Desde que el gobierno presentó sus intenciones de un presupuesto nacional de casi cincuenta mil millones de quetzales, diversos analistas indicamos la imprudencia de presentar semejante gasto para un año tan complicado como el 2009. El tiempo nos ha dado la razón. Frente a los efectos de la crisis económica internacional, el gobierno se apresura a modificar sus planes. Sin embargo, el Plan B tampoco es alentador.

El plan original era aumentar gastos e ingresos en un increíble 16%. El número no hacía sentido; especialmente cuando estaba claro que el 2009 sería, en el mejor de los casos, un año de desaceleración económica. El Congreso hizo lo suyo y aprobó el llamado “presupuesto contracíclico”. Bastaron los primeros tres meses del 2009 para cambiar radicalmente las expectativas. Las estadísticas dicen que la recaudación, lejos de crecer, ha caído un 6% con respecto al año anterior. De seguir así, habría una diferencia desfavorable entre el presupuesto original y el real de unos siete mil setecientos millones de quetzales.

Frente a esta situación, el Plan B del gobierno contempla una elaborada y onerosa campaña de propaganda para lograr dos objetivos. El primero es hacer creer que las acostumbradas medidas de “austeridad” que se anuncian son relevantes. El segundo es preparar el terreno para una nueva ronda de endeudamiento público externo e interno y presionar para la aprobación de aumentar impuestos. Si desde un inicio sabíamos que el presupuesto era deficitario, ahora es peor. Los ciudadanos hemos sido llevados a un problema por parte de un gobierno que primero infló el presupuesto y ahora recurre a más deuda e impuestos para financiarlo.

Subir impuestos profundizaría el problema económico. El IVA de las importaciones está caído un 20% con respecto al año anterior. Esto nos puede dar una idea de la magnitud de la recesión. No obstante lo anterior, el gobierno sigue creyendo que gastando más es como se puede estimular mejor la economía. Inclusive si éste gasto proviene de mayores impuestos. La dócil Junta Monetaria avala indirectamente esta tesis al aprobar el paquete de endeudamiento por mil ochocientos millones de quetzales; dinero que representa incremento futuro de impuestos.

Hay muchos problemas que nos hubiéramos podido ahorrar si, como se dijo en su oportunidad, se hubiese adoptado el mismo presupuesto del 2008 dada la incertidumbre económica. A cambio de eso, tenemos un panorama complicado que incluye mayor endeudamiento y mayores impuestos. La pelota vuelve a caer en el Congreso quien tendrá en sus manos la aprobación de ambos. Nuevamente, el futuro de ciudadanos que ni siquiera han nacido esta por evaluarse. A ver si “nacen con el pan o con la deuda bajo el brazo”.

A pesar de la voz de alarma respecto del impacto de la caída en la actividad económica sobre los ingresos tributarios, las autoridades políticas presentaron un presupuesto público basado en metas muy difíciles de alcanzar. De haberse reconocido la imposibilidad de alcanzar estas metas, seguramente tendríamos hoy una situación diferente. Sin embargo, las autoridades políticas decidieron hacer caso omiso de tales advertencias y lograron la aprobación de un presupuesto que hoy sufre de un “hoyo fiscal” de miles de millones de Quetzales. Situación que se ha aprovechado para generar una sensación de urgencia en la aprobación de la reforma tributaria que se discute en el Congreso y en la aprobación de mayores niveles de endeudamiento.  

Aunque el endeudamiento público puede ser una solución pasajera, a mediano y largo plazo no es una estrategia que pueda mantenerse de manera indefinida. Sobre todo cuando el costo de la deuda supera a la potencialidad de repago de la misma. Pretender nivelar los gastos e ingresos vía el aumento de los impuestos también tiene sus límites. Para principiar, la situación actual de la economía no lo permite. Además de que cierto tipo de tributos resultan incompatibles con una estrategia de recuperación productiva, de promoción de la inversión y creación de empleo. Dadas estas limitantes, el ajuste pasa inevitablemente por recortar gastos.  

Aunque el gobierno anunció ya un recorte de gastos, una medida en la dirección correcta, el mismo resulta insuficiente. El reto no es reducir, aumentar o congelar todo tipo de gasto por igual, sino que tales modificaciones respondan a criterios de rentabilidad social y económica. Aunque la forma más rápida y directa sea la reducción de gastos pareja a lo largo y ancho del sector público, no es la mejor forma. Así como una familia no reduce sus gastos por igual ante una reducción en sus ingresos, sino reduce más en los rubros menos prioritarios, igual debería hacer el gobierno. Una simple lección de suma importancia para afrontar el reto que el gobierno tiene para adecuar el gasto público a los ingresos tributarios. Finalmente, así como se pretende reducir el “hoyo fiscal” a través de nuevos impuestos, también habría que reconocer que dicho “hoyo” no existiría si el gasto público respondiera a prioridades económicas y sociales y a estimaciones realistas de los ingresos.

¡La justicia es una serpiente que muerde sólo a los descalzos!

En estos días, la SAT es una serpiente que anda al acecho, porque tiene mucha hambre.  El Viceministro de Finanzas, Pluvio Mejicanos, dijo recientemente a Prensa Libre de los temores del Gobierno.  Comentó que temen que la actividad económica en Guatemala baje de tal manera que se reduzca en 6 mil millones de quetzales la recaudación tributaria.  Eso implica una caída en más del 10 por ciento  de sus ingresos.  Con ese tipo de escenarios, el Ministerio de Finanzas y la Superintendenciade Administración Tributaria, SAT, tendrán que hacer lo imposible para evitar esta  caída.  Incluso, buscar  a los descalzos.

La justicia es una serpiente que muerde sólo a los descalzos.

Si usted sospecha que los descalzos son los pobres, eso no es siempre cierto.  Los descalzos son los que no tienen protección ante la serpiente; los indefensos.  En el caso de la serpiente de la SAT, los más indefensos son  los contribuyentes.  Los que ya pagan impuestos, son los más desprotegidos, porque ante cualquier caída en la recaudación, lo más sencillo es buscar entre sus papeles y presionarlos a pagar más.  Así que son, de todas las víctimas, las más descalzas.

Lo digo porque a mi alrededor, hay gente que, a pesar de haber cumplido a tiempo con el pago de sus impuestos, se les notificó que no fue así.  Entonces tienen que ir a buscar toda la información que presentaron y justificar su pago de impuestos; pasar varias horas en la SAT, en lugar de estar en el trabajo, defendiéndose de las acusaciones que les hacen de no haber cumplido con su deber tributario. Mientras tanto, la lucha al contrabando no debe estar avanzando mucho…

Hay una empresa que en el último mes, le cambiaron el renglón arancelario de uno de los productos que suele importar.  Lleva años importando y ahora quieren que pague 15 por ciento  de aranceles, cuando antes pagaba 0%.  Además, le revaluaron el activo, a pesar de contar con la documentación adecuada.  Esto significa que lo están obligando a pagar 12% más de impuestos.  Dudo que haya sido un error de la empresa.  Creo, más bien, que este cambio de aranceles evidencia una política explícita, en donde las autoridades fiscales están interesadas en evitar la caída tributaria anunciada por el Viceministro Mejicanos.  Y esa política, lleva a los funcionarios públicos a este tipo de extremos, a estas acciones arbitrarias y que afectan aún más la actividad económica.

¿Cuál es el fondo de todo esto?  ¿Será culpa de la SAT? ¿O, será una decisión del Gobierno central, quien define las metas de ingresos y quiere gastar a manos llenas?

En todo caso, la justicia es una serpiente que muerde sólo a los  descalzos. Tengan mucho cuidado. 

Conseguir un trabajo con “todas las de ley”, algo muy común en otros países, es para la inmensa mayoría de guatemaltecos tan sólo un sueño. Seguir insistiendo en este sueño pareciera no tener mucho sentido, las reformas necesarias para generar empleo en gran escala no se van a materializar de la noche a la mañana y tampoco darían resultados instantáneos. Situación que obliga a buscar mecanismos alternos para asegurar una fuente de ingreso a quienes no consiguen un empleo debidamente remunerado. Una de estas opciones es que cada quien, en lugar de salir a buscar empleo, se convierta en empresario. Por supuesto, dado el nivel educativo de la población, los niveles de pobreza existente y la extensión limitada de los mercados, la gran mayoría serían micro o pequeños empresarios. Situación que dista mucho del óptimo pero que, al menos, sería una opción para quienes no consiguen empleo.  

A pesar que más del 75% de toda la fuerza laboral opera en la economía informal, la economía formal contribuye con un poco más de un millón de puestos de trabajo. Ninguno de estos segmentos del mercado laboral guatemalteco se libra de los efectos de la crisis. La destrucción de empleo formal, fenómeno que se observa cuando las empresas cierran operaciones o reducen sus operaciones, sumada a la reducción en la capacidad de generación de nuevos puestos de trabajo incide en que el empleo informal aumente y el formal disminuya. Históricamente ha existido una importante correlación entre el crecimiento económico y el empleo formal. En promedio, un aumento del 1% en el PIB ha provocado un aumento de 1% en el empleo formal, aunque el comportamiento del empleo formal ha sido mucho más volátil que el crecimiento económico.  Esto indicaría que en la medida que la economía deja de crecer o se reduzca, también lo haga el empleo formal. Aunque la reducción en este último, como lo prueban los difíciles años entre 1981 y 1986, puede ser mucho mayor que en el primero.  

Durante la crisis de los ochenta, la caída en el crecimiento del empleo formal fue mucho más pronunciada que la caída en el crecimiento económico. Al punto que casi más de veinte años después la economía no ha logrado recuperar el dinamismo en la generación de empleo formal. Situación que no puede corregirse fácil e inmediatamente ya que para superar este problema se requiere de mayores niveles de inversión en capital físico y humano por trabajador, mejorar la eficiencia de cómo funciona la economía, descubrir nuevos sectores económicos capaces de absorber grandes cantidades de empleo y mejoras tecnológicas y empresariales. Todo esto suponiendo que existe seguridad física y personal, certeza jurídica y un adecuado ambiente político. Medidas que van mucho más allá de la simple creación de empleo público. Ya que, por más importante que pudiera ser éste durante la crisis, a largo plazo no es una opción factible ni sostenible. Sin embargo, salvo algunos programas de empleo público, pareciera que no existe ninguna urgencia al respecto. Pareciera que da lo mismo que se pierdan mil puestos de trabajo o que se pierdan treinta mil. Lo que si puede saberse, de mantenerse la relación histórica entre crecimiento y empleo, es que mientras más larga y más profunda sea la crisis actual, más grandes serán sus efectos negativos sobre el empleo formal existente y la capacidad de generación del mismo. Para un episodio histórico parecido, basta con revisar lo sucedido en los años ochenta.

¿Usted qué piensa?  El Gobierno guatemalteco se tardó 7 meses para reaccionar ante la crisis.  Su reacción era necesaria, porque sus ingresos se van a caer y sus gastos necesitan readecuarse.  Sin embargo, varias de las decisiones que tomó el Gobierno sospecho que no sean las mejores.  Uno de los cambios que más sorprende es que el Ministerio de Gobernación reducirá su presupuesto en Q.275 millones para el año 2009.  ¿Por qué el Gobierno reduce el presupuesto de este Ministerio, cuando para la población es una prioridad?  Podemos generar al menos cuatro hipótesis que pudieran explicar esta reducción del presupuesto de egresos al Ministerio de Gobernación.

Primero, nunca supieron qué hacer con esos Q.275 millones para reducir el problema de violencia en el país.  Estoy seguro que cada uno de ustedes se les ocurrirían por lo menos unos 3 proyectos que el Gobierno podría implementar para reducir los problemas de violencia. A mi se me ocurren varias ideas: 1) más publicidad de los fugitivos de la justicia guatemalteca; 2) mayor cantidad de recompensas para las personas que ofrecen información para capturar fugitivos; 3) subsidiar la organización vecinal orientada a generar seguridad de los vecinos (inscripción legal, capacitaciones, etc.).

Segundo, el Ministro tiene poca capacidad política.  Con esto me refiero a que él perdió Q.275 millones, mientras que otros programas recibieron más recursos.  Por ejemplo, el Programa Mi Familia Progreso, el favorito de la Primera Dama, recibió varios millones; lo mismo sucede con el Programa de Desarrollo Rural, uno de los favoritos del Presidente y la base para la próxima campaña electoral.  Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió más de Q.80 millones, y para nadie es sorpresa la capacidad política del canciller dentro de este Gobierno.

Tercero, el Ministro no tiene capacidad real para ejecutar presupuestos y programas. Debido a que no tiene capacidad de ejecución, es preferible quitarle recursos y mandarlos a un “fondo de ahorro”, para así evitar que Diputados orientados a la fiscalización del Presupuesto, como Nineth Montenegro, critiquen la baja ejecución presupuestaria del Gobierno.

Por último, talvez nunca necesitaron esos Q.275 millones.  Talvez, desde el día uno fue una estrategia para tener un “bolsón de recursos”.  El Gobierno sabe que la opinión pública no se va a oponer a que el Congreso asigne grandes cantidades para la lucha de la criminalidad en el Ministerio de Gobernación. Por eso, el Congreso aprobó un presupuesto “inflado”.  Pero desde el principio, el interés del Gobierno era readecuar el Presupuesto para darle más recursos a Mi Familia Progresa o el Programa de Desarrollo Rural, etc.  Supongo que por eso, suponen que esos Q.275 millones menos no van a tener ningún impacto en la criminalidad…

Les costó casi 7 meses.  Y para haberse tardado TANTO tiempo, dudo mucho que lo hayan hecho bien. 

Resulta bastante extraño que en medio de un ambiente tan poco favorable al gobierno ocurra una marcha “a favor” del gobierno. Eso mismo ocurrió hace un par de semanas atrás. Una “oportuna” manifestación de apoyo al gobierno justo unos días después que el tema de la violencia e inseguridad hiciera crisis. Resulta curioso también que en dicha manifestación no se dijera mayor cosa respecto de este problema, más aún cuando se considera que la mayoría de las participantes eran madres de familia originarias de vecindarios pobres y marginados, resulta todavía más sorprendente el silencio en torno a la inseguridad. Acepto que a lo mejor estoy viendo “micos aparejados” y dicha marcha haya sido una manifestación espontánea a favor del gobierno. También es perfectamente posible que a los organizadores no estuvieran al tanto o no les importara el tema de la violencia. De ser así, mis disculpas a la voz organizada del pueblo. No obstante, nadie puede negar la posibilidad que el gobierno haya estado detrás de esa manifestación.

¿A quién beneficiaba más una manifestación de apoyo a las políticas de gobierno? Razones para dudar acerca de la “sinceridad” de esa marcha hay muchas. Por ejemplo, algunos altos funcionarios de este gobierno se dedicaron durante mucho tiempo a las “luchas sociales”, organizando este tipo de manifestaciones de inconformidad. Teniendo ahora ese tipo de conocimiento y habilidades “en casa”, además del control de la “chequera “ y de los mecanismos de control de los fondos, no sería extraño que cualquier político utilizara tales capacidades para organizar este tipo de manifestaciones.

¿Se trata de convencimiento o de miedo? Sin duda alguna, cierto tipo de convencimiento habrá; nadie quiere perder las dádivas que recibe del gobierno. Sin embargo, además del puro acarreo de personas, existe también la posibilidad que estas personas hayan participado bajo la amenaza de perder los beneficios que reciben en caso de negarse a hacerlo. Es muy difícil saber todo lo que hay detrás de esta muestra de poder. Hoy manifiestan a favor de ciertas políticas; mañana podrían hacerlo en contra de otras. Pasado, al igual que en los tiempos de  Portillo, podrían manifestar en contra de quienes el gobierno considere opositores al régimen. Después de un tiempo podrían hacerlo, armados de piedras y palos, para mencionar algunas armas “menores”, contra todo aquello que disguste al gobierno de turno. 

Bernard Maddof, el infame estafador estadounidense pasará el resto de su vida en prisión luego de haber malversado los ahorros de miles de inversionistas por el increíble monto de sesenta y cinco millardos de dólares. El mecanismo usado se conoce como una “pirámide financiera”. Pero, no obstante ser ilegal, es el mismo que usa el seguro social en su régimen de pensiones.

Una “pirámide financiera” es un esquema mediante el cual una persona convence a varios inversionistas para que depositen su dinero con él. Los primeros son generosamente recompensados haciendo creer al resto que los rendimientos son legítimos. Sin embargo, son ficticios ya que provienen de los nuevos depósitos de las personas que, progresivamente, son incorporadas. La estafa funciona mientras los fondos que entran sean mayores de los que salen pero, tarde o temprano, la gente se da cuenta y deja de participar. Los primeros que entraron obtienen los beneficios; los últimos las pérdidas. Mientras tanto, el estafador desaparece con su tajada. La pirámide de Maddof funcionó por décadas; otras funcionan pocas semanas. Muchos países han emitido leyes que penalizan ese tipo de esquemas, claro está, a menos que sea el Gobierno quien haya creado la pirámide.

El régimen de pensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y todos los sistemas de pensiones que funcionan bajo un “régimen de reparto” son pirámides legales. Pero no por ser “legales” dejan de ser estafas. Las pensiones del IGSS se podrán seguir pagando en tanto haya suficientes trabajadores “activos” que paguen los beneficios de los trabajadores “pasivos”. O sea, la vida del régimen depende, al igual que una pirámide, de que entren más trabajadores de los que salen. Pero, como cada año, hay menos trabajadores activos y más trabajadores pasivos el régimen está condenado. En otras palabras, si cuantificamos hoy el valor presente de las promesas futuras, el sistema está quebrado.

Al menos los inversionistas de Maddof tenían una ventaja: hasta antes de que se conociera que todo era una pirámide, en cualquier momento se podían salir y recuperar su dinero. Sin embargo, los trabajadores afiliados al IGSS no tienen esa opción. Todos están obligados a participar en esa pirámide y nadie se puede salir aunque sepan que es un engaño. Por ello es tan importante reestructurar el régimen de pensiones para que deje de ser una estafa intergeneracional y se convierta en una fuente de ahorro e inversión para beneficio de todos, especialmente de los más pobres.

Adicionalmente, vale la pena que la ciudadanía abra los ojos y se de cuenta que, como siempre, el único que puede estafar “legalmente” y violar los derechos ciudadanos es el gobierno. Por ello es tan importante limitar el poder de los gobernantes.