Para algunos, los reclamos de justicia son parte de un plan de desestabilización; el liderazgo de los jóvenes, un ejemplo de la “ultra derecha” en acción; un genuino interés por una Guatemala mejor, una manifestación de la lucha de clases. Nada de esto es nuevo. Pareciera que está escrito en el Manual del Socialismo del Siglo XXI. Todos los demás simpatizantes de estas ideas han utilizado estas tácticas en múltiples ocasiones. No digo, por esto, que el gobierno de turno pretenda instalar en Guatemala el Socialismo del Siglo XXI, sino simplemente que hay ciertas similitudes entre la reacción oficial al caso Rosenberg y el comportamiento de los seguidores de Chávez.

Por ejemplo, el Vicepresidente Espada, en declaraciones a TeleSUR, “acusó a sectores de estar en contra del proceso de cambios que impulsa el actual Gobierno, de ser los responsables de intentar desestabilizar la gestión de Colom”. Posición que avalan personas como Frida Modak, Secretaria de Prensa del Presidente Salvador Allende (http://alainet.org), cuando dice que “el asesinato… dio pie a que los sectores golpistas de siempre desataran en la nación centroamericana una ofensiva cuyo fin declarado es ponerle término al gobierno de… Colom”. A lo que se añade luego los intentos de deslegitimación de los medios de comunicación no afines al gobierno. En ese sentido, el Frente Nacional de Lucha,  organización de izquierda en la cual militaron prominentes funcionarios del gobierno de turno, denuncia que “los interesados en generar la ingobernabilidad son los dueños de los medios masivos de comunicación”.  Posición que pareciera refrendar la Primera Dama cuando dice que “le duele… ver de qué forma, algunos medios son parte de la oposición; y que no son objetivos ni equilibrados en informar” (Prensa Libre, 13 de mayo de 2009).

¿Se estará siguiendo un libreto? ¿Quién sabe? Pero nada nos cuesta darle una mirada los argumentos que el gobierno de Chávez utiliza para justificar el cierre de Globovisión. Según los chavistas, “ahora que hay un gobierno con raíces populares y que responde a raíces populares y nacionales, de pronto, (los medios de comunicación que responden a la oligarquía) se vuelven defensores de (tales los intereses)”. A lo que añaden que “la instrumentalización del gremio periodístico y la voraz arremetida mediática de la derecha… son razones fundamentales para… dar respuesta… (cerrar Globovisión)”. Los fragmentos entre comillas fueron tomados del semanario “todosadentro”, publicación oficialista en Venezuela). Cualquier similitud con el caso de Guatemala es pura coincidencia.

El IV Congreso RELIAL cuyo lema es “Propuestas de Políticas Sociales Liberales para América Latina” tiene como objeto presentar al liberalismo como el medio para superar el grave y endémico problema de la pobreza en nuestra región, tema central de RELIAL en sus estudios sobre políticas públicas.

Expertos en la materia tratarán diversos contenidos: el respeto por la propiedad privada, el impulso a la iniciativa privada, políticas sociales liberales sobre temas tales como la salud, la educación, las ayudas focalizadas y el sistema de seguridad social.

Instituciones amigas liberales internacionales estarán presentes en este gran festejo, FIL, con su presidente el prestigioso Mario Vargas Llosa, ATLAS Foundation con su presidente Alex Chafuen, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad con su presidente el diputado alemán Dr. Wolfgang Gerhardt.

También participarán Paola Silva presidenta de IFLRY, Emil Kirjas secretario general de la Liberal Internacional y Enrique Ghersi Director de CITEL Perú, entre otras.

Además, nos acompañarán prestigiosas instituciones académicas de la región, miembros RELIAL: CIEN de Guatemala, Fundación Libertad de Argentina, NOTORIA de Bolivia, LyD de Chile, Instituto INVERTIR del Perú, Fundación Libertad de Paraguay, Instituto Democracia y Mercado de Chile, IEAH del Perú, ICP de Colombia, Fundación Atlas 1853 de Argentina, ANFE de Costa Rica, IEE de Brasil, Fundación Libertad de Panamá, IEEP de Ecuador, e IPL del Perú.

Y contaremos con la presencia de distinguidos políticos latinoamericanos parte y cercanos a la Red: Otto Guevara candidato a presidente de Costa Rica, Ricardo López Murphy ex candidato a presidente de Argentina, Eduardo Montealegre ex candidato a la Alcaldía de Managua, Enrique Ho Fernández asesor de Ricardo Martinelli presidente electo de Panamá, Elizabeth Flores Vice presidenta primera del Congreso de Honduras, Manuel Cárdenas Fonseca Diputado Federal de México, Amanda Núñez Senadora del Paraguay, Efraim Filho jóven diputado del Brasil, Jaime Salinas presidente de Justicia Nacional del Perú y José Vigil secretario general de Movimiento Reformador de Guatemala.

Finalizado el Congreso RELIAL, participaremos en el Encuentro Internacional Libertad y Democracia “El desafío latinoamericano: Libertad, Democracia, Propiedad y Combate a la Pobreza”, organizado por CEDICE-FIL.

Invitamos a difundir y a participar en estas actividades, donde presentaremos propuestas claras de políticas públicas liberales para forjar una América Latina libre de pobreza y llena de libertad.

RELIAL, Red Liberal de América Latina

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Según algunos grupos radicales de izquierda, y alguno que otro funcionario público, las manifestaciones de repudio a la violencia y de exigencia de justicia y transparencia son producto de una manipulación de los sectores “más recalcitrantes de la derecha”.  Grupos que buscan, de alguna forma, “romper el orden constitucional, generar un caos que (devenga) en un estado de ingobernabilidad tal que se (rompa el)  estado de derecho”. En principio todo es posible en Guatemala. Sin embargo, resulta muy difícil darle algún valor de verdad a este tipo de declaraciones. Sobre todo cuando las mismas  provenienen de grupos dogmáticos de izquierda que, como dice un amigo, contrario a lo que sostenía Clausewitz, no han hecho de la “guerra una extensión de la política, sino de la política una extensión de la guerra”.  Grupos que practican un “militarismo de izquierda”, diría mi amigo, que va “un paso más allá del dogmatismo porque no solo tienen una concepción maniquea de la realidad sino también una concepción militar de la política”.  

Según estos grupos “en nada o poco difiere este circo en el fondo, de los golpes de Estado de los años 70s y 80s”. Incomprensible afirmación. Salvo unos cuantos gritos de jóvenes con las hormonas alborotadas, la mayoría de los reclamos han estado centrados el esclarecimiento del crimen de Rosemberg, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la independencia de las instituciones encargadas de hacer justicia. Según estos grupos, “el mayor riesgo que existe en este momento es que las derechas oligárquicas del país provoquen un desorden tal que se terminen saliendo con la suya”. Es decir, una reforma constitucional que favorezca a los sectores tradicionales. Nada más alejado de la realidad. En este momento hay temas más importantes que ese. Problemas que no se solucionan con tinta y papel sino con acciones, presión y seguimiento ciudadano: mejorar el sistema de justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la transparencia con que se manejan los programas de gobierno.   

¿Por qué tratar de restar credibilidad y legitimidad a las manifestaciones públicas organizadas por los jóvenes? ¿Quedar bien con el gobierno? Podría ser, de todos es bien sabido que ciertos funcionarios de este gobierno tienen nexos muy cercanos con este tipo de grupos. ¿Provocar confrontación entre los guatemaltecos? Podría ser, algunos de estos grupos siguen atrapados en la lógica del “conflicto armado”, como dice mi amigo, en una “lógica de guerra que convierte a la actividad política democrática en otro frente más de combate”.

¿Intimidación o ignorancia? ¿Descalificación o ligereza de pensamiento? Es difícil juzgar en toda su dimensión la posición asumida por el representante “legal” del Estado. Si fuese una intimidación velada para quienes demandan justicia, estaríamos muy cerca de acciones típicas de regímenes totalitarios. Si fuera un intento de descalificar la denuncia del abogado Rosenberg, antes debería advertir que no tan fácilmente la población toma como verdadera cualquier afirmación de un funcionario público. Aunque no es fácil para un economista analizar este tipo de temas, la defensa de la libre expresión y de la libertad de pensamiento amerita el esfuerzo.

En un comunicado de prensa del pasado 15 de mayo, el Procurador General de la Nación manifestó “que, quien o quienes compartan las acusaciones hechas por el abogado Rosenberg pueden estar cayendo en la ilegalidad de apología del delito”. Según la Enciclopedia Libre Universal, la apología del delito “consiste en el elogio, solidaridad pública o glorificación de un hecho que con fuerza de cosa juzgada ha sido declarado criminal, o de su autor a causa de este hecho”. Es preciso tener muy claro que quienes pudieran compartir los señalamientos de Rosenberg no están cometiendo delito, ni ilegalidad alguna, ya que no están alabando ni defendiendo un delito ni a una persona condenada por haberlo cometido.

Además, hay que recordar que las acusaciones, críticas o censuras en contra de funcionarios públicos no constituyen delito, según nuestra Constitución. Por otra parte, según el artículo 395 del Código Penal, la apología del delito se produce cuando se cometen públicamente los hechos antes mencionados. Según la fuente citada, “no constituye delito la apología realizada en privado, ni tampoco la simple aprobación, o la alegría explícita, hacia un delito o su autor”. Salvo, claro está, que el señor Procurador de la Nación pretenda estar por encima de la propia ley y tener la potestad legal para condenar al abogado Rosenberg. Así como el señor procurador llama a la reflexión y la cordura, sería bueno que él hiciera lo propio y se abstuviera de emitir opiniones esta tipo de declaraciones. Si exigir justicia es una “apología del delito”,  todos los que demandamos un Estado de Derecho somos delincuentes.

Los problemas de violencia son un obstáculo, pero no implica que las puertas a la inversión estén completamente cerradas.  Países como Perú, quienes tienen problemas de terrorismo, mediante Sendero Luminoso, está logrando atraer grandes inversiones, mientras que nosotros no. Es más, en el año 2008, Perú logró más de US$7 mil millones de inversión extranjera, proveniente tan sólo de China. Frente a esto, la inversión extranjera total que recibió Guatemala se ubicó entre US$500 y US$600 millones.  Es decir, 14 veces menos.

"El mundo dice que Perú es confiable para la inversión con un riesgo país muy bajo, alta tasa de retorno en términos privados y sociales y un capítulo en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China sobre garantías y ámbito de solución de controversias", insistió la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, a la agencia de noticias EFE.  A ello, habría que agregar lo mencionado recientemente por Mario Marroquín, director de Invest in Guatemala, quien señaló que Perú es un caso exitoso de promoción de construcción de infraestructura en su país, y de atracción de inversiones, gracias a la introducción de una buena Ley de Participación Público-Privada.

¿Qué necesitamos?  Bueno, muchas cosas.  Pero podemos priorizar.  Con el Plan de Reactivación Económica, lo que necesitamos es apoyar esfuerzos como el de Invest in Guatemala y su agenda de inversión.  ¿Qué implicaría esto?  Apostar por la Ley de Participación Público-Privada, para impulsar la atracción de inversión para infraestructura, mediante inversión privada.  Lo otro, apoyar legislación que proteja la inversión y que promueva estabilidad en las reglas para las empresas que vienen a invertir en el país.  Lo otro, implicaría incrementar la asignación presupuestaria hacia esta entidad del Gobierno.  Necesitamos levantar el perfil de Guatemala, para que los inversionistas quieran venir.  Eso no sólo implica estabilidad jurídica y buenas leyes.  También implica contar con la documentación necesaria para que los inversionistas sepan todos los detalles, con extrema minuciosidad, de lo que trata el proyecto: fortalezas, debilidades, riesgos, posibles ingresos, etcétera, etcétera.  Lo otro, evaluemos nuestras relaciones con China.  He oído, de buena fuente, que los chinos tendrían mucho interés en desarrollar una gran número de industrias en el país.

Apoyemos estas iniciativas.  Seamos propositivos.  Escribamos a nuestros Diputados y a nuestra gente allegada al Gobierno.  Hagamos que nosotros, los ciudadanos, tengamos un peso positivo en las decisiones del país.

¿Gastar más o rebajar impuestos? ¿Bajar o no la tasa líder? Este son el tipo de preguntas a las que más atención le hemos puesto en el pasado reciente. Un debate que, sobre todo, ha girado en torno al manejo de la economía en el corto plazo. Entre opiniones de quienes creen que el gobierno puede “salvar” a la economía de una debacle inminente y de quienes creen que el gobierno va a “acelerar” dicha debacle, se nos han olvidado las reformas de largo plazo. El gobierno, por un lado, parece haber olvidado el largo plazo y estar únicamente interesado en la aprobación del “paquete tributario” y de más endeudamiento público. Acciones tendientes a estimular la economía en el corto plazo. Dado que esa decisión será, finalmente, de orden política y no técnica, lo único que queda es esperar que los intereses del pueblo hayan sido debidamente tomados en cuenta.

Ahora bien, ante la imposibilidad de influir sobre decisiones políticas, no queda más que advertir a quienes están a cargo del manejo de la política económica que no todo es manejo de corto plazo. El largo plazo también cuenta. Lo que algunos simpatizantes del gobierno acostumbran a decir  respecto de la ortodoxia fiscal y monetaria, también se aplica a ellos. El desmedido énfasis en el manejo de corto plazo de la economía asegura que en el “largo plazo todos estemos muertos”. Si no se reconoce que hacen falta reformas estructurales de largo plazo, que no todo es manejo de corto plazo y que no todo se trata de reformas tributarias, protección social o estímulos fiscales, estamos cavando nuestra propia tumba. Tal vez la economía no se vaya al “hoyo” en el corto plazo, si bien nos va, pero es casi seguro que en el largo plazo vayamos directo al fondo del mismo. Sin mejor y mayor infraestructura, mayores niveles de competitividad, más inversión directa, doméstica y/o extranjera, y mayor eficiencia y productividad, será muy difícil que el país pueda alcanzar algún día una tasa de crecimiento importante. Por más urgente que resulte evitar que la economía se hunda en el corto plazo, también es importante empezar a pensar ya en el largo plazo. En caso contrario, una vez esta crisis haya pasado, va a suceder como tantas veces en el pasado: no vamos a estar preparados para tomar el rumbo que las circunstancias demandarán. A lo mejor habremos librado el “hoyo” en el camino, pero el camino seguirá siendo cuesta arriba. La economía, por supuesto, tan endeble y poco productiva como siempre.

Por: Verónica Spross de Rivera.  

La conformación de diversas comisiones de postulación para realizar los nombramientos de varios de los principales cargos en los distintos organismos del Estado constituye una práctica que se ha venido siguiendo en las últimas décadas.  La idea con la conformación de estas comisiones es que se integren con personas muy responsables que trabajando conjuntamente logren que los   candidatos más aptos para los puestos formen parte de las ternas, que los procesos sean transparentes y se tengan normas y regulaciones para dichos procesos.

La Constitución indica que para designar Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Tribunales de igual categoría, Fiscal General de la República y Jefe de la Contraloría General de Cuentas se debe efectuar un procedimiento que, en su primera fase, está a cargo de comisiones de postulación.  Estas comisiones son las encargadas de elaborar listados con el nombre de candidatos, dentro de los cuales, el ente a cargo, debe hacer la selección final de la o las personas que ocuparán los puestos respectivos. 

A principios de este año se planteó una iniciativa de ley en el Congreso de la República denominada Ley de Comisiones de Postulación, que en su exposición de motivos menciona que el ideal es elegir a las personas más aptas, capaces y de una impecable formación ética y profesional para los cargos, por lo que los listados emanados por las comisiones de postulación deben garantizar personas con buenas calificaciones profesionales, académicas, éticas y humanas y, para tal efecto, las comisiones deben actuar de forma independiente, con buen criterio y parámetros aceptables.  No puede sino estarse de acuerdo con el buen propósito de este proyecto de ley, es lo que se desea para fortalecer la institucionalidad del país.

En resumen, este proyecto de ley busca regular la integración y funcionamiento de las comisiones de postulación. Incluye la aprobación del perfil requerido para optar a cargos debiendo cumplir con aspectos ético, académico, profesional y humano; contiene el proceso de convocatoria pública, la forma de verificación de los antecedentes de los aspirantes a cargos, el proceso de entrevistas y auditoría social; y la forma de evaluación de los expedientes, integración de nóminas y la selección final de candidatos, conforme a un sistema de punteo.

Es muy necesario contar con una normativa que facilite, transparente y garantice el procedimiento a seguir para los distintos nombramientos de funcionarios y autoridades de las instituciones, especialmente de aquellas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de Derecho, el sistema de Justicia y la fiscalización del uso de los tributos por parte del Gobierno, que le corresponde al Contralor General de la Nación.  Los perfiles y nombramientos en estos puestos deben ser motivo de toda la atención de nuestra sociedad, pues debe buscarse que sean ocupados por personas idóneas, con los elementos técnicos y profesionales necesarios, pero principalmente con las características de notabilidad y honorabilidad que nos garantizarán su efectividad en el puesto. 

En el Congreso de la República lamentablemente se pospuso la discusión y aprobación de esta ley para futura ocasión, quizás a finales del mes de mayo.  Con ello se demuestra la falta de prioridad que se da a este importantísimo tema.  Pocas cosas pueden ser más urgentes en el país que regular adecuadamente el funcionamiento de las comisiones de postulación.   Están convocando a la integración de la comisión de postulación para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin haber antes hecho su tarea de aprobar la necesaria ley.  

Ahora es tarea de las instituciones de la sociedad y de los medios de comunicación poner atención a que los candidatos que se propongan en los listados sean personas notables, con una trayectoria intachable y la capacidad de trabajar por encima del bien y del mal.  ¿Difícil? Tal vez, pero no imposible.  Recordemos las características de honorabilidad de don Arturo Herbruger y ojalá que éstas inspiren a las comisiones de postulación a hacer una buena labor seleccionando a personas idóneas para integrar los listados, evitando la politización y el pago de favores.  Estos nombramientos determinarán el futuro de nuestras principales instituciones.  Pongamos atención.

“Los préstamos son el uso anticipado de los ahorros”. Aparentemente, esta frase no dice nada nuevo. Sin embargo, asociar el concepto de los ahorros con el de la deuda permite ver este último fenómeno desde otra perspectiva. Una cosa es hablar de pagar un préstamo, otra reconocer que dicho pago se origina en el ahorro. Ahorro en el sentido de sacrificar el consumo; consumo no realizado.  Según algunos analistas y políticos este es el tipo de razonamientos que no deben guiar las decisiones en materia fiscal en estos momentos.  Por tanto, insisten estos sujetos, en lugar de darle tanta importancia al control del déficit fiscal y a los niveles de endeudamiento público habría que proceder en dirección contraria. 

Si la sabiduría de la frase inicial no ha sido superada por este tipo de teorías económicas, sería un ejercicio muy sano preguntarse de qué ahorro anticipado estamos hablando cuando se decida aumentar los niveles de endeudamiento. Al menos, en lo que respecta a las cuentas del gobierno, el ahorro público en el pasado reciente no ha sido suficiente para hacer frente a las distintas obligaciones del fisco. ¿Será que esa situación va cambiar pronto? Parece difícil. Al día de hoy al día de hoy no existen incentivos para reducir el gasto corriente. Parece más probable, más bien, que se siga buscando aumentar la carga impositiva con cada nuevo gobierno.

Dado que el gobierno de turno no piensa renunciar a los aumentos de gasto público y, por ende, al endeudamiento público, al menos deberíamos tener claro que “la deuda es el uso anticipado de los ahorros” y, por tanto, considerar la capacidad del país para generar ese ahorro público en el futuro. Hay que aclarar que la frase del inicio no proviene de un connotado político o economista, sino de una persona que durante más de tres décadas ha hecho crecer una cooperativa de ahorro y crédito en el altiplano guatemalteco. Según este personaje, esa frase es lo que él siempre le dice a cada nuevo cliente que se acerca a la cooperativa a solicitar un préstamo. A quienes no entienden que cuando uno toma dinero prestado se adquiere un compromiso de a ahorrar en el futuro, según dice, prefiere prestarles el dinero antes de hacer un mal negocio para los dos partes. Qué lástima que esta sabiduría tan profunda no tenga lugar hoy en el discurso económico oficial. Pero no hay nada de qué preocuparse, seguramente los funcionarios del Banco Mundial, BID, FMI, BCIE saben mucho más que este humilde cooperativista.