Por Mario Cuevas

Los medios de comunicación de la región y el mundo están dedicando espacio a la grave crisis política desatada en Honduras por la pugna entre el Poder Ejecutivo y prácticamente la totalidad del resto de instituciones democráticas del país vecino, incluyendo el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las autoridades electorales.  Hasta el momento los analistas políticos y la prensa han presentado al público internacional versiones contrapuestas de los hechos.  Desafortunadamente, nadie en este momento está abordando el rol que ha tenido Caracas como factor de desestabilización de la democracia hondureña.

La comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA), han condenado el supuesto rompimiento institucional, a pesar que la destitución de Zelaya como Presidente de la República contó con el apoyo irrestricto de todas las instituciones democráticas de ese país, después que Zelaya a su vez diera un golpe contra el Congreso y el poder judicial.  Esto ha dado como resultado una república bicéfala con dos presidentes reclamando legitimidad, uno con apoyo pleno de las instituciones hondureñas y otro con el respaldo de la comunidad internacional.  La guerra mediática que se ha desatado, en combinación con las emergentes ofensivas diplomáticas montadas por ambos bandos, hacen difícil el acceso a información objetiva sobre la situación. La realidad sobre la legitimidad del proceso de destitución de Zelaya como Presidente del vecino país seguramente no se conocerá sino hasta tiempo después y, como siempre ocurre, la historia será escrita por el vencedor muy a su manera y al mejor estilo Sinatra.

No obstante, debe lamentarse la poca cobertura que los medios han dedicado al rol del presidente venezolano Hugo Chávez en la creación de la crisis política hondureña. La notoria intromisión de agentes venezolanos en asuntos de Estado en Honduras, con el visto bueno de Zelaya, fue sin duda motivo de malestar entre distintos sectores de la sociedad. El descaro imperialista de Hugo Chávez llega al extremo de amenazar públicamente con "derrocar" a cualquier presidente que no sea Zelaya en Honduras, como si de pronto la sede de la soberanía hondureña se hubiese trasladado de Tegucigalpa a Caracas.

Sería recomendable para los analistas políticos y la prensa internacional hacer un análisis más cuidadoso de las razones que llevaron a la actual crisis política, pues con seguridad se encontrará la terrible mano desestabilizadora del imperialismo chavista detrás de todos estos eventos. Un rompimiento institucional tan lamentable jamás se hubiese dado sin las intrigas y la cizaña sembrada por Hugo Chávez y los operadores de Caracas en Honduras.

La táctica venezolana es promover la involución y el eventual fracaso de las instituciones democráticas para convertirlas luego en alfiles del totalitarismo izquierdista.  Sin duda la verdadera amenaza para la democracia hondureña, al igual que para las frágiles democracias en el resto de Centroamérica, es la intromisión venezolana en la región, directamente o a través de sus agentes locales. Cabe preguntarse hasta cuándo los centroamericanos seguiremos tolerando que la inteligencia venezolana siga desestabilizando a la región, intrigando y sembrando cizaña, con el fin de convertirnos en satélites subordinados al régimen retro-socialista de Caracas.

Por Mario Cuevas

¿Comisiones de Confabulación o la suerte como blindaje contra la corrupción?

El polvo se ha levantado alrededor del tema de las Comisiones de Postulación para la elección de los Magistrados de la Corte Suprema. La última polvareda se debe a que los rectores de las universidades del país han impulsado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Comisiones de Postulación (Decreto No. 19-2009 del Congreso de la República).

Aparentemente la discordia obedece al procedimiento estipulado en la Ley para la selección de los presidentes de las Comisiones puesto que ésta contempla que la selección se realizará por “sorteo público” mientras que, aducen los rectores, la Constitución establece un proceso de elección voluntaria.

Por una parte puede pensarse que un procedimiento "por sorteo" es una forma válida de elegir entre las personas aptas para ocupar un cargo.  Por otra parte, las consecuencias de adoptar un procedimiento “por sorteo” deben analizarse cuidadosamente. ¿Por qué no extender dicho procedimiento a otros cargos públicos?  Por ejemplo, cabe ponderar cuáles serían las consecuencias de establecer que la Presidencia de la República fuese sorteada públicamente entre los candidatos. ¿Podría considerarse que el funcionario así seleccionado fue legítimamente electo por voto popular? ¿Puede pensarse que un mecanismo de selección por sorteo público es en principio equivalente a un mecanismo de elección voluntaria equivalente a una votación? ¿Cuánto cree usted que vale su voto si la selección se lleva a cabo por sorteo público?

Por supuesto que no resulta tan sencillo trasladar una interpretación de un ámbito a otro ni tampoco se pretende realizar aquí una interpretación de la Constitución porque para eso existe la Corte de Constitucionalidad.  No obstante, el ejemplo ofrecido en el párrafo anterior ilustra las razones por las cuáles un procedimiento por sorteo público, aunque transparente en principio, no necesariamente es garantía de legitimidad ni tampoco de idoneidad para ocupar un cargo.  Tal parece que el legislador, en su afán de garantizar la transparencia y poner “candados” contra la corrupción, por casualidad encontró la llave que abre la Caja de Pandora.

La opinión pública tampoco puede hacer las del avestruz respecto de los móviles políticos e intereses económicos en torno a la conformación de las Comisiones de Postulación, pues no puede desestimarse la utilidad que tiene un procedimiento de elección convencional para los poderes paralelos que nos cogobiernan y que históricamente han acostumbrado a nombrar interpósitamente a personas de su agrado en cargos públicos de importancia.  En ausencia de procedimientos que garanticen la transparencia y eficacia en la conformación de las Comisiones, éstas terminarían convirtiéndose nuevamente en Comisiones de Confabulación para encadenar a la Justicia y socavar el Estado de Derecho.

Independientemente de la interpretación que llegue a darse de la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación, la conclusión más preocupante y lamentable de esta discusión sería que el azar y la suerte involucrados en un sorteo público sean el refugio último de nuestra esperanza de encontrar procedimientos blindados contra la corrupción y la impunidad en el país.

¿Abogados eligiendo jueces? En términos de la Teoría de la Regulación este proceso bien podría considerarse un ejemplo de la “captura del regulador”. Según esta teoría, la “captura del regulador” ocurre cuando una agencia gubernamental, que se supone debería actuar para defender el bien común, termina favoreciendo mediante sus acciones a quienes supuestamente debía regular. Aunque no es exactamente el mismo caso, el proceso de elección de funcionarios públicos mediante comisiones de postulación bien podría considerarse un caso de “captura del regulador”. Estas famosas comisiones, opción concebida para limitar la discrecionalidad en el nombramiento de ciertas autoridades, son un ejemplo de cómo los “regulados” pueden llegar a controlar a los “reguladores”. Nombramientos como los de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, el Contralor General y el Fiscal General, dependen, finalmente, del voto de quienes más podrían beneficiarse manipulando tales instituciones.

En el caso de los abogados, la integración de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones obedece a los intereses de quienes más podrían beneficiarse de controlar dichos cuerpos colegiados. Intereses que, como nos muestra la historia, no siempre son justos, transparentes, ni políticamente neutros. Aunque se diga que es el Congreso quien finalmente elige, los listados de candidatos provienen de un proceso en el cual han tenido participación directa los usuarios directos del sistema de justicia. De esa cuenta es que ahora existe una Ley de Comisiones de Postulación, la cual trata de regular la forma en que tales comisiones se integran. Sin duda, dicha ley es un avance. Sin embargo, el principio de la “captura del regulador” no se elimina totalmente, seguirán siendo los abogados colegiados quienes voten para elegir a los integrantes de dichas comisiones.

Aunque no se trata del caso en donde se pone al “lobo” a cuidar a las “ovejas”, el principio de la “captura del regulador” no desaparece por completo. Aún en la nueva modalidad, los “lobos” mantienen una influencia indirecta sobre el proceso de selección de quienes estarán a cargo de cuidar a las “ovejas”.  Qué “lobo” no quisiera tener algún tipo de influencia sobre el máximo tribunal del país, que tienen entre sus funciones resolver en materia de antejuicio, tiene facultades para nombrar jueces, secretarios y personal auxiliar; además de tener iniciativa de ley. Esperemos que la nueva ley de resultados y los intereses de los “lobos” no decidan la elección.

Confrontar. Ricos contra pobres. Masas contra élites. Esa pareciera ser la consigna oficial. Ni asuntos puramente técnicos, como el contagio de la gripe A1H1N1, se han librado de esta forma de interpretar el mundo. En declaraciones a Siglo XXI, en “La Entrevista” del  pasado 17 de junio, el Ministro de Salud aseguraba que “nos trajeron (esa) gripe por avión”. Responsabilidad que el funcionario achaca a la “clase media alta… la que no hizo caso” la que “siguió viajando”.¿Será que se combate así más efectivamente la enfermedad? ¿O simplemente es el “granito” de arena del ministro a la campaña de confrontación y polarización que parecieran estar orquestando algunos funcionarios públicos?

De no ser así, de qué otra manera puede entenderse tal tipo de comentarios. Aún bajo el supuesto que la “clase media alta” no hubiera hecho caso, las acusaciones del ministro no tienen mayor fundamento ya que el servicio de transporte aéreo internacional no solamente es utilizado por personas de este estrato económico. Basta con que el señor ministro consulte las fuentes respectivas o que viaje alguna vez en clase turista, para que se de cuenta que una proporción importante de quienes viajan por vía área en Guatemala son turistas extranjeros, viajeros de negocios e inmigrantes guatemaltecos que van de regreso a donde se vieron forzado a emigrar. Segmentos poblacionales que difícilmente podrían considerarse la clase media alta “desobediente” que tanto molesta al ministro. Para recalcar que existen “ocho Guatemalas”, el ministro añade que en las fronteras, “no hay problema”, que todo se trata de un asunto que “de los aviones”. Que “todos los días está lleno el aeropuerto, y van con guitarras y van con calzonetas mientras que “la gente del interior sí hace caso”. Desde esta óptica pareciera, pues, que la Gripe A es más un asunto de lucha de clases que uno epidemiológico. Un conflicto entre ricos y pobres; entre obedientes y desobedientes al gobierno de turno.

La Gripe A, por su parte, se resiste a comportarse según el modelo interpretativo del señor minsitro. Un día después de estas declaraciones del ministro de salud apareció el presidente del Legislativo informando que “el primer caso de gripe AH1N1… confirmado en el Congreso… se trata de un empleado… que viajó a la frontera con México y adquirió el virus”. (Siglo XXI, 18/06/09, p.6). Lamentablemente para el ministro y el gobierno de turno, el asunto de la Gripe A va más allá de los puros intereses políticos, de las buenas intenciones y de la propaganda oficial.

Por Sergio Licardie*

Quiero agregar a tan interesante artículo los principios liberales de la educación GRATUIDAD, LAICIDAD Y OBLIGATORIEDAD. Principios que han tenido una gran influencia en el desarrollo de los países en estos últimos siglos y que otras fuerzas políticas han hecho suyos.
 
 
La gratuidad en nuestro medio no se cumple para la totalidad de los niños y la razón primordial ha sido por la demagogia del modelo de hacer extensiva la educación, demasiado tiempo. También es excluyente: los planes no comprenden nuestras necesidades y los que desertan no son recuperados al derecho. La escuela pública que inicialmente era instrucción para el trabajo se ha vuelto también demasiado cara al ser masiva y por lo mismo no puede cumplir con este principio. Si queremos que la educación sea para todos con las características que tenemos los modelos de escuela deben ser otros y los gobiernos garantizar su funcionamiento dejando de ser totalitarios en el mando, dando libertad y pagando el servicio a quien lo preste a través de los niños que asisten, eso garantizaría que las comunidades y grupos tengan la educación que les conviene.
 
Respecto de la obligatoriedad si es para el alumno, también lo es para los gobiernos y las sociedades civiles. Recuerdo a Don Santiago Hernández Ruiz en una conferencia al referirse a la lista de asistencia con estas palabras. Me presento al registro civil y los niños que deben asistir a la escuela son aquellos que nacieron hace 7 años. La escuela es obligatoria. Porque razón los niños dejan de ir, razones hay muchas y la mas lastimera es la pobreza. Los niños son capaces de sacrificarse porque lo hacen en  el trabajo, pero los planes y programas convencen a los planeadores pero no a los niños y allí empieza la fuga.
 
Independientemente de la grandeza de estos dos principios se maneja en forma escondida, el del LAICISMO `porque históricamente tiene que ver con la Iglesia Católica y todo el dominio ideológico que tuvo durante siglos.  Sin embargo ahora que se critican muchos aspectos modernos del liberalismo en la expresión neoliberal es necesario revivir la actitud de libertad ideológica que el laicismo tuvo y proclamar el NEOLAICISMO que no es mas que seguir pregonando la LIBERTAD EN LA EDUCACIÓN y sacar de la escuela la conformación política, religiosa, dejando a los niños que adquieran su criterio sobre la base de la ciencia sin por eso impedir que las distintas posiciones sociales influyan. La escuela, sus planes y programas, deben de reconocer que fuera de la escuela existe cultura, costumbres, deporte, trabajo y que eso y mas, en forma optativa, deben de ser incorporados a la evaluación que el individuo tiene que cumplir haciéndole mas fácil el lograr que supere niveles escolares y en menos tiempo.

*El autor de este comentario no tiene afiliación alguna con CIEN.  Se agradece su contribución a esta discusión.

Por Mario Cuevas

Desde hace algún tiempo hemos escuchado distintos argumentos sobre la necesidad de ejecutar políticas macroeconómicas anti- o contra-cíclicas, particularmente en el caso de la política fiscal.  La política anti-cíclica estaría dirigida a “compensar” mediante el ajuste de variables de política macroeconómica las tendencias adversas registradas desde hace algún tiempo en la producción, inversión y empleo.  Uno de los elementos clave de un paquete de políticas macroeconómicas de carácter anti-cíclico incluye la postura de la política fiscal.

En ese contexto, muchos analistas piensan erróneamente que la única manera de implementar una política fiscal anti-cíclica es a través de una expansión del gasto público.  Esto sencillamente no es así.  Una reducción en la carga tributaria también puede tener un carácter anti-cíclico en la actual coyuntura.  ¿Puede esperarse que el sector privado produzca, invierta y genere más empleo al mismo tiempo que se incrementa la carga tributaria? Si el sector privado se encuentra bajo presión con los recursos con que cuenta en la actualidad, imaginemos cuánto mayor sería la presión si al mismo tiempo se incrementaran los impuestos.  Aún en las actuales condiciones, sigue siendo cierto que cada Quetzal que se paga en impuestos al gobierno es un Quetzal menos que tiene el sector privado para invertir, producir y crear empleo.

Además, debemos tener en cuenta que la reducción registrada en la tributación no obedece a un cambio en la postura de la política tributaria, ya que no se han liberado las políticas en términos de tasas o condiciones de cálculo para la tributación.  Por el contrario, la SAT ha redoblado esfuerzos para mejorar la administración tributaria y lograr que los contribuyentes en el sector formal cumplan con sus obligaciones.  A pesar de esto, los ingresos tributarios se han reducido de manera significativa.

Es cierto que una parte importante de la reducción en la tributación obedece a una importante contracción registrada en las importaciones.  No obstante, otra parte puede atribuirse a una rotación de la actividad económica del sector formal al informal, en la medida que las múltiples presiones sobre el sector formal inducen a las personas a desempeñarse en la informalidad, sector en el que las contribuciones a las arcas del Estado son reducidas.  Este último proceso puede interpretarse como un estabilizador “automático” de la actividad económica, en la medida que el sector informal sirve de colchón para que muchas personas pueden desempeñarse activamente, añadiendo valor económico en sus actividades privadas al mismo tiempo que hacen uso de una excepción tributaria *de hecho* (equivalente a un “tax break” en otros países).

 
Como el nivel promedio de ingresos en el sector informal es menor al del sector formal, el efecto del “tax break” resulta ser “progresivo” con respecto al nivel de ingresos.  Asimismo, si aceptamos que las personas de menores ingresos tienden a gastar proporcionalmente más que quiénes perciben ingresos más altos, podemos inferir del proceso de rotación hacia la informalidad que la inclinación al gasto de los agentes económicos privados tendería a incrementarse.  Por ende, el “tax break” de la informalidad se asemeja a una postura tributaria de carácter expansivo, en este caso, formando parte de un proceso “anti-cíclico” automático resultante no de las políticas públicas propiamente, pero sí de la realidad económica del país.

Por Mario Cuevas

Muchos autores han destacado la importancia de la Prensa como el Cuarto Poder del Estado, por la influencia que ésta ejerce a la hora de los procesos electorales al igual que su labor de vigilancia permanente sobre las actividades de los tres poderes que típicamente conforman una democracia liberal moderna.  La actual coyuntura cívica y política lleva a pensar que la Juventud estaría llamada a convertirse en el Quinto Poder de la democracia guatemalteca.  No obstante, debe quedar claro que las fuerzas que impulsan el protagonismo de la Juventud como ente colectivo no obedecen puramente a la transitoriedad de factores circunstanciales sino que responden a los fenómenos estructurales de una sociedad fragmentada, excluyente y sedienta de un Norte al cuál dirigirse.

Ante la pulverización de las estructuras establecidas, anquilosadas por una compleja telaraña de intereses oscuros heredados de los Acuerdos de Paz, Guatemala navega a la deriva, sin cohesión ni liderazgos claros.  Por otra parte, la telaraña de intereses excluye de las estructuras del Estado a los liderazgos jóvenes, resintiendo el protagonismo de una fuerza colectiva novedosa, incontrolable y con una visión propia sobre la Guatemala que desea construir, en contraste con las cenizas que la vieja guardia inevitablemente le habrá de heredar.

En su afán por aferrarse al poder en un Estado y una sociedad que se derrumban, al estilo de Nerón mientras Roma arde en llamas, los dirigentes de la Nostalgia por la Guerra Fría y los guerreros que firmaron los estériles Acuerdos de Paz, pretenden ahora que la Juventud obedientemente responda a sus intereses y rinda pleitesía a los antiguos dioses de la Ciudad.  Con ese fin algún sector de la vieja guarda llama a la Juventud a responder a consignas totalitarias inspiradas en los retro-proyectos socialistas sudamericanos.  Por otra parte, distintos sectores de la vieja guardia pretenden que la Juventud acepte ciegamente la presunta sabiduría de una generación fallida, ahora carente de estatura moral para gobernar.

Para fortuna nuestra, Guatemala no es ni será jamás Estado fallido como algunos analistas extranjeros han afirmado.  Guatemala no fallará porque aún tiene una juventud digna—hoy día la única reserva moral de la Nación.   Ese ente colectivo que llamamos Juventud está llamado a brindarle nuevamente legitimidad al Estado de Guatemala como expresión histórica de la voluntad del pueblo, en pos del Destino común que compartimos.

Más allá de distinciones ideológicas, raciales o sociales, la Juventud como ente colectivo y protagónico tiene el derecho y el deber de ocupar el espacio cívico-político que la historia hoy le exige, para participar activamente, no sólo en los asuntos del Estado dentro de los Poderes formalmente establecidos, sino también para construir y conquistar para sí misma un Poder propio, el Quinto Poder, el Poder de la Juventud. El Poder para cambiar Guatemala.

Alfonso Bauer Paiz afirma en una entrevista publicada en el diario La Hora

 (http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=50518&fch=2009-06-16)

que "se debe mantener una postura de oposición al desarrollo de las políticas neoliberales, como la de ProReforma, y... que los jóvenes deben tomar las riendas para encabezar una revolución pacífica, como ya se ha hecho en Sudamérica." Pregunto ¿Pretende Bauer que la juventud guatemalteca tome la senda del totalitarismo populista liderado por Hugo Chávez?

¿Qué tienen de "pacíficas" las supuestas revoluciones sudamericanas cuando mandan cerrar por la fuerza a los medios de comunicación de la oposición? ¿Qué opina Bauer de la embestida de Hugo Chávez contra la juventud universitaria en Venezuela durante las manifestaciones organizadas en su contra?

Finalmente, ¿qué papel debe jugar la juventud guatemalteca en asuntos nacionales? En semanas recientes la juventud ha tomado un liderazgo sin precedentes, convirtiéndose hoy día en el principal reservorio moral del país. ¿En manos de quién deben estar las grandes decisiones que afectan el futuro del país? ¿No debiera ser la juventud?

Si la pobreza es el estado natural del ser humano, nuestra historia puede resumirse como la de su permanente y siempre incompleta superación. En esa batalla sin término es importante contar con todas las propuestas que nos permitan retirar el infamante epíteto de "pobre" o "pobre extremo" a un latinoamericano más, al dotarlo de las herramientas para alcanzar el bienestar para sí y los suyos, echando mano a sus talentos, ideas, trabajo y denodado esfuerzo.

La última contribución para responder al perenne desafío de la escasez en nuestra región, es el libro Políticas liberales exitosas II: soluciones para superar la pobreza, que el prestigioso director de ATLAS 1583 de Argentina, Gustavo Lazzari, y este escriba, compilamos en los últimos dos años, y que ve la luz gracias al apoyo de la Red Liberal de América Latina – que está dedicando al tema de la pobreza sus principales actividades – y la siempre diligente Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

Los once brillantes ensayos publicados constituyen una respuesta actual, viva y moderna, a un tema que apareció únicamente cuando el mercado adquirió carta de ciudadanía, extendiendo su manto de prosperidad sobre centenares de miles de personas en el mundo, a quienes les permitió superar enfermedades, alimentarse debidamente, encontrar casa, trabajo, educación y ascender socialmente. Si antes del libre mercado, todos éramos pobres, con él la pobreza comenzó a volverse excepción, pero también problema. A su vez, estos escritos confirman la naturaleza democrática del capitalismo, el cual permite que cualquier persona, con independencia de su color de piel, sexo, raza, opiniones o religión, puede volverse próspera, con tenacidad, trabajo, inventiva, ingenio y resolución.

Este libro también es una respuesta contundente a la injusta acusación dirigida contra los liberales, que nos sindica como causantes de la pobreza, insensibles frente a sus terribles consecuencias e indiferentes con quienes la padecen. Si esa mentira prevalece hasta hoy, es debido a los malentendidos y prejuicios en torno a la libertad. Este embuste se ciega tercamente ante la lucha histórica de los liberales a favor del reconocimiento de los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad; contra los privilegios mercantilistas de los reyes absolutos, sus validos y allegados; contra los tributos ilegítimos y confiscatorios; contra el centralismo totalizador del Estado, los monopolios por decreto y la depreciación de la moneda; todo, ciento cincuenta años antes del surgimiento del socialismo.

Si bien no hay manera posible de convencer a los socialistas de su error, las múltiples evidencias de la realidad del mercado libre, los miles de libros, ensayos, alegatos y manifiestos escritos para ofrecer soluciones a la pobreza, desde Adam Smith hasta Murray Rothbard, enfatizan que la preocupación de los liberales porque los pobres superen su desdichada condición es sincera, auténtica y ejemplar. Los liberales queremos que los pobres dejen de serlo, y alcancen la prosperidad. Nuestros adversarios quieren aumentar su número de miles a millones, y por eso ahogan a los pobres con dictaduras, represión, supresión de sus derechos, inflación, guerras, trámites interminables, impuestos confiscatorios, lucha de clases, expropiaciones y odio al progreso.

Por eso, mueve a los autores de Políticas liberales exitosas II una sensibilidad genuina porque la pobreza en América Latina se supere definitivamente. Su receta es original y comprobadamente exitosa: la sana convivencia entre la democracia, el estado de derecho y el mercado libre logran disminuir la pobreza. Este triángulo virtuoso genera un medio ambiente favorable a la generación de la riqueza, y sobre todo permite difuminarla entre los que menos tienen. Para ellos, los ensayistas presentan propuestas como la libre inmigración, la dolarización, la descentralización, la liberalización de la economía, las reformas macroeconómicas, el comercio libre, el establecimiento de redes privadas de asistencia social y el fortalecimiento del estado de derecho. De este modo, su heroica lucha de unir libertad y prosperidad se hace una con la de sus antecesores, y es también la nuestra.

César Calvo, exquisito poeta peruano, escribió: Venid a ver al cuarto del poeta. Desde la calle hasta mi corazón hay cincuenta peldaños de pobreza. Subidlos. Con él, sugiero entonces que los subamos, para superar la pobreza en América Latina, con este libro y con la libertad. 

Por pura casualidad me tocó llegar a México, D.F. el mismo día que el gobierno federal declaraba la “emergencia de salubridad”. En aquel entonces no era mucho lo que se sabía entre la opinión pública acerca de la AH1N1, tampoco, me parece, lo que el gobierno federal sabía acerca lo contagioso y mortal de la misma. Lo cual justificaba plenamente casi cualquier medida de precaución que se adoptara. Dos meses después la situación es diferente;  aunque los riesgos asociados con la Gripe A  no han desaparecido, las medidas de prevención para evitar el contagio de la enfermedad no son tan severas como las originales y el enfoque está más bien direccionado  hacia la prevención básica.

Reconociendo que la perspectiva económica no lo es todo en un problema como este, tampoco puede hacerse caso omiso de la misma. Dado que el gobierno de turno ha mostrado cierta ambivalencia en el manejo de los riesgos epidemiológicos de esta enfermedad, y dado que parece inclinarse por medidas extremas que otros países han relajado ya, sería de crucial importancia evaluar la relación costo-beneficio de las medidas de prevención. Restricciones como las adoptadas en México en sectores como el turismo, la venta de alimentos, la industria del entretenimiento, del transporte público y otros, tendrían un importante impacto negativo sobre la ya debilitada economía nacional. No se diga si tales restricciones se extienden hacia el sector manufacturero, sector público, comercio, etcétera.

Si se considera que es materialmente imposible producir, en el corto plazo, suficientes vacunas o medicamentos retrovirales para proteger a la población mundial, la mesura y efectividad de las medidas de prevención resulta crucial. Sin ser un experto médico en este tipo de asuntos, bien valdría la pena evaluar estrategias que minimicen el riesgo  de contagio y el costo económico al mismo tiempo. Sin lugar a dudas, medidas de prevención básicas como lavarse frecuentemente las manos y evitar el contacto con personas contagiadas pueden ser las armas más poderosas y de menor costo disponibles. En ese sentido, en lugar de escuchar por milésima vez la misma propaganda oficial alabando los “grandes logros” del gobierno de turno, nada  se perdería con dedicar parte de esos recursos en sensibilizar a la población respecto de las medidas básicas de prevención. Más que un asunto de falta de recursos para lidiar con la enfermedad, se trata de un asunto de prioridades.

La Prensa internacional ha reportado la sobria bofetada que el público europeo ha dado a la izquierda en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo.  A lo largo y ancho del continente los ciudadanos favorecieron a candidatos y partidos escépticos de la excesiva intervención del Estado.  El revés para la izquierda europea ha sido reconocido por sus propios líderes, quiénes han lamentado que en momentos en que la economía mundial enfrenta serias dificultades y los gobiernos aplican medidas crecientemente intervencionistas, el público más bien ha puesto un límite a los excesos de la autoridad pública. Particularmente, los latinoamericanos debemos aprender que la plataforma democrática no es privilegio de la izquierda sino que es una “cancha” en la que todos podemos y debemos jugar, siendo particularmente meritorio un avance cuando el oponente juega bajo el espejismo de que la cancha es exclusiva y propia.

Asimismo, cabe analizar algunas de las razones para el retroceso izquierdista. Las élites socialistas se dejaron llevar por el espejismo ideológico que los deslumbra y se olvidaron que el ciudadano ostenta una de las más valiosas cualidades que pueden adornar al ser humano: el ejercicio del sentido común.  Específicamente, el europeo no ha olvidado que la danza de los trillones que manejan los Ministros de Finanzas está sujetos al inexorable escrutinio del público—dueño y soberano de los recursos que temporalmente administra cualquier gobierno.  Máxime cuando los acrecentados presupuestos “burbuja” están provocando escándalos por corrupción y abuso en distintos países de Europa, destacándose las risibles y lamentables extravagancias de algunos parlamentarios británicos, también reportadas por la prensa internacional.

Así como en algún momento se registraron “burbujas” en distintos mercados alrededor del mundo ahora se registran burbujas de gasto, extravagancia y corrupción en el sector público bajo la excusa simplista de que para curar una burbuja se necesita otra más, como si el excesivo endeudamiento del sector privado en los países desarrollados se pudiera curar con el endeudamiento del sector público.  Mejor sería recomendar que si al paciente se le inflamara una extremidad como resultado de un golpe, tendríamos que provocarle una inflamación en la otra extremidad para restablecer el “equilibrio”.

Independientemente de su tinte ideológico la autoridad pública debe rendirle cuentas al pueblo, soberano que tiene la altura moral para dar y quitar según le parezca el desempeño de los funcionarios de turno.   Los fieles admiradores de los totalitarios del Sur deben reflexionar sobre la famosa declaración de Lord Acton en el sentido que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” (1887). Asimismo, el proceso electoral europeo apunta a que debemos reiterar un compromiso inquebrantable con los principios, valores y procesos de la democracia moderna, al igual que debemos depositar plena confianza en la milenaria sabiduría del ciudadano común, bastión último e inexpugnable en la defensa del Estado de Derecho y las libertades individuales frente al insidioso avance del populismo salvaje en Latinoamérica.

¿Qué conecta a los de "blanco" con los "simpatizantes” del gobierno? ¿A los que reclaman justicia con los que muestran su apoyo al gobierno? En principio, pareciera que nada. Lectura superficial que han utilizado algunos altos funcionarios y personas allegadas al poder para promover sus particulares ideas de confrontación y lucha de clases. En lo que concierne al caso Rosenberg, desde una perspectiva muy amplia, podría decirse que ambos grupos reclaman lo mismo: justicia. Unos, justicia en el sentido tradicional de la palabra; otros, justicia en el sentido social de la palabra. Unos reclaman que se termine con la impunidad, otros que se termine con la pobreza. Unos demandan igualdad ante la ley, otros demandan igualdad de oportunidades.  

Más se tardó la Organización de Estados Americanos – OEA - en abrir a Cuba la oportunidad de ser miembro de ese organismo que Fidel Castro en mandarlos por un tubo diciendo que, lejos de querer ingresar a la OEA, más bien recomienda la desaparición de “ese Caballo de Troya del neoliberalismo… cómplice de todos los crímenes contra Cuba”. Como dice el refrán: mal paga el diablo a quien bien le sirve…

La expulsión de Cuba como miembro de la OEA ocurrió en 1962, por iniciativa de los EUA, luego de la instalación de la dictatura marxista-leninista encabezada por Fidel. Luego el gobierno estadounidense instaló un embargo económico que cortó toda relación comercial entre EUA y Cuba. El tiempo ha demostrado que ambas medidas han sido inútiles y contraproducentes. Lejos de debilitar a la dictadura, permitieron que ésta se victimizara y, por ende, la fortalecieron. Fidel tuvo la excusa perfecta para alegar que sus desgracias económicas no eran consecuencia de su incompetente manejo comunista sino por culpa del “bloqueo” estadounidense.

El embargo aún no se levanta. Depende de los EUA. Lo que no estaba bajo su control era que los países latinoamericanos apoyaran el reingreso de Cuba de la OEA. Dadas las circunstancias EUA, no tuvo más que aceptarla. Sin embargo, en la práctica nada ha cambiado. De todas maneras, Cuba nunca podrá ingresar a la OEA. La resolución claramente especifica que “… la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA.”

Como Cuba es una dictadura, aunque quisiera, no puede ingresar a menos que la OEA cambie sus propias resoluciones para poder aceptar un gobierno no democrático. La llamada “Carta Democrática Interamericana” exige de sus miembros una “democracia representativa” y “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales… la celebración de elecciones periódicas, libres, justas… el régimen plural de partidos políticos y la separación e independencia de los poderes públicos. Frente a esa realidad, no extraña que el Presidente del “Parlamento” cubano repitiera lo que Fidel ya había anunciado: su país nunca regresará al organismo que él calificó de “instrumento de dominación de EUA”.

Así que Fidel lo ha hecho de nuevo. Toda América Latina se le ha puesto de alfombra para lograr que las puertas de la OEA se le abriesen solamente para que éste los desaire despreciando la propuesta. Sólo Fidel puede darse el lujo de insultar a los gobiernos latinoamericanos y salirse con la suya. Y sólo los gobernantes latinoamericanos carecen de la dignidad suficiente para que, luego de ser insultados, lo celebren y le continúen rindiendo pleitesía a la dictadura.