El sábado pasado diversas entidades ecologistas llamaron a apagar todas las luces de nuestras casas por una hora en la noche. De esa manera nos sumaríamos a una campaña global que pretende influir sobre la próxima conferencia sobre el clima. Apagar la luz representaría “un voto para la tierra”; dejarla encendida sería “un voto a favor del calentamiento global”. Lo denominaron “la hora de la tierra”; sin embargo, conviene dedicarle también una hora al sentido común.

Es bueno que nos preocupemos por el medio ambiente. Pero es mejor que lo hagamos en base a un análisis inteligente y no a arrebatos entusiastas que simplemente nos atemorizan y  manipulan. La llamada “hora de la tierra” es uno de esos ejemplos. ¿Qué sentido tiene haber apagado todas las luces de nuestras casas por una hora? En la lógica de los ecologistas, tener las luces encendidas causa un “daño” al planeta. Por ello es que apagarlas habría sido bueno. Y lo que es bueno por una hora para el planeta, debe ser bueno por veinticuatro horas ¿no? Conclusión: apaguemos  las luces para siempre y “muerto el perro se acabó la rabia”.

Esto último, seguramente, ya no tendrá una reacción tan entusiasta. No es razonable pedirles a las personas que renuncien a uno de los logros más relevantes del progreso (como la energía eléctrica) porque, supuestamente, se está causando un daño irreparable al medio ambiente. La electricidad es mucho más que un gran capricho tecnológico. Les apuesto que ninguna sala del intensivo de hospital alguno apagó los aparatos eléctricos que mantienen con vida a los pacientes. Así de absurda es la lógica de la propuesta. La electricidad no tiene nada de malo.

Sin embargo, el mundo está lleno de personas que, de buena fe, habrán creído que apagar las luces haya hecho una diferencia. Puede ser que si porque los ecologistas intentarán usar esa ingenua expresión y atribuirse esa representatividad para avanzar su agenda frente a la próxima conferencia sobre cambio climático en Dinamarca. Supongo que usted no sabía que eso iba a pasar si apagaba sus luces. Lo que implica que conviene conocer qué contiene la agenda de estos grupos ecologistas porque, de tener éxito, nos terminará afectando a todos. Y, lo peor del caso, es que nada nos garantiza que sus propuestas, efectivamente, produzcan un mejor planeta; especialmente si vienen en la misma línea de la última reunión de cambio climático en Kyoto, Japón.

No hay nada como tomar decisiones informadas. Apague sus luces pero hágalo consciente de  porqué lo está haciendo. No se deje manipular  por un entusiasmo bien intencionado. En materia de calentamiento global hay muchos mitos que deben ser expuestos antes de entregarles un cheque en blanco al movimiento ecologista.

Por: Hugo Maul Rivas.  

¿Qué hacer para evitar los efectos de la crisis? ¿Cuáles son las perspectivas económicas para los próximos años? ¿Tiene el gobierno un plan para combatir la violencia?  Preguntas y más preguntas. Afortunadamente, conforme fueron pasando los kilómetros, cada una de ellas quedó atrás y dio paso a una sensación de verdadera esperanza. Esto a pesar que mi recorrido me llevó por calles y avenidas que aparentemente no tienen nada especial que ofrecer. Durante varios años he tomado fotos de las jacarandas  (árboles de flores lila) y matilisguates (árboles de flores rosadas) en las calles de las zonas 5, 8, 9 y 10 de la ciudad. Hace un año decidí que algún día haría un recorrido por estas calles para observar el espectáculo que ofrece la naturaleza en esta época del año. Ayer fue ese  día. En los poco más de 15 kilómetros de la ruta de los “árboles en flor”, en pleno corazón comercial y financiero de la ciudad, puede uno atestiguar la capacidad de la naturaleza para embellecer lo que los humanos arruinamos con nuestro concepto de progreso. Como la naturaleza pinta de colores lila y rosado lo que nosotros manchamos de gris y de negro.  

Un espectáculo que nos muestra la importancia de ver más allá, de reconocer que siempre existirá la posibilidad para algo nuevo y mejor. La importancia de ver lo mismo de siempre desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, quién se iba a imaginar que a lo largo de este recorrido podría yo contabilizar más de 210 Matilishguates y 195 Jacarandas en plena floración. Además de un árbol de hormigo, con todo y plaqueta explicando su relación con la marimba, tres Ceibas y un imponente árbol de flores anaranjadas cerca de la SAT. No se diga la cantidad incontable boungavilias y otras especies que florecen en esta época del año. Allí está todo esto y a penas si nos damos cuenta. Estamos acostumbrados a perdemos en nuestro micro cosmos en lugar de considerar lo que ofrece el contexto del contexto.  Por ejemplo, reparar en el impresionante sol color naranja de los amaneceres y atardeceres de esta época del año, en las calles alfombradas de flores o el cielo salpicado de parches lila y rosado.  Las jacarandas más lindas de mi recorrido, según mi humilde opinión, están en los alrededores de la Piscina Olímpica, especialmente en la parte de atrás de dicho recinto. Entre los matilisguates sobresalen el que está en el arriate central en la Avenida de la Castellana, frente a la antigua torre de Guatel, y el que está en la sección sur del Campo Marte, cerca de la entrada principal a dicho lugar. No se diga, aunque no pasé por ahí, los que están en la Calzada Roosevelt entre séptima y décima avenida de la zona 7.

Mucho se ha dicho sobre la victoria del FMLN en El Salvador. Muchas de las opiniones coinciden en la oportunidad histórica que tiene la izquierda salvadoreña para mostrar su madurez y responsabilidad política. Demostrar con hechos que un buen gobierno de “izquierda” puede ser preferible a un mal gobierno de “derecha”.  Lo cual no implica, como lo muestra la experiencia chilena, desmantelar cuanta política haya sido impulsada por la ARENA. El caso chileno es un ejemplo en donde, después de varios mandatos de partidos de otra orientación, muchas de las reformas económicas impulsadas por el gobierno de “derecha” siguen siendo los pilares de la economía de ese país: libre comercio, independencia del banco central, disciplina fiscal y monetaria, etcétera. Como lo prueba el caso chileno, no todo gobierno de izquierda tiene que seguir necesariamente el modelo populista o el autoritario. Funes, el presidente electo de El Salvador, parece ser un tipo con la inteligencia y sagacidad suficiente para darse cuenta que lo que menos le conviene a su país es una política revanchista contra las políticas de ARENA. Dentro del grupo de asesores económicos cercanos al presidente electo se pueden encontrar figuras claves con una sólida formación técnica y con una postura de izquierda moderada.

Ahora bien, una cosa es lo que el ala moderada y modernizadora del FMLN quiera hacer y otra lo que las viejas facciones los dejen hacer.  Para nuestro vecino sería altamente costoso que el nuevo gobierno siguiera los pasos del Sandinismo o de otras vertientes de izquierda populista en la región. No se niega que El Salvador necesita ciertas reformas claves de su economía y en la forma en que se conduce la política pública. Sin embargo, esto no debe verse como “la oportunidad” para la revancha de la izquierda o como la excusa para culpar de todos los males existentes a los gobiernos anteriores. Este tipo de actitud solamente sirve para que afloren viejos rencores y para poner en evidencia la inefectividad de quienes se valen del mismo. Aunque seguramente muchas de las políticas impulsadas por la ARENA no dieron los resultados que se esperaban, favorecieron a determinados grupos económicos o propiciaron la corrupción, algunas otras dieron resultados y están funcionando adecuadamente. La clave del éxito para el nuevo gobierno será tener la cabeza fría y no caer en la tentación de desbaratar veinte años de reforma económica. Esto sería, sin duda alguna, el suicidio económico y político para El Salvador. 

En Guatemala no hay problema de inseguridad.  La percepción que existe de inseguridad es una invención del jefe de campaña de un partido opositor.  Además, dicha campaña tuvo éxito, pues coincidió con que dicho tema es excelente para vender más periódicos y lograr que más guatemaltecos vean la televisión nacional. Querido conciudadano, no se deje convencer.  Guatemala está cambiando.  Anuncio traído a ustedes gracias al Gobierno de Guatemala. 

Sólo eso falta, ¿no le parece?  Un anuncio donde el Gobierno nos quiera convencer que no hay problema de violencia o, peor aún, un anuncio donde se nos quiera convencer que las acciones que actualmente está realizando van en camino a reducir de forma dramática la violencia en el país.   

Quizás lo que nos está ocurriendo a los ciudadanos de este país es que no sólo estamos hartos de la violencia.  Además, estamos hartos de “la percepción” de incapacidad o indiferencia del Gobierno para reducir el dolor que está trayendo la delincuencia.  ¿Por qué hablo de dicha percepción?  Porque hablando con guatemaltecos de distinta procedencia, me he encontrado con una frustración sobre la gran capacidad del Gobierno para desenfocarse de las tareas que la población le está pidiendo:

• El Gobierno aparenta estar más preocupado por cómo lograr la aprobación de una nueva reforma fiscal, que en las leyes en materia de seguridad.  Así que no sólo inseguro; además, con menos dinero.  Además, las cargas tributarias de El Salvador y de Honduras son mayores a las de Guatemala y no por ello han logrado resolver de mejor forma el problema.
• La gente no duda que Colom y sus Ministros están perdiendo el tiempo organizando y participando en los actos para conmemorar a los mártires de la izquierda, muertos en el conflicto armado interno.  Dependiendo con quién hablo, algunos se lamentan de que se olvide a los mártires de la derecha; otros de que se olvide de las víctimas de la violencia actual.
• El argumento anterior (de pérdida de tiempo y recursos), también aplica en el viajecito para “tratar” de condecorar a Fidel Castro con la Orden del Quetzal.  Ni en ese, parece que el Gobierno logra sus objetivos.
• El enfoque del Gobierno es en “luchar contra la pobreza”, vía el Programa de Cohesión Social.  La crítica a este programa va en la siguiente línea:  se habla tanto de este programa, porque es más fácil regalar dinero a los pobres (para conseguir votos), que reducir la violencia.  Además, la pobreza rural no es el problema de los actos de violencia que estamos viviendo en el país.

Escenario complicado tiene el Gobierno, cuando tiene que luchar contra la violencia en el país, y además, tiene que luchar contra la percepción de la población.  Para ello, no se necesitan sólo campañas publicitarias.  También se necesitan acciones congruentes y dejar de perder el tiempo.

Detrás de la aprobación de la ley que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados se esconden cuestiones tan, o más importantes, como el derecho de los fumadores a un espacio libre de humo. Mi interés en este tema se reduce a tratar de promover un sano escepticismo acerca de los alcances y legitimidad de acciones legislativas de este tipo. Mi formación de economista me hace creer que este tipo de medidas siempre conllevan costos escondidos en los cuales nadie repara, además siempre doy preferencia a soluciones que favorecen la negociación prevalece sobre las órdenes, mandatos y prohibiciones. Finalmente, está probado que la benevolencia de los legisladores siempre tiene consecuencias no intencionadas que nadie puede prever.

En cuanto a costos escondidos, ante la incapacidad del Estado para hacer cumplir esta normativa, se obliga a los dueños de los locales comerciales a convertirse en “policías anti-humo”. Resulta ilusorio pensar que el costo de estas acciones y del valor esperado de las multas y/o pérdidas que se experimenten por la vigencia de la ley, no las vamos a pagar los no fumadores. En cuanto a las prohibiciones generalizadas, aunque acepto que no hay manera sencilla de resolver el problema del “humo de segunda mano”, no me parece que el camino que toma la ley sea el único y el mejor. La disciplina económica maneja una serie de mecanismos destinados a reducir los niveles de contaminación, desde la aplicación del famoso principio de que “el que contamina paga” hasta la negociación del nivel de contaminación que cada quien desea aceptar. En este caso la negociación privada podría ser muy complicada. Sin embargo, en ciertos contextos específicos dicha negociación podría ser posible. Por ejemplo, mediante la provisión comercial de “espacios públicos” dedicados completamente a los fumadores. La ley prohíbe este tipo de soluciones e impone multas a quienes se ofrezcan este tipo de servicios. El principio de que “el que contamina paga” ya está en vigencia, de cierta manera podría argumentarse que los fumadores ya están “pagando” por los efectos secundarios de su humo. Que el resto de la población no veamos ni siquiera el “humo” de esos impuestos es otro asunto.

Aunque nunca he fumado, ni pienso hacerlo y podría, incluso, considerarme un “enemigo del cigarrillo”, me resisto a celebrar la aprobación de esta ley. Siempre he creído que problemas tan complicados como estos requieren más que una simple ley. Hoy es el cigarro. Mañana podría ser el consumo de licor en lugares públicos. ¿Acaso no muere gente inocente por pilotos que manejan en estado de ebriedad? Pasado mañana, quién sabe.

Por cientos de años la solución más económica y sencilla para evitar el humo del cigarrillo fue evitar lugares y situaciones en los que había gente fumando. Dependiendo de la aversión al humo del cigarrillo, de los beneficios derivados de estar junto a fumadores y de la posibilidad de negociar individualmente la cantidad de humo y dirección de los exhalaciones, cada quien negociaba de manera individual la cantidad de humo que se estaba dispuesto a tolerar. De esa cuenta surgieron cierto tipo de negocios más “amigables” al humo que otros. Los no fumadores que asistían a ese tipo de negocios, lugares como bares, discotecas, clubes nocturnos, tiendas especializadas en la venta de tabaco, etcétera, sabía bien a lo que se exponían y no podían pretender no sufrir los efectos del humo. Los derechos sobre el supuesto “espacio público” se negociaban momento a momento entre fumadores y no fumadores. Cada quien, de acuerdo a su disponibilidad a sacrificarse, decidía cuanto humo tolerar.

La disposición legal de otorgar los “derechos” sobre el espacio público a los no fumadores, en el sentido de garantizar un ambiente libre de humo, es, finalmente, una decisión arbitraria de la autoridad legislativa. Aunque uno de los principales problemas del “espacio público” consiste en la imposibilidad de otorgar derechos individuales sobre la explotación del mismo, es factible identificar situaciones concretas en las cuales la negociación entre iguales podría alcanzar soluciones superiores a las de la ley. Aseveración que no debe interpretarse como una defensa de los derechos de los fumadores de contaminar el espacio público. Aunque cada quien tiene el soberano derecho a fumar lo que se le venga en gana, nadie tiene el derecho de molestar con su humo a “observadores inocentes”, salvo que exista una compensación por los daños causados o una negociación explícita en donde obtenga el permiso a contaminar al otro. Los fumadores tienen el derecho de hacer lo que quieran con su humo siempre y cuando absorban la totalidad de los costos derivados de sus acciones. Quién sabe si para lograr dicho resultado hacía falta una ley como la que hoy tenemos. En todo caso, si lo que preocupa es la contaminación por humo, existen otros tipos de humos que son tanto o más contaminantes, que se encuentran por doquier y respecto de los cuales no se hace nada. Habrá que ver si este tipo de contaminación llama la atención a nuestros legisladores. 

La política de gratuidad se comenzó a implementar en el actual ciclo escolar con algunos efectos positivos y otros negativos.  Es importante reflexionar sobre esta política con el fin de que las buenas intenciones no sean opacadas por los resultados no deseados que se observan.   Según han señalado las autoridades educativas, las motivaciones que les llevaron a promover la política de gratuidad incluyen el cumplimiento de la Constitución Política de la República, que establece dicho principio para la educación pública.   Consideran que ésta no se cumplía debido a que en las escuelas se había establecido la costumbre de cobrar a los padres de familia una cuota anual de inscripción, que oscilaba entre los 40 quetzales hasta los 300 en algunos establecimientos educativos de nivel medio.   

Dichos aportes servían para financiar algunos servicios como las clases de computación o de inglés, la contratación de una persona para hacer la limpieza, el servicio de guardianía o seguridad, el mantenimiento de la infraestructura, ornato, pintura, así como también el pago de la electricidad, el agua, el teléfono o el servicio de Internet.  El Ministerio de Educación se comprometió, por su parte, a trasladar un monto por alumno a los establecimientos con el fin de cubrir algunas de estas necesidades.  Cada escuela tiene sus propios programas y particularidades, por lo que seguramente no serán cubiertas las necesidades en su totalidad.  El monto que se ha presupuestado para ser trasladado a las escuelas es cercano a los 40 quetzales por alumno, con base en la inscripción de años anteriores. 

Con el fin de aumentar la inscripción y por tanto la cobertura educativa se estableció la prohibición de realizar ningún cobro por concepto de inscripción.  Dicha medida parece estar contribuyendo al aumento de la matrícula en la mayoría de los establecimientos de preprimaria, primaria y secundaria.  Tampoco pueden las escuelas vender uniformes ni libros de texto.  Esto se hizo para evitar que se hagan negocios particulares en desmedro de la economía de las familias, muchas de las cuales son de escasos recursos. 

A pesar de los posibles beneficios, es de resaltar que la política de gratuidad no está siendo bien aplicada, sino que reina la confusión.  Las autoridades educativas han indicado que  los padres de familia, que de manera voluntaria desean contribuir con ciertos servicios que brindan las escuelas, como el de computación, o con el mantenimiento de la infraestructura escolar, pueden continuar haciéndolo.  Eso no está prohibido, si es una acción voluntaria.  Tampoco se ha prohibido la compra de útiles escolares ni libros de texto.  Los padres de familia no pueden eximirse de la responsabilidad de que sus hijos cuenten con los insumos necesarios para poder aprovechar los estudios.  De lo contrario, se dificultará aún más la labor de los docentes, si no se cuenta con los libros ni materiales requeridos. 

Otro tema que deberá abordarse conjuntamente con el de la gratuidad es el de las instituciones privadas, como las escuelas de Fé y Alegría, que no deben ser incluidas dentro de la política de gratuidad, ya que éstas, son privadas. Esta institución que cuenta con 47 centros educativos recibe financiamiento del Gobierno, pero también cuenta con donaciones del exterior y se apoya en las cuotas que aportan los padres de familia que decidieron inscribir a sus hijos en estas escuelas.  Debe resaltarse  inscribieron allí a sus hijos de forma voluntaria, conscientes de que debían contribuir con una cuota mensual mínima y colaborar en el programa.   

Por Hugo Maul R.  

El tipo de cambio no es una variable con la que se pueda estar jugando. Cotizaciones severamente desalineadas respecto de los valores de largo plazo pueden tener efectos económicos muy negativos. Dado el papel que juega el tipo de cambio en la forma en que la economía se ajusta ante perturbaciones de origen interno y externo no puede pretenderse que el tipo de cambio se mantenga inalterado por siempre. Las variaciones observadas recientemente en esta variable son parte de un ajuste que, a mediano y largo plazo, que parece ser inevitable y que se veía venir desde hace mucho tiempo. Con esta aseveración no se está tratando de hacer un pronóstico respecto del comportamiento de dicha variable en el futuro cercano, sino simplemente se intenta reconocer el hecho que vivimos bajo un sistema de tipos de cambio flotantes y que las circunstancias han cambiado. 

El comportamiento alcista registrado durante las últimas semanas provocó que la Junta Monetaria autorizara al BANGUAT a intervenir en el mercado cambiario ante fluctuaciones “inusuales”. Algo que pareciera no conllevar mayores riesgos y ser técnicamente factible. Sin embargo, el problema reside en determinar en qué consiste lo “inusual” y cuál debería ser la magnitud de la intervención. Dado que parece poco probable que la economía pueda seguir operando con los niveles de tipo de cambio observados en los años recién pasados, pretender revertir una tendencia de largo plazo sería un grave error. Sin conocer a ciencia cierta los criterios que permiten distinguir lo “usual” de lo “inusual”, resulta muy difícil pronosticar la forma en que reaccionará el banco central ante lo que está sucediendo en el mercado cambiario. Situación que lejos de reducir la incertidumbre reinante podría estar operando en la dirección contraria. 

Distinguir entre fluctuaciones de corto plazo consistentes con la tendencia de largo plazo y fluctuaciones que obedecen a otras razones no es nada sencillo. Lo cual puede resultar en costosas y poco efectivas intervenciones en el mercado cambiario. Aunque se comprende que el banco central tenga cierto grado de discrecionalidad en esta materia, sería importante también que existieran mecanismos que permitan deducir responsabilidades ante malas decisiones en el ejercicio de dicha discrecionalidad. Además, dado el tinte corporativista en la integración de la Junta Monetaria, sería importante también garantizar que ningún sector saldrá particularmente favorecida con el ejercicio de dicha o con el manejo de información privilegiada alrededor de tales intervenciones.