Por Verónica Spross

La industria minera representa el 1% del PIB. La cantidad de empresas que lo generan son un número cercano a 75.

Por sí sola, la minería no es el enemigo ni la salvación de los países, como se pretende que sea, dependiento del analista.

Guatemala cuenta con un gran potencial minero, pero es importante que existan las condiciones institucionales para que la industria se desarrolle de manera sustentable, protegiendo a las comunidades y al ambiente. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio integral sobre el sector presentado recientemente.

El estudio, realizado por investigadores del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señala que la minería no es una actividad nueva para los guatemaltecos. Desde la época precolombina se aprovechaban los recursos mineros. Sin embargo, es en los últimos cincuenta años en que las políticas públicas al respecto han sido erráticas e inconsistentes, o incluso inexistentes. A pesar de la falta de continuidad en las políticas se encuentra en el país una industria incipiente, que puede llegar a ser un importante motor del desarrollo para comunidades remotas y pobres, si se hace un aprovechamiento racional de los recursos minerales existentes.

Actualmente la industria minera representa el 1% de la producción nacional (PIB). Aunque esto es aparentemente poco, la cantidad de empresas que lo generan son un número reducido, cercano a 75. Se encontró en el estudio que estas empresas tienen una alta inversión de capital, generalmente están ubicadas en poblaciones remotas o en condiciones de pobreza, atraen importantes inversiones extranjeras y pagan los salarios más altos por tipo de industria.

La producción minera representa asimismo ingresos importantes para el Estado; llegó a representar el 1.4% de la recaudación tributaria en el año 2005. A ello debe adicionarse el monto que reciben algunas municipalidades por concepto de regalías que apoya de manera significativa el presupuesto local. Otra conclusión significativa es que se percibe un importante efecto derrame, lo que se traduce en que de cada 100 quetzales producidos, 24 se demandan de otras industrias y 20 se pagan en salarios.

La exposición del Ing. Mario Cedrón, experto peruano que comentó el estudio, así como las lecciones aprendidas a nivel internacional, demuestran que la minería puede representar esa oportunidad de desarrollo tan deseada, siempre que exista el marco institucional y políticas que la soporten.

La minería, por sí sola, no es el enemigo ni la salvación de los países, como se pretende que sea, dependiendo del analista. La clave para poder aprovecharla de manera sostenible está en la existencia de una infraestructura institucional que lleve a un mejoramiento de la productividad y promueva la responsabilidad de manera integral.

Por José Raúl González Merlo

El ensañamiento de la comunidad internacional en contra del pueblo hondureño es explicable a la luz de lo peligroso que resulta para los políticos, de todas las naciones, que las instituciones democráticas locales le pongan un límite a los abusos presidenciales.

Jimmy Carter está “decepcionado” de Chávez luego de haber legitimado su elección como dictador vitalicio para continuar asfixiando los derechos humanos de los venezolanos. Hamid Karzai, presidente de Afganistán, gana los recientes comicios en medio de un masivo fraude electoral. Daniel Ortega hace lo mismo al robarse las elecciones municipales y anuncia sus intenciones de eternizarse en el poder. Cristina Kirchner, siguiendo el ejemplo de Chávez, ataca la libertad de expresión en Argentina al publicar una ley contra sus opositores. ¿Alguien dijo pío?

Pero cuando las legítimas instituciones democráticas hondureñas (el Congreso y la Corte Suprema de Justicia) destituyen legalmente al ex presidente Zelaya, todo el mundo político pone el grito en el cielo. Quiere decir que la “democracia” solo se defiende si es para preservar a los políticos en el poder, pero no para pedirles cuentas. De no ser la oportuna actuación de las instituciones encargadas de proteger la democracia hondureña, Zelaya podría estar en su propia senda para destruirlas. Lejos de la condena mundial, el pueblo hondureño merece un reconocimiento por su valor y decisión. Fue la verdadera democracia, no el regreso a los golpes de Estado del pasado, lo que prevaleció en el caso hondureño.

No nos engañemos, los políticos son “coyotes de la misma loma” y en su ADN no está la defensa de la democracia, sino la preservación del poder. Por ello, la instintiva reacción de la “comunidad internacional” ha sido condenar, aislar y penalizar a todo un pueblo por el pecado de aplicarle la ley a su presidente. En medio de esa carrera por condenar a Honduras, ningún gobierno se detuvo a hacerse la pregunta básica: ¿actuaron las instituciones democráticas hondureñas al amparo de la ley? La respuesta fue dada por analistas legales de la Biblioteca del Congreso de EE. UU. Ellos concluyeron en que la destitución fue legal y que la posterior expulsión de Zelaya fue ilegal, lo cual quiere decir que la sucesión presidencial fue hecha dentro del derecho hondureño, pero Zelaya, luego de destituido, debió haber sido conducido a la cárcel, no a Costa Rica.

Ahora que Zelaya regresó, la comunidad internacional debe dar el ejemplo y exigir el cumplimiento de la ley hondureña. Esto no implica que Zelaya regrese a la Presidencia, sino que sea consignado a los tribunales para que lo juzguen. Es claro que esa opción no es del agrado de los otros “coyotes”, que ven las acciones en esta pequeña nación centroamericana como un mal precedente.

Por Hugo Maul

Lo único cierto es que la incertidumbre
no ha desaparecido.

¿Recuperación económica mundial en 2010? Según los expertos del FMI, así será. De acertar, no sería la primera vez que lo harían; de fallar, tampoco. Según un despacho de EFE del pasado lunes, “la economía saldrá de la recesión durante el primer semestre de 2010”. No puede dejar de mencionarse que quienes hoy vaticinan el final de la crisis, no la vieron venir al inicio. ¿Por qué habrían de estar ahora en lo correcto? Originalmente se habló de una recesión tipo V, rápida caída, rápida recuperación; ahora hablan de una tipo U, incluso, algunos hablan de una tipo L, una caída rápida seguida de un largo estancamiento. Incluso, algunos hablan de una tipo W, encontrándonos ahora en la fase ascendente intermedia de un ciclo más amplio.

En todo caso, lo único cierto es que a pesar del tiempo transcurrido y las masivas intervenciones de bancos centrales y gobiernos, la incertidumbre sobre la economía global no ha desaparecido del todo. Es preciso entender que muchas de estas intervenciones fueron, en cierto sentido, medidas “a la carrera”. Medidas inspiradas en interpretaciones muy particulares de la realidad, que conllevan costos ocultos y efectos no intencionados que nadie puede prever.

Al final de cuentas, tal y como lo explica el propio economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, en su libro Lectures on Macroeconomics, este tipo de intervenciones económicas es análogo a lo que hacen los “doctores, quienes frente a un cáncer, no pueden esperar a tener todas las respuestas para analizar los eventos y para recomendar un tratamiento”. Negligencia benigna, creo, podría llamarse esto en medicina. Así como todo puede salir bien, también todo puede salir mal, pero la intención es buena.

Dicho esto, queda claro que los pronósticos de recuperación no son más que eso: puras predicciones. Si se quiere, predicciones “educadas”, pero predicciones al final de cuentas. De esa cuenta es que siempre este tipo de pronósticos va acompañado de frases como “hay que ser cautelosos” o bien “la mayor parte de lo peor (de la crisis) aún no ha pasado”. La última de estas frases, el reconocimiento que la economía global “sólo se recuperará completamente cuando se reduzca el desempleo”. ¿Qué significa esto para Guatemala? Probablemente, que haya que afrontar un 2010 bastante complicado. Que mientras no hagamos frente a nuestros propios problemas, del cielo nada nos caerá.

Por: Lisardo A. Bolaños Fletes

En la vida, no todos los problemas son iguales.  Tampoco lo son los problemas que las personas y las autoridades políticas afrontan.  No es lo mismo querer resolver la pobreza de Guatemala que querer mejorar la red vial del país.  Para eso se necesita un cambio institucional y recursos financieros.  En específico, lo que necesitamos es contar con un mejor marco legal que favorezca la participación conjunta, con derechos y responsabilidades delimitadas, de actores públicos y privados.  Dependiendo del tipo de proyecto, el Gobierno establecerá un cronograma de pagos de largo plazo.  Esto suena muy técnico.  Esa es la razón por la que no es suficiente para resolver la pobreza.

Claro, se necesitan recursos financieros, porque hay que movilizarlos para que la gente pueda acceder a capacitaciones para el trabajo, o acceda a una alimentación adecuada.  Estos recursos pueden provenir de más impuestos y también de un esfuerzo de priorización del Gobierno.  Esto último requiere autoridades y ciudadanos valientes, porque no debe ser fácil que los recursos se alejen de los actuales esquemas de corrupción para pasar a fines nobles como la lucha contra la pobreza.

Por supuesto, también se necesita de un cambio institucional.  El Gobierno de Guatemala no se caracteriza por ser efectivo, mucho menos eficiente.  Es decir, no sólo no logra sus metas, sino que además sus esfuerzos suelen desperdiciar nuestros impuestos.  Para mejorar esto, se necesita mejorar la institucionalidad del Gobierno.  Esto pasa por mejorar leyes y también por mejorar los sistemas que garanticen que vamos a contratar y a mantener a los guatemaltecos más capaces dentro del Gobierno, resolviendo los problemas importantes del país.  Pero todo lo anterior, tampoco es suficiente.

El Gobierno puede hacer maravillas y aun así fallar.  El problema de la pobreza es que es como un ataque al corazón, en donde las medicinas (los programas gubernamentales) son necesarios para afrontarla.  Pero de nada sirven, si el enfermo no se compromete a cambiar sus hábitos: hacer dieta, hacer ejercicio, controlar su nivel de stress, etc.  Si no cambia sus hábitos, o volverá a experimentar un ataque al corazón, o la gran medicina que estará tomando le empezarán a afectar otros órganos.  Lo mismo sucede con la pobreza, los programas gubernamentales no pueden hacer mucho si la gente no cambia sus hábitos.

Esto último implica que el Gobierno (o las organizaciones ciudadanas) debe tomar un rol de liderazgo que complemente sus programas.  Debe generar espacios donde una serie de hábitos puedan ser aprendidos: la riqueza no necesariamente es mala; ahorrar es beneficioso; ser empresario puede ser algo positivo; es posible encontrar armonía entre trabajadores y empleadores, la importancia de la innovación y del servicio al cliente, la importancia de prácticas empresariales responsables con la comunidad y el medio ambiente, etc. 

En conclusión, cuando discutimos sobre los programas de reducción de la pobreza, también debiéramos discutir sobre los hábitos que deben impulsarse para que dicha reducción sea sostenible.  Esa discusión va más allá de sólo obligar a los padres a mandar a sus hijos a la escuela o asistir al centro de salud.

Por Javier Calderón
Colaborador del CIEN

Hoy quiero hablar sobre la importancia de la libertad de conciencia y la libertad de expresión para el sano desarrollo de las sociedades contemporáneas, especialmente a la luz de la celebración del 188 Aniversario de la Independencia de Guatemala del dominio de la Corona Española y de nuestra histórica conexión con los procesos de globalización económica, política y cultural.

En este contexto es importante reconocer que, tanto en esos primeros años de independencia como durante el resto de nuestra historia como Estado soberano, la construcción de instituciones políticas capaces de protegernos de guerras, crisis económicas, criminalidad, guerras internas y capaces de permitir la cooperación intrasocial e internacional ha sido fundamental para nuestra supervivencia. Esta construcción, estabilización y deconstrucción de nuestra institucionalidad política nos ha permitido adaptarnos de la mejor forma posible a los cambios externos e internos a y de nuestra sociedad. Y, la misma ha sido posible gracias a un constante debate sobre los objetivos, principios fundamentales, estructura y organización de nuesttro sistema político y su relación con nuestras clases sociales y grupos étnicos, sus procesos y la legitimidad de su existencia en una u otra determinada forma.

Mal que bien los guatemaltecos, a lo largo de nuestra historia, hemos sido capaces de adaptar y de mantener viva esa construcción social que llamamos Guatemala y que existe como una entidad política en la cual vivimos. Hemos sobrevivido como comunidad política a la creación del Estado de Guatemala, a la creación de la República de Guatemala, a la creación de los regímenes liberal y socialista guatemaltecos, a la Guerra Civil de la segunda mitad del siglo veinte y a la implementación de las políticas económicas neoliberales en el país. Por supuesto, ello no significa que hayamos creado los mejores sistemas políticos para nuestro país de acuerdo a nuestras circunstancias e intereses. Todo lo contrario, nuestros procesos adaptativos han generado graves injusticias para muchos guatemaltecos y las cuales han sido la base de las subsecuentes revisiones de nuestros sistemas políticos.

Ante esta realidad, el reciente discurso dado por el Alcalde de la Ciudad de Guatemala ante el Congreso de la República durante la celebración de nuestra independencia, pareciera partir de una percepción distinta de nuestra historia. Específicamente, su idea de militarizar el sistema educativo nacional (aunque no define si el público o el privado o ambos) para fortalecer la legitimidad de las actuales instituciones nacionales me resulta extraña ante su carrera como político, ante nuestras experiencias pasadas y me resulta negativa para el desarrollo pacífico de nuestra sociedad. ¿Por qué su idea de la militarización escolar me resulta extraña ante su experiencia como político? Primero, porque la legitimadad de su gobierno nacional entre 1996 y 1999 no la encuentro en la existencia de una sociedad militarizada fiel a su mandato y respetuosa del Gobierno, sino en los resultados perceptibles de su administración. Y segundo, porque la legitimidad que ha tenido su partido político a lo largo de los años y que le ha permitido controlar la alcaldía capitalina por más de una década, no se debe a que los capitalinos hayan sido indoctrinados con disciplina militar, sino nuevamente, porque los resultados de su administración edilicia han sido percibidos como positivos por la población.

¿Por qué su idea de la militarización escolar me resulta extraña ante nuestras experiencias pasadas (como guatemaltecos)? Porque toda la segunda mitad de nuestro siglo veinte está plagada por el rechazo de militares profesionales, disciplinados para respetar, proteger y ser leales a nuestras instituciones políticas nacionales, a esas mismas instituciones. Solo para darnos una idea, tenemos el movimiento militar en contra del gobierno de Ponce Vaides, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, el golpe de Estado de Peralta Azurdia contra el gobierno de Ydígoras Fuentes, el golpe de Estado de 1982 contra el gobierno de Ángel Anibal Guevara, y las multiples “asonadas” en contra del gobierno de Vinicio Cerezo entre 1986 y 1991. Ante esta realidad me pregunto que estaba pensando el Alcalde de la Ciudad de Guatemala cuando dijo que la militarizar el sistema educativo nacional ayudaría al fortalecimiento de nuestras instituciones. ¿No creo que “a pura riata” logremos que nuestros niños y jóvenes crean que algo que a todas luces no funciona bien, de hecho funciona? Por darle riata a un niño no vamos a cambiar el hecho de fondo: si nuestras instituciones, especialmente las políticas, ya no son legítimas ante nuestras ojos es porque no están satisfaciendo nuestros intereses y cumpliendo con los objetivos para las cuales fueron creadas.

Además ¿por qué me resulta negativa para el desarrollo pacífico de nuestra sociedad la idea de la militarización de nuestro sistema educativo? Primero, porque una educación militar que imponga en nuestros hijos la idea de lealtad y respeto a nuestras instituciones políticas por ejemplo, aunque estas no funcionen, es una restricción a nuestra libertad de conciencia. ¿Es que acaso no tengo yo derecho de criticar mis instituciones políticas? ¿Y que tal si creo puedo crear un modelo mejor al actual? ¿Y que tal si nuestras circunstancias económicas, políticas, sociales o ecológicas cambian tanto que necesito un nuevo sistema mejor capacitado para satisfacer mis necesidades ante esas nuevas circunstancias? Es decir, me parece que la idea del Alcalde más bien es propia de un gobierno totalitario o teocrático que incluso quiere controlar la conciencia de la población desde la infancia. Por supuesto, las personas no son estúpidas y cuando se den cuenta que el sistema no funciona, si es que realmente no funciona, no se van a “tragar” el cuento de lealtad y respeto ni van a legitimar dicho gobierno. ¿Y ante tal situación que pueden hacer los guatemaltecos?

Mi último punto, referente a la libertad de expresión, parte de mi última pregunta. ¿Y si los guatemaltecos no pueden sentirse disatisfechos por sus intituciones como las van a mejorar? ¿Es que acaso le voy a pegar a mi hijo hasta que deje de criticar las instituciones políticas del país? ¿O voy a hacer como durante la Guerra Fría: los mando a desaparecer o a aniquilar? ¿Y es que acaso no fue ese mismo modelo de intolerancia ante la crítica política el que inició la peor guerra en nuestra historia? ¿Peor aún, es que no es acaso esa libertad de conciencia y expresión y esa capacidad de criticar e irrespetar a nuestras instituciones políticas la que permitió al Alcalde dar el discurso que dio? ¿En un modelo educativo militarizado como se vería lo que hizo el Alcalde: como traición a la patria o deslealtad política?

Finalmente, creo que gran parte de la sociedad guatematelteca ha llegado al punto de valorar el respeto a la libertad de pensamiento y expresión y la cooperación social pacífica. Sin libertad de conciencia y de expresión no puede haber autocrítica que nos permita evaluar si las decisiones y acciones que tomamos cada día, así como el sistema en que vivimos, son los mejores que podamos y debamos tener. Son solo esas libertades, garantizadas por nuestras leyes y Estado, que nos permitirán seguir avanzando de forma pacífica hacia una mejor Guatemala. A “riata y espada” solo vamos a generar más odio, intolerancia y enemistad dentro de nuestra sociedad. Nuestra libertad de buscar el mejor camino para todos y de evaluarlo constantmente nos permitirá, como al día de hoy seguir viviendo en sociedad, en paz y como unidad, y únicamente el correcto funcionamiento de nuestras instituciones políticas podrá devolverles la legitimidad que hace muchos años dejaron de tener.

Por Vanessa Paz Abdo

El uso de tecnologías limpias es un tema económico de primer orden en la actualidad y debemos de procurar que éstas tengan una mayor utilización en Guatemala, no sólo por la posibilidad que ofrecen en reducir la dependencia de los hidrocarburos, sino por el daño que causan éstos últimos al ambiente.   El cambio climático registrado en nuestro país en el último tiempo empieza a generar cada día más presión para que se busquen alternativas que permitan reducir de manera significativa las emisiones contaminantes y se promuevan acciones tendientes a la preservación del ambiente.   Vale la pena entonces preguntarnos ¿como guatemaltecos hemos hecho un esfuerzo por entender el problema y buscar soluciones? ¿Al menos nos hemos cuestionado cómo podemos contribuir?

En muchos países el desarrollo de tecnologías limpias para el control de emisiones es una alternativa que está adquiriendo cada día más popularidad, por la esperanza que ofrece en torno al  calentamiento global y sus consecuencias; así como por la posibilidad que ofrece de una independencia energética.  Por esta razón, expertos en el tema de tecnología y analistas financieros consideran a la tecnología limpia como “la oportunidad económica más grande del siglo XXI”.  Sin embargo, su aplicación depende en gran medida del conocimiento técnico y ambiental que se tenga sobre estas prácticas y procesos.

Una tecnología limpia es aquella que al ser aplicada reduce el impacto ecológico al no producir efectos secundarios o trasformaciones del equilibrio ambiental o de los sistemas naturales, porque reduce al mínimo las emisiones a la atmósfera, suelo y cuerpos de agua permitiendo así una optimización en el  uso de los recursos naturales, generando beneficios económicos y mejorando la competitividad de los productos.  La tecnología limpia abarca no sólo el sector de la energía renovable y los biocombustibles, sino también los desarrollos tecnológicos que permitan hacer las labores cotidianas con la menor utilización posible de recursos o productos que contengan componentes dañinos al medio ambiente.

Actualmente existe una tendencia a introducir combustibles limpios en sustitución de otros más contaminantes con la intención de lograr un mejor aprovechamiento energético y responder a las exigencias ambientales actuales.  Entre las principales fuentes de energía alternativa están las que se basan en el hidrógeno, la biomasa, la geotermia, el sol y la cinética.   Por ejemplo, en el futuro cercano se espera que la utilización del hidrógeno como combustible sea cada vez mayor ya que, a diferencia de la combustión que existe en los motores tradicionales a base de gasolina u otros similares, el hidrógeno genera como emisión únicamente vapor de agua mediante un proceso electroquímico. 

El apoyo directo de los inversionistas de capital de riesgo en este sector es fundamental para el éxito de las tecnologías alternativas, sin dejar a un lado la labor de las autoridades gubernamentales, quienes juegan un papel crucial para coordinar la adopción de la tecnología limpia, promoviendo el éxito de nuevos modelos de operación que se conviertan en impulsores del desarrollo económico del país.  Cabe señalar que además del impacto ecológico directo que tiene la tecnología limpia, su utilización permitirá alcanzar mayor eficiencia en el uso de recursos materiales y energéticos, incrementando la productividad y competitividad de las empresas.

Una de las formas en que el gobierno puede promover el uso de tecnologías limpias es reformando, fortaleciendo y mejorando sus políticas reglamentarias, con miras a que éstas promuevan decisiones empresariales que cambien las prácticas dañinas, promoviendo la eficiencia y la inversión.  Particularmente, hay que dejar de pensar que la solución se encuentra sólo en legislaciones que controlen las emisiones a través del establecimiento de límites de emisión, pues lo que el país efectivamente requiere es una sustitución de las tecnologías ineficientes por otras que ya han demostrado ser limpias y eficientes.  Por último, las políticas y programas gubernamentales deben reconocer que ya existen diversas iniciativas privadas que operan en el país en apoyo a la protección de la naturaleza.

Resulta necesario un cambio de mentalidad por parte de todos los guatemaltecos, ya que la mayoría no somos conscientes de cuánto contaminamos a diario ni de los costos que esto implica para toda la humanidad.  La lucha por detener la contaminación y conservar el ambiente es tarea de todos.  Debemos recordar, que los seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar el curso de la historia y proteger nuestro planeta ante los cambios climáticos que se están dando, a diferencia de los animales y las plantas cuya una opción es la extinción cuando no logren adaptarse a estos cambios.  Contribuyamos a mejorar nuestro medio ambiente siguiendo los principios básicos de la administración de los recursos económicos y productivos, con miras a incrementar la productividad y la eficiencia.  Con la adopción de tecnología y prácticas limpias todos saldremos beneficiados.

Por Verónica Spross

La incorporación de educación técnica es urgente para que al graduarse los jóvenes puedan incorporarse al mundo productivo.

En Quito, Ecuador, durante la Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación, se analizó la situación de la secundaria en la región. La declaración emitida se tituló Mejores oportunidades para los jóvenes: Repensando la educación secundaria. El tema seleccionado constituye un tema prioritario para la mayoría de países, siendo de especial relevancia y urgencia en el nuestro, por las condiciones de la juventud que no está asistiendo a los centros educativos y que se encuentra en condiciones de riesgo.

Una de las metas establecidas es alcanzar una tasa bruta de matrícula de inscripción en secundaria del 75% para 2010. También indicaron que desarrollarán estrategias para hacer asequible una educación de calidad para todos los jóvenes para 2015. Esta meta sería demasiado ambiciosa para Guatemala; pero, debe servirnos como un faro de luz que oriente hacia dónde deben encaminarse las acciones de los próximos años. Las recomendaciones que emitieron incluyen que se procure aumentar el financiamiento para este nivel educativo y que se fomenten alianzas y estrategias de cooperación entre el sector público y el sector privado.

En el caso de nuestro país resulta fundamental tomar en cuenta que una parte importante de los servicios educativos de secundaria, tanto en básicos como en diversificado, son brindados por establecimientos privados. La ampliación de cobertura en este nivel debería pasar por un fortalecimiento del subsector privado, además de lo que se haga a nivel de establecimientos gubernamentales. Ello requerirá una revisión del marco legal e institucional que regula a los establecimientos privados, incluyendo la derogatoria del Decreto 116-85 y su reglamento, que establecen un sistema obsoleto e inoperante para la fijación de las cuotas escolares, que limita a dichos establecimientos la capacidad de crecer, mejorar y elevar la calidad de educación que imparten.

El objetivo de la reforma de la secundaria, además de aumentar la cobertura, debe pasar por el mejoramiento de la calidad de la educación, lo cual requiere especialmente que los jóvenes adquieran las destrezas básicas para la vida y para el trabajo. Las alianzas entre el sector educativo y el sector productivo permitirán vincular las necesidades de recurso humano en el sector productivo con las carreras de diversificado. La incorporación de una educación técnica es urgente para que al graduarse de secundaria los jóvenes puedan incorporarse exitosamente al mundo productivo. Asimismo, es fundamental implementar programas de emprendimiento a todo nivel de la secundaria, que les permitan a los jóvenes adquirir las herramientas y destrezas personales para emprender proyectos productivos o comunitarios.

El acuerdo de Quito recomienda también que se dé participación a los jóvenes en las decisiones relativas a su propio desarrollo educativo y a las políticas públicas correspondientes; se fortalezcan los currículos para que sean pertinentes al mundo contemporáneo; se desarrollen sistemas de acreditación y certificación de competencias claves y laborales; se introduzcan y fortalezcan las tecnologías de la información y la comunicación, y se fortalezca la formación técnico-profesional y vocacional, entre otras acciones. Se concluyó, asimismo, sobre realizar un desarrollo profesional docente que responda a las necesidades del Siglo XXI. Tenemos aquí las bases de una agenda local para lograr la transformación de la secundaria para beneficio de miles de jóvenes.

Por José Raúl González Merlo

La Unión Europea “respondió” a la situación de hambruna y anunció que donará US$20 millones para un programa de “seguridad alimentaria”. De la misma manera, miles de guatemaltecos han entregado alimentos para aliviar la crisis de hambre. La cosa es ¿qué vamos a hacer cuando se terminen de repartir los alimentos?

No más almuerzos diplomáticos en los comedores solidarios de las áreas urbanas. El cuerpo diplomático europeo se puso las pilas y nos envió alimentos para los más pobres. Todo el alimento donado aliviará el hambre para muchas personas y harán una diferencia importante a corto plazo. Sin embargo, lamentablemente, no hará una diferencia importante para el largo plazo. Los 16 municipios de los departamentos Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, Jalapa y El Progreso, donde se repartirá la ayuda, son de los más pobres porque no hay suficientes fuentes de empleo. Aun dentro de los departamentos más pobres hay municipios más prósperos que otros. Hay “desigualdades”, como les gusta decir a algunos. Y estas desigualdades están en función directa de la cantidad de empleo que se ofrece en un lugar y en otro. En Quiché, por ejemplo, donde el 80 por ciento de los habitantes califican como “pobres”, hay 20 por ciento que califica como “no pobre”.

Por lo tanto, el secreto no es cómo entusiasmar a nacionales y extranjeros a regalar la comida, sino a invertir en nuevas fuentes de empleo. El Gobierno tiene el papel más importante de todos: crear un ambiente adecuado para que la inversión se vea atraída.

Algunos insisten en que sin educación y salud, las inversiones nunca llegarían a esas regiones. Se equivocan (aunque con educación y salud ciertamente llegarían más). Parece que las “inversiones” solo pueden venir en la forma de la emblemática planta de INTEL en Costa Rica. Nada que ver. Hay prósperos empresarios indígenas en Quiché que contribuyen a que ese 20 por ciento de “no pobres” viva mejor pese al analfabetismo y la falta de salud en todo el departamento. ¿Cómo hacemos para que haya más de esos empresarios?

Por desagradable que les suene a algunos, los empresarios tienen la capacidad de descubrir esas oportunidades de generar prosperidad. Pero no lo pueden hacer tan bien en lugares como en Guatemala, donde el Gobierno no cumple acertadamente con sus funciones básicas. Así que, luego de que se repartan los alimentos, vale la pena que nos propongamos, de una vez por todas, hacer del país un lugar más atractivo para la inversión nacional y extranjera. Allí es donde el Estado tiene mucho que hacer. No suena político y parece que carece del apelativo “social” que tanto les gusta a otros. Pero es lo que nos sacará de pobres y eso, a final de cuentas, es lo más importante.

Por Hugo Maul

Pretender que con una ley se resuelva es un espejismo.

“No estoy seguro si sea la solución, pero la legalización de las drogas es, por lo menos, una propuesta mucho más coherente que enfrentarse a balazos en toda la República” (www.youtube.com “Cineminuto Drogas”). Tal y como reza la publicidad del Partido Social Demócrata de México, hay que buscar una “nueva forma de pelear”. A la vez, también reconocer que estas nuevas formas de pelear conllevan costos y beneficios. Legalizar las drogas es un ejemplo de este nuevo tipo de lucha.

Los argumentos en este debate son más complicados y profundos que lo que podría parecer a simple vista. Los elementos involucrados en esta dinámica van más allá de estructuras tangibles como la cadena de producción, distribución y consumo de droga, protección y la violencia asociada. Existe también una dimensión intangible de tanta o más importancia: la moral, la cultura, los valores, la educación y la familia. Desde esta perspectiva, el problema del abuso en el consumo de drogas depende también de la educación y la responsabilidad de los padres y las familias en este problema. Pretender que con un acto legislativo se resolverá los problemas asociados a esta compleja dinámica es un espejismo.

La ley, finalmente, no puede ser la fuente de lo que una sociedad considere correcto o incorrecto. Sin embargo, dada la dinámica de la sociedad actual, existe un gran riesgo que la despenalización de las drogas se interprete como la aprobación social de un comportamiento no necesariamente deseable. En temas como este la ley puede llegar a adquirir una connotación moral que incida directamente en lo se considera bueno o malo. Situación que podría incidir en los valores, actitudes y esquemas sociales que se requieren para “solucionar” el problema. Por ejemplo, el tipo de educación que deben recibir los jóvenes en torno a la responsabilidad en el consumo de drogas y el papel de la familia en esa educación, entre otros.

Aún así, tal y como sostiene la agrupación mexicana, lo importante es encontrar una “nueva forma de pelear”, sin frivolidades, cálculos oportunistas, con seriedad y conocimiento, evitando caer en las simplificaciones y reconociendo cuánto de este problema tiene que ver con los valores que enarbola nuestra sociedad actual. La legalización podría no ser la solución, pero al menos es una forma de hacer despertar a la sociedad respecto de un problema al que no se le presta la debida atención. Es claro que a balazos no lo vamos a resolver.

Por Vanessa Paz Abdo

Los gobiernos de muchos países latinoamericanos, hasta el momento, han mantenido el criterio de subsidiar al transporte público en algunos renglones (por lo general, combustible y piezas de repuestos). Sin embargo, es evidente que ese subsidio ni es realista ni es suficiente para asegurar un servicio de calidad a los usuarios. Las estrictas regulaciones gubernamentales que fijan los precios y las municipalidades que imponen restricciones de entrada y asignación de rutas a las empresas de este sector, son un verdadero desestimulo para la inversión en el sistema de transporte, el cual continúa estancado desde hace muchos años.

El sistema de transporte público actual en Guatemala constituye uno de los tantos problemas que debemos de afrontar la mayoría de los guatemaltecos cuando queremos movilizarnos por las calles y en especial desplazarnos hacia nuestro trabajo. Constituye uno de los grandes retos a resolverse, pues es evidente que el sistema de transporte público vigente no sólo no es económicamente sostenible para el gobierno a largo plazo; sino que encima de todo no es satisfactorio para ninguno de los involucrados. Ni siquiera para la población más pobre del país, que es supuestamente a quien se está apoyando con las subvenciones de las tarifas. 

Resulta que en las paradas de los buses continuamente se escuchan comentarios de insatisfacción porque el mismo se caracteriza por ser insuficiente en las horas pico, por recibir malos tratos en algunas ocasiones, por no gozar del beneficio de pasaje gratuito cuando se es de la tercera edad, porque las unidades se encuentran en malas condiciones, por el miedo a ser atracado por algún delincuente… En pocas palabras el sistema actual es catalogado por la mayoría de deficiente en cuanto a los términos de servicio y de seguridad.  Sin olvidarse, de la enorme contaminación que ocasionan algunas unidades que circulan en mal estado.  Cabe destacar, que el tema de la seguridad y violencia no es específico al transporte público, pero la preocupación de la gente si refleja la omnipresencia del crimen en nuestro país.

Bajo estas condiciones actuales, estoy segura que hay miles de guatemaltecos que no estarían dispuestos a utilizarlo aunque este servicio fuera gratuito.  Y quienes lo utilizan, es simplemente porque se tienen que resignar a utilizarlo, al no tener a su alcance ningún otro medio de transporte.  Pero muchos se preguntarán ¿porqué es necesario que un país cuente con un sistema de transporte público seguro, eficiente y a un precio razonable? Pues resulta que el transporte influye de forma significativa en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Además, de que la tarifas y subsidios tienen implicaciones económicas y políticas en el desarrollo nacional. Con esto no quiero decir que los subsidios al transporte público deban de eliminarse por completo en Guatemala; sino más bien que estos deberían ser focalizados hacia quien realmente los necesita, y no darse de manera general para todos; pues es obvio que si se desea contar con un buen sistema de transporte público en el país, las tarifas deberían de readecuarse, y dejar que se establezcan mediante un sistema competitivo libre, pues esta es la única manera de alentar a la inversión privada en este sector para aumentar no sólo la calidad, sino también la cantidad de unidades disponibles.  De la mano de esa mayor libertad de precios que se estaría otorgando, también debería de establecerse un ente regulador que se tome en serio el tema de la regulación de la calidad del transporte público. De esta manera, se estaría satisfaciendo las necesidades de las diferentes partes involucradas.

Porque, ¿a quién no le gustaría poder movilizarse a su trabajo o a cualquier otro destino en un medio seguro, económico y eficiente, y llegar al mismo descansado y sin estrés?  ¿a quien no le gustaría evitar salir más temprano para evitar hacer largas colas ocasionadas por el exceso del parque vehicular en las calles, o el tener que buscar parqueos donde estacionar al llegar al destino porque cada vez se prohíbe estacionar en más sitios? ¿O el tener que estar lidiando con otros conductores un poco imprudentes?  Esto, sólo se podrá cuando los planes para el transporte público formen parte de las visiones a largo plazo del gobierno dentro de un modelo integrado de transporte público sostenible, coherente con otras políticas y apoyado por todos los ciudadanos; pues viajar con seguridad y eficiencia es una de las principales preocupaciones de la población, de todas las edades y clases sociales.  
 
Hablar de un país con un sistema de transporte público de calidad, será equivalente a contar con un sistema cómodo, accesible y seguro para toda la población.  Por ello, el gobierno no debe de escatimar recursos en la búsqueda de alternativas que permitan un desarrollo óptimo del transporte público y que el mismo sea una solución permanente para que las próximas generaciones no tengan que pasar por lo mismo que estamos pasando el día de hoy, o una situación aún peor.

Por Verónica Spross

“Sin que me diera cuenta, dos jovencitos me abordaron del lado izquierdo del vehículo y uno de ellos me pidió el celular...”

“El muchacho que me pidió el teléfono tenía una expresión muy dura en la cara; tal vez la endurecía para generar miedo”.

Eran cerca de las seis de la tarde cuando mi amiga Ana llegó al lugar acordado para nuestra reunión. La noté nerviosa y un poco pálida. Lo primero que me dijo fue: “Trataron de robarme el celular en plena avenida Reforma, en el carril auxiliar, pero no se los di”. Pese a que los ladrones no obtuvieron lo que deseaban, mi amiga quedó sumamente impactada y frustrada por haber sido una víctima más de la delincuencia.

Cuéntame, le pregunté, pensando en que es sano exponer los sentimientos que se generan cuando suceden estos eventos. “Sin que me diera cuenta, dos jovencitos me abordaron del lado izquierdo del vehículo y uno de ellos me pidió el celular. Pasaron algunos segundos, que en mi mente parecieron minutos; mi reacción natural fue decirle que no, que se fuera de allí, pero observé que me amenazaba con un fierro, algo parecido a un cuchillo, pero afortunadamente no tenía pistola”, me compartió, todavía nerviosa.

Ana me contó que el joven tendría unos 14 ó 15 años. “El muchacho que me pidió el teléfono tenía una expresión muy dura en la cara; tal vez la endurecía para generar miedo en sus víctimas. Yo les grité y toqué la bocina con desesperación. Se fueron corriendo. Atravesaron la Reforma en un instante y desaparecieron en una calle aledaña. Tenían una mochila colgada al hombro”, dijo Ana.

Mi amiga comentó que se quedó pensando en múltiples interrogantes acerca de estos jóvenes. ¿Por qué no están en la escuela? ¿Quiénes serán sus padres? ¿Qué valores practican? ¿Por qué han decidido robar? ¿Por qué cometen estos actos delincuenciales a menos de 75 metros de distancia de un guardia de tránsito? ¿No les preocupa su futuro? ¿Será miembro de una pandilla? En fin, estos acontecimientos desatan inquietud en quien lo sufre, pero también deben ser motivo de análisis para todos los guatemaltecos.

Es necesario continuar trabajando con mayor esfuerzo en la reinserción social de los jóvenes pandilleros. La mejor alternativa es la prevención. La principal recomendación sería retener a los jóvenes en la escuela, proporcionándoles programas de educación para el trabajo.

Es necesario, asimismo, trabajar en estrategias de salida de las pandillas, así como también orientar esfuerzos al fortalecimiento de las familias y los valores. Es necesario poner atención al drama que viven muchos jóvenes y sus familias en áreas marginales. Al brindarles oportunidades de educación y trabajo pueden tener un mejor futuro.

Por José Raúl González Merlo

El discurso que el alcalde de Guatemala pronunció durante la sesión del Congreso para celebrar la independencia provocó una gran controversia entre el establishment político. Lo anterior demuestra que Álvaro Arzú sigue manteniendo suficiente capital político como para cometer el pecado de llamar las cosas por su nombre y decir lo que verdaderamente piensa.

La solemne sesión abrió con el discurso del alcalde. Para sorpresa de muchos el discurso fue una severa crítica a la democracia, al intervencionismo de la comunidad internacional e incluyó una propuesta para retomar el espíritu de la antigua educación “cívico-militar”. Esto último fue lo que más escandalizó a diversas figuras políticas. ¿Qué quiso decir el alcalde? En sus propias palabras: “el Estado debe inculcar también valores cívicos, valores de convivencia, los valores que promueven el respeto y la disciplina y, por ende, que restablecen la autoridad de las instituciones”. ¿Un regreso al pasado? En la mente de algunos, sí; sin embargo, todo es relativo. Quizás lo que el alcalde propone sea preferible a lo que tenemos ahora: un modelo educativo “democrático” controlado a sabor y antojo por el máximo dirigente sindical magisterial: Joviel Acevedo.

¿Qué político guatemalteco puede darse el lujo de llamar a la comunidad internacional la “Santa Inquisición”? Solamente Arzú, quien recogió el sentimiento de muchos ciudadanos al ver cómo la hipocresía de los políticos en el poder se ensaña en contra del pueblo hondureño al preguntarles: “¿por qué declaran ilegítimo el gobierno que será elegido próximamente en Honduras?”. Ninguna otra figura política nacional ha tenido el valor de cuestionar las diversas formas de intervención de esa comunidad internacional a la que el alcalde señala de “compra de voluntades en la sociedad civil”.

El alcalde insistió durante su discurso en la imperiosa necesidad de rescatar nuestras instituciones. “No me refiero sólo a las instituciones estatales” —dijo— “me refiero también a las iglesias, me refiero a la prensa, me refiero al sector privado, me refiero a los partidos políticos, me refiero a la comunidad en general (…)”, continuó. Se quedó corto en la lista, pero tiene razón.

Mi evaluación del discurso es que no lo volverán a invitar el año entrante. Pero, a pesar de ello, creo que sus palabras fueron bien recibidas por un importante sector de la población que, como él, comparte la frustración de la equivocada dirección en la que hemos permitido que nos lleven. Lo que quedó claro es que no hay otro político en el país con la suficiente convicción y capital político para decir lo que verdaderamente piensa, ya sea en privado o en público. Quizás sea por ello que Arzú es un político, malo para caer bien, pero bueno para ganar elecciones.

Por Hugo Maul

Prorrogar un contrato sin modificación de términos.

Ni un segundo más. Faltan dos segundos; 3:59:58 p.m.  Se cierra la puerta. Así lo dice el cartel recién pegado en una pared. Sale sobrando lo que indica la página electrónica de la institución o los rótulos pintados en las ventanas de esta oficina de gobierno. En vano corre una señora, con niño en brazos y mochila al hombro. La hora de atención al público no se fija en función de quienes trabajan, atienden su hogar o tienen otro tipo de obligación. Ni enojarse vale la pena. El muchacho que cuida la puerta sólo obedece órdenes. El supervisor no puede decir nada. La Dirección de Migración establece los horarios.

El servicio de emisión de pasaporte está concesionado a una empresa privada. Eso no cambia nada. El contrato, según reportaron los medios, se prorrogó un año más. ¿En qué términos?

Según el nuevo interventor de Migración, son “los mismos términos del contrato original, por lo que no hay modificación en el precio ni normas de seguridad” (http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=54094&fch=2009-08-20). ¿Por qué? El pequeño detalle que el horario de atención al público no sea de 8:00 a 18:00 horas, como dice la página electrónica de la mencionada institución, es irrelevante. Lo que realmente importa es la decisión del Gobierno de buscar una solución de “fondo”. La cual incluye prorrogar un contrato sin modificación de los términos y centralizar los servicios de emisión de pasaportes. Si bien este contrato de concesión no ha sido el mejor ejemplo de la participación del sector privado en la provisión de un servicio público, tampoco una centralización garantiza, per se, nada mejor. La concesión de servicios a la empresa privada, por el simple hecho de que esta no sea gobierno, no garantiza ningún resultado distinto. Hace falta garantizar condiciones que favorezcan la competencia y la eficiencia. La centralización del servicio tampoco garantiza nada. Salvo que habrá que hacer una millonaria inversión para prestar el servicio y que ahora sean funcionarios públicos los que cierren la puerta. Esperemos que la decisión de centralizar sea producto de algún criterio técnico y no simplemente una decisión destinada a favorecer a alguna empresa en particular con la venta del equipo. La mejora del servicio nunca ha sido parte de la ecuación. Recuerde, a las 4:00 p.m. cierran la puerta. Siempre pregunte antes. Los interesados en el proceso de licitación del equipo pueden darle seguimiento en Guatecompras (http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=738417&lper=2009&o=26&iUnt2=1&iEnt=5&iUnt=0&iTipo=4).

Por: Vanessa Paz Abdo

La inseguridad ciudadana puede convertirse en una amenaza para la democracia, ya que evidencia el debilitamiento del Estado como facilitador de una vida tranquila con libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral para todos.

A pesar de que el actual gobierno asegura realizar esfuerzos para solventar la inseguridad ciudadana, resulta que estos han sido insuficientes para frenar los niveles de violencia, crimen y delincuencia que azotan al país; la sociedad guatemalteca vive en un estado de miedo constante y prácticamente con la certeza que si acude a las autoridades gubernamentales éstas no le brindarán las suficientes garantías para su protección.

Detrás de la tragedia que representan los hechos de violencia que diariamente son reportados por los diferentes medios de comunicación, existe una serie de costos asociados a este flagelo. El primero de ellos, y uno de los más serios, es que conlleva por lo general una disminución de la actividad económica, originada principalmente por la incertidumbre que provoca, haciendo que las empresas busquen sitios “más seguros” para invertir.  Asimismo, las empresas se ven en la necesidad de adquirir medidas extra de seguridad preventiva; tales como alarmas, guardias privados, seguros, perros y otros.  Esto hace que las empresas se vuelvan menos productivas y competitivas al tener costos de operación más altos asociados a esta situación, que de no existir, podrían ser más bajos. Otra consecuencia que se puede mencionar, además de las pérdidas de capital físico y humano, es la distorsión que provoca en la asignación presupuestaria del país al tener el Estado que dedicar más recursos para la seguridad, en lugar de utilizarlos para otras áreas prioritarias como lo son educación, salud, vivienda e infraestructura.

Algunas personas sostienen que para garantizar la seguridad de los habitantes de una nación basta con aumentar el número de policías en las calles, así como de dotarles de mejor armamento, o tomando medidas represivas contra aquéllos que atenten contra la misma.  No obstante, dicha postura únicamente se enfoca en resultados de corto plazo sin abordar las causas más profundas de la violencia e inseguridad; en otras palabras, esa receta ataca los síntomas sin curar la enfermedad.

Para combatir de una manera eficaz y eficiente la inseguridad ciudadana se requiere por parte del gobierno un verdadero esfuerzo por construir un verdadero Estado democrático, basado en acciones orientadas al desarrollo social, al establecimiento de medidas de prevención y mayor transparencia del sistema de justicia.  Se requiere, entre otros,  emprender una política económica y social tendiente a mejorar las condiciones de vida de la población mediante la creación de más y mejores oportunidades de empleo; condición que sólo se logra con el fomento de la inversión nacional y extranjera en un ambiente donde prevalezcan reglas claras, estables y transparentes.

Esto último no implica olvidarse de que las políticas y la ejecución de las leyes debe combinarse con una buena educación y cambios de actitud que principian desde el hogar y la escuela.  Con todo esto quiero decir que, en el largo plazo, la inseguridad ciudadana se puede contrarrestar sólo con una visión integral del problema y la participación de todos; con medidas preventivas y estratégicas, además de acciones coyunturales y represivas.

Es necesario y urgente que el gobierno haga una revisión de las políticas de seguridad exitosas alrededor del mundo, considerando siempre las diferencias y las características particulares de Guatemala, ya que los factores de riesgos generadores de la violencia e inseguridad ciudadana varían entre países.   Con esta base inicial podrá diseñar un plan de largo plazo, que involucre no sólo a las autoridades, sino a cada uno de los miembros de la sociedad, pues aunque el Estado es un facilitador, en última instancia es responsabilidad de todos construir una sociedad auténticamente democrática. 

Por:  Lisardo A. Bolaños Fletes

¿Dónde están los valientes?  Los estoy buscando.

Creo que muchos guatemaltecos estarán de acuerdo conmigo que uno de los principales problemas del país es la desnutrición, especialmente la desnutrición infantil.  Este problema tan arraigado en países como el nuestro afecta el desarrollo mental de los niños, lo cual reduce el impacto del sistema educativo, así como las posibilidades de tener trabajadores competitivos mundialmente.  También afecta la salud de los guatemaltecos, teniendo que lamentar la muerte de muchos recién nacidos e infantes, y haciendo frágil la salud de todos.  Además, el argumento moral es fuerte, ¿cómo puede la sociedad guatemalteca afrontar niveles de desnutrición infantil del 49.3%, cuando se da otros lujos, como país, como familias y como ciudadanos?

El argumento moral corta por todos lados.  Implica pensar en incrementos de impuestos, asumiendo que hay otras prioridades ineludibles que el Gobierno no puede dejar de financiar.  Pero OJO, también quiere decir que gastos no prioritarios debieran dejarse a un lado y redireccionarse hacia la lucha contra la desnutrición.  Creo que en el caso de Guatemala, lo último no se ha intentado.  Por eso creo que en el Gobierno de Guatemala, faltan valientes.

Les doy un ejemplo.  El Gobierno, para el año 2010 pretende desperdiciar Q.567.5 millones en deporte federado, deporte no federado, educación física, recreación y deportes.  Recursos que en el pasado reciente han sido utilizados para regalar vajillas; o que han ido a parar a los bolsillos de directivos, según las denuncias de corrupción que se han filtrado en los medios de comunicación.  Aun ignorando lo anterior,  ¿es el deporte una prioridad cuando la gente se está muriendo por desnutrición?  ¿Es prioritario pagarle a delegaciones deportivas su estadía en otros países para representarnos, cuando hay niños que no tienen que comer?  No y mil veces no.  Eso creo yo.  Seguro, también otros guatemaltecos.

Claro, la excusa de los cobardes burócratas es que la Constitución Política de la República manda a realizar dichas asignaciones (igual que otras dudosas).  Es cuestión de prioridades y de interpretación de la Ley.  Estoy seguro que uno puede construir un caso para que la Corte de Constitucionalidad reconozca que puede reducirse la asignación constitucional al deporte, cuando se pone en riesgo derechos constitucionales más importantes.  ¿Cuáles?  Artículo 1: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.  Artículo 2: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.  Artículo 3. “El Estado garantiza y protege la vida humana dese su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.  Claro, lo que pasa es que nadie se va a atrever a hacer esto, porque seguramente implica amenazad de muerte, porque es meterse en el negocio de unas cuantas gordas sanguijuelas.

Lástima que los burócratas de este Gobierno estén muy ocupados regalando dinero con fines electorales.  Lástima, que no estén ocupados siendo valientes y atacando de frente el hambre de los guatemaltecos.

Por Verónica Spross

Los retos se pueden resumir en darle continuidad a las políticas de largo plazo, mejorar la gestión y fortalecer la docencia.

Los cambios abruptos no son la mejor alternativa para la evolución natural de un sistema u orden social. La reciente renuncia de la ministra Ana de Molina refleja un problema, y por lo tanto debe servir como base de una reflexión nacional sobre la situación, avances y desafíos del sistema educativo. La imposibilidad de cumplir con las metas de cobertura y calidad, frente a la realidad económica que se refleja en la escasez de recursos, es un perfecto ejemplo del dilema de la economía: ¿Qué hacer cuando tenemos necesidades ilimitadas, pero los recursos son limitados?

Esa es la pregunta fundamental a la cual busca dar respuesta la ciencia económica. Es importante priorizar aquellas actividades que resultan más valiosas para las personas. Aplicando este concepto a los acontecimientos nacionales, deberíamos poder definir claramente cuáles son las actividades fundamentales que debe atender el Ministerio de Educación. Si no podemos financiar toda la educación que quisiéramos porque la recaudación fiscal tiene un límite, hay que definir qué es lo que se va a poder hacer con los recursos disponibles; en este caso, con la asignación presupuestaria para el 2010.

Ante un panorama como este, la llegada de un nuevo Ministro a la cartera de Educación representa un desafío y a la vez una oportunidad. En primer lugar, es un desafío porque deberá hacer un análisis de los programas y proyectos que se han venido ejecutando para evaluarlos y determinar si deben continuar y fortalecerse, o por el contrario cambiar de dirección. Algunos de ellos, como la implementación del CNB de primaria y básicos, la evaluación del rendimiento escolar o la introducción de tecnología en las escuelas deberán continuar con energía renovada.

Un tema que deberá ser revisado es la política de desconcentración y el fortalecimiento de las Direcciones Departamentales. Desde el punto de vista conceptual, es positivo que éstas se fortalezcan y puedan resolver diversos temas a nivel del departamento, sin tener que venir al Despacho para que se tomen ciertas decisiones o se firmen los nombramientos de los maestros de todo el país. Pero, también deberá tomarse en cuenta que no se trata solamente de contratar más personal, sino de capacitarlo y facultarlo para realizr la tarea que le corresponde. También es necesario revisar el modelo de gestión del Ministerio de Educación de tal forma que pueda responder con eficiencia, eficacia y agilidad a la entrega de los servicios que le corresponden, especialmente en cuanto al traslado de los recursos para la refacción escolar, los útiles y necesidades básicas de las escuelas.

El fortalecimiento de la escuela como unidad fundamental del sistema educativo deberá ser abordado, así como también la recuperación de la participación de padres de familia, con el fin de que continúen apoyando la educación de sus hijos, elemento que contribuye, junto con otros aspectos, a que se genere el clima adecuado para el aprendizaje.

El Dr. Argueta tiene una gran tarea por delante. Llega con una maleta llena de conocimientos y experiencias en el campo educativo. Sus principales retos se pueden resumir en darle continuidad a las políticas con visión de largo plazo, mejorar la gestión para tener los resultados deseados y fortalecer la profesión docente, desde su formación hasta introducir los incentivos por desempeño.

Por José Raúl González Merlo

El vicepresidente Espada quiere meter en la cárcel a la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán, al alegar que ella lo ha injuriado, difamado y calumniado. El esfuerzo debería ser legalmente inútil; sin embargo, constituye una de las más graves amenazas a la libertad de expresión que este gobierno ha presentado.

Artículo 35 de la Constitución: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios… podrán exigir que un tribunal de honor… declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación”.

Artículo 30 de la Ley de Emisión del Pensamiento —de rango constitucional—: “...En ningún caso podrá tenerse como falta o delito la crítica o censura a… las autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus cargos…” Artículo 35: “No constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”. Artículo 71: “De los ataques o denuncias contra funcionarios o empleados públicos, por actos puramente oficiales y referidos al ejercicio de sus cargos, conocerá un tribunal de honor a solicitud del interesado”.

A la luz del espíritu y del texto literal de la ley, lo dicho por la licenciada Díaz-Durán goza de una clara protección constitucional y, por ende, el vicepresidente se tiene que aguantar la cólera y denunciarla a un tribunal de honor, no al Ministerio Público como lo ha hecho. ¿Por qué se habrá acudido a la vía penal? Una posibilidad es que el Gobierno en general y el vicepresidente en particular estén mal asesorados. La otra es que, cansados de tanta crítica, el Ejecutivo esté “probando las aguas legales” para intimidar a sus detractores al intentar meter en la cárcel a la licenciada Díaz-Durán como un caso ejemplar y “paradigmático”.

Por lo tanto, lo que está en juego no solo le incumbe a la licenciada Díaz-Durán, sino a todos los ciudadanos. Los gobiernos tienden a atacar la libertad de expresión del pensamiento. Unos han tenido más éxito que otros. Este no es la excepción. Es en interés de los ciudadanos libres que el MP, en estricto apego a la ley, se abstenga de seguir con esta acusación penal. Si no fuera así, la maquinaria de intimidación tomará inercia y nuestra libertad estará en juego. El vicemandatario tiene derecho a buscar restablecer su honor. Pero lo debe hacer en apego a la ley y sin abusar del poder al violar la Constitución.

Por Hugo Maul R.

¿De qué depende la legitimidad de un proceso electoral? ¿Bastará con unas elecciones limpias y transparentes? Parece que no, por la actitud adoptada por ciertos gobiernos de la región parece que hace falta también agradar a los vecinos. Sea que los vecinos tengan, o no, legitimidad para decir algo al respecto. Resulta fácil pedir al gobierno hondureño algo de lo que nosotros mismos carecemos. En nuestro caso,  antes de dudar de la legitimidad del proceso electoral hondureño, habría que analizar qué tanto está haciendo el gobierno de turno para garantizar un proceso electoral legítimo en nuestro país. Aunque oficialmente no estemos todavía en el proceso electoral, es claro que el gobierno oficial ya se encuentra en campaña. Campaña que incluye todo tipo de acciones para consolidar de forma desmesurada el poder del partido oficial antes de la elección. Maniobras que van desde atentar contra la división de poderes, al tratar de manipular la elección de la Corte Suprema de Justicia, hasta el uso de recursos públicos con fines electorales. Resulta paradójico, entonces, que quien no hace mucho para garantizar la legitimidad de su propio proceso ponga en duda la legitimidad del proceso electoral de un país vecino.

Resulta fácil amenazar con desconocer a quien resulte electo en Honduras si no se restituye previamente a Zelaya en el poder. Más difícil resulta ser respetuoso de las instituciones y fortalecer la democracia. Cuestión que, como bien se sabe ahora, es más fácil de decir que de cumplir. Zelaya no es el mejor ejemplo en materia de obediencia al ordenamiento legal de su país. Sobre todo, en asuntos que tienen que ver con temas electorales y que riñen con su deseo de perpetuarse en el poder. Los reiterados abusos y desobediencia de Zelaya se constituyen en poderosas razones para desconfiar acerca del papel que podría jugar en las próximas elecciones del país vecino si estuviera en el poder. Dadas sus acciones en el pasado reciente, Zelaya no tiene credibilidad que aportar al proceso electoral hondureño. Antes bien, nada garantiza que Zelaya, envalentonado por haber sido restituido en el poder y con el apoyo de los gobiernos amigos de Chávez en la región, no pretenda manipular el proceso electoral en su propio beneficio. Más importante que restituir a Zelaya, habría que garantizar un adecuado seguimiento de las elecciones hondureñas y poner presión para que se respete la voluntad del electorado. Mal sin Zelaya, peor con él. 

Por Alvaro Velásquez

Consultor e Investigador de FLACSO - Guatemala

Columnista del Diario Siglo XXI

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NOTA DEL ADMINISTRADOR DEL BLOG

El Autor de este texto busca rebatir la postura planteada por José Raúl González Merlo en su reciente artículo titulado "Hambruna y Pobreza".  Por la extensión y desarrollo de los argumentos planteados, los administradores del blog consideramos pertinente presentar el texto íntegro como artículo en lugar de remitirlo a la sección de comentarios.

Aunque no necesariamente compartimos la opinión planteada por Alvaro, consideramos oportuno promover una discusión abierta sobre temas tan importantes como los que aquí se plantean y agradecemos a Alvaro por su contribución intelectual.

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Notas a propósito de una visión simplista de la economía en el tema del hambre en el país.

PREAMBULO

Tal como dijera el mismo Presidente Álvaro Colom, cada año es lo mismo con el tema de la desnutrición severa, “hasta los titulares son los mismos”, e independientemente de qué es lo que el Presidente pretendía con semejante declaración, es claro desde mi punto de mira, que los momentos de crisis de cualquier tema son los más propicios para hacer valer  soluciones, propuestas y  teorías, para explicarlas y superarlas, de modo que no es ocioso seguir discutiendo esto sobre todo si son millones y no algunos pocos los que en nuestro país sufren de algún grado de desnutrición crónica, o que las tasas de mortalidad infantil son altas y los que sobreviven tienen que trabajar desde temprano por salarios de hambre, todo lo cual hace ver a la sociedad guatemalteca como Saturno que devora a sus hijos al nacer, pese a lo cual son tantos los que nacen que pululan en las calles negándose a desaparecer de nuestra vista, porque como toda realidad, esta se reproduce sola y sólo los ciegos no la ven.

Algunas interpretaciones de las crisis se limitarán a repetir lo que siempre han dicho, otros se esforzarán en hallar nuevas respuestas, ante pertinaz realidad.  En este sempiterno caso de las hambrunas en oriente u occidente del territorio nacional, las interpretaciones comunes podrían dividirse en tres:   la izquierdista radical que dirá el problema es estructural e histórico, y por tanto su solución es anticapitalista, si bien el reconocimiento de un fenómeno social como estructural e histórico no da como resultado una recete anticapitalista, pero es frecuente ver notas diciendo “en cambio en Cuba no se ven estas cosas de hambre en la niñez”.  Otra visión es la que sindico de “libertarista radical” que dirá algo así: “aquí no hay suficiente libre mercado y que los derechos de propiedad no están suficientemente “protegidos” o “liberados”; como para generar riqueza”.  También se escuchará a  ecologistas fatalistas quienes echando  la culpa a la globalización y/o al calentamiento global, invocan una “soberanía alimentaria” sobre la base de desechar acuerdos de libre comercio o promover la reforma agraria. Y así por el estilo. Los hechos son que la desnutrición ha venido creciendo desde 1995 al igual que la pobreza, medida en ingresos, mientras que el Producto Interno Bruto sigue oscilando entre un 4 y 2% desde hace ya 20 años.

Lo que el suscrito rechaza son las visiones  ideologistas o simplistas que insistiendo en enfoques estrechos de la realidad, tienden de forma genérica a culpar al “sistema capitalista” -que tal vez tengan razón-; o de culpar a los “gobiernos” en general -que tal vez tengan razón-; pero que tomadas aisladamente no pueden ser la explicación total del fenómeno, como tampoco tomadas separadamente pueden resolver ni la emergencia ni la permanencia el problema.

Toda visión ideologista cumple dos funciones: una simplificar excesivamente la realidad para fines de discurso proselitista y otra como justificadora de cierta porción de la realidad, finalmente distorsionándola, en este caso para decir que el problema no es culpa de nadie sino de todos; o de unos pocos, pero no de nosotros. Y ya de perdidas, quizá culpa de  Dios o el diablo.

Como en todas las verdaderas soluciones, estas tienen que ser integrales, imperfectas, múltiples y necesariamente consistentes para que garanticen resultados.   A los académicos nos toca seguir haciendo ciencia, en este caso desde la ciencia económica y política promover teorías generales a partir de demostraciones reconocibles que ayuden a superar los errores del pasado, o  las visiones supersticiosas y permitan fomentar un mejor futuro para todos.  

Con esta larga introducción (tratándose de un artículo) aprovecho para poner en contexto una breve polémica que tuve (y seguro seguiré teniendo) con Mario Cuevas Méndez, actual Presidente el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), a partir de artículo de José Raúl González Merlo, publicado en el diario Prensa Libre (1/9/2009) reproducido en el diario el Blog del sitio web del CIEN y comentado de mi parte en el muro de facebook. El siguiente fue mi  comentario:

“habrase visto tamaño cinismo de este discurso (no importa quien lo dicta ahora -el Lic. Merlo, en este caso-) es el mismo que sedimenta al libertarismo local, extremista en la justificación ideológica de la injusticia, y la evasión de responsabilidades por parte del sector privado (…) con la sociedad y en la debacle financiera del Estado y, tampoco disculpo a los gobiernos anteriores, los que al final han respondido al sector que los vilipendia...” fin de la cita.  Por su parte Mario respondió

“Alvaro--No veo por ninguna parte en el artículo de José Raúl (1) la defensa de la injusticia; (2) la defensa de la evasión de responsabilidades del sector privado; (3) el rol del sector privado en la debacle financiera del Estado. No encuentro esos temas por ninguna parte. ¿Nó será que estás atacando lo que CREES que el artículo dicen sin realmente LEER su contenido?” fin de la cita.  

Un par de intercambios más en el mismo blog, me hizo proponerle compartir mi visión sobre el artículo o de ese pensamiento, que para efectos es lo mismo. Nótese que dije “mi visión”, porque al final de cuentas, mi interpretación del contenido de dicho artículo está también motivada por una determinada concepción de la sociedad, si bien tengo pretensiones de que hay que tener un razonamiento lógico y una cadena de investigaciones previas para hacer determinadas conclusiones. Y como no siempre está la información disponible, o actualizada o contrastada, resulta que la mayoría de nuestras conclusiones, son verdades preliminares o aproximativas. Tal es mi punto de partida.

DE MERLO Y SUS POSTULADOS.

Comienza José Raúl con una afirmación; que el problema “ha vuelto a despertar las críticas y comentarios respecto de algo que no debería de ocurrir en un país supuestamente rico como Guatemala”. Es obvio que Guatemala no es un país rico –en términos de crecimiento económico, buen nivel de vida para la mayoría y competencia productiva y tecnológica en general- ,  de modo que primero habría que identificar quién anda diciendo semejante estafa.  Otra cosa sería decir que es rico en recursos naturales, lo cual apenas si se ha visto en algunos productos mineros o energéticos, pero mientras no haya suficientes estudios no sabremos a cuánto asciende y cuánto podría ello ayudar a la sociedad guatemalteca a escalar al primer mundo.  Lo que sí puede decirse, pero más como una declaración aspiracional es que los recursos naturales o el mismo entorno natural son suficientes para ser económicamente explotables directa o indirectamente –como turismo ecológico, p.ej- para generar riqueza social, y que lo deseable es que dicha riqueza se quede en más del 50 por ciento en Guatemala. Otra afirmación, que se puede hacer es que desde un punto de vista monetario o financiero, sí hay suficiente riqueza, tanta que una adecuada política distributiva o de repatriación de capitales para invertirlos aquí –o ambas- se podría sacar a las mayorías de la condición de su pobreza.

En fin que Merlo prosigue diciendo: es un error creer que la pobreza es y debería de ser la excepción en pleno siglo XXI. Al contrario. La pobreza es la condición natural del ser humano y lo verdaderamente excepcional es la riqueza.  Yo sí discuto, que la pobreza (general y extrema) deba ser tomada como normal. Al contrario, que en pleno siglo XXI esta debería ser marginal, dada el alto nivel de desarrollo tecnológico que ha alcanzado la humanidad y la capacidad que se tiene de producir alimentos.  Y sobre todo cuando la pobreza es mayoritaria, alcanzando en una sociedad como la nuestra niveles superiores al 50 por ciento, ninguna teoría económica o modelo político podría argumentar seriamente que eso es natural.     Sería como decirle a alguien de 40 años, soltero, que si no se ha casado, ello es algo normal porque todos nacemos solteros, lo excepcional es casarse.  Cosa aparte es la opción por la soltería, pero en este caso, la pobreza no es opción y por tanto no haberla superado o no quererla superar es un problema que tiene causas, concretas e históricas. Que más del 50 por ciento de guatemaltecos sea pobre y un 15 por ciento sea extremadamente sólo habla del fracaso de cualquier tipo de modelo económico que hayamos implementado, y de la excesiva concentración de la riqueza, no solo en este país sino a nivel mundial, que hace que la humanidad sea exitosa no en producir riqueza sino en producir pobreza a partir de la apropiación de unos pocos de la riqueza disponible para muchos.  Es una cuestión de sistema económico y político.

Con dicho postulado, Merlo no sólo esquiva la realidad, sino pone una valla demasiado alta como para saltarla con medios humanos, racionales y económicos.

Más adelante prosigue: “es ingenuo pensar que el Gobierno solucionará el problema mediante una efectiva política de redistribución de la riqueza”.  Bueno aquí yo mismo peco de ingenuo, porque sí creo en la posibilidad fáctica y obligación moral de que, no el gobierno sino el sistema de gobierno, transfiera la voluntad general del bien común, y hacer algo  en función de ello, y ese algo que es que la poca o mucha riqueza que hay, se distribuya para mejorar las condiciones concretas de los pobres y los más pobres a través de una adecuada estructura fiscal y tributaria, y a través de salarios y empleos adecuados, así como a la generación de políticas –i.e. condiciones adecuadas- para asegurar que el crecimiento económico no se detenga y alcance a todos.  

Hasta aquí, es probable que muchos abandonen la lectura de esta réplica, alegando que soy un colectivista, ignorante de las leyes económicas de la oferta y la demanda.   Pero debo insistir en que el crecimiento económico sólo ocurre cuando hay una economía productiva que sabe atar la inversión de capital, el trabajo, las innovaciones y los derechos sociales con la tasa de ganancia, que al final también es social.    Sencillamente no creo en el egoísmo como virtud, excepto para sobrevivir, no para vivir en sociedad, rechazo tal idea como anti evolutiva.  La forma de superarse de los individuos,  las familias y las naciones es por medio del trabajo, la producción y distribución en la medida que cada quien aprovecha la riqueza disponible.   De lo contrario estaré condenado a una muerte prematura. Y si yo soy “los más” y no los menos, es obvio que el sistema de gobierno –que se dice democrático- responda “a los más” con respecto a la riqueza disponible.  Eso no autoriza la expropiación arbitraria de la riqueza acumulada –de una minoría- sino su tasación para fines generales.

Sigamos: en el tercer párrafo Merlo da una aseveración que comparto plenamente: “hay pobreza en el llamado “corredor seco” porque no hay suficientes fuentes de empleo” solo matizaría diciendo que para que haya suficiente empleo en dicho territorio no es sólo cuestión de inversión en,  que sé yo, fábricas o maquilas asentadas en dichos lugares, porque las inversiones privadas no se asientan en cualquier parte, y siendo que es una zona principalmente agrícola básica –de sobrevivencia-, sus habitantes, aquellos que pueden, preferirían emigrar a centros urbanos o al extranjero, por lo que tendría que ser el sistema de gobierno el que facilite inversiones crediticias y productivas de orden público en aquellas zona. La falta de mano de obra calificada, o por lo menos sana para ser empleada, es otro déficit de la zona en cuestión como para simplemente aseverar que el problema principal allí es la falta de fuentes de empleo.  Buena cosa sería que el sistema de gobierno emplee recursos públicos para asegurar primero “capital humano” (valor agregado de la mano de obra disponible), que no es de generación espontánea, para que también haya fuentes de empleo en territorios no atractivos desde el punto de vista empresarial.

Problema aparte es que gobiernos específicos sean notoriamente incompetentes para prever y atender casos de emergencia o de promover “polos de desarrollo” con el concurso de capitales privados y públicos.

Siempre en el tercer párrafo, Merlo sostiene que las mayorías del planeta son pobres porque así es la condición natural de la humanidad -cosa que rechazo- y que a las minorías que gozan de los beneficios de la civilización occidental se nos olvida cómo y por qué vivimos bien y hasta creemos que es nuestro derecho vivir así.  (Entre paréntesis debo decir que no me incluyo entre los que se asumen viviendo bien de este sistema, sino apenas sobreviviendo, un poco mejor que algunos, pero evidentemente igual que la mayoría excluida).  Por tanto, tratándose la aseveración de Merlo de una declaración ideológica –de identidad y apariencias- más que científica, merece una respuesta también ideológica: la suya es solamente una justificación ideologizada para los privilegios de una clase.  La verdad es que las mayorías que vivimos mal, no sólo no debemos sentirnos agradecidos de que el sistema económico sea “naturalmente” segregador y estratificador, excluyendo de los beneficios económicos a las mayorías sino que, efectivamente hay que hacer algo para corregir y/o invertir esa realidad. 

Posteriormente Merlo sostiene que el gran fallo del gobierno, o más bien “de todos los gobiernos anteriores” (no aclara hasta dónde arrastra la culpa gubernamental del problema, aunque si me atengo a las prolegómenos del Proyecto de Constitución de ProReforma del que el artículo de marras, parece ser deudor), este habría empezado desde hace 185 años tras la declaración de independencia de nuestro país. Así el tema no sería analizar este o cual gobierno, ni esta o cual política, sino todo sistema, mismo que Merlo describe como aquel que cumple “su básica función de garantizar la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de sus ciudadanos”.   Menuda cosa. Porque es tanto como afirmar que hemos vivido bajo la ley de la selva, que nunca ha habido Estado, sino  alguna suerte de dictadura de gobierno anti empresarial, más ocupado en volver pobres a los pobres e impedir que los ricos sean más ricos.  Casi un gobierno alienígena.

Ciertamente el Estado de Guatemala ha fallado –y con el muchos gobiernos de signos proclives al libre mercado- en garantizar la vida –sino véase los saldos del terrorismo de Estado cometidos durante el pasado conflicto armado interno y que no ha logrado resolver el tema de los detenidos-desaparecidos que es algo así como una muerte perenne-; o bien el caso de los fallecidos por causas prevenibles en materia de salud etcétera.  Pero, al menos de mi parte en mis 41 años de vida, sólo he visto un Estado –y con el, la cadena de gobiernos que lo han administrado- actuando a favor de la propiedad y la seguridad jurídica.  Herejía, gritarán algunos, tú lo que  has visto es mercantilismo no economía de mercado, me dirán.  Pero para los efectos, es lo mismo.  Las diferencias entre ellas son teóricas, y las consecuencias sólo están el terreno de la especulación predictiva.

La constatación práctica de mi aseveración está en la historia y en el análisis jurídico del Estado de Derecho que vivimos que permite afirmar: La riqueza de este país se ha producido en base a la apropiación privada de los medios de producción y al uso continuado del Estado por parte de una clase privilegiada, que ha logrado asegurar un “círculo de negocios” entre la administración publica y la privada. Pese a lo cual ha habido también un permanente y comprobado boicot fiscal para que el sistema de gobierno cumpla al menos con lo mínimo que establece la Constitución de la República en materia de  derechos materiales de la población.

Mientras tanto, la última aseveración de Merlo de que “Cada habitante chapín produce dos mil dólares de riqueza por año. Un estadounidense produce en promedio veinte veces más…” no sólo es falsa sino ridícula, porque el PIB per cápita sólo es una cifra prorroteada hipotéticamente del total generado en la riqueza disponible en un año (de todos modos nuestro  PIB per cápita reconocido es de us$5,400) con lo que si tal cosa fuera cierta, 13 millones de habitantes estarían produciendo  alrededor de 43 mil quetzales anuales disponibles para gastar (el salario mínimo es de alrededor de 200 dólares y el PEA es de 40%).  Por lo demás, comparar nuestro PIB per cápita con el estadounidense es mala leche, porque es como comparar los ingresos de un granjero con un magnate industrial, aunque la intención sea que algún día nos lleguemos a parecer. 

En fin, dejo hasta aquí esta interesante discusión que espero, contribuya al menos a esclarecer por qué emití la opinión que hice, en el blog aludido arriba. Si se dan cuenta me he detenido, como debe hacerse, en los argumentos, no en la persona.

Guatemala 4 de septiembre 2009

Por: Vanessa Paz Abdo

De acuerdo a un estudio efectuado por UNICEF en febrero de este año, uno de cada dos niños guatemaltecos sufre de desnutrición crónica, llegando a afectar a un 80% de la población indígena menor a cinco años.  Un informe completo sobre esta estadística puede ser consultada en:
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/guatemala_48087.html

Esta situación es alarmante cuando se sabe que la desnutrición infantil limita el potencial intelectual de una persona, y por lo tanto, de los líderes del futuro de la nación, al provocar un daño irreversible al desarrollo físico, mental y social de los niños.

En Guatemala, uno de los motivos por los cuales existe la pobreza, es debido a las fallas que continuamente tiene el Estado en la gestión de los recursos que dispone.  A pesar del reconocimiento generalizado de que la pobreza extrema es una de las causas más importantes de la desnutrición; en la mayoría de los proyectos y programas del gobierno pareciera ser que el enfoque es más asistencialista y de corto plazo. 

La carencia de estrategias de largo plazo en la política económica y social vigente, hacen pensar que las acciones que el gobierno realiza para combatir la desnutrición infantil en Guatemala,  no la están atacando a fondo. 

Si se efectuara una nueva medición de la pobreza y desnutrición infantil en el país, seguramente se encontraría que esta variable se ha vuelto más crítica en las zonas vulnerables de la nación.   El mismo resultado se obtendría si se efectuara una evaluación del impacto que tienen estos programas de gobierno altamente asistencialistas.

La desnutrición no es sólo la manifestación más clara de la pobreza que se vive actualmente en nuestro país; es una clara evidencia de la falta de inversión social como parte de un plan integral responsable del estado para propiciar une mejor calidad de vida de su población dentro de un modelo que propicie el desarrollo económico para el país.

Comprobado a lo largo de la historia está que, el crecimiento económico es necesario para combatir la pobreza y que durante las etapas de crisis económica, como la que se vive en la actualidad, la pobreza se incrementa rápidamente.   

Para solventar los problemas de la pobreza y la desnutrición, hay que acelerar el crecimiento económico del país y acompañarlo de una adecuada inversión en capital humano, así como de mejores servicios e infraestructura.  El crecimiento puede ser el arma más poderosa en la lucha para mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos. 

Un crecimiento más rápido requerirá de políticas que estimulen la estabilidad macroeconómica y que muevan recursos hacia sectores más eficientes, pues de otra manera de no se podrá competir en la economía global del día de hoy.

Es hora de atender el problema social desde sus raíces para generar el bienestar humano esperado. Si no se ataca el problema de la desnutrición directamente para derrotar a la pobreza, no se concretará nunca el bienestar para todos los guatemaltecos.  Esa es la primera batalla que se debe librar para entrar en el camino del desarrollo.

Por: Lisardo Bolaños Fletes

En política, hay ideas que parecen buenas, y efectivamente lo son.  Hay otras, que parecen buenas, pero que ocasionan más problemas que los que intentaba solucionar.  Actualmente el Congreso discute algo que se llama “ocaso legislativo”.  Esto significa que las leyes caducan, pierden vigencia, después de cierto periodo de tiempo.  En el caso de la propuesta, se habla de diez años.  ¿Qué le parece?  ¿Le gusta la idea?

Los que proponen la idea, hablan de una serie de ventajas que pueden obtenerse.  Facilita la eliminación de decretos obsoletos o inadecuados.  Esto sería muy positivo, porque reduciría del cuerpo legal una serie de Leyes que ya no aplican y cuyo beneficio seguramente es pobre para la población.  Además, y a mi criterio lo que parece ser el beneficio más importante, permite evaluar periódicamente el desempeño de las distintas entidades del Gobierno.  Es decir, si se ha creado una nueva entidad como algún Fondo Social o Secretaría, su tiempo de vida caducaría a menos que los Diputados vuelvan a reunirse y acordar que vale la pena mantenerla con vida.  Pero, ¿será que es así de sencillo?

Imaginemos un Fondo Social que tiene sus días contados.  ¿Será que va a desaparecer tan fácilmente?  No lo creo.  Es fácil pensar en que los trabajadores empezarán a hablar con los Diputados de “la gran labor” que realizan.  Además, convencerán a los beneficiarios del programa, para que vayan a manifestar al Congreso su apoyo que siga esta “gran labor”.  Lo mismo, los contratistas de este Fondo Social, y más de alguna agencia internacional que le estará apoyando.  Después de varios desayunos con Diputados, aportes a campaña, manifestaciones (claro, todo con dinero de nuestros impuestos) y mil cosas más… el resultado probable es que tendremos otros 10 años más del dichoso Fondo Social.  No importa si realmente es un fracaso de programa y sólo es un nido de corrupción.  Lo importante es que el Diputado no salga mal en la foto negando su ayuda.

¿Es el sistema tan perverso?  La verdad es que es difícil eliminar los beneficios que el Gobierno ofrece a la población, aunque dicha ayuda sea un completo error. El libro de Jonathan Rauch, Government’s end (que se traduciría como el Destino del Gobierno), se dedica a ilustrar casos en donde diversas autoridades norteamericanas han intentado eliminar esos programas.  ¿El resultado?  Los grupos que se benefician de la entidad se vuelven perros rabiosos defendiendo su pedacito de Presupuesto de Gobierno.  La mayoría de las veces lo logran.  En varias ocasiones, hasta logran más de lo que tenían antes.  Lo que me preocupa es que con el “ocaso legislativo”, ahora estas entidades tengan asegurado que cada diez años, los Diputados los estarán esperando para “negociar”.

Creo que el problema que intenta resolver el “ocaso legislativo” es importante para Guatemala, de hecho, para cualquier país moderno.  El presupuesto público es limitado y no tiene sentido desperdiciarlo.  Sin embargo, no sé si la respuesta es la más adecuada, dado que facilita extraer más de las “frondosas ubres” del Presupuesto Público.  En todo caso, es un esfuerzo valioso por resolver un problema que es urgente en Guatemala: evitar la corrupción y el enriquecimiento a costillas de no resolver los problemas de nuestro país.

Por Verónica Spross

A pesar de los esfuerzos realizados de diversos gobiernos y organizaciones privadas voluntarias de servicio aún no hay mayores cambios en la situación de desnutrición, desde hace algunos años en que se dio la crisis de Camotán y Jocotán. Este año, el problema se agravó debido a la sequía existente. Recordemos que la principal causa de la desnutrición es la económica. La carencia o insuficiencia de ingresos familiares impide una adecuada alimentación. A ello deben agregarse los problemas estructurales del sistema de salud, así como la falta de educación en los padres de familia y especialmente en las madres.

Como ha sido planteado de manera reiterada, es urgente el desarrollo del área rural, buscando mejorar las condiciones de la población que vive en condiciones de extrema pobreza. La clave está en brindar las alternativas para la generación de ingresos a las familias. Para la creación de empleos se necesita motivar la inversión privada y el emprendimiento. Pocas empresas están ubicadas en ciertas regiones del país, como Jalapa.

Existen alternativas productivas en algunas regiones del país, como el cultivo de productos de exportación, incluyendo minivegetales, frutas, plantas ornamentales u otras actividades que permiten generar trabajos con mayores remuneraciones, como el turismo. En este caso, el trabajo que realizan los grupos gestores a nivel de las comunidades puede ser un elemento importante para ir avanzando en la generación de oportunidades y reducción de la pobreza en el área rural. Los grupos gestores tienen como principal objetivo contribuir al incremento de la productividad y a la mejora del clima de negocios de los territorios, como un medio para mejorar las condiciones de vida de la población.

Se cuenta ya con 64 Grupos Gestores que promueven el desarrollo económico local en los municipios en 14 de los departamentos del país. Impulsan proyectos productivos en áreas como la agricultura, el turismo, la agroindustria, las artesanías, la pecuaria, la industria y la educación. También apoyan la comercialización de productos y la capacitación del recurso humano, promoviendo así el impulso de más empleos y la generación de ingresos para la población de las comunidades. Un elemento central de este movimiento ha sido promover una agenda económica de los municipios a través de Estudios de Potencial Económico y Agendas de Competitividad Municipal.

En resumen, además de las acciones inmediatas de tipo paliativo, se requieren soluciones de largo plazo para combatir la pobreza y la desnutrición, enfocándonos principalmente en lograr inversión y generación de em-pleos productivos. Debe partirse de un aumento de la competitividad de cada región y en el desarrollo de las competencias para la vida y para el trabajo de niños y jóvenes. Ello implica también generar capacidades de emprendimiento desde el sistema educativo, fortalecer las capacidades de los microempresarios para que sus negocios prosperen, crezcan y contribuyan a generar empleos. El Gobierno debe velar por un clima de negocios que promueva la inversión.

Por: Lisardo A. Bolaños Fletes

No es una broma.  Quiero hacer una defensa del Congreso.  Pero no de los 158 Diputados que hoy lo conforman, aunque algunos tienen mi simpatía.  Tampoco defenderé sus escándalos de corrupción, o la baja calidad de mucha legislación que aprueban.  Mi defensa, en todo caso, es del Congreso como institución.  Una defensa, frente a dos ideas que están empezando a adquirir “simpatizantes” y que pueden llegar a convertirse en realidad.

Estas dos ideas son: a) tener un Congreso y un Senado, y b) transformar al Congreso y a la Presidencia en un Parlamento.  La primera, de hecho ya cuenta con una iniciativa de reforma constitucional en el Congreso de la República.  La segunda, sólo se la he oído a algunos miembros de la élite política e intelectual del país. 

¿Por qué no me gusta mucho la idea de un Senado?  Porque la idea de generar un Senado, además de la existencia de un Congreso, fragmenta el poder del Estado guatemalteco.  La capacidad de tomar decisiones legislativas se dificulta, porque ambos, el Congreso y el Senado, tendrían que aprobar cada nueva Ley.  Eso implicaría que la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación habría sido aun más difícil de lo que fue.  Ahora, imaginen la legislación que aún no hemos logrado que se apruebe, como las leyes de seguridad, las reformas a la burocracia (servicio civil), las reformas al financiamiento de los partidos políticos, etc.  Todo esto se haría más difícil. 

Claro, tener un Senado tiene sus ventajas.  Esta fragmentación del poder es positiva porque impone un límite a las locuras de las autoridades.  Esto significa que Presidentes de derecha o de izquierda no podrán llegar y convencer tan fácilmente a ambos organismos, el Congreso y el Senado, de que aprueben cualquier Ley, sea buena o mala.  Ello, seguramente habría dificultado la privatización de Guatel, y el dar recursos públicos a las exPAC , a PACUR y otros programas señalados de corrupción.

¿Por qué no me gusta la idea de un Parlamento?  Por las razones contrarias.  Da demasiado poder a la autoridad.  El Primer Ministro, ya no Presidente, tendría una gran capacidad para pasar legislación y, por lo mismo, generar cambios rápidos.  Eso tampoco es bueno.  Podríamos caer en una alta inestabilidad (leyes completamente nuevas cada 4 años), o en un camino de un pésimo Gobierno con muchos poderes y poca posibilidad de ser limitado.  Claro, la ventaja es que un buen Gobierno podría hacer cambios rápidos.

En conclusión.  El Senado fragmenta el poder, y hace que las autoridades actúen con más lentitud.  Esto reduce la posibilidad de que surjan tiranos.  El Parlamento, por el contrario, concentra más el poder y les permite más rapidez.  Pero, facilita el surgimiento de tiranos, especialmente cuando no hay madurez política en la población.  Frente a estas opciones, creo que es valioso defender el Congreso guatemalteco.  Imperfecto, definitivamente.  Pero logra un equilibrio.  Ni muy rápido, ni muy lento.  Ni gobiernos tiranos, ni gobiernos paralizados.

Por José Raúl González Merlo

El drama de la hambruna que se vive, de nuevo, en Jocotán ha vuelto a despertar las críticas y comentarios respecto de algo que no debería de ocurrir en un país supuestamente rico como Guatemala. Sin embargo, es un error creer que la pobreza es y debería de ser la excepción en pleno siglo XXI. Al contrario. La pobreza es la condición natural del ser humano y lo verdaderamente excepcional es la riqueza.

Dicen que debería ser motivo de vergüenza nacional que niños guatemaltecos mueran a causa de la desnutrición. Tienen razón. Pero no es suficiente somatarnos el pecho y criticar las “grandes desigualdades” que hay en nuestro país. También es ingenuo pensar que el Gobierno solucionará el problema mediante una efectiva política de redistribución de la riqueza. Somos pobres porque, como nación, hemos sido incapaces de crear las condiciones para acumular suficiente capital que haga más productivos a nuestros conciudadanos.

Más allá de los efectos que pueda tener una sequía como la que estamos viviendo, hay pobreza en el llamado “corredor seco” porque no hay suficientes fuentes de empleo. Porque la gente vive en condiciones de subsistencia y están tan sólo a una sequía de distancia para que ello se vuelva hambruna. Eso no es nuevo ni extraordinario. La mayoría de la humanidad vive en esas condiciones porque es nuestra condición natural. Lo extraordinario es lo que pasa con el resto de seres humanos que gozamos de las ventajas de la civilización. A esta minoría parece que se nos olvidó o simplemente no sabemos cómo y porqué vivimos bien. Peor aún, algunos creen, equivocadamente, que es su “derecho” y que es gracias a la intervención del Gobierno que gozan de un razonable nivel de vida. De ahí que clamen porque el Gobierno “haga algo” para detener la crisis humanitaria.

Efectivamente, el Gobierno tiene mucho que hacer. Nuestro país sería un lugar menos pobre si este y todos los gobiernos anteriores hubieran cumplido con su básica función de garantizar la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de sus ciudadanos. Sin embargo, como eso no ha sido así, Guatemala no se parece a otros países “ricos” en donde sus gobiernos sí han tendido a hacer esa básica función. Cada habitante chapín produce dos mil dólares de riqueza por año. Un estadounidense produce en promedio veinte veces más…

Todas las medidas de ayuda humanitaria que podamos hacer para aliviar la crisis alimentaria en Jocotán serán bendecidas por Dios. Y cuando la crisis termine y la ayuda se vaya debe quedar la conciencia de que el desarrollo es un privilegio reservado para aquellas naciones que tienen la sabiduría de crear las condiciones adecuadas para la formación de capital. Si aprendemos esa lección, prosperaremos. Si no, seguiremos igual o peor de como estamos.