“La UNE desiste de reforma fiscal” era el titular de Siglo XXI hace tres días. “Los últimos ajustes que se hicieron (a la propuesta)… le quitaron fuerza… le quitaron todo” explicaba la nota. “Se trataba de un caballo… (que) se convirtió primero en camello, y ahora se está transformando en Frankenstein”  explicaba el ministro de Finanzas. Ya sea que la referida reforma haya perdido fuerza o se haya convertido en un monstruo, el hecho es que muy pronto estaremos de nuevo discutiendo el mismo tema.

Más que abandonar la empresa, la UNE y el ministro de Finanzas emprendieron una retirada estratégica. Sería sumamente ingenuo pensar lo contrario. Es claro que no se darán por vencidos tan fácilmente. El partido de gobierno necesita de todos los fondos que pueda conseguir. El plan de expansión del gasto público del actual gobierno que requiere de cuantos recursos pueda obtener, sea que se trate de recursos nuevo endeudamiento o nuevos impuestos. Por otra parte, es bien sabido que uno de los objetivos principales del actual ministro de Finanzas es heredar a Guatemala  la reforma fiscal que el país “necesita”. De esa cuenta, antes de seguir insistiendo en la propuesta abortada, y correr el riesgo de perder una importante batalla, el gobierno optó por una retirada estratégica. Nada de abandonar el campo de batalla, tan solo un retroceso para tomar aliento y volver con bríos y mejores armas.

Tecnócratas, operadores políticos y consultores internacionales están listos para regresar a la guerra tan pronto como sea necesario. Esta vez con una propuesta con muchos más  “dientes” y “fuerza” que la anterior. Una combinación entre mayores tasas de impuestos, bases de tributación más amplias, nuevos impuestos, mayores poderes discrecionales para la SAT y cualquier otra medida que permita perseguir y castigar a quien se oponga a los planes oficiales.

Por si esto fuera poco, se apruebe o no una nueva reforma tributaria, es muy importante tomar en cuenta que una de las herencias de este gobierno será la necesidad de volver a plantear el tema en un futuro muy cercano. Los niveles de gasto y endeudamiento público que este gobierno heredará al próximo hacen inevitable dicha discusión. El fantasma de la reforma tributaria nos seguirá persiguiendo por un buen tiempo más. De no estar atentos y vigilar nuestros derechos, la próxima vez no aparecerá en la dócil forma de un “caballo o un camello” sino como el Frankestein en persona. 

Por Mario Cuevas

Las autoridades están presentando el Cuarto Informe Sobre la Política Fiscal en Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2009.  El Informe considera el impacto de la crisis mundial, enfoca la política fiscal anticíclica como la necesidad de mayor gasto público, destaca el Acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como señal de estabilidad, revisa las causas de la caída en los ingresos tributarios y el crédito público como apoyo a la política anticíclica, la contención del gasto público con protección del gasto social, y los avances en la implementación de la agenda de transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

En primer lugar cabe destacar la iniciativa de las autoridades de presentar estos Informes de manera regular, práctica que sin duda alguna contribuye a elevar el nivel de la discusión y análisis sobre la política pública, que muchas veces se conduce en niveles lamentablemente bajos en cuanto a contenido técnico, con mucho tinte ideológico y político.

Asimismo, la difusión de esta información coadyuva a sustentar la credibilidad y estabilidad del marco macroeconómico que, para nuestra buena fortuna, ha venido caracterizando a Guatemala desde hace varios años.  El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la credibilidad de las políticas públicas resultan de particular importancia en la actualidad, dados los retos que presenta la coyuntura económica nacional e internacional.

Dentro de este contexto, cabe señalar algunos aspectos del Cuarto Informe Sobre la Política Fiscal que llaman la atención.  Por ejemplo, la identificación espuria que realiza el Informe entre “política fiscal anticíclica” y la necesidad de mayor gasto público.  Esta identificación probablemente obedece a una conceptualización ingenua, amparada en algunas teorías macroeconómicas  que ignoran el efecto de la política fiscal sobre las expectativas del sector privado.

Exploremos este último proceso en mayor detalle.  En la medida que el sector privado manifieste sobrado escepticismo sobre la efectividad y eficiencia del gasto público, el deterioro de las expectativas que se deriva del incremento del gasto público puede superar el efecto inmediato del gasto sobre la actividad económica, el denominado “impulso fiscal de primera ronda.”  Expresado de otra manera, el incremento en el gasto público tiene un carácter anticíclico solamente si no provoca daños en la percepción de los inversionistas y el público en general, cuyo comportamiento induce efectos de “segunda ronda.”

En un mundo ideal, el incremento en el gasto público coadyuvaría a fortalecer las expectativas de los inversionistas y el público, de manera que los efectos de primera y segunda ronda operan en la misma dirección.  Es dudoso que en Guatemala dichos efectos estén operando en la misma dirección y, a juzgar por las opiniones vertidas por numerosos empresarios y por el público en general, queda la impresión que un mayor gasto público tiende a debilitar el clima de negocios y, en consecuencia, a perjudicar el nivel de actividad económica.

De ser este el caso, la política fiscal anticíclica apropiada para la economía guatemalteca sería una reducción del gasto público no prioritario, aunado a una mejor fiscalización del mismo y a políticas agresivamente orientadas a mejorar el clima de inversión.  En todo caso, sin llegar tan lejos como una reducción del gasto público en la actual coyuntura, un mensaje de responsabilidad respecto del mantenimiento de los niveles del gasto conjuntamente con medidas complementarias como las ya mencionadas sería una mejor opción "anticíclica" para Guatemala.  Esto contradice el típico modelo de libro de texto, pero no por eso la lógica del argumento deja de tener validez.

En el anterior contexto, la existencia de un Acuerdo con el Fondo tiene un impacto reducido como señal generadora de confianza entre los inversionistas.  De hecho, en el mejor de los casos parece que el efecto de un Acuerdo con el FMI tiende a ser nulo en el contexto nacional, si es que no resulta completamente contraproducente en cuanto a la percepción desde el sector privado.  A menos que las autoridades tengan planificada una colocación de bonos de deuda en el extranjero, el beneficio del Acuerdo con el FMI es mínimo en términos de colocación de nueva deuda pública entre los inversionistas privados.

Por supuesto, a la fecha el endeudamiento del gobierno ha tenido lugar principalmente a través de los organismos financieros multilaterales que tienden a ver con buenos ojos un Acuerdo con el FMI, en cuyo caso lo pertinente es reconocer que los novios bailan para beneficio de este reducido grupo de acreedores y no para el público guatemalteco.

En general, el mínimo impacto de la política fiscal como agente anticíclico en la economía de Guatemala obedece a que está enfocada al revés.  En lugar de fomentar la confianza entre el público y los inversionistas privados, la política pública se ha canalizado para fomentar la buena voluntad de los organismos financieros multilaterales, quiénes han correspondido abriendo el grifo de la deuda para financiar el déficit publico.  No obstante, estas mismas acciones conducen a un deterioro de la confianza entre los inversionistas y el público, lo que prácticamente anula el efecto “anticíclico” de las acciones fiscales.

En el caso guatemalteco, la implementación de una política anticíclica que tenga un impacto eficaz y  perceptible sobre la actividad económica nacional requiere el simultáneo abandono de la teoría macroeconómica ingenua, al igual que un cambio de actitud de las autoridades con respecto al fortalecimiento del clima de inversión.  Expresado en otros términos, en esta fiesta nuestras autoridades han estado bailando con la novia equivocada.

Por Verónica Spross

Debemos trabajar unidos para tener una Constitución Política basada en principios generales, abstractos y universales.

La revisión de los motivos que generan el proyecto ProReforma resulta fundamental para entender dicho planteamiento.  Al analizar los diversos artículos que analizan este proyecto resulta que hay un cierto acuerdo en torno a la situación actual del país y de los problemas que aquejan a los ciudadanos comunes y corrientes, incluyendo la violencia y la pobreza. 

En un reciente reportaje se conocieron las estadísticas de los principales delitos que tienen de rodillas al país, siendo los principales las lesiones y homicidios con armas de fuego.  En tercer lugar se encuentra el robo de vehículos y el robo de motos.  E increíble pero cierto, otro delito común es el robo de armas, con un nivel mayor de incidencia al de asaltos, robos y hurtos.  Estamos cansados de vivir de rodillas, por lo que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y del sistema de justicia ameritan una reforma institucional profunda. 

ProReforma plantea como respuesta a los problemas del país el fortalecimiento del Estado de Derecho, a través la protección de los derechos individuales a nivel constitucional.  La propuesta busca evitar la discrecionalidad y la búsqueda de favoritismos; es decir, la emisión de leyes con nombre y apellido.  Buscar un sistema político que no haga distinciones entre los ciudadanos y que favorezca el fortalecimiento de la justicia parece ser un interés común de todos quienes han analizado el tema y de todos los guatemaltecos en general. 

Entre los comentarios emitidos está la propuesta de un columnista acerca de la democratización política, consistente en adoptar el ideario liberal clásico, entendido como igualdad de oportunidades, libertad de empresa, prohibición de toda práctica monopolista, un Estado fuerte, eficiente, probo…  En dicho artículo se hace un llamado a un pacto político interclasista, que lleve a un desarrollo económico de largo plazo.  Sería interesante darle seguimiento a su propuesta de un diálogo intelectual serio y formal, que permita llevar adelante un proyecto de nación, en lugar de estar cambiando de rumbo cada cuatro años.

Un análisis muy relevante que ha sido abordado por algunos columnistas es el  referente a la necesidad del rescate institucional del sistema de justicia.  Se necesitan jueces dinámicos y evolutivos, capaces de generar Justicia, como el elemento fundamental de cualquier reforma del Estado.

Es de resaltar que esta iniciativa ha resultado en un productivo y sano debate intelectual.  En las últimas semanas cerca de la mitad de los columnistas ha comentado sobre el tema al menos en alguno de sus artículos.  Las audiencias programadas en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso para escuchar las opiniones de las distintas organizaciones que desean emitir un comentario han superado ya las 35 y continuarán durante las próximas semanas.

Podría resultar positivo contar con dos cámaras en el Congreso de la República, cada una con funciones distintas.  Es sano diferenciar la promulgación de la Ley de la legislación.  Quizás algunos elementos pueden ser sujetos a la discusión como la edad de los Senadores, por ejemplo, pero no la esencia de dicho órgano.  Debemos trabajar unidos por tener una Constitución Política basada en principios generales, abstractos y universales, de aplicación a todos por igual, sin discriminación ni privilegios sería la mejor herencia que podamos dejar a nuestros hijos y nietos. 

Por José Raúl González Merlo

El Congreso prepara la aprobación de la ansiada “reforma tributaria” que el Gobierno viene empujando desde hace meses. Si, como el mismo Gobierno admite, los cambios propuestos no tienen grandes efectos en la recaudación, ¿por qué la fuerte insistencia por aprobarla? Porque la reforma trae algo más nefasto que un aumento en tasas de impuestos.

El Gobierno ha seguido una estrategia inteligente. Ha permitido que el “debate” se centre en el tema de las nuevas tasas de impuesto para vehículos, de tal manera que ha sido un distractor frente a otros aspectos mucho más importantes; específicamente las reformas al Código Tributario. Y dentro de estos, la reforma a lo que el Gobierno llama “resistencia a la acción fiscalizadora”.

Las modificaciones otorgarán al Gobierno mayores y más amplias facultades de las ya existentes para calificar, cuando y como ellos consideren conveniente, que usted está cometiendo ese delito. Lo cual quiere decir que si el inspector fiscal siente que usted realiza “cualquier acción u omisión que obstaculice o impida la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria”, se hará acreedor de multas entre Q10 mil hasta Q1 millón, además de la pena contemplada en el Código Penal: prisión inconmutable de uno a seis años… ¿Qué tal?

Bien dice el refrán que “el diablo está en los detalles”. Otros dirán “el que nada debe nada teme”. Ingenua afirmación cuando el Gobierno tiene total discrecionalidad para extorsionar legalmente a sus ciudadanos. ¿Qué importan las tasas de impuesto, si ahora pueden ir a pedir la “cuota”, gracias al artículo de resistencia a la acción fiscalizadora, bajo la amenaza de cárcel? Ni hablemos de la presión existente por recaudar cada vez más, a como dé lugar, dadas las expectativas futuras de gasto público. Ingenuo también el dictamen favorable que dieron los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso, porque aprobaron la herramienta de persecución de opositores políticos por excelencia.

Así que, bajo la excusa de que el Gobierno necesita herramientas para perseguir a los “evasores”, lo que se le termina dando son poderes absolutos e ilimitados. No importa quiénes son los funcionarios de turno que aplicarán la ley. Al entregar esas amplias facultades se abre la puerta al abuso de poder, del cual los ciudadanos serán víctimas fáciles, porque siempre es más fácil acosar a los ciudadanos que a los criminales.

Por lo tanto, los diputados deben abrir los ojos y ver más allá de las intenciones declaradas. Lejos de aceptar las modificaciones solicitadas, deben derogar ese amplio concepto de “resistencia a la acción fiscalizadora”. El fisco debe tener las herramientas legales para cobrar impuestos, pero nunca debemos dar un cheque en blanco para que puedan abusar de la ciudadanía.

Por Hugo Maul

                      No se trata de una liberalización a rajatabla, es un primer paso.

El olor dulzón era penetrante. El aroma seguía a los muchachos. Era el olor de la marihuana. A ver joven –dijo el policía–. ¿Me permite usted que lo revise? –añadió–. El grupo de muchachos, visiblemente asustados y molestos, se hicieron a un lado de la acera y empezaron a defender su supuesta inocencia. No lo podían negar, uno de ellos cargaba un poco de “monte” entre su chaqueta. Estaban celebrando. Su equipo de fútbol, el América de México, acaba de vencer al Cruz Azul. Otros muchos, bajo la influencia del alcohol, hacían gran relajo en la vía pública. El riesgo para la seguridad pública de estos últimos era mucho mayor de quienes habían celebrado fumándose un “pito” de marihuana. A los borrachos se les conminaba al orden; a los que portaban marihuana los capturaban. La diferencia: el consumo del alcohol es legal, el de la marihuana no.

¡Si tan sólo se hubieran esperado unos cuantos días más! A lo mejor no estaban enterados. Para la buena fortuna de estos jóvenes, el país vecino aprobó una ley que despenaliza la posesión de drogas para el consumo individual e inmediato. La próxima vez que estos jóvenes celebren una victoria de su equipo, podrán hacerlo libremente sin temor a ser capturados. Lo mismo que los que consumen alcohol. La ley en cuestión establece que quien sea detenido con cantidades que puedan considerarse dosis para el consumo personal no enfrentarán un proceso penal, siempre que la persona no sea miembro del crimen organizado. La ley establece, asimismo, disposiciones para ofrecer tratamiento a quienes deseen participar en los mismos o quienes reincidan en el consumo de estupefacientes.

Esta ley no es perfecta, por supuesto. Nada lo es. El tema es complejo. Las aristas legales, morales, de seguridad y de salud pública de este asunto son innumerables. No obstante, la “guerra” contra las drogas está perdida y no se puede pretender obtener resultados distintos haciendo más de lo mismo. El experimento mexicano es valioso en ese sentido. No se trata de una liberalización a rajatabla; por el contrario, es un primer paso en el reconocimiento de ciertos derechos a quienes usan estupefacientes y en la búsqueda de un balance entre tales derechos y los riesgos para la seguridad y salud pública. Seguramente no se verán grandes cambios de la noche a la mañana, nadie los espera. Lo más importante es reconocer que, al menos, es un paso en una dirección que no se había intentado antes. Seguir negando el problema no conduce a ninguna solución.

Por Verónica Spross de Rivera

Es necesario contar con una normativa que garantice el procedimiento a seguir para los nombramientos de funcionarios.

La conformación de diversas comisiones de postulación para realizar los nombramientos de varios de los principales cargos en los distintos organismos del Estado, constituye una práctica que se ha venido siguiendo en las últimas décadas. La idea con la conformación de estas comisiones es que se integren con personas muy responsables que trabajando conjuntamente logren que los candidatos más aptos para los puestos formen parte de las ternas, que los procesos sean transparentes y se tengan normas y regulaciones para dichos procesos.

La Constitución indica que para designar Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Tribunales de igual categoría, Fiscal General de la República y Jefe de la Contraloría General de Cuentas se debe efectuar un procedimien-to que, en su primera fase, está a cargo de comisiones de postulación. Estas comisiones son las encargadas de elaborar lis-tados con el nombre de candidatos, dentro de los cuales, el ente a cargo, debe hacer la selección final de la o las personas que ocuparán los puestos respectivos.

A principios de este año se planteó una iniciativa de ley en el Congreso denominada Ley de Comisiones de Postulación, que en su exposición de motivos menciona que el ideal es elegir a las personas más aptas, capaces y de una impecable forma-ción ética y profesional para los cargos, por lo que los listados emanados por las comisiones de postulación, deben garantizar personas con buenas calificaciones profesionales, académicas, éticas y humanas y, para tal efecto, las comisiones deben ac-tuar de forma independiente, con buen criterio y parámetros aceptables. No puede sino estarse de acuerdo con el buen pro-pósito de este proyecto de ley, es lo que se desea para fortalecer la institucionalidad del país.

En resumen, este proyecto busca regular la integración y funcionamiento de las comisiones de postulación. Incluye la apro-bación del perfil requerido para optar a cargos debiendo cumplir con aspectos ético, académico, profesional y humano; con-tiene el proceso de convocatoria, la forma de verificación de los antecedentes de los aspirantes, el proceso de entrevistas y auditoría social; y la forma de evaluación de los expedientes, integración de nóminas y la selección final de candidatos, con-forme a un sistema de punteo.

Es muy necesario contar con una normativa que facilite, transparente y garantice el procedimiento a seguir para los distintos nombramientos de funcionarios y autoridades de las instituciones, especialmente de aquellas relacionadas con el fortalecimien-to del Estado de Derecho, el sistema de Justicia y la fiscalización del uso de los tributos por parte del Gobierno, que le corres-ponde al Contralor General de la Nación. Los perfiles y nombramientos en estos puestos deben, ser motivo de toda la atención de nuestra sociedad, pues debe buscarse que sean ocupados por personas idóneas, con los elementos técnicos y profesiona-les necesarios, pero principalmente con las características de notabilidad y honorabilidad que nos garantizarán su efectividad en el puesto.

En el Congreso lamentablemente se pospuso la discusión y aprobación de esta ley para futura ocasión, quizás a finales de mayo. Con ello se demuestra la falta de prioridad que se da a este importantísimo tema. Pocas cosas pueden ser más urgen-tes en el país que regular adecuadamente el funcionamiento de las comisiones de postulación. Están convocando a la integra-ción de la comisión de postulación para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin haber antes hecho su tarea de aprobar la necesaria ley.

Ahora es tarea de las instituciones de la sociedad y de los medios de comunicación poner atención a que los candidatos que se propongan en los listados sean personas notables, con una trayectoria intachable y la capa-cidad de trabajar por encima del bien y del mal. ¿Difícil? Tal vez, pero no imposible. Recordemos las caracte-rísticas de honorabilidad de don Arturo Herbruger y ojalá que éstas inspiren a las comisiones de postulación a hacer una buena labor seleccionando a personas idóneas para integrar los listados, evitando la politización y el pago de favores.

Por José Raúl González Merlo

Desde hace años, el gobierno tiene ganas de gravar las llamadas de teléfonos móviles como una fuente “fácil” de generar ingresos fiscales. Ahora que esa brillante idea ha surgido de nuevo, es oportuno denunciarla junto con otros abusos arbitrarios, discriminatorios e inconstitucionales de nuestras autoridades.

Todos los gobiernos del mundo siempre creen que andan cortos de ingresos; no importa su tamaño. Es una situación endémica, y nuestro fisco no es la excepción. Ahora que la actividad económica está deprimida, y la recaudación de impuestos también, resurge la idea de poner un impuesto específico a las llamadas de teléfonos móviles. Irónicamente, el éxito de esa industria los ha puesto en la mira para ser castigada. La graciosa ocurrencia tiene salivando a los funcionarios públicos, por la supuesta astronómica cantidad de impuestos que se recaudaría. Como siempre, la pereza mental y la falta de equidad se hacen presentes para buscar una salida fácil, rápida pero injusta y equivocada.

Los impuestos específicos son discriminatorios, abusivos e inconstitucionales. Lo que pasa es que al Gobierno se le hace más fácil gravar ciertas actividades en donde hay un número relativamente bajo de proveedores y un número alto de consumidores. De esa manera se crean ciudadanos de segunda categoría, cuyos productos sufren de esa ilegal e injusta discriminación. Así es como se les ocurrió gravar, por ejemplo, diversos tipos de bebidas con varios impuestos específicos, el cemento, los combustibles o el turismo; y ahora, las llamadas telefónicas.

En el caso específico del “impuesto al turismo”, la Corte de Constitucionalidad determinó que la tasa del 10 por ciento que se cobraba sobre los boletos aéreos violaba el principio que prohíbe la doble tributación y fue declarado inconstitucional. Eso mismo debería de ocurrir con todos esos otros “impuestos específicos”; todos pagan IVA y no tienen por qué pagar otro impuesto adicional.

Si el fisco desea aumentar su recaudación subiendo los impuestos, debe hacerlo transparentemente. Que se aumente la tasa del IVA, por ejemplo, y que todos lo sepamos y sintamos en nuestros bolsillos ese incremento, tratando a todos los productos y servicios por igual. Claro está, eso es políticamente imposible, por “impopular”. Por ello es más fácil tratar de esconder el aumento en una llamada telefónica donde el Gobierno, en todo caso, le puede echar la culpa a las empresas proveedoras por el aumento en el costo de la llamada.

Los diputados deben rechazar esa vieja y pésima idea. Los ciudadanos debemos expresar nuestra oposición a las intenciones gubernamentales de continuar creando impuestos discriminatorios, abusivos e inconstitucionales. Qué preocupante desconsuelo si esas son las ideas para iniciar la “recuperación económica”.

Por Mario Cuevas

Al denominado “costo-país” hay que sumarle la fricción del sistema regional para obtener el “costo-región”.  El desarrollo regional exige que se reduzca la fricción causada por la falta de armonía entre las políticas económicas de los países.

Existe la creencia de que la integración regional en materia económica comienza y termina con una exitosa liberalización comercial.  La integración económica, piensan muchos, se limita a crear un arancel externo común que delimita las fronteras de lo posible.  Algunas personas ven un poco más allá y reconocen la necesidad de crear infraestructura física, a nivel regional y de manera coordinada, para permitir así que “fluya el comercio” y puedan moverse con facilidad los factores de producción dentro de la zona económica relevante.

No cabe duda que una mejor infraestructura es requisito indispensable para el buen funcionamiento de una unión aduanera o un mercado común.  Requisito necesario pero no suficiente para que se materialicen las ganancias de bienestar que ardientemente prometen quienes promueven la liberalización comercial y una creciente integración regional.

En la actualidad, no obstante, hay abismos infranqueables entre naciones que supuestamente pertenecen a un bloque económico común.  Dichos abismos no pueden superarse construyendo puentes, carreteras, ferrocarriles, puertos o aeropuertos.  Son brechas que no se cierran creando faraónicas redes de interconexión eléctrica regional ni backbones de internet.  No se superan así porque no son abismos físicos sino de otra índole, de otro tipo, de una clase que tiene el poder de hacerse invisible ante nuestros ojos.  Hablamos de las diferencias que prevalecen entre los procesos y políticas económicas de los países que supuestamente forman parte de un bloque comercial común.

Tenemos frente a nosotros enfoques muy diferentes de país a país sobre cómo hacer las cosas en materia de impuestos, subsidios, licitaciones públicas, derechos laborales, seguridad social, salud pública y medio ambiente, por nombrar unas pocas áreas.  Hay enormes contrastes en un bloque económico en cuanto a políticas de competitividad, regulación industrial, supervisión del sistema financiero, protección de la propiedad intelectual, régimen de quiebras y reorganización empresarial, normas sobre gobierno corporativo, para nombrar unas cuantas áreas más.

Sin hablar, claro está, de la fragmentación bizantina que encontramos en asuntos tan diversos como los procesos de registro de nuevas empresas, fusiones y adquisiciones, transferencia de bienes, registros sanitarios y marcas comerciales.  Es una fragmentación digna de un bloque post-soviético, una verdadera torre de Babel.

Quien trata de hacer negocios a nivel regional habrá descubierto ese extraño contraste que hay sobre cosas tan simples como obtener líneas telefónicas para una filial en el país vecino, servicio eléctrico, o simplemente registrar un contrato que le habilita a su socio para ejercer ciertas funciones.

No hablamos aquí de diferencias triviales como puede ser el nombre de la institución a la cual uno debe dirigirse para hacer un trámite o la edad del funcionario que le atiende.  No.  Hablamos de sustancia, de temas de fondo como las diferencias de semanas o meses que puede demorarse el trámite equivalente en países vecinos—algo costosísimo en el mundo de los negocios.  Son cuestiones de miles si no millones de dólares que se pagan "de más" en impuestos porque en un país de la región usted tiene el pecado mortal de laborar en una industria y no en otra que es del gusto de las autoridades locales.  Tal vez sean millones los que usted recibe en un tercer país, por el lujo de pertenecer a un gremio favorecido allí por la política pública con fuertes subsidios directos o indirectos.

No importa, sea lo que sea, bueno o malo, el punto es que su suerte y sus incentivos dependen del país del bloque económico donde usted está hoy operando--o tratando de operar.  Al conjunto de esas, costos o beneficios injustificados, esas irracionalidades dentro de un bloque económico, se le denomina “fricción sistémica.”

En ocasiones, la fricción sistémica no se debe a normas y procedimientos que positivamente existen y difieren de país a país.  La fricción puede darse también a vacíos en la normativa de un país.  Todas estas cosas se acumulan, cuestan recursos, crean distorsiones y eventualmente provocan pérdidas de eficiencia y competitividad a todos los miembros del bloque económico.  Los costos solamente se pueden sumar, no se pueden neutralizar mutuamente.

Este costo o impuesto que todos pagamos colectivamente dentro de un imperfecto bloque económico se llama “fricción sistémica”.  El "impuesto" lo pagamos todos los ciudadanos porque el comercio entre naciones se reduce—importar o exportar cualquier cosa al vecino es más costoso de lo necesario.  Lo pagamos también porque la inversión ya no quiere cruzar fronteras, porque desconoce qué le espera al otro lado.

¿Y no era para ampliar los mercados y crear eficiencia que se comenzó a hablar de la integración económica regional?  Tanto trabajo para nada, para quedarnos igual que antes a causa de esa guerra de papeles que nunca termina, porque hay que reconocerlo, las políticas económicas regionales tienen la misma armonía que cualquier zona de guerra en el Medio Oriente.  Peor aún, esa ineficiencia nos hace menos competitivos a nivel global, no solamente como países sino también como bloque económico.

El problema subyacente es la falta de apertura y armonía en las políticas regionales, lo que provoca peso muerto, ineficiencia y en última instancia: pobreza.  La pobreza es el impuesto que hoy pagamos por vivir en la economía de Babel.

Por Hugo Maul

Dos grandes pasos de un largo camino por recorrer. La aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación y la reciente  instalación de dos de ellas han sido un par de pasos muy importantes. Ambos procesos han dejado claro que existe una fuerte oposición por parte quienes se oponen a la reforma institucional en Guatemala, al punto que existen grupos que están dispuestos a caer cualquier manipulación con tal de salirse con la suya. Estos procesos, asimismo, han evidenciado la importancia de la sociedad civil en la lucha por preservar la democracia, la independencia de poderes y la justicia. Especialmente, la participación de los jóvenes en la lucha por la justicia.

Sin restar valor a lo que hasta hoy se ha logrado, estas dos primeras victorias tan solo son el inicio de una larga lucha. En la elección de magistrados es ahora cuando se requiere de la participación de los mejores abogados, los más honorables y los de más reconocido prestigio. En caso contrario, toda la lucha habrá sido en vano. Suponiendo, por supuesto, que en las citadas comisiones se logran controlar los “oscuros intereses” de quienes pretenden burlarse del sistema. Algo que se dice fácil, pero que es difícil de lograr. Sin embargo, si la mejor gente participa más difícil será para estos grupos oscuros manipular el proceso.

En tal sentido, es importante la experiencia de la Coalición por la Transparencia en la vigilancia de algunos procesos de nominación de candidatos para puestos públicos. Como parte de estos procesos dicha coalición trabajó en campañas a favor de la transparencia, en la elaboración de exámenes para evaluar la capacidad de los postulantes, en la elaboración de perfiles mínimos para el puesto, etcétera. Resultado final: no pasó nada. La razón es muy sencilla: materia prima de mala calidad -producto final de mala calidad.  De poco o nada sirven los controles, filtros y salvaguardas si las personas más capaces y honorables no participan en estos procesos de elección. Como acostumbran a decir los gringos: “garbage in – garbage out”. Si se alimenta un proceso con basura, basura será el producto final. Es importante que se comprenda que tanto mal hace quien busca controlar mañosamente las instituciones como quien, teniendo las calidades para ocupar un puesto como estos, se niega a participar en el proceso. Los primeros se meten a la fuerza; los segundos allanan el camino.

Por: Lisardo Bolaños Fletes

Los actuales políticos guatemaltecos están contra la juventud.  Claro, dicen lo contrario.  Dicen que están a favor de la juventud.  Les gusta salir en la foto con ellos.  Les gusta afiliarlos a los partidos y luego ponerlos a pegar calcomanías del partido en los automóviles.  Dirán que son necesarias ciertas políticas.  Dirán que es necesario aprobar alguna Ley para que los jóvenes mejoren su situación económica, social y política.  Pero todo eso es basura.  No logran nada por la población en general, ¿por qué tendrían más éxito con los jóvenes?  Los jóvenes guatemaltecos tienen que tener cuidado de caer en esa trampa. 

¿Por qué digo esto?  Porque creo que en esta generación de jóvenes guatemaltecos su corazón los ha llevado a cuestionarse el funcionamiento del país y la necesidad de mejorarlo.  Por eso, hay distintas iniciativas de jóvenes organizadas por Guatemala, atendiendo temas de seguridad, inseguridad, e incluso, buscando que se elijan personas probas para la corte Suprema de Justicia.  Esta es una generación prometedora.  Pero hace falta más espacio político.  Y por eso, tienen que tener cuidado con ser engatusados y perder ese impulso, esa fuerza por Guatemala.

El problema es que los políticos actuales no están interesados en dar espacios políticos.  Ellos saben que eso significa perder poder, y eso no les gusta a ellos.  Aquí, y en cualquier país, el control por el poder político hay que pelearlo.  No con armas, sino con participación.  Hay que salir a exigirlo.  Hay que participar.  En partidos políticos; sí.  Pero también en los medios de comunicación; en las empresas; en ONG; y, en el Estado.  Es en este último espacio donde los mayores logros podría lograrlos la juventud.  Pero es en ese mismo lugar en donde los políticos actuales, menos quieren a los jóvenes.

Lo que necesitamos es que los jóvenes guatemaltecos más prometedores del país entren a hacer Gobierno: desde las Alcaldías, hasta el Organismo Ejecutivo.  Claro, eso no les gusta a los políticos, porque la actual estructura, les permite mantener la corrupción imperante y la mala calidad de los servicios públicos.  Por ello, una lucha que la juventud guatemalteca debe abanderar son reformas a la Ley de Servicio Civil.  Necesitamos que haya procesos abiertos para que los mejores jóvenes entren al Estado, ganen buenos salarios y puedan aportar al país, en seguridad, justicia, salud, educación.

Los actuales políticos no quieren reformas reales a la Ley de Servicio Civil.  Es porque les gusta la corrupción, porque no tienen el valor de darle espacios al cambio positivo, a la juventud del país.  Ellos están en contra de la mejora de Guatemala; en contra de la juventud.  Es necesario que nosotros, como jóvenes, cambiemos esto.

Por Verónica Spross

Uno de los proyectos más impactantes que se ha conocido recientemente en el ámbito educativo es el portal Skoool, el cual tiene como objetivo facilitar a la comunidad educativa el acceso a los recursos digitales. Este portal, junto con el pro-grama Intel Educar, ampliarán el conjunto de herramientas disponibles para los niños, jóvenes y maestros que están haciendo uso de la tecnología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El portal fue construido localmente con la tecnología de Aprendizaje y Enseñanza Intel, que se utiliza ya en varios países. Este portal ofrecerá lecciones en línea, así como recursos didácticos digitales, tanto en español como en idioma K’che’, que podrán ser utilizados por los estudiantes comprendidos entre los 9 y los 14 años. Sus recursos estarán disponibles también para ser utilizados por el maestro para el desarrollo de las materias que imparte, especialmente en el área de matemáticas y ciencias.

Steve Dallman, director general del canal y vicepresidente de Ventas y Marketing de Intel, conjuntamente con las autori-dades educativas, indicó que Skoool es parte del programa Intel World Ahead, que apunta a conectar globalmente a las personas con tecnología que les permita un mejor aprendizaje, un incremento en las oportunidades de crecimiento eco-nómico y la posibilidad de mejorar su salud. También comentó que este proyecto constituye la punta de lanza de los es-fuerzos continuados de Intel para difundir el uso de computadoras y tecnología, así como brindar entrenamiento a los maestros en toda Latinoamérica.

Uno de los beneficios que se perciben de este proyecto es la posibilidad de innovar en la metodología de enseñanza, permitiendo que los niños y jóvenes sean el elemento central de la educación, con una participación activa en el aprendi-zaje de la matemática y las ciencias, áreas en las que se requiere poner especial atención para lograr mejorar los apren-dizajes, ya que los resultados de las pruebas de rendimiento escolar que se realizan anualmente a los alumnos indican enormes deficiencias. De allí la relevancia de contar con una herramienta que seguramente contribuirá a elevar el nivel de aprendizaje.

En diversas ocasiones se ha mencionado que los esfuerzos por introducir tecnología en el sistema educativo ameritan la participación de diversas entidades conforme al esquema de alianzas público-privadas. Este es un caso interesante de una alianza que podría ser replicado en otras latitudes, ya que el desarrollo del portal en idioma K’che’ constata la po-nencia de Arboleda, en la que señalaba desde hace algunos años que la cultura ancestral de los mayas podía ser des-arrollada con mayor intensidad por medio de la aplicación de la tecnología más avanzada.

El reto principal que afronta Guatemala actualmente parece ser el acceso a Internet en las regiones rurales, y especialmente en los establecimientos educativos que cuentan ya con un centro de recursos multimedia, como es el caso de las escuelas demostrativas del futuro o de los institutos del nivel básico. La conectividad permi-tirá que los niños, los jóvenes, los maestros, los padres de familia y la comunidad en general puedan tener el acceso al conocimiento mundial y apuntalar el desarrollo humano en general. La sostenibilidad del proyecto y la continuidad de los esfuerzos por llevar tecnología a los niños y niñas de las regiones más lejanas requiere traba-jar con una visión de largo plazo y un esquema participativo de toda la sociedad que trascienda los gobiernos de turno.

Por José Raúl González Merlo

No comamos ansias. La recuperación económica estadounidense —y con ello nuestra propia recuperación— es todavía incierta. Es prematuro apostar que estamos a las puertas del crecimiento económico. Por ello el presupuesto de gasto público del año entrante debe reflejar la prudencia que no reflejó el del 2009.

Los principales índices bursátiles van al alza. Se anuncia que el desempleo en EE. UU. aumentó en “solo” un cuarto de millón de personas. Otros indicadores se vuelven menos negativos.

Sin embargo, la salida de la recesión estadounidense será el preámbulo al pago de la factura que nos pasarán las medidas fiscales y monetarias que se tomaron. Es prematuro cantar victoria.

Cuando la Reserva Federal de EE. UU. más que duplicó la cantidad de dinero en circulación proporcionó una cantidad de liquidez sin precedentes, para evitar una crisis de solvencia entre importantes entidades bancarias, el aumento de un millón de millones de dólares no tuvo un efecto inmediato en la tasa de inflación, ya que los bancos no transmitieron ese dinero al resto de la economía. Sin embargo, conforme las empresas vayan saliendo de la recesión y los bancos comiencen a multiplicar el dinero creado, habrá mayores presiones inflacionarias.

En lo fiscal, el impacto de todo el gasto público incremental ha sido mínimo. El gobierno estadounidense sólo ha sido capaz de gastar 10 por ciento de los 820 mil millones de dólares presupuestados en el “paquete de estímulo económico”. No obstante, las intenciones de aumentar el tamaño del Estado permanecen firmes, y seguramente las metas de gasto deficitario serán alcanzadas.

Por lo tanto, la ansiada recuperación económica estadounidense se verá amenazada por la inflación, el aumento a la tasa de interés y el aumento de impuestos para intentar corregir los excesos del banco central y del déficit fiscal. Son combinaciones ideales para matar un crecimiento económico. Nos enfrentamos a una nueva década perdida en la que pagaremos con bajo crecimiento los excesos del pasado.

Por lo tanto, el Gobierno no debe apostarle a que nuestra recuperación económica será impulsada por una sólida recuperación en EE. UU. No debemos volver a cometer la irresponsabilidad de plantear un presupuesto de gasto público basado en expectativas exageradamente optimistas. Hacerlo nos volverá a colocar en la posición de seguir endeudando a los ciudadanos para pagar gastos ordinarios.

Frente al argumento de la prudencia se encuentran las ansias de enriquecimiento ilícito. El presupuesto público es, en la práctica, el más atractivo botín político. Por ello existe el gran incentivo de aumentarlo cada año. Mayor razón para que los ciudadanos resistamos esas presiones disfrazadas de buenas intenciones y exijamos que el Gobierno actúe responsablemente.

Por Mario Cuevas

Uno de los principales retos que enfrenta cualquier país es atraer la inversión necesaria para mejorar la infraestructura requerida para su desarrollo.  Desafortunadamente, los países frecuentemente se encuentran en un círculo vicioso en el que les resulta difícil atraer inversión debido a su inestabilidad económica y pobre infraestructura; a su vez, estas últimas características son el resultado de la incapacidad de generar nueva inversión y crecimiento económico.  Dicen que la culpa es del “riesgo-país”.

Causas de la debilidad de la inversión en infraestructura

El término “riesgo-país” se utiliza frecuentemente como algo genérico, bastante “macro” y más allá del control de nadie.  En ocasiones el término no se emplea con pincel sino "generosamente" y con "brocha gorda," enmascarando como “riesgo-país” aspectos propios del diseño de los proyectos de infraestructura y su correspondiente marco regulatorio.  Otras veces se entiende por “riesgo-país” alguna brecha entre el precio de una cartera de bonos de un país con respecto a la de otros países, o sea, como un asunto estrictamente macro-financiero y convenientemente fuera de nuestro control.  Olvidar esas excusas sobre el riesgo-país y las cosas que “no pueden cambiarse” es el primer paso para ofrecer al mundo y a nosotros mismos una “oportunidad-país”.

En términos generales, hay cinco factores que reducen la inversión en infraestructura: (1) crisis socio-política, (2) inestabilidad macroeconómica, (3) mala regulación del sector, (4) problemas estructurales de los proyectos, y (5) un pobre desempeño de los inversionistas locales.  El grado de control sobre cada una de estas áreas es heterogéneo.

Las dimensiones socio-políticas de los problemas frecuentemente resultan de la falta de apoyo popular a la inversión privada, lo que confirma la importancia de lograr un consenso a nivel nacional antes de invitar al sector privado a un proyecto importante de infraestructura.  Una vez que un proyecto está en dificultades, la transparencia y comunicación abierta debieran ser parte íntegra del proceso de resolución, con el fin de eliminar la recurrencia de las renegociaciones.  Esto último contradice la práctica usual de mantener la confidencialidad, que lleva luego a la apariencia de corrupción y malas prácticas.  De cualquier manera, cabe reconocer el limitado control que puede retenerse sobre la dimensión socio-política del “riesgo-país”.

La volatilidad macroeconómica es también una causa importante de dificultades para los proyectos de infraestructura.  Particularmente dañinas suelen ser las maxi-devaluaciones, pues los ingresos en moneda nacional en proyectos de electricidad, agua potable o carreteras, suelen usarse para pagar deudas en moneda extranjera.  Por tanto, podrían establecerse mecanismos a nivel proyecto para la gestión del riesgo macroeconómico y cambiario, teniendo en cuenta que instrumentos apropiados para situaciones normales pueden no funcionar en condiciones extremas.  En este contexto, los contratos de participación privada en infraestructura deben incorporar un marco completo para la renegociación en casos de crisis macroeconómica severa, aislando de esa manera al proyecto del “riesgo-país” propiamente dicho.

No obstante, el principal obstáculo para la inversión es el diseño del marco regulatorio, particularmente las fórmulas para calcular los precios de venta al público (por ejemplo, con la electricidad, agua potable y transporte) o de exportación (gas natural e hidrocarburos).  Le siguen muy de cerca los problemas estructurales en el diseño de los proyectos, particularmente su estructura de gobierno y administración.  Es en estas áreas donde existe un margen de maniobra para reducir el riesgo, por lo que su importancia difícilmente puede exagerarse—es aquí donde compiten las naciones por la escasa inversión internacional que está disponible hoy día para proyectos de infraestructura.

Problemas regulatorios y estructurales

La reducción del riesgo requiere mejorar el marco regulatorio y los problemas de diseño de los proyectos.  Una vez completada la obra de infraestructura, las consecuencias de un pobre diseño suelen manifestarse tanto en la dimensión financiera como en las dificultades con las licencias de operación.  Por ejemplo, en el sector eléctrico, estudios a nivel mundial demuestran que más del 90% de los proyectos en dificultades tienen algún tipo de problema financiero y sólo un 25% enfrentan la cancelación del permiso para operar.  El patrón internacional sugiere que los gobiernos están tratando de “corregir” lo que consideran como condiciones financieras desfavorables para ellos, sin cuestionar el concepto mismo de la inversión privada.  En efecto, los gobiernos necesitan mantener el proyecto en operación con el fin de extraer el máximo flujo financiero posible y evitarse las dificultades políticas del cierre de operaciones.

El diseño del marco regulatorio de los proyectos de infraestructura siempre debe considerar su naturaleza política.  En lugar de hacer las del famoso "avestruz" y pretender que lo político no tiene nada que ver con el diseño del marco regulatorio, éste puede y debe reconocer el impacto político del sector.

Con un buen diseño, el marco regulatorio tendrá la elasticidad requerida para afrontar crisis políticas sin convertirse en un instrumento político; de hecho, un buen diseño regulatorio puede blindar al sector de los abusos de los políticos que se amparan en supuestas correcciones a las condiciones financieras del proyecto.  En particular, el marco regulatorio debe acomodar el hecho de que hay un elevado nivel de sensibilidad política que resulta del uso o consumo generalizado del producto o servicio, y también que la volatilidad económica tiende a causar rondas de renegociación entre las empresas y los gobiernos.  En estos casos, la tensión gira alrededor de distintos aspectos del marco regulatorio y el gobierno de los proyectos, por lo que desde el principio debieran incorporarse mecanismos para manejar dicha tensión.

Además, el diseño del marco regulatorio debe tener en cuenta la dinámica de los incentivos de los inversionistas y gobiernos a lo largo del ciclo del proyecto.  Una vez que un proyecto ha sido completado el gobierno tiene incentivos muy diferentes a los que tenía al principio del ciclo, adquiriendo mayor poder de negociación.  Por tanto, los proyectos debieran incorporar mecanismos para reducir el riesgo moral y contar con válvulas de escape para mitigar la tensión.  El buen diseño no se limita a incorporar mecanismos de prevención sino también mecanismos para mitigar los riesgos a lo largo de todo el ciclo de un proyecto de infraestructura.

El siguiente elemento de importancia es diseñar una estructura efectiva para el gobierno del proyecto, teniendo en mente el impacto sobre el desempeño global y financiero al igual que los incentivos que se generan.  La estructura debiera ser suficientemente flexible para permitir que el proyecto sobreviva en una gran variedad de situaciones.  Una fuente usual de conflictos se refiere a quién tiene autoridad sobre el proyecto, por lo que el proceso de diseño del proyecto debe incluir una fase en la que se establecen las jurisdicciones correspondientes al gobierno nacional, provincial y local, o a entidades reguladoras y ministerios, entre otros.  Además, las entidades reguladoras deben contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la supervisión de un sector.

Asimismo, deben crearse mecanismos para identificar y resolver conflictos de interés al nivel de la gerencia, el directorio o cualquier otro nivel.  Dentro de un proyecto de infraestructura debe respetarse un código de ética apoyado por todos los mecanismos legales disponibles.  El gobierno del proyecto de infraestructura debe garantizar la transparencia, lo que además facilitará atraer nuevos capitales y mantener la confianza en el futuro; la falta de transparencia facilita la corrupción y la pérdida de la credibilidad, no sólo para el proyecto sino para la economía en general, sin olvidar que los canales de comunicación pueden ser tan importantes como el contenido.  Específicamente, el diseño de los proyectos debe incorporar mecanismos que garantizan la integridad de la información contable y financiera, con adecuados mecanismos de gestión y control.

Finalmente, hay que reconocer que solamente una reforma de las políticas públicas manifestada en distintas leyes y en el marco regulatorio puede abrir la puerta para mejorar la calidad general de los proyectos de infraestructura en un país.

Respuestas para el “riesgo-país”

Todo país enfrenta el reto de atraer la inversión en infraestructura requerida para el desarrollo.  En ocasiones, el término “riesgo-país” absorbe aspectos del diseño de los proyectos de infraestructura y su correspondiente marco regulatorio, dando la apariencia de que nada hay que pueda hacerse al respecto.  Esto está muy lejos de la verdad, pues existe amplio conocimiento sobre diseño regulatorio y las estructuras de los proyectos en infraestructura que no siempre se aplican como es debido.  Es allí donde un país puede distinguirse de otros en una economía internacional competitiva, rompiendo el círculo vicioso de la pobreza, tomando ventaja efectiva de las oportunidades que se presentan.

Por: Lisardo Bolaños Fletes

¿Conviene endeudarse?  Unas veces sí; otras veces no.  Si una persona se endeuda, debe tomar en cuenta los beneficios y las obligaciones que le traerá esta responsabilidad.  Si ello permite lograr un buen negocio, valió la pena.  Sin embargo, si una persona desempleada se endeuda para comprar una televisión, seguramente se equivoca, pues la televisión no le ayudará a pagar los intereses ni a conseguir empleo.  Lo mismo sucede con la deuda del Gobierno: unas veces conviene; otras veces, simplemente no.

¿Cuándo conviene endeudarse?  Pues de las condiciones del préstamo (plazos y tasa de interés, por ejemplo) y de los beneficios que podemos obtener que podríamos obtener.  En el caso del Gobierno, esto implica prestar atención al destino que se le dará al dinero que se obtuvo con el endeudamiento.  Analizaré tres elementos que considero vitales para evaluar los beneficios del endeudamiento que propone el Gobierno.

El primero, es que el monto cambió de Q.1.8 mil millones a Q.3 mil millones, lo cual levanta sospechas en la seriedad con la que se hizo el análisis técnico del endeudamiento, o de cómo los Diputados vieron la capacidad para engrosar su billetera.  Por ejemplo, se agregaron Q.200 millones para los alcaldes.  Ese parece ser el “precio” para que los bonos se aprobaran, lo cual me recuerda el escándalo de corrupción del PACUR, en el cual los Diputados se quedaban “con su tajada”.

El segundo elemento es el cambio que se le dio al uso de los recursos.  Originalmente al Registro Nacional de las Personas (RENAP) se le asignaron Q.400 millones; luego Q.200 millones, a pesar que la deuda es mayor.  ¿Qué significa esto?  ¿El monto original estaba inflado para asignarlo a algún proyecto social?  ¿O los Diputados ven que RENAP no es una prioridad? 

Respecto al tercer elemento, el Gobierno menciona que los bonos traen un compromiso con la transparencia.  Lástima que no sea un compromiso creíble.  Puede verse cómo un gran número de Ministerios y entidades descentralizadas y autónomas ni siquiera cumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública.  Quien lo dude que compare lo que la Ley manda y lo que dichas entidades públicas muestran en sus páginas electrónicas.  Si realmente tuvieran un compromiso con la transparencia, deberían empezar cumpliendo la ley.

Los bonos ya han sido aprobados.  ¿Convenía aprobarlos?  Yo miro que hay suficientes elementos de duda como para haberme opuesto, de haber sido Diputado.  Tengo dudas sobre la seriedad técnica de lo que fue aprobado; así como del compromiso del Gobierno con la transparencia y, por ende, con la calidad de gasto.

Endeudarse puede ser bueno, a veces.  Ahora, que los bonos fueron aprobados, está en el Gobierno la responsabilidad de demostrarnos que hará un buen uso de los recursos.  Eso es algo que el Ministerio de Finanzas Públicas no puede garantizar, mucho menos prometer.  Eso es algo que está en las manos del resto de Ministros, Secretarios y del resto de funcionarios públicos.  Yo, por mi parte, no confío en su compromiso por hacer buen uso de dichos recursos.  Por eso apuesto porque los ciudadanos fiscalicemos de cerca al Gobierno.  En los ciudadanos, yo sí confío.

Candados; destinos específicos; transparencia; honestidad; eficiencia. Si tan solo se pudiera creer en tanta promesa; una cosa es lo que se dice, otra lo que se hace. La cuestionada emisión de bonos por Q 3 mil millones es un ejemplo de esto.  Por más que se asegure que dichos fondos serán bien manejados muchos guatemaltecos encuentran difícil creer en estas buenas intenciones. En ese sentido, la aprobación de los bonos es un claro ejemplo de la distancia que existe entre el discurso y los hechos. Ciertas acciones que acompañaron esta aprobación generan serias dudas acerca del compromiso de gobierno con su propio discurso de honestidad y transparencia. Primero, el repentino “consenso” en el Congreso, materializado a través de una obediente “aplanadora” oficialista, despierta muchas sorpresas. Resulta difícil creer que de la noche a la mañana decenas de diputados se hayan convencido de la “verdad” del gobierno. Segundo, destinar Q200 millones para las municipalidades como parte del paquete, como bien han señalado algunos expertos, huele a “PACUR”. Tercero, la aprobación de las muy cuestionadas disposiciones que regularán la ejecución del proyecto de la Franja Transversal del Norte (FTN) despierta serias dudas hasta al más creyente.

Respecto de este último punto es importante señalar lo que han dicho Nineth Montenegro y Mariano Rayo, diputados opositores, acerca de las referidas disposiciones legales. Según estos diputados, los vicios de este proyecto van desde la ausencia de un diseño total del mismo; disposiciones inadecuadas para manejar gastos imprevistos y falta de adecuada regulación para manejar las variaciones en los precios de los insumos. En buen chapín, las modificaciones en cuestión constituyen un “cheque en blanco” que deberemos pagar todos. ¿En dónde quedan las promesas que se hicieron respecto de los bonos en la ejecución de la FTN?

Candados: sí, pero muchos tienen las llaves para abrirlos. Destinos específicos: sí, los que convengan al partido. Transparencia; sí, en tanto no dificulte los negocios alrededor de la cosa pública. Honestidad; sí, siempre que no moleste. ¿Qué otra cosa se puede pensar después de ver lo que pasó con la FTN?  Puro discurso; muy poca convicción; CERO acción. En materia de política pública no basta con un diseño técnicamente correcto de los instrumentos, hace falta convencer al público acerca del verdadero compromiso del gobierno.

Por Verónica Spross

Una es el triunfo de Fabiola en México, y otra, el meritorio trabajo del Lienzo de Qu-auhquechollan.

Cuando los guatemaltecos triunfan en el exterior nos quedamos maravillados, especialmente porque nos damos cuenta de que tenemos grandes potencialidades que no siempre son desarrolladas al máximo. En áreas como la música, el arte, la medicina o la tecnología encontramos a nuestros con-nacionales triunfando en sus profesiones, en diversos concursos y como seres humanos integrales.

La primera noticia impactante fue el triunfo que Fabiola Rodas obtuvo en El Gran Desafío de Estrel-las, de TV Azteca. Con tan sólo 16 años, ella está dando a los jóvenes del país un ejemplo de es-fuerzo, entrega y compromiso. Continuará su carrera artística en México y espera poder llegar algún día a recibir un Grammy. El domingo fue recibida en nuestro país por un gran grupo de personas que la admiran. Cantó seis temas en la Plaza de la Constitución para compartir con sus seguidores. El triunfo de Fabiola demuestra que los jóvenes pueden tener un mejor futuro, si se les presenta una oportunidad y la saben aprovechar.

Otra noticia de relevancia es el reconocimiento que se brindó al equipo de trabajo del Lienzo de Quauhquechollan, integrado por colaboradores de la Universidad Francisco Marroquín y de Geo-sistec, quienes implementaron un sitio web dinámico que permitirá unir las herramientas cartográfi-cas modernas con el concepto Mesoamericano de geografía viviente. El lienzo recibió mucha atención por parte de los asistentes a la conferencia anual de ESRI, el mayor desarrollador de software para mapas interactivos. Los asistentes a la conferencia votaron este proyecto como la mejor presentación virtual de un mapa.

La tercera, el anuncio que nos llegó a finales de la semana pasada acerca del cambio de estafeta en Corporación de Noticias, la casa editora de Siglo Veintiuno, fue bastante sorpresivo. Este diario surgió hace casi dos décadas con la visión de servir a Guatemala por medio de la apertura de espa-cios para informar, opinar, analizar y discutir sobre la situación nacional, con el compromiso de hacer aportes a la democracia y buscar siempre la verdad. Al equipo que se retira va un agradecimiento por su entusiasta labor en el cumplimiento de la visión con que se comenzó a trabajar.

Recuerdo aún el primer ejemplar que circuló con gran optimismo, debido a la oportunidad que se es-taba generando de incidir en el cambio de las instituciones, en la búsqueda de la transparencia y en lucha contra la corrupción. Con el inicio de Siglo Veintiuno se abrió un espacio para hacer análisis más profundo y plantear recomendaciones en los diversos campos de la política pública.

El equipo que toma las riendas tiene por delante grandes desafíos para continuar aportando a la discusión na-cional, ya que es un medio abierto a las opiniones diversas, que ha hecho su labor con ética y compromiso con el país, especialmente para impulsar el fortalecimiento de las instituciones fundamentales, como el sistema de justicia. El monitoreo de las acciones en el campo de la seguridad ciudadana deberá continuar. Pero, quizás el papel principal de los medios de comunicación en la actualidad sea imponer límites a las acciones de los gober-nantes, sacando a luz cualquier hecho que no esté apegado a las normas vigentes de transparencia y rendición de cuentas.

¡Adelante, hay mucho camino aún por recorrer!

Por José Raúl González Merlo

Mientras el dictador Hugo Chávez continúa destruyendo las instituciones democráticas venezolanas, los gobernantes de las “democracias desarrolladas” aprietan el cerco en contra del gobierno provisional hondureño. Esta manifiesta hipocresía no solo envía la señal equivocada a los amantes de la libertad, sino que también alienta las dictaduras emuladoras de Chávez.

Las noticias del fin de semana de Venezuela son lapidarias. Hugo Chávez ha consumado el cierre de 34 emisoras de radio en una nueva ofensiva para terminar de destruir la libertad de expresión en ese país. Al mismo tiempo presentó el proyecto de la “Ley Especial de Delitos Mediáticos”, que sancionará a cualquier opositor público. La combinación de estos eventos acaba con el fundamental derecho humano de la libertad de expresión, elemento considerado indispensable en una organización social que se precie de ser “democrática”. Chávez ha absorbido todos los poderes democráticos y ahora cimienta sus perspectivas de mantenerse como un dictador absoluto de por vida.

Todo esto ocurre a la vista del resto del mundo “democrático” que, en un vergonzoso acto de hipocresía, eleva la presión sobre el gobierno provisional hondureño para que éste restablezca a Manuel Zelaya como presidente. Estados Unidos canceló las visas diplomáticas de funcionarios fieles al gobierno de Micheletti. España amenaza con no reconocer al gobierno que fuese electo producto de las elecciones de noviembre próximo si éstas ocurren bajo el gobierno provisional. Ya olvidaron el robo de las elecciones municipales por parte del gobierno “democrático” de Ortega. Mucho menos les preocupa la destrucción de las instituciones democráticas venezolanas.

La independencia de poderes, la libertad de prensa y la libertad de expresión suelen ser y han sido las primeras víctimas de las nuevas “dictaduras democráticas”. Ya “montado en el macho” cualquier gobernante que atente en contra de la democracia “desde adentro” será intocable internacionalmente en tanto sea lo suficientemente astuto. Y vaya que Chávez ha sido un gran maestro para Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, los Kirschner en Argentina y Zelaya en Honduras.

Mientras tanto, la diplomacia guatemalteca ha guardado un vergonzoso silencio de frente a los abusos venezolanos y nicaragüenses. Cuando se trata de Chávez y Ortega somos respetuosos de las políticas internas de cada país. Pero si se trata de Zelaya y Honduras, estamos dispuestos a irnos a una guerra comercial con tal de reinstaurar al aprendiz de dictador. Hechor y consentidor pecan por igual —decían las abuelitas—. Alcahuetear con nuestro silencio diplomático al dictador venezolano es muestra de la poca convicción verdaderamente democrática de nuestro gobierno.