El gran desafío que se tiene por delante es mejorar la calidad del gasto público. Elevar el monto no sería una medida factible.

Por Verónica Spross

El análisis del proyecto de presupuesto para el 2010 indica a cuáles rubros el Gobierno le otorga prioridad. Frecuentemente, se escuchan las metas y objetivos nacionales, pero las prioridades reales se constatan conforme a lo que establece el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Cada año los ministerios y dependencias presentan su proyecto de presupuesto al Ministerio de Finanzas y éste es recortado dependiendo de la disponibilidad de fondos.

El proyecto de presupuesto del Estado para el 2010 se plantea en 47,867.4 millones de quetzales, monto que resulta menor al vigente en 2009. Dada la difícil situación económica en estos 2 años, debido a la crisis mundial, la reducción planteada resulta siendo prudente; es de reconocer como positiva la política fiscal que pretende evitar un presupuesto sin financiamiento sólido.

Sin embargo, al pasar a analizar las prioridades del presupuesto llama la atención en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación que un 17% del mismo consista en la asignación para las transferencias condicionadas del programa Mi Familia Progresa. El monto total de dicho presupuesto es de 1,498.7 millones de quetzales. Entonces, restando la asignación para dicho programa en el 2009 y el 2010, y tomando en cuenta el aumento en el número de establecimientos educativos oficiales y de alumnos de un año a otro, se puede concluir que hay menos recursos para poder llevar los servicios esperados conforme una mayor demanda de los servicios.

En preprimaria se abrieron más de mil 500 escuelas y en el nivel de secundaria cerca de 400 establecimientos, surge la tremenda inquietud de cómo se les brindará el servicio educativo a los alumnos que recién se incorporan al sistema educativo. Además, surgen algunas interrogantes como las siguientes: ¿Se contará con los recursos para llevar la alimentación escolar a todas las escuelas? ¿Se cuenta con fondos para los útiles? ¿Cómo se van a cubrir las demandas generadas con la política de gratuidad?

Será necesario hacer una reflexión muy profunda sobre cuáles deberían ser las prioridades del sector educativo para que los fondos se asignen hacia esas actividades. De lo contrario, hay una contradicción entre las metas y planes en relación a las asignaciones presupuestarias. Con menos fondos por alumno en la secundaria será difícil mejorar la calidad educativa.

El gran desafío que se tiene por delante es mejorar la calidad del gasto público. Elevar el monto del presupuesto no sería una medida factible bajo las condiciones actuales. Deberán reorientarse los fondos de unos programas hacia otros, pero tendremos que hacer un esfuerzo amplio por identificar cuáles son las prioridades que los contribuyentes valoran. Deberá ponerse en la balanza qué es realmente lo más importante dentro del gasto del Gobierno. La seguridad y justicia están en primer lugar y el presupuesto nacional debería reflejarlo. En segundo puesto estarían la introducción de agua potable, la educación primaria y secundaria, la salud y la infraestructura vial.

Entre los rubros que podrían limitarse, reorientarse o eliminarse, según sea el caso, están los gastos que se salen de control y tienden a ser crecientes como los subsidios a la energía eléctrica, al transporte urbano, a las pensiones, las transferencias condicionadas, así como todos aquellos gastos innecesarios y superfluos, que no contribuyen a tener un país más seguro o con los servicios sociales mínimos y fundamentales. La discusión sobre el tema presupuestario es urgente, lo que deberá reflejarse en la agenda nacional en las próximas semanas.

Por José Raúl González Merlo

Prensa Libre reporta que la disputa legal entre la Empresa Eléctrica (EE) y el Gobierno, por el valor de las tarifas de distribución de electricidad llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC). Los amparos que la EE ha recibido por los tribunales ordinarios deberán ser resueltos por el máximo tribunal constitucional. De su resolución depende mucho más que el simple precio de la “luz”…

Lo que deberá aclarar la CC es ¿quién es el legalmente facultado para fijar el valor de la tarifa de distribución de electricidad? El Gobierno dice que son ellos. La EE dice que la ley es clara: la tarifa se determina por una “comisión pericial” integrada por tres expertos, uno del Gobierno, otro de la EE y un tercero elegido por los dos anteriores. Esa interpretación de la ley hace todo el sentido. Una “terna” de expertos debe analizar las complejidades del costo de distribución de electricidad y del precio a pagar por los consumidores. Lo lógico es que el distribuidor quiera el precio más alto posible; el Gobierno, el más bajo, y de ahí que sea vital la opinión vinculante de un tercero en discordia. El proceso se inició con ese espíritu, pero el Gobierno nunca permitió que el tercero diera su opinión e, interpretando la ley a su favor, dispuso fijar la tarifa. Hasta ese momento todo lucía buenísimo para el consumidor porque, de hecho, nos bajó la “luz”. El problema será para el país. Ahora tenemos procesos legales internos y dos arbitrajes internacionales, solicitados por los accionistas de la EE, en contra de la acción del Gobierno. Sin embargo, lo más preocupante son las repercusiones de que el Gobierno pueda fijar, unilateralmente, las tarifas de distribución como, de hecho, lo están interpretando.

Todos queremos energía eléctrica abundante y barata. Pero para que sea barata debe ser primero abundante, y para que sea abundante se necesitará de mucha inversión en generación y distribución. La pregunta es ¿quién se anima a invertir en distribución eléctrica en Guatemala si el Gobierno “tiene la sartén por el mango” en materia de lo que se puede cobrar por el servicio? ¿Se arriesgaría usted? Se suponía que el espíritu de la ley era que si ambas partes entraban en conflicto por el precio el tercer experto sería quien lo resolvería. Así, el inversionista no estaba a merced del criterio político de turno y el consumidor no quedaría expuesto a precios arbitrarios.

Por ello, la CC debería tener un trabajo relativamente fácil: interpretar la ley dentro del espíritu del legislador como lo han hecho los tribunales ordinarios. Lo realmente difícil será superar las presiones políticas. Pero lo deben hacer. La “luz”, tal vez, nos salga más cara, pero destruir la certeza de un marco jurídico bien diseñado, sin duda, nos saldrá todavía más caro a todos.

Mucho tardó Daniel Ortega en quitarse la máscara.

Por: Hugo Maul

La reelección está de moda. Dado que pareciera que en democracia todo se vale, incluso pasar por encima de la Constitución o atentar contra la división de poderes. Claro está, siempre y cuando tales decisiones emanen de cortes supremas de justicia, congresos, senados, fiscales generales, etcétera, aunque las mismas no sean imparciales e independientes. Así es como funciona el “Socialismo del Siglo XXI”. Todo es legal, pero nada es justo. Todo es legal, pero quienes toman las decisiones son títeres de los gobernantes de turno.

El caso nicaragüense es una prueba de esto. Mucho tardó Ortega en quitarse la máscara.
Después del burdo fraude en las elecciones municipales, cualquier cosa era de esperar. Tal y como lo señalara la Red Liberal de América Latina (Relial), dicho fraude “constituyó un baldón más en la triste carrera política del sandinismo, que sumó a su nefasta trayectoria de violaciones de derechos humanos fundamentales, hechos tales como el impedimento a la presencia de observadores internacionales y las arbitrariedades del Consejo Electoral”. A lo que habría que añadir, ahora, el “fallo” de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua que anula la limitación de mandatos que impedía la reelección de Ortega.

La intromisión de poderes es clara; la manipulación del sandinismo está por doquier. Tal decisión, si bien puede ser “legal”, por haber emanado de la Sala Constitucional de la CSJ, dista mucho de ser justa e imparcial. A los “amigos” de Ortega no les interesa respetar lo que dice la Constitución, mucho menos su espíritu. En nuestro caso, el espíritu de la Constitución es claro: se prohíbe la reelección presidencial y se prohíbe que ciertos parientes cercanos al presidente puedan optar a dicho cargo. No obstante, el caso de Ortega y el de Zelaya, en cierta manera, prueban que cualquier cosa es válida dentro del “Socialismo del Siglo XXI”. Habrá que estar muy atentos. Las intenciones oscuras ya se dejaron ver en el proceso de integración de la CSJ. Falta ver qué sucederá con la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad, institución clave para legitimar cualquier tipo de atropello contra la Constitución y la democracia. Después de lo acontecido en Honduras y Nicaragua, habría que tener muy claro que Guatemala no está libre de esta “moda” internacional.

Por Vanessa Paz A.

Para nadie es novedad que nos encontramos en medio de una grave crisis económica financiera, originada inicialmente en Estados Unidos por el establecimiento de políticas monetarias y fiscales irresponsables, así como por una mala regulación y una inadecuada supervisión financiera.  La crisis se ha alargado más de lo que se esperaba y se hecho cada vez más profunda y complicada.   Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el 2009 es el primer año desde la II Guerra Mundial en que la economía mundial se contraerá en vez de crecer.

Dada la importancia de Estados Unidos en la economía global, la dimensión de la crisis ha tenido consecuencias negativas en las economías de muchos países latinoamericanos, sobre todo de aquellos, como Guatemala, en que existe una gran dependencia comercial con ese país.   

La falta de información confiable dificulta seriamente una estimación exacta de los efectos y la profundidad de la crisis a nivel nacional, aunque algunos signos pueden ser analizados a través del comportamiento que han tenido algunos índices macroeconómicos importantes.  Por ejemplo,  el crédito disponible para el gobierno, empresas y hogares se redujo rápidamente; los precios de los principales productos de exportación también han caído; se ha dado una fuerte disminución de los movimientos netos de capitales privados y de inversión extranjera; y, finalmente, se registra una baja de las remesas familiares.

El principal problema de esta crisis global es que tiene efectos sociales graves sobre algunas variables críticas como lo son el empleo, la nutrición, la salud, la educación y la pobreza.  Por esta razón las autoridades a cargo de formular las políticas para enfrentar la crisis deben poner especial atención en la evaluación de las alternativas  y considerar la incertidumbre en cuanto a la profundidad y duración de la misma. 

Es un verdadero desafío encontrar una fórmula adecuada que incluya el buen manejo de las dificultades a corto plazo generadas por la crisis y que al mismo tiempo mantenga las condiciones necesarias para asegurar un crecimiento a largo plazo, pues los recursos disponibles son escasos; sin embargo, las políticas sociales y laborales que considere el gobierno como respuesta deberían ser aquellas que protejan a los grupos más vulnerables de la población, pero de una manera sustentable desde el punto de vista fiscal, con programas que, más que demorar, contribuyan a la reanudación del crecimiento económico pues, de lo contrario, sólo se complicará más la situación.

Asimismo, al momento de evaluar las distintas alternativas no debe olvidarse que algunas medidas que pueden ser útiles en el contexto de una recesión de corta duración podrían no serlo frente a un deterioro de la coyuntura más prolongado; con frecuencia se comete el error de  crear programas nuevos en medio de una crisis - los cuales no se eliminan una vez termina la crisis- y en vez de resolver las deficiencias estructurales de las políticas y programas ya existentes, sólo crean distorsiones adicionales especialmente en el mercado laboral, entorpeciendo así la generación de empleo y el crecimiento a mediano plazo.

Por José Raúl González Merlo

La semana pasada se cele- bró el “Día Internacional de la Alimentación”. Organizaciones y personas protagonizaron marchas y comunicados públicos donde protestaban por la situación de pobreza y la constante violación del llamado “derecho a la alimentación”. No sorprende que continúen habiendo pobres y hambre si aquellos que dicen defenderlos prefieren ser parte del problema en vez de ser parte de la solución.

Dicen los protestantes que exigen el cumplimiento del decreto 32-2005 del Congreso en donde se plantea que “…es un derecho de todos los guatemaltecos acceder a una alimentación que satisfaga sus necesidades nutricionales y sociales…”. ¿Cómo no vamos a seguir siendo pobres con esa mentalidad? Creer que la pobreza y el hambre se acabarán por decreto es, precisamente, lo que nos mantiene subdesarrollados. Fácil, ¿no? Ahora que ya pasamos la ley, sentémonos a exigir y esperar su cumplimiento. Es decir, que otros trabajen para alimentarnos.

Exigen “soberanía alimentaria”. Lo cual se traduce en que seamos los guatemaltecos quienes produzcamos nuestros propios alimentos e impidamos su importación. Como si el proteccionismo fuera prosperidad. ¿Qué sentido tiene producir comida si podemos traerla de otros países más barata? ¿No se trata de hacer que los alimentos sean más accesibles a aquellos que, precisamente por ser pobres, no pueden pagar precios altos? Producir por producir no es equivalente a prosperar. La prosperidad solamente se alcanza con medidas inteligentes y productivas.

Dice el procurador de los Derechos Humanos que su institución forma parte del denominado “Frente Contra el Hambre” y que ello ha sido reconocido por el “Relator Especial de Naciones Unidas Sobre el Derecho a la Alimentación”. Felicidades a ambos. Suena bonito expresar la preocupación e indignación por la situación de pobreza y hambre de millones de personas alrededor del mundo. Pero en vez de andar indignándose y haciendo informes, esas personas e instituciones más bien deberían trabajar para, efectivamente, eliminar la pobreza. Lo malo es que eso no se logra hablando. En vez de vivir de donaciones y fondos públicos, deberían de usar toda esa energía para crear algo. ¿Qué tal una empresa para que puedan ofrecer algún tipo de empleo productivo? Ahí se les acabó el entusiasmo y la energía… Protestar es fácil. Ser parte de la solución es mucho más difícil.

La realidad es que el hambre y la pobreza tienden a reducirse con el desarrollo que trae la prosperidad económica. Eso se logra haciendo lo que hacen millones de empresarios cada día alrededor de Guatemala y el mundo. No suena tan lindo, pero es lo más efectivo. ¿Quieren acabar con el hambre? Permitan que los empresarios trabajen y florezcan. Mejor dejen de hablar y pónganse a producir.

Entrevista a Verónica Spross de Rivera, Directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación y Directora del CIEN, publicada en el matutino Prensa Libre del 19 de octubre de 2009.  La entrevista está firmada por Claudia Méndez Villaseñor.

En un diagnóstico del Sistema Nacional de Educación, Verónica Spross de Rivera, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, habla de los logros, desafíos y oportunidades, y señala las deficiencias del ministerio del ramo.

Destaca que la falta de recursos debe obligar al Gobierno a fijarse metas realistas, para no generar falsas expectativas entre escolares.

El análisis efectuado por Spross, quien también es directora ejecutiva de la Organización Empresarios por la Educación, afirmó que es indispensable el seguimiento a los procesos de gestión interna de la cartera educativa y el reclutamiento de docentes.

Opinó que la entrega a tiempo de libros de texto, material didáctico y recursos, para enfrentar los desafíos de la gratuidad, es el principal reto del ministro Bienvenido Argueta.

¿Qué aspectos positivos del Sistema Nacional de Educación destacaron durante el año?

Lo primero es que las cifras del conteo rápido reflejan una mayor presencia de niños en las escuelas. El incremento de la matrícula escolar, especialmente en pre primaria y secundaria, ya que la primaria estaba bastante cubierta. Eso es algo positivo.

Pero hubo algunos problemas.

Sí, porque no estaban preparados como sistema para atender a más niños.

Otros aspectos positivos que hay que destacar son que la actual gestión del Ministerio de Educación diseñó una estrategia para atender algunas escuelas, por medio de los fondos sociales, y que se dio seguimiento al modelo de gestión y ha comenzado la certificación ISO.

¿Los cambios que se han dado pueden entorpecer esos procesos?

Hubo cambios en Recursos Humanos, Informática, Adquisiciones y en Planificación Financiera. Eran personas de carrera que venían haciendo el trabajo del modelo de gestión. Ahora no sabemos qué continuidad le van a dar a esos procesos.

¿En qué afectaría?

La modernización institucional redunda en trámites más eficientes, contrataciones organizadas, sistemáticas y que responda a las necesidades reales del ministerio, y no a la política. También en la planificación de los servicios de apoyo, que llegue la refacción escolar a las escuelas, los fondos para cubrir las necesidades de la gratuidad y los libros de texto.

La licitación para la compra de textos que fue suspendida...

Se paró ya en dos ocasiones. Ojalá que los niños puedan contar con textos el próximo año. Creo que uno de los temas más rezagados del ministerio es la compra de libros de texto y que sean distribuidos en tiempo. Habrá que estudiar bien las razones, pero preocupa que no se cuente con recursos para impartir clases.

¿Qué opina del traslado de maestros al renglón 0-11?

Fue positivo, porque les brinda estabilidad y mejores prestaciones a los docentes. Pero ello, en detrimento de las comunidades rurales más alejadas, donde las escuelas funcionaban con el modelo de autogestión de Pronade.

¿Por qué razones?

Los padres ya no tienen injerencia y no pueden supervisar la labor del maestro: que imparta clases o que llegue. Tenemos conocimiento de escuelas cerradas por esta causa, de maestros que no se presentaron al aula, por el cambio de los incentivos en este modelo. Es positivo que se traslade a los maestros de renglón presupuestario, pero no se perciben mejoras en la atención de los niños.

¿Qué hay que hacer?

Hay que buscar un modelo que no le quite el protagonismo a la comunidad, porque lo que hubo ahora fue la reducción de días de clases en las escuelas de la zona rural de Petén, Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz.

¿Cómo califica la situación de las secundarias?

En secundaria hubo un incremento en establecimientos educativos. Se informó que se abrieron 400 centros nuevos. Lo positivo es que se hizo en infraestructura existente. La pregunta es ahora si se cuenta con recursos para que funcionen con calidad.

Pero también ocurrió que este año se cerró el renglón para atender 800 escuelas por cooperativa, que eran una opción para estudiantes de secundaria, y se le retiraron Q58 millones al nivel diversificado.

Cuánto de la tendencia alcista responde a una corrección.

Por Hugo Maúl R.

Si uno se apega a la definición de la RAE, manipular el tipo de cambio consistiría en “intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etcétera, con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares”. ¿Será este nuestro caso? A decir verdad, es muy difícil saberlo.  Aunque no puede negarse que el alza del tipo de cambio beneficia a ciertos intereses particulares, tampoco puede negarse que ciertos factores económicos fundamentales son muy débiles. Aunque no puede negarse que las intervenciones monetarias y fiscales afectan el tipo de cambio, otra cosa muy distinta es suponer que tales intervenciones tienen como motivación distorsionar la “verdad” acerca del tipo de cambio.  Para concluir que el tipo de cambio está siendo manipulado, habría que tener más elementos de juicio a la mano.

Sobre todo, habría que tener evidencia respecto de qué tanto la tendencia alcista consiste en una “distorsión” respecto del “verdadero” valor del tipo de cambio.  Lo cual implica, por supuesto, conocer el “verdadero” precio de la divisa. Tarea por demás difícil. Hablar del “verdadero” valor del tipo de cambio, lo que algunos llaman un tipo de “cambio realista” es muy fácil, determinar numéricamente ese valor es casi imposible.  A lo sumo, lo que se sabe es que el tipo de cambio diario no puede estar completamente “divorciado” de ciertos  factores económicos fundamentales de largo plazo. Más que la tendencia, lo importante es determinar si la misma está “alineada” con lo que “debería” ser el valor del tipo de cambio a “largo plazo”. El cual, en última instancia, depende  de la capacidad productiva del país, de la relación entre precios de los productos exportados e importados, del progreso tecnológico y la composición del consumo entre productos domésticos e importados. En pocas palabras, de la capacidad de generar divisas que tenga el país y del grado de dependencia que se tenga de las mismas.

Desde esta perspectiva, antes de juzgar la tendencia alcista como una manipulación, habría que preguntarse qué tanto de la misma corresponde a una “corrección” respecto del valor de largo plazo del tipo de cambio. De ser así, poco o nada se ganaría intentando oponerse a un movimiento alcista. En todo caso, si se quiere evitar que el tipo de cambio siga subiendo, es bueno recordar que la disciplina monetaria y fiscal nunca está demás.

Por Jorge Lavarreda G.

La experiencia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), uno de los “think tanks” más prestigiosos de Guatemala, indica que el rigor técnico de sus investigaciones es necesario, pero no suficiente para incidir en las políticas públicas. Además, es fundamental diseñar una estrategia adecuada de comunicación y divulgación de los resultados de las investigaciones. Este artículo, describe una experiencia exitosa de incidencia que realizaron investigadores del área económica, financiera y social del CIEN, en donde implementaron la metodología de encuestas de seguimiento del gasto público “Public Expenditure Tracking Surveys” (PETS), por sus siglas en inglés, en el sector educativo.

En el marco del Proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas impulsado por el “Brookings Institution” y el “Results for Development Institute” en 2008, el CIEN realizó un estudio sobre la administración de los servicios de apoyo de las escuelas del departamento de Guatemala (Guatemala cuenta con 22 estados o departamentos en el país, uno de los cuales lleva el mismo nombre que el país). Los programas de apoyo a la educación incluyen una serie de programas orientados a mantener el interés de los niños y padres de familia en la escuela. Se ha encontrado evidencia importante de que estos programas tienen un impacto positivo real en la niñez, por ello se tomó la decisión de estudiarlos. Para ello, se elaboró un plan de trabajo que fijó como objetivo central el desarrollo de un análisis detallado de los rubros de gastos del sector educativo como: alimentación escolar, libros de texto, útiles escolares, valija didáctica, becas y vaso de leche, junto con propuestas para mejorar su impacto.

El CIEN siempre pone énfasis en el diseño metodológico de sus estudios de investigación. En este caso, se formularon seis preguntas o hipótesis de trabajo que fueron respondidas mediante la metodología PETS. Algunas de las preguntas que se usaron son: ¿Se asignan suficientes recursos para atender a todos los niños durante todo el año? Y ¿Los recursos llegan completos a los beneficiarios? Asimismo, se realizaron encuestas estadísticamente representativas y análisis financiero para generar información sobre el funcionamiento de los servicios de apoyo del Ministerio de Educación (MINEDUC). Para ello, un equipo de expertos en esta metodología, encuestó al director de la escuela, personal docente, padres y madres de familia, estudiantes, y directivos de las juntas escolares. También se visitaron escuelas en áreas urbanas y rurales a partir de una muestra, estadísticamente, representativa de las escuelas del departamento de Guatemala, se documentaron observaciones importantes y se revisó la información financiera de las mismas.

Además, el equipo del CIEN diseñó una estrategia de divulgación de los hallazgos y resultados del estudio para mejorar los servicios de apoyo a la educación durante los próximos tres años. La estrategia identificó la necesidad de contar con un resumen ejecutivo del estudio junto con una versión ilustrada para facilitar la participación de la comunidad educativa a nivel local.

La ejecución del programa de incidencia inició con una reunión de trabajo con el encargado de los servicios de apoyo del Ministerio de Educación. La reunión cumplió con los objetivos de garantizar la calidad técnica del estudio y promover las recomendaciones para mejorar los servicios escolares. A partir de la reunión, se identificaron y corrigieron algunos errores en la codificación de las escuelas y se refinaron las recomendaciones para mejorar los servicios de apoyo.

Antes del lanzamiento público del estudio, se organizó una reunión a la que asistió la Ministra de Educación para comunicarle los hallazgos y las recomendaciones del estudio. La recomendación de postergar el inicio del ciclo escolar fue bien recibida, ya que aumenta la probabilidad de que al inicio del ciclo escolar los estudiantes cuenten con servicios de apoyo.

Una semana antes del lanzamiento del estudio, la Ministra de Educación declaró en uno de los principales periódicos de Guatemala que “Las clases han dado inicio el 15 de enero sólo por costumbre, pues no hay ninguna justificación técnica” e informó que el MINEDUC estaba analizando la conveniencia de cambiar el inicio del ciclo escolar al 1 de febrero 2009. Además, anunció que se crearían fondos rotativos, es decir, mecanismos financieros que permiten gastar recursos financieros hasta un monto máximo, los cuales se reponen una vez que se hace la liquidación contable de los gastos efectuados. De esta manera las juntas escolares (dedicadas a administrar el dinero para la compra y distribución de útiles escolares, alimentos, pago de becas y materiales de construcción y mantenimiento) pueden recibir el primer aporte para el consumo de alimentos de los estudiantes en diciembre. Esta fue otra de las recomendaciones del CIEN.

Las recomendaciones para mejorar los servicios de apoyo a la educación incluyen medidas como la de acelerar la preinscripción en todas las escuelas. Esto, permitirá un mejor control de los alumnos que llegarán a la escuela el próximo año, permitiendo así un mejor proceso de planificación presupuestaria.

Otros esfuerzos de difusión incluyeron la publicación de un folleto ilustrado con los principales hallazgos del estudio, dirigido a los padres de familia y maestros, y el lanzamiento público de los hallazgos y recomendaciones del estudio a una audiencia de especialistas en educación y periodistas de los principales medios de comunicación social. Estas actividades ayudaron a difundir, ampliamente, los resultados del estudio y lograr el compromiso público de parte del MINEDUC para mejorar los servicios de apoyo. El día del lanzamiento, el CIEN publicó en su página web el informe completo del estudio, el resumen ejecutivo y la presentación en PowerPoint utilizada durante el lanzamiento. El folleto se repartió entre los asistentes al evento y el comunicado de prensa entre los periodistas.

Días más tarde, se le entregaron al encargado de los servicios de apoyo en el MINEDUC, 160 ejemplares del folleto ilustrado para apoyar las capacitaciones ofrecidas por el MINEDUC a las juntas escolares en 2009. Finalmente, se inició la fase de difusión con la participación en un programa de radio de cobertura nacional llamado “Punto de Vista” que busca llegar a los líderes de opinión.

Este caso muestra, entre otras lecciones, que todas las actividades que se lleven a cabo deben tener objetivos claros previamente establecidos y que el rigor técnico permite aumentar las probabilidades de incidir efectivamente sobre los tomadores de decisiones.

Para ver los documentos del proyecto del CIEN, ir a http://www.cien.org.gt/index.aspx?menu=3&indice=182

Por Verónica Spross

Al asumir los nuevos magistrados han indicado que sus prioridades serán lograr la inde-pendencia, fortalecer la Carrera Judicial.

Las últimas semanas han sido escenario de una lucha de poderes que pocos habíamos alguna vez imaginado que podría suceder. Nuestra peor pesadilla consistente en la politización del sistema ju-dicial parecía ser nuestro destino… Sin embargo, como en una película de super-héroes, la Justi-cia se impuso y ganó la batalla.

En realidad el panorama no es tan alentador como sería una película, tenemos la satisfacción de que los esfuerzos de diversas organizaciones sociales, la CICIG, abogados respetables, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, respaldados por la Corte de Constitucionalidad, lleva-ron a una elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia que permitió el fortalecimiento de nuestra institucionalidad.

La posibilidad de la elección de candidatos señalados y tachados durante el proceso de selección preocupó a la mayoría de guatemaltecos y causó indignación, por la politización que se observó y que si se hubiese concretado habría hecho tambalear nuestro vulnerable sistema de justicia. Es de resaltar y felicitar la actitud vigilante de la sociedad y la participación activa de grupos diversos, incluyendo a jóvenes que recientemente se han organizado con el fin de luchar en contra de la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho.

Los magistrados que recién han tomado posesión de sus cargos tienen por delante una tarea de gran responsabilidad a favor de la Justicia y en contra de la impunidad. Cada una de sus actuaciones deberá realizarse con gran responsabilidad y apego a la Ley. Asimismo la ética y la honorabilidad deberán ser sus acompañantes permanentes en sus labores diarias.

La estrecha vigilancia social y auditoría ciudadana de las acciones de la Corte Suprema deberá ser un punto fundamental en la agenda del país y de las organizaciones que han demostrado su interés por lograr justicia y acabar con el reino de la impunidad. Es momento de fortalecer las iniciativas de observatorio ciudadano, los mecanismos de difusión de información, así como continuar con los foros de discusión de los temas relacionados a la seguridad y la justicia.

Al asumir los nuevos magistrados han indicado que sus prioridades serán lograr la independencia, fortalecer la Carrera Judicial y la forma de evaluar a los jueces y magistrados, así como emprender una reingeniería en el Organismo Judicial. Es correcta su visión y ojalá puedan emprender la ruta con energía y capacidad de trabajo. Resulta especialmente importante que puedan trabajar sin estar sujetos a grupos de presión, intereses particulares, ni a intereses políticos.

Deseamos que puedan cumplir con su función de hacer justicia, en lugar de únicamente aplicar la ley sin hacer derecho. Su trabajo con independencia de los otros poderes del Estado será una prioridad para lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho. Requerirán infraestructura, recursos y tec-nología para hacer mejor su labor. En ello podrán ser respaldados a través de otorgarle al Organismo Judicial un presupuesto que les permita efectuar su importante labor.

¡Adelante, señores magistrados! Hagan su trabajo con honestidad y responsabilidad; tenemos altas expectativas de lo que puedan lograr.

Por José Raúl González Merlo

Parece que la SAT ha cam- biado el protocolo de sus inspecciones en el aeropuerto La Aurora. Lejos de hacerlas más eficientes, ahora se dedica a registrar manualmente todas y cada una de las piezas de equipaje, lo que causa un gran cuello de botella. Así era como se hacía hace 25 años. La gente de la SAT debería poder hacer un trabajo razonablemente bien sin causar semejantes inconvenientes a los viajeros.

De nada sirve que nuestro país haya invertido tanto dinero en hacer un aeropuerto moderno, seguro y eficiente si la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) inexplicablemente se esfuerza en hacerlo ineficiente. Ahora, resulta que todas las piezas de equipaje de los pasajeros son pasadas, primero, por una moderna máquina de rayos X. Pero por si semejante inversión en tecnología de punta no fuera poco, todas las valijas también son abiertas e inspeccionadas minuciosamente por un funcionario de la SAT. Como era lógico esperar, todo el proceso causa largas colas adentro y afuera del aeropuerto, pérdida de tiempo para todos y dudosos beneficios para la ciudadanía.

Es cierto que la recaudación de impuestos ha bajado. Pero si la SAT cree que con este nuevo protocolo de inspección contribuirán a cambiar esta tendencia, los ciudadanos nos enfrentamos a graves problemas de criterio de nuestros funcionarios. Para comenzar, lo poco o mucho que la gente pague de impuestos, por lo que sea que los inspectores les encuentren, difícilmente pagarán el costo de la máquina de rayos X, mucho menos producirá alguna recaudación incremental. ¿Alguien hizo este simple análisis costo–beneficio?

Paradójicamente, la cosa funcionaba mejor cuando las inspecciones eran visuales, sin tanta tecnología pero con una gran dosis de sentido común. No se registraba a todos los pasajeros sino que los funcionarios de la SAT, aleatoriamente, o con base en la cantidad de equipaje, mandaban a los pasajeros a inspección. Mientras tanto, el resto de gente pasaba rápido y sin problemas por aduanas. Así es como se hace en varios países civilizados que ponen especial atención en hacer un buen trabajo al causar solo molestias razonables. Y si quieren ponerse sofisticados, consigan un par de perros y con ello hasta drogas escondidas podrían detectar.

En Guatemala, la SAT se esfuerza por regresarnos 25 años en el tiempo cuando el criterio era tan malo como el actual. Es una pena que un personal que labora en el aeropuerto, calificado, cortés y profesional, lo tengan desperdiciado de esa manera. Ojalá regrese el sentido común algún día, en especial para fin de año, cuando es la temporada alta de viajeros. De no ser así, las colas serán tan insoportables como la lógica del recaudador de impuestos.

Por Hugo Maul Rivas

Es claro que sin dicha ley, hoy estaríamos mucho peor.

¿Qué habría sucedido con la elección de magistrados de no haber existido la Ley de Comisiones de Postulación? Aunque se sabe bien que los “hubiera” no existen, es claro que sin dicha ley, hoy estaríamos mucho peor. En lo que respecta a la CSJ, estaríamos 13-0 a favor de la impunidad y la corrupción. Aunque el resultado obtenido no es el mejor, al menos no estamos en una situación en la que no haya esperanza alguna. No se puede olvidar que intereses muy poderosos siempre se opusieron a esta ley. La aplanadora oficial fue uno de ellos, tal y como lo demuestran las actitudes adoptadas por sus líderes durante el mes de abril de 2009. En ese entonces, el Presidente del Congreso sostenía que tenía “temor que si se aprueba la Ley de Comisiones de Postulación, se entrampe la agenda fiscal, alegando que esa ley ya está en tercera lectura y ha estado siempre encabezando la agenda del día” (http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=48113&fch=2009-04-30). Posición con la cual coincidía Colom, quien según Fernando Barillas, vocero presidencial, “ha(bía) dado el espaldarazo (a la ley), pero en (ese) momento de crisis económica, la prioridad es la reforma fiscal” (http://nuevomundoradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=472:apremian-a-oficialismo-para-aprobar-ley-de-postulaciones&catid=1:latest-news&Itemid=18).

Más claro no canta un gallo. Para el Gobierno de turno lo importante siempre eran otros temas. Los impuestos ante la institucionalidad jurídica del país. Interesantes y curiosas prioridades las de algunos políticos y tecnócratas. El partido de turno nunca tuvo mayor interés en la ley, tal y como lo demuestran las declaraciones del Presidente del Congreso cuando sentenciaba que aún “si la ley fuera aprobada, serviría para la próxima elección, debido a que el carácter retroactivo no pesaría sobre esta convocatoria” (http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=48113&fch=2009-04-30).

La oposición era obvia. Los adversarios tenían todos los medios para ganar la batalla. A todas luces era un enfrentamiento en condiciones de desigualdad. Sin embargo, se luchó dignamente y de buena fe y se alcanzó una victoria parcial. En ausencia del movimiento ciudadano, especialmente de los jóvenes que hicieron suya esta lucha, estaríamos hoy ante una CSJ totalmente politizada y vendida a intereses particulares. No se ganó la batalla como nos hubiera gustado, pero se comprobó que si trabajamos unidos es posible alcanzar resultados que parecen imposibles. La elección de magistrados es tan sólo la primera de muchas otras batallas en donde tendremos que seguir luchando juntos.

Por Verónica Spross

[Sigue espacio en blanco.  Numerosos columnistas guatemaltecos publicaron sus columnas en blanco con el título "Injusticia" como signo de protesta por la manipulación en la elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia.]

Por José Raúl González Merlo

Me uno a la protesta de los columnistas de Prensa Libre ante el resultado de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, mi protesta viene acompañada de una reflexión respecto de una solución de fondo para prevenir los vicios vigentes.

Tenía razón el presidente Álvaro Colom cuando pronosticó que la elección de magistrados sería “política”. No podemos pedirle peras al olmo. No podemos esperar que, en el foro más político del país, el comportamiento de los diputados sea diferente. Los guatemaltecos tenemos un problema estructural en el método que, equivocadamente, usamos para elegir a nuestros magistrados supremos. Los diputados son los menos calificados y los menos apropiados para asumir tremenda responsabilidad. ¿Qué opciones tenemos?

Tenemos la opción de Pro Reforma. Si los magistrados a la CSJ fueran electos de acuerdo con lo que Pro Reforma propone, la decisión estaría aislada de las actuales presiones políticas, ya que sería por sorteo. Las funciones del Senado serían verificar que dicha elección se diera limpiamente. Además, los miembros del senado serían personas electas directamente por los ciudadanos (no mediante la planilla de un partido político) para un período máximo de 15 años. Mayores de 50 años tendrían la experiencia y madurez suficientes para poder hacer un buen trabajo. Adicionalmente, serían electos por sus propios congéneres, que también tendrían la experiencia y conocimiento para elegir senadores que tenderían a ser cualitativamente mejores que nuestros diputados. Ningún mecanismo es perfecto, pero el de Pro Reforma es notoriamente mejor sobre lo que tenemos en la actualidad.

La diputada Nineth Montenegro propuso un mecanismo para transparentar la elección de los candidatos por las comisiones postuladoras. El asesinato del licenciado Rodrigo Rosenberg creó la presión pública para que el Ejecutivo y el Legislativo, a regañadientes, convirtieran la propuesta en ley. Pero los candidatos tenían que ser electos por el Congreso. Allí, la planilla electa fue “negociada” con éxito entre los principales partidos políticos. Ahora, hay un pataleo legal por tratar de rescatar el proceso, pero adivinen ¿quién compondría” la planilla electa?: ¡el mismo Congreso!

La “sociedad civil” debe dejar de chapucear. Pro Reforma tiene soluciones inteligentes, sólidamente respaldadas, para ese y otros defectos de nuestro sistema político en la forma de cambios a nuestra constitución. La protesta no solo debe mostrar nuestra inconformidad; debe tener soluciones de fondo. La mejor forma para que las cosas cambien en Guatemala es cambiar el sistema para que las personas tiendan a cambiar su comportamiento. Entérese de la propuesta y apoye el inicio del cambio en nuestro país (www.proreforma.org).

Por Hugo Maul

[Sigue espacio en blanco.  Numerosos columnistas guatemaltecos publicaron sus columnas en blanco con el título "Injusticia" como signo de protesta por la manipulación en la elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia.]

Por Vanessa Paz

Lo único cierto en estos momentos es que, a pesar del tiempo transcurrido, la situación política en Honduras pareciera complicarse cada día más. El sorpresivo regreso del depuesto presidente, Manuel Zelaya, y su posterior refugio en la Embajada de Brasil, sólo han agravado la crisis.  El panorama se enturbia todavía más por la cantidad de protestas callejeras violentas y la orden del cierre de dos medios de comunicación afines a Zelaya.

Analistas políticos de diversas partes del mundo han evaluado distintos escenarios sobre el camino que probablemente siga la situación que vive actualmente el pueblo hondureño. En primer lugar se contempla que el depuesto presidente, Manuel Zelaya, desista simplemente de regresar al poder y se resigne a no hacer nada—escenario que hoy se perfila como improbable por no decir imposible-.  

Una intervención por parte de Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad reinstaurando a Zelaya en el poder para que termine su mandato es considerada como la opción más drástica de todas, por el nivel de intervención que implica en el país, para lo cual debería de demostrarse primero que se trata de un conflicto que afecta a la región y no de un problema interno de Honduras.  Otro escenario comentado por los analistas internacionales es un reconocimiento y aprobación del presidente que resulte electo en la convocatoria libre a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, prevista para el 29 de noviembre, opción cuyas perspectivas aún son inciertas por la actitud recalcitrante de algunos miembros de la comunidad internacional.  

Una cuarta opción que se ha escuchado mucho es la aprobación de un acuerdo nacional basado en la propuesta del presidente Oscar Arias de Costa Rica, algo que todavía está por verse ya que Micheletti ha expresado que está dispuesto a renunciar con la condición clara que Zelaya no retorne a la presidencia.

Finalmente, un quinto escenario posible es que el movimiento popular que apoya a Zelaya se fortalezca y luche por realizar una asamblea constituyente.

No sabemos realmente cuál de estos escenarios se concretará y qué le espera realmente al pueblo hondureño a la luz de la situación actual.  Sin embargo, esperamos que el final de esta crisis esté por llegar y que, entre las predicciones que han efectuado los diferentes analistas políticos, el que tenga mayor probabilidad de ocurrencia sea el menos perjudicial para el pueblo hondureño, pues más allá de la crisis política y electoral no hay que olvidarse que esta situación conlleva altos costos sociales y económicos que tendrán un impacto directo en el nivel de vida de los hondureños.