantes cargos.

Solamente la amenaza de la Cicig y del gobierno federal estadounidense lograron interrumpir el “segundo aire” político de Portillo. No Dr. Castresana. No hay nada que celebrar. Hay mucho que meditar respecto a un pueblo que permite un medio ambiente institucional en donde ese tipo de personas llegan al poder. ¿Por qué nos sorprendemos, después, que actúen de la forma como se les acusa? Lo verdaderamente sorprendente hubiera sido un manejo correcto de la cosa pública. Así que meditemos respecto a lo que está pasando en Guatemala, pero hagamos algo por cambiar las cosas. La iniciativa de ProReforma sería un buen comienzo.

Por Hugo Maul

No pueden faltar dentro del funcionamiento del sistema democrático.

Sebastián Piñera, presidente electo de Chile, tiene grandes desafíos por delante. El más grande, mostrar que los empresarios pueden liderar el cambio en beneficio de las grandes mayorías. Para bien o para mal, errada o acertadamente, en América Latina se asocia a los empresarios con la “alianza profana”. Esto es, la unión de empresarios, políticos y funcionarios públicos en busca de favores, privilegios y rentas que no podrían obtener en un sistema competitivo y abierto. A esta percepción se suma mitología del empresario explotador y de las “jugosas ganancias” inmerecidas. Siendo este el estado de las cosas, es fácilmente entendible por qué las reformas impulsadas por empresarios sean mal vistas por grandes sectores de la población, las autoridades y/o los funcionarios públicos.

Por otro lado, generalmente se cree que la responsabilidad ciudadana de los empresarios no va más allá de cumplir con el pago de los impuestos y lo dispuesto en las regulaciones existentes pertinentes. El reto que debe afrontar y superar la comunidad empresarial lo resume bien Toqueville cuando dice que “no estando ya los hombres vinculados unos a otros por ningún lazo (…) ni de familia, se sienten demasiado inclinados a preocuparse sólo de sus intereses particulares exageradamente arrastrados a pensar sólo en sí mismos y a recogerse en un individualismo estrecho en el que se ahoga toda virtud pública”. Un concepto que va más allá de la Responsabilidad Social Empresarial y que, en esencia, es vital para el funcionamiento de la democracia. 

En un país tan polarizado como Guatemala, donde el tejido social ha sido destruido y donde los niveles de desconfianza son tan grandes, la construcción de confianza, valores, actitudes, acciones y nuevos discursos sobre la empresarialidad guatemalteca puede tener efectos muy importantes sobre la forma en que opera nuestra democracia. En la medida que el empresario reconozca su responsabilidad como ciudadano, entendido como pertenencia a una comunidad, responsabilidad por ella y obligación ante ella, es mucho más factible que el sistema de pesos y contrapesos de un sistema democrático opere de mejor manera. Sobre todo en una sociedad como la guatemalteca en donde los empresarios son parte de una elite económica e intelectual que no puede faltar dentro del funcionamiento del sistema democrático.