Por Verónica Spross

Mis buenos deseos para que mantengamos la esperanza de que en 2010 trabajemos juntos por Guatemala.

Al fin del año es muy sano hacer un alto para evaluar la forma como se han llevado a cabo las actividades de gobierno.  El balance en las políticas públicas ejecutadas en 2009 permite resaltar lo positivo y lo negativo que se observa en los diversos programas y proyectos,  los cuales  buscan cumplir con las metas y objetivos planteados en los planes.

En materia económica es de mencionar del lado positivo la forma cómo se enfrentó la crisis mundial desde el ámbito monetario, así como desde el sector privado. Pese a las dificultades y del escaso crecimiento económico, se lograron mejores resultados que en otros países, por ejemplo, en las exportaciones. El aspecto negativo lo constituye el problema fiscal, ya que el Congreso aprobó un presupuesto abultado con un elevado déficit fiscal, que implicará un ajuste posterior por el lado del gasto, a la par del mejoramiento en la calidad del  mismo, vinculándolo a indicadores y resultados.

En el ámbito de la justicia hay pendientes, pero es de resaltar como positiva la captura de los asesinos del Lic. Rosenberg y el fortalecimiento de la institucionalidad  derivada del procedimiento seguido en la elección de la Corte Suprema de Justicia. La contraparte negativa la constituyen los linchamientos ocurridos, debido a desesperación de la población ante la ineficacia del sistema de seguridad y justicia.

En la política social han destacado los programas de Cohesión Social por los montos de gasto que absorben en los presupuestos de los distintos ministerios y dependencias, pero su impacto aún no ha sido evaluado. Está pendiente una mayor transparencia para verificar el alcance de la focalización en la población en extrema pobreza, pues esos fondos tienen un importante costo de oportunidad. En educación, se abrieron nuevos establecimientos educativos, lo que acompañado de las políticas de apoyo a la demanda, como la gratuidad y las transferencias a las familias, han logrado mayor inscripción de alumnos. Lo negativo se manifiesta en la reducción de la participación comunitaria en las escuelas, así como en la falta de una reforma al sistema de formación inicial docente.  También hubo retrasos en la entrega a las escuelas de los recursos para los servicios de apoyo, así como carencias de textos y materiales didácticos.

En el sector salud es de mencionar como positiva la ampliación de los horarios en las consultas externas de algunos hospitales y centros de salud. En el otro están el servicio deficiente y la falta de medicinas, que ha sido una constante difícil de cambiar en todos los gobiernos. Se requiere una reforma de fondo.

Se encuentra pendiente avanzar en la descentralización de los servicios, a fin de ir trasladando las decisiones a los niveles locales. Algunas municipalidades han modernizado sus sistemas administrativos, preparándose para adoptar un rol más protagónico en el desarrollo. El proceso de descentralización merece atención en 2010, a fin de que efectivamente se traslade la toma de decisiones y la administración del recurso humano, físico y financiero, a instancias locales, pudiendo ser organizaciones comunitarias o a nivel municipal, dependiendo del caso.

Las autoridades deberán fortalecer su liderazgo promoviendo la unidad nacional en lugar de la confrontación, teniendo claro que la participación de todos los sectores es fundamental para lograr los objetivos de una mejor economía con desarrollo social.  Mis buenos deseos para que mantengamos la esperanza de que en 2010 trabajemos juntos por Guatemala, apartando los intereses personales o políticos.

Por José Raúl González Merlo

El año se acaba y hay que tomar decisiones que afectarán todo el próximo año. Esta es una lista de algunas de las más importantes, y por qué el presidente no debe equivocarse.

El salario mínimo. Nuevamente, el presidente tiene en sus manos definir el valor del salario mínimo para el 2010. Debe resistir la presión politiquera de aumentarlo. Yo sé que es difícil, pero el enemigo número uno del empleo es un salario mínimo fijado por encima de la productividad del trabajador. Eso explica por qué la mayoría de los desempleados y subempleados son los más pobres, menos capacitados y más jóvenes. Condenar a los trabajadores marginales a no encontrar empleo es la consecuencia no intencionada de una supuesta bien intencionada política de salario mínimo.

La presidencia del Banco de Guatemala. El mandatario Colom debe resistir la tentación de reemplazar a la actual presidenta del Banco Central con el actual superintendente de Bancos. Un político y asesor económico ligado al partido oficial, como el licenciado Barquín, será visto con desconfianza por los agentes económicos nacionales y extranjeros. La medida, obviamente, terminará de pintar una supuesta institución técnica con el verde oficial; politizándola —aún más— innecesariamente. La licenciada De Bonilla, actual presidenta, debe ser confirmada.

El aumento de impuestos. Si la economía va mostrando signos de recuperación y se estima un crecimiento económico del 2 por ciento para el año entrante, la recaudación fiscal también se recuperará. Estas son buenas noticias para todos. Por ello es crítico que el gobierno deje de meterle ruido al sistema con sus abusivas intenciones de duplicar los impuestos. Abortar esta incipiente recuperación mediante un aumento de impuestos no solo es miope, sino irresponsable. La mejor forma de recaudar más es mediante el crecimiento económico.

El Ministerio Público (MP). El año entrante hay que elegir un nuevo jefe del MP. No está de más resaltar la importancia que tiene esta institución en el combate a la criminalidad. El presidente debe resistir la tentación de presionar para que llegue alguien afín al partido oficial. Más bien debe colaborar para que se elija al más competente que sea posible para beneficio de la población honrada.

Finalmente, la seguridad ciudadana. Si el presidente sigue en su onda de redistribuir, y no le pone todo el énfasis al tema de seguridad, dejará uno de los peores legados de nuestra historia moderna. Tanto que se quejó del gobierno anterior y va en el mismo camino...
¿Qué tanto caso hará a estos consejos?

Honestamente, creo que hará exactamente lo contrario. Lo cual no quiere decir que, como ciudadanos, ignoremos los errores oficiales y no responsabilicemos a los funcionarios de los mismos.

Por Hugo Maul

La calidad del gasto no creció al mismo ritmo.

"¿Cuántas veces ha aumentado el presupuesto nacional en los últimos 15 años?". Una pregunta sencilla y directa. La pregunta que haría cualquier contribuyente preocupado por el destino de sus impuestos, tal y como lo hizo la periodista Dina Fernández en su columna hace dos semanas (http://www.elperiodico.com.gt/es/20091214/opinion/128582/). La respuesta es contundente: ¡Más de 6 veces!, concluye Dina. “Así como lo oye: el dinero del Gobierno se ha multiplicado por 6 desde la firma de los Acuerdos de Paz. En 1995, era de Q8 millardos. En 2009 fue de casi Q50 millardos”. Esos son los números. Punto. Cuánta información digan estos números depende del cristal con que se mire. Habrá quienes argumenten que estas cifras no contemplan el poder adquisitivo de nuestra moneda. Algo que Dina aclara unos cuantos días después cuando dice que “en términos reales no se ha multiplicado seis veces sino casi dos”.

Concedido, el gasto público no se ha sextuplicado sino duplicado. A pesar de esta “corrección”, el cuestionamiento de Dina no pierde ninguna validez. La fracción de recursos que el Gobierno “extrae” de la economía es cada vez mayor. ¿Dos o seis? Realmente no importaría tanto si la calidad, transparencia, evaluación, honestidad en el manejo y resultados medibles del gasto público crecieran al mismo ritmo. Lo cual, para mí, es el mensaje más importante de los números de Dina. Dado que todo apunta a que el tamaño del Gobierno siga creciendo en el futuro cercano, es de vital importancia reconocer que los rezagos sociales no se resuelven simplemente transfiriendo más recursos al Gobierno o etiquetando dichos incrementos con nobles fines.

A pesar de que cada día crece más la fracción de recursos que maneja el Gobierno, la forma en que estos se ejecutan y el tipo de resultados que de ellos se obtienen no crece al mismo ritmo. Situación que debe reconocerse plenamente antes de seguir comprometidos con una carrera sin fin. Sin fin porque nunca termina; sin fin porque no nos lleva a ningún lado. La lección es clara: el gasto público creció significativamente a raíz de los Acuerdos de Paz, no así los resultados provenientes de ese aumento. Prometer algo distinto es políticamente muy difícil; los resultados que tenemos hoy no son casualidad, los incentivos están dados para que esto ocurra. Creer que los políticos actuales van a cambiar la estructura de incentivos detrás del gasto público es pura ingenuidad. Ni en el Día de los Inocentes.

Por José Raúl González Merlo

Dice el presidente Colom que “solidaridad es dar lo que otro necesita, no lo que nos sobra…”. Como quien dice que nos debemos preparar para que los incrementos de impuestos, en el 2010, nos dejen sin que nos “sobre” nada. Frente a eso, yo agregaría, nada más, que no se puede practicar la “solidaridad” con el dinero ajeno. ¿Qué herencia podemos esperar del “primer gobierno de la solidaridad”?

Primero: el asistencialismo. Dice el presidente que ahora que el pueblo ha probado los frutos de sus llamados programas sociales ya no será posible que otro gobierno “se los quite”. La dependencia creada, efectivamente puede causar ese efecto. Dado que no se ha hecho énfasis en el crecimiento y desarrollo económico, como la verdadera salida a la situación de pobreza de nuestro país, la dependencia de la “solidaridad” gubernamental será aún mayor. El crecimiento económico ha quedado en un segundo plano, de cara a los objetivos político-sociales del Gobierno.

Segundo: el clientelismo. Las contramanifestaciones organizadas por el Gobierno, a raíz del asesinato del licenciado Rosenberg, fueron la muestra más clara de que los programas oficiales no vienen libres de ataduras. El Gobierno está, deliberadamente, creando un cliente con cada persona que recibe las “bolsas solidarias” o los Q300 mensuales. La solidaridad debe pagarse de vuelta manifestando a favor del “aumento de impuestos a los ricos” y, por supuesto, cuando llegue el momento de reelegir al segundo gobierno de la solidaridad. “Tú decides si quieres que estos beneficios sigan…”, dice la propaganda. Hoy es invadir el Congreso y paralizar el país; mañana será tu voto a favor del partido oficial. Ya vamos por más de 400 mil clientes.

Tercero: la deuda. No es culpa del presidente Colom sufrir la peor crisis financiera internacional. Tampoco es culpa de los ciudadanos. Sin embargo, la obsesión de redistribuir hasta lo que no hemos producido todavía, nos dejará como resultado un imprudente incremento en nuestro endeudamiento externo e interno. Vivir de fiado es peligroso porque crea la ilusión de grandes “avances sociales” en el presente, a costa de una peor situación a futuro. Deberían ser “tiempos de responsabilidad”. A cambio de eso, vivimos tiempos de una mal llamada y peor concebida “solidaridad”.

La ideología de este gobierno es propensa a aquella frase marxista que reza “cada quien debe recibir según sus necesidades, y cada quien debe aportar según sus posibilidades”. Está claro que lo de este gobierno es la redistribución de la riqueza mientras que su creación es la “obligación” de otros. Esa perezosa “mentalidad redistributiva”, como la principal función del Gobierno, quizás sea la peor de todas las herencias de los primeros dos años de Álvaro Colom.

Por Hugo Maul

Más importante sería la honestidad en el uso de los fondos.

Según los voceros oficiales, los destinos específicos que establece el paquete de impuestos son una especie de “blindaje” para el uso de los recursos. Carlos Barreda, uno de los principales asesores del presidente Colom, ha insistido en que “la propuesta no es un cheque en blanco” ya que la misma contempla “destinar Q1 millardo en 2010 a los gobiernos municipales, que deberán utilizar los recursos para educación, agua y saneamiento y desarrollo rural”, así como otros tantos millones a remuneraciones laborales específicas y otros programas (http://dca.gob.gt:85/diariopdf/20091127_DCA.pdf). Aunque esto suene muy novedoso y prometedor, en la práctica las cosas pueden resultar muy distintas.

La historia reciente muestra que este tipo de “blindajes” no necesariamente funcionan. Por ejemplo, el aumento de la tasa del IVA al 12 por ciento se justificó, en parte, atando los fondos derivados de la reforma a los destinos específicos derivados de los compromisos de los Acuerdos de Paz. El llamado IVA-Paz obliga al fisco a destinar una fracción importante de esta recaudación a financiar proyectos y programas de educación, salud, seguridad alimentaria e infraestructura. Los cuales son ejecutados por las municipalidades, los Consejos de Desarrollo y los fondos sociales.

Aunque los fondos han sido asignados hacia estos destinos, la eficiencia, efectividad y honestidad de este gasto siguen siendo una tarea pendiente.

Los destinos específicos no tienen nada de nuevo; la asignación constitucional a las municipalidades establece que al menos un 90 por ciento de esos recursos debe destinarse a programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Los fondos han sido otorgados a las municipalidades. Nadie pone en duda la importancia de financiar programas como estos. Por mucho, es mejor que los recursos tengan un destino específico a que no lo tengan. El problema es que en la mayoría de casos, salvo honrosas excepciones, los resultados no se ven por ningún lado. Más importante que el destino sería un orden claro de las prioridades de gasto, la honestidad en el uso de los fondos y los mecanismos que garanticen los mejores resultados del uso de los fondos públicos. De esto último es poco lo que se discute; como siempre, lo urgente no permite que se haga lo importante.

Por José Raúl González Merlo

"Ciudadano, ¡que no te mientan!... esta vez sí usaremos bien tus impuestos…". Así comienza uno de los muchos anuncios publicitarios del Gobierno, a favor del aumento de impuestos. ¿Qué tanta credibilidad podrá tener el gobierno de Álvaro Colom entre la población, considerando la experiencia de tantas promesas incumplidas? No importa, porque el Gobierno prepara sus "fuerzas de choque" en el final de la carrera por incrementar impuestos.

Con un presupuesto de más de Q130 millones en propaganda oficial, el Gobierno ha "exhortado" a la población a que "visite" la residencia de cada diputado, para que estos voten a favor del aumento de impuestos. La dirigencia magisterial, en la persona de Joviel Acevedo, ha recogido esa arma y amenaza con usarla. Otros grupos de interés están "solo ganas" de poder contribuir para obtener este "loteriazo fiscal en plena crisis". Y el presidente amenaza con que, si no se aumentan los impuestos, tendrá que despedir maestros, médicos y policías…

El Ministerio de Finanzas dice que recaudará Q4 mil millones adicionales con la subida de tasas y nuevos impuestos; aproximadamente un 10 por ciento del presupuesto. Y prácticamente nos quiere "dorar la píldora" diciendo que esos fondos ya tienen un destino específico —municipalidades, educación, desarrollo rural, salud y… ah, sí, ¡seguridad¡—. Como quien dice que eso es garantía de que nadie se va a poder robar ese dinero… Pero ¿y el otro 90 por ciento? El otro 90 por ciento del presupuesto ahí está, pero nadie habla de él. Es con lo que se debería estar pagando a los maestros, médicos y policías que dice el Gobierno que va a despedir si no aumenta los impuestos… Pero eso no cuenta. ¿Se cree usted ese cuento?

Este mes de diciembre se pinta como aquel jueves negro en el que las turbas oficiales coaccionaron y amenazaron a la población, con el objetivo de que se inscribiera como candidato presidencial al general Efraín Ríos Montt. Ahora, las turbas oficiales se organizan para coaccionar a los diputados. Joviel, alcaldes y las masas oficiales deben "devengar" hoy lo que mañana será su principal fuente de ingreso. Bonita situación. Y aún así nos piden que les creamos que "ahora sí" se van a usar bien los impuestos…

El eslogan oficial con el que comenzó este artículo es el correcto. La conclusión es la equivocada. Ya no podemos seguir confiando en las promesas de este u otro gobierno. La propaganda oficial y el papel aguantan con todo. Primero deben mostrar resultados en materia de austeridad, honestidad, prioridad y calidad. Luego nos pueden volver a pedir que creamos en sus promesas. De entrada, ya rompieron aquella de campaña; ¿se recuerda? La de no subir impuestos, o la de combatir la violencia con "inteligencia".

Por Hugo Maul

Por Verónica Spross

Existen en el país maestros de música que organizarían orquestas o marimbas de jóvenes si se les da la oportunidad.

El desarrollo del potencial de los jóvenes es un gran desafío, especialmente en un país como el nuestro, en donde solamente 4 de cada 10 jóvenes estudian en el nivel de la secundaria. El resto conforma el grupo de jóvenes que no logró concluir su educación y no cuenta con la formación requerida para conseguir un empleo adecuado. 

La generación de espacios para el desarrollo de la juventud es una de las preocupaciones de diversas organizaciones; muchas de ellas forman parte de la Coalición por una Vida Digna, que está presentando propuestas que provienen de la misma sociedad y acompañando en la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia. Se busca propiciar el desarrollo integral de la niñez y la juventud, especialmente de los más vulnerables.

La recuperación de los espacios públicos en las ciudades y poblaciones constituye una oportunidad para proveer espacios seguros donde los jóvenes puedan desempeñar actividades productivas en un ambiente supervisado. Algunos de los ejemplos más impactantes en cuanto a la recuperación y adecuación de los espacios públicos se dieron en las ciudades de Bogotá y Medellín, en Colombia.  Cuando Antanas Mo-ckus fue alcalde tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida a través del mejoramiento de las condiciones de la ciudad de Bogotá.  El trabajo realizado es impactante. Muchos barrios recuperaron sus parques y plazas, y en dichos espacios se comenzaron a impartir clases de pintura, escultura y música para los jóvenes. También se utilizaron para actividades culturales, como conciertos y presentaciones artísticas.

En la Ciudad de Guatemala se ha venido trabajando en esta línea desde hace algunos años y se ha logrado mejorar los espacios públicos sustancialmente, en especial áreas verdes, parques y plazas, que constituyen un espacio para el esparcimiento de la comunidad, esfuerzo únicamente empañado por las condiciones de inseguridad que reinan. En esos parques, plazas o espacios comunitarios se han venido realizando actividades para la integración de los vecinos y lograr así el fortalecimiento de los barrios, coordinando las actividades generalmente los comités únicos de barrio. Una de las principales presentaciones que se llevan a cabo son los conciertos de la Orquesta Juvenil Municipal, fundada en el 2006 y dirigida, con gran maestría, por Bruno Campo. Esta se conforma por jóvenes entre los 9 y los 17 años. Sus presentaciones en las distintas zona de la ciudad constituyen un remanso de paz y alegría dentro del quehacer diario, permitiendo a los ciudadanos un momento de esparcimiento al escuchar la interpretación de conocidas melodías, incluidas la de Guillermo Tell y Luna de Xelajú, entre otras.

La música es una actividad que permite aglutinar a los jóvenes para que logren superarse y tener un propósito de vida desarrollando sus dotes musicales. Ya se cuenta con cinco escuelas de música dentro de la ciudad. Las demás corporaciones municipales podrían seguir este ejemplo positivo o implementar otros programas de actividades artísticas para que los jóvenes ocupen su tiempo, con el fin de brindarles oportunidades de superación y modifiquen su destino. Existen en el país muchos maestros de música que seguramente organizarían orquestas o marimbas de jóvenes si se les abre una ventana de oportunidad.

Por José Raúl González Merlo

Dice el Gobierno que no hay problema con gravar las llamadas telefónicas, porque las empresas no podrán trasladarlo al consumidor y lo tendrán que “absorber”. Lo mismo con los otros impuestos que quieren aumentar. Pareciera como que, desde la perspectiva oficial, hay impuestos buenos e impuestos malos; dependiendo de quién los pague. Nada que ver.

El primer efecto que tienen los impuestos es el de empobrecer a la población. Unos gravan el consumo, otros, el patrimonio. Los primeros encarecen lo que compramos. Los segundos destruyen la principal fuente de prosperidad: el capital. Sin este, las empresas no prosperan, los ciudadanos no aumentan su productividad y no hay más ni mejores empleos. Tan alto es el costo de oportunidad de los impuestos, que el uso que los gobernantes hagan de ellos es vital para reducir el daño causado al recolectarlos.

En el debate actual, el Gobierno pretende minimizar el daño que causará el impuesto que subirá el costo de las llamadas telefónicas en un 50 por ciento, diciendo que las empresas no lo podrán trasladar. Víctimas de su propio éxito, las telefónicas tendrían menos fondos para mejorar sus servicios. Las telecomunicaciones, fuente de productividad para millones de ciudadanos, inevitablemente verán frenada su capacidad de crecimiento. El país sufrirá mientras el Gobierno se enriquecerá. Y si las empresas logran trasladar el impuesto al consumidor, este se verá empobrecido.

Se pretende engañar a la población, obviando los efectos negativos que tiene el aumento de impuestos, mientras que solo se quieren señalar los supuestos beneficios. No nos engañemos. El precio de cualquier cosa incluye todos los costos, impuestos y utilidades. Los efectos negativos de los impuestos siempre “se trasladan” en un precio más alto o en oportunidades de trabajo destruidas. Por ello es tan ilógico e irónico que el mismo presidente Colom inaugure un call center con 200 nuevos empleos y a las pocas semanas quiera imponer un impuesto confiscatorio a las llamadas telefónicas.

Las empresas no pagan impuestos. Solamente las personas pueden pagar impuestos. El error ocurre cuando el cheque, a favor del fisco, sale de la cuenta bancaria de una empresa y se cree que de ahí salió el dinero. El dinero provino del precio que pagaron los clientes o del capital que ya no se usará para crecer. La empresa simplemente es el vehículo de canalización de los fondos. Diga lo que diga la propaganda oficial, se está causando un grave daño a la población. Desde la firma de los acuerdos de paz, el presupuesto de gastos de los gobiernos se ha multiplicado en cinco veces y difícilmente se ha visto una mejora proporcional en los servicios más básicos. Claramente no es un problema de cantidad de gasto, sino de la calidad del mismo.

Por Hugo Maul

Los programas del gasto público deben cumplir objetivos específicos.

Una de las mayores “novedades” del paquete impositivo es el destino específico de los recursos. Con esta medida, insisten las autoridades, se está garantizando el buen uso de los recursos que se obtengan del aumento de impuestos. Según la propuesta oficial, los recursos irían a las municipalidades, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a la seguridad ciudadana, al desarrollo rural, etcétera. Lo cual, en el papel, suena bien, pero en la práctica pueden ser sólo buenas intenciones. El destino específico de los fondos no impide que estos sean usados en programas y proyectos de dudosa efectividad o transparencia. Por ejemplo, si se considera que “Cohesión Social” es un concepto, más que un programa o proyecto de gobierno, nada impide que estos fondos terminen en manos de quienes hacen operativo este concepto. Una cosa muy distinta sería argumentar que estos fondos tendrían como destino los programas y proyectos que se aglutinan bajo el paraguas de “Cohesión Social”.

Por otro lado, el destino específico de los fondos es solamente un primer y pequeñísimo paso en la dirección de mejorar la forma en que el Gobierno gasta. Las lecciones de los Acuerdos de Paz en este sentido son claras: no basta con gastar más en el área social, es necesario mejorar los resultados que se obtienen del gasto. A pesar del aumento en gasto social a raíz de dichos acuerdos, el impacto de ese gasto adicional ha sido muy limitado. De esto nada se dice en el referido aumento de impuestos. La sabiduría del pacto fiscal es muy clara en este sentido, “los programas de gasto público deben cumplir objetivos específicos, con la mayor calidad y al menor costo posible y con orientación de servicio a la ciudadanía, por lo que deben existir mecanismos de evaluación y monitoreo de su eficiencia y eficacia”. Además de la necesidad imperiosa de una rendición de cuentas basada en la “independencia de poderes y en la existencia de organismos contralores independientes”. 

Sin mecanismos efectivos de evaluación y control del gasto público, de poco o nada sirven los destinos específicos. Sobra decir que a ningún político y funcionario público le apasiona este tipo de temas. Sin embargo, al no considerarse seriamente la evaluación y control del uso de los fondos públicos, cualquier aumento de impuestos no es más que un cheque en blanco.

Por: Lisardo Bolaños Fletes

Insisto en la necesidad de crear  proyectos en donde se fortalezca la capacidad de un  liderazgo positivo para el país por parte de los jóvenes  que estos estén dispuestos al servicio y que consideren el Gobierno un mecanismo importante para servir a los guatemaltecos.  Creo que hay que ver ideas novedosas en otros lugares, así que hoy vuelvo a compartirles otra idea  que se está haciendo afuera de Guatemala.

En Estados Unidos el proyecto se llama “White House Fellows”, fue establecido por el Presidente Lyndon B. Johnson.  Se genera una comisión de alto nivel de la sociedad para seleccionar a jóvenes que hayan mostrado un alto nivel de compromiso, que vengan de distintos lugares del país y que tengan buena y variada formación académica.  Los jóvenes seleccionados  trabajan por un año completo para las autoridades más importantes de la Casa Blanca.  El trabajo se complementa con una serie de actividades educativas que buscan obtener una visión integral del Gobierno, de sus retos y de la importancia del liderazgo para avanzar en temas cruciales.

En la orden que fundaría el proyecto, Johnson diría que “una sociedad genuinamente libre no puede ser una sociedad de espectadores”  Por eso el programa implica dar y recibir.  Ofrece a jóvenes dotados y altamente motivados la oportunidad de tener la experiencia de cómo se hace Gobierno y la importancia del liderazgo para una sociedad.  De cierta manera, es una forma para que los  jóvenes preocupados por su país y que desde una temprana edad tienen una noción de las complicaciones que implica el Gobierno, se involucren.  Pero al mismo tiempo, se espera que estos jóvenes al terminar el programa sean agentes multiplicadores  en sus  comunidades.

Cuando tenía 16 años participé en una versión simplificada y mucho más breve de lo que propongo.  El Presidente Arzú convocó a jóvenes a participar en un Gabinete Juvenil.  Por un día, la persona elegida compartiría las responsabilidades y actividades de uno de los Ministros de Gobierno y también el rol del Presidente.  En esa ocasión, participé y formé parte de las elecciones para ser Presidente.  En las elecciones quedamos en tercer lugar.  Perder fue lo de menos.  Las actividades  durante esa semana, conociendo distintos aspectos del Gobierno fueron muy  valiosas.  Lo mismo, las amistades que hice en ese momento. Fue muy enriquecedor conocer a jóvenes con las mismas ilusiones que yo tenía en participar  y que provenían de distintos lugares del país.  De hecho, eventualmente terminé compartiendo aula  con el que fue  el Ministro de Educación por un día, quien venía de las Verapaces.  NO dudo que en ambos fertilizó la semilla de trabajar por Guatemala.  Creo que algo más ambicioso puede hacerse hoy.

Por Verónica Spross

Desde que tengo memoria económica vemos ir y venir las propuestas de reforma fiscal cada dos o tres años.  La incertidumbre que generan los cambios en las condiciones impositivas repercute negativamente en la generación de empleos, en la inversión y en la creación de riqueza.  Este problema que causa la variación en las reglas de juego a pocos preocupa, pero es lo que nos convierte en un país riesgoso para invertir.

La propuesta sobre la mesa que pretende aumentar en 100 por ciento el Impuesto de Solidaridad (ISO), pues busca aumentar del 1 al 2% de las ventas netas o activos; incrementar en un 20 por ciento el Impuesto sobre la Renta (ISR) que pasaría del 5 al 6 por ciento de los ingresos; el impuesto sobre timbres y papel sellado aumentaría en 100 por ciento también, pasando del 3 al 6 por ciento; y, el impuesto a la hoja de papel sellado para protocolo aumentaría 1000% pasando de 1 quetzal a diez quetzales por hoja. 

Adicionalmente se crea un impuesto que castigaría a todos los guatemaltecos, especialmente a los de menores ingresos, pues impondría un pago de Q. 0.15 por minuto.  Este impuesto sería del tipo regresivo, pues afecta con mayor fuerza a los más pobres.  El teléfono celular se ha convertido en una herramienta de trabajo para la mayor parte de la gente, especialmente en donde hay muy poca cobertura de teléfonos de línea fija.  En muchos casos es utilizado por los agricultores, por los comerciantes y por miles de obreros en las distintas regiones del país.  Este impuesto además de ser bastante injusto estaría cayendo probablemente en el problema de inconstitucionalidad por la doble tributación, ya que las facturas y servicios telefónicos en general ya pagan el IVA.

El paquete fiscal espera recaudar 4 mil millones de quetzales, monto que no alcanzaría para cubrir el déficit del presupuesto esperado para el 2010, que superaría los 6 mil millones, ahora que se conoce que quedaría en vigencia el mismo presupuesto que se tuvo en el 2009, el cual superaba los 49 mil millones de quetzales. 

Es imprescindible hacer el análisis de costo-beneficio de la reforma tributaria. En primer lugar, debe evaluarse el daño que el aumento de impuestos genera, medido como costo de oportunidad, es decir las empresas que no se crearon, los inversionistas que no vinieron al país, los negocios que tendrán que cerrar, porque funcionaban al margen (en economía se les conoce como  marginales) y no podían soportar un incremento del 20 por ciento en la tasa del ISO, los empleos no generados y las familias que empeorarán sus condiciones económicas, especialmente profesionales y clase media que a duras penas logran cubrir sus presupuestos mensuales, por lo que el aumento de impuestos implica que reduzcan algún rubro de consumo familiar.

La preocupación de las autoridades por la caída en los ingresos tributarios es entendible.  Sin embargo, no se han planteado medidas que, sin subir las tasas, podrían ayudar a mejorar la recaudación.  Por ejemplo, no se ha propuesto una ampliación de la base tributaria,  el combate al contrabando y a la defraudación aduanera, ni la incorporación al sistema fiscal de las tres cuartas partes de la población que opera y produce en la economía informal.  Por otra parte, también debe mejorarse la calidad del gasto público.  Ante la escasez de recursos no puede obviarse la posibilidad de reducir ciertos rubros de gasto, limitar el crecimiento de ciertos programas como las transferencias condicionadas y continuar con políticas de mayor participación social en el financiamiento de los servicios públicos.  La polémica que tenemos por delante merece una reflexión seria.