Para algunos la función mas importante del gobierno, para otros una “excusa” perfecta para la corrupción y el despilfarro. Dedico esta columna a transcribir algunas de las lecciones que surgieron en el programa de radio que tengo la oportunidad de conducir: Tiro Libre, formato Tanques de Pensamiento-CIEN, que se transmite en Radio Infinita (100.1 FM) todos los miércoles de 5 PM a 6:30PM. Primero, en este tema no todo está dicho. El hecho que la pobreza no siguiera aumentando puede considerarse una evidencia a favor de quienes defienden este tipo de intervención de gobierno. Este mismo hecho puede considerarse una evidencia de que los miles de millones de Quetzales de “gasto social” no han sido del todo efectivos. Mientras el debate académico discurre en torno a la efectividad de este tipo de intervención, el gobierno actual ha hecho de este combate su bandera política y gasta a manos llenas en el mismo. Dada esta realidad política, hay ciertas lecciones básicas que el gobierno debería tener en cuenta dada su pretensión de continuar en dicha lucha.

Primera lección: La transparencia es esencial en este tipo de programas. En ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia de los procesos, tales programas pueden degenerar en mal manejo de los recursos públicos y/o en mecanismos para la “compra de votos”. Segunda lección: la efectividad de tales programas depende de la priorización de los esfuerzos. Dados los niveles de pobreza en nuestro país es imposible que el gobierno, por sí solo, pueda sacar a todos de la pobreza. La política pública, por tanto, debe enfocarse en la población más vulnerable y con mayores niveles de pobreza. La selección de los beneficiarios es una de las claves para el éxito. Tercera lección: la lucha contra la pobreza no puede hacer caso omiso de la restricción presupuestaria del gobierno. Aumentar el gasto público con ese fin no implica que se deba continuar endeudando al país sin un límite aparente, que se pretenda seguir aumentando la carga tributaria en medio de una crisis económica o que no se mejore la eficiencia del resto del gasto público. Cuarta lección: gastar por gastar no garantiza nada. La evaluación independiente de este tipo de programas es un requisito necesario para garantizar la legitimidad y efectividad de los mismos. Permitir la auditoría social y la evaluación de expertos de este tipo de programas ha sido un componente esencial de los mismos en otros países. Al final de cuentas, si no hay nada que esconder no hay razón alguna para no abrir la información a quien la desee.

Quisiera iniciar felicitando a los autores del informe por su excelente calidad técnica pero sobre todo porque efectivamente logra su finalidad de servir de apoyo al debate público en cuanto a buscar la manera de acelerar la marcha hacia la reducción de la pobreza.  Por razones de tiempo no me es posible comentar todas las temáticas tratadas en el informe por lo que me centraré en aspectos que me llamaron la atención y que se relacionan con el diagnostico del que se saca el mensaje “buen desempeño a bajo nivel”. 

El informe afirma que desde mediados de los años 90 se registraron avances significativos en diversas áreas estratégicas como la gestión de las finanzas públicas, el gasto social, la competitividad, y la gestión macroeconómica entre otras; y que se realizaron algunas acciones que sugieren que se están haciendo mayores esfuerzos para luchar contra la pobreza.  Luego se formulan tres preguntas fundamentales: 1) ¿Han sido suficientes estos cambios para cambiar el curso de la situación de Guatemala?, 2) ¿Ha logrado Guatemala disminuir la brecha que existía con el resto de América Latina en los indicadores sociales y de pobreza?, y 3) ¿Han disminuido las fuertes diferencias internas entre los grupos socioeconómicos? 

Para responder estas preguntas a lo largo del informe se hizo una distinción entre dónde se encontraba Guatemala y cómo ha evolucionado Guatemala en los últimos años.  Específicamente se siguieron tres pasos: primero, se comparó el nivel del indicador de Guatemala del 2006 con los datos más recientes de otros países; segundo, se comparó el cambio anual promedio del indicador de Guatemala entre 2000 y 2006 con la distribución del cambio promedio anual para todos los países entre 1985 y 2006; y finalmente, se realizó la comparación del cambio anual promedio del indicador seleccionado pero controlando por las diferencias en las características de Guatemala.  El informe concluye que cuando se comparan los niveles, Guatemala se coloca en la cola de la distribución lo cual genera una foto demasiado pesimista de la situación; pero cuando se compara el cambio promedio anual, Guatemala está o bien cerca del desempeño medio (en pobreza) o claramente por encima del desempeño medio (en desigualad e indicadores sociales) lo cual genera una foto demasiado optimista de la situación. 

En este punto me parece útil recurrir a la metáfora de una montaña.  Imaginemos a un grupo de alpinistas escalando una montaña y que deseamos formular un juicio de valor sobre qué tan bien lo están haciendo.  Un enfoque de nivel significaría poner atención en la altura a la que logró llegar cada alpinista, mientras que en el enfoque de cambio el foco de atención está puesto en la velocidad con que ha avanzado o retrocedido cada alpinista desde donde estaba en un momento anterior. Sin embargo, en el enfoque de cambio, aunque se hayan realizado controles para que las características de la montaña que debe escalar cada alpinista sean similares e incluso en cuanto al equipo que utilizan los alpinistas que estamos observando, no se está tomando en cuenta que unos lo están haciendo desde un punto más alejando de la cima que los otros.  En el caso de los alpinistas sabemos que a mayor altura hay menos oxigeno y que lograr avanzar una misma distancia requerirá de más tiempo para el que está más cerca de la cima respecto del que se encuentra en la falda de la montaña.  En el caso de Guatemala nos encontramos que tenemos, por ejemplo, una tasa de conclusión primaria que sólo está en mejor posición que el 27% del resto de países pero Guatemala aparece mejor que el 88 ó 94% de los cambios observados en otros países dependiendo si tomamos en consideración las características de la montaña.  Sin embargo, mi intuición es que nuestra posición en los cambios no sería tan favorable si la medición de la velocidad de los cambios observados de los otros países se realizara a partir del mismo nivel con que inició Guatemala en el año 2000 y se tomara el mismo plazo de seis años.  En todo caso comparto plenamente la conclusión de que resulta insuficiente y potencialmente erróneo observar sólo una dimensión de los indicadores pero mi lectura sobre nuestro desempeño no ha sido tan positiva como se concluye en el informe, sobre todo en su tema central que es la pobreza. 

Por ejemplo, en el caso de la incidencia de la pobreza al compararnos con otros países nos encontramos por debajo del desempeño promedio de todos los países y es algo más pobre aún cuando el grupo de comparación son otros países de América Latina.  Por otro lado, se encontró una reducción estadísticamente significativa de la incidencia de la pobreza general de 5.2 puntos porcentuales.  Sin embargo, siempre debemos tener presente que un resultado estadísticamente significativo implica que hay diferencias reales pero no necesariamente que estas sean sustantivas y relevantes.  En este caso, aunque la incidencia de la pobreza general se redujo, el número de personas pobres se incrementó en más de 200,000 entre 2000 y 2006 dando como resultado que el número absoluto y relativo de pobres en Guatemala persistiera en el 2006 en niveles inaceptables (alrededor de 6.6 millones de personas equivalente al 51.0% de la población total).  Además, este ritmo de reducción de la pobreza es insuficiente para alcanzar la Meta del Milenio en el 2015.  Por lo tanto, con este desempeño real me pregunto: ¿si las familias guatemaltecas han percibido mejoras significativas en sus condiciones de vida y si nos podemos dar por satisfechos? 

Cambiando de temática quisiera comentar brevemente sobre la medición de los cambios de pobreza que, en mi opinión, pueden generar confusión para un lector no especializado sobre ¿cuál fue la evolución de la pobreza según el área de residencia en el período analizado?, y ¿por qué se redujo la pobreza general pero no la pobreza extrema?  Me parece importante destacar dos cambios importantes: 1) la reclasificación de área urbana y rural, y 2) el nuevo valor de la línea de pobreza extrema.  Para la ENCOVI2006 se utilizó la clasificación de área correspondiente al Censo Nacional de Población del 2002 mientras que para la ENCOVI2000 fue la correspondiente al Censo de 1994.  Por lo tanto, al utilizar la misma clasificación del año 2000 no se encuentra un incremento significativo de la incidencia de la pobreza extrema en el área urbana y más bien se consolida la reducción de la incidencia de la pobreza en el área rural.  Por otro lado, se incrementó el valor real de la línea de pobreza extrema, principalmente porque se tornó más caro comprar los alimentos debido a la mayor inflación relativa de los alimentos.  Por lo tanto, aunque el consumo real se incrementó tanto para los pobres como para los pobres extremos, en este último caso no pudieron comprar más alimentos dando como resultado que la medición de su incidencia permaneciera relativamente constante. Además, el informe también explora sobre ¿qué explica los cambios en la incidencia de la pobreza?  Me llamó la atención el papel relevante de las remesas en estos cambios al punto de que según el informe algunos hogares se han vuelto “remesa-dependientes”, lo cual definitivamente debe ser un motivo de preocupación en la coyuntura actual en la que ya hemos observado una desaceleración importante. 

Finalmente, me parece muy oportuno que en el informe se haya dedicado un capítulo especial al tema de las transferencias monetarias condicionadas porque nos señala aspectos críticos de su implementación que me parecen muy relevantes para ser tomados en cuenta por el programa “Mi Familia Progresa” a fin de que sea exitoso. Específicamente el informe nos alerta sobre la necesidad de: una selección apropiada y transparente de los beneficiarios, oportunas verificaciones de las corresponsabilidades, el acceso a los servicios de educación y salud, un buen sistema de monitoreo y evaluación, tecnología de información efectiva y acceso a información para que las reglas del programa sean claras para todos los potenciales beneficiarios.  Por mi parte comparto todos estos puntos críticos ya que como dice el refrán “el diablo está en los detalles”.  En la coyuntura actual me parecen de vital importancia el que se asegure una adecuada y oportuna verificación de las corresponsabilidades, y que la oferta de los servicios del programa no sólo se ajuste en cuanto a cantidad sino que también en cuanto a su calidad para que el programa sea una verdadera inversión social y no simplemente un alivio temporal de la pobreza.  Por lo tanto, me parecen muy oportunas las recomendaciones del informe sobre la conveniencia de que la ampliación del programa se haga gradualmente para asegurarnos de que todos los aspectos críticos señalados sean adecuadamente atendidos, que sea parte de un paquete integrado de políticas de intervenciones sociales, y que focalice en beneficiar a las personas en pobreza extrema.  El informe señala que si se utiliza como población meta del programa a todos los pobres entonces sus costos serían prohibitivos.  En conclusión, el informe nos permite mover el eje del debate sobre el programa Mi Familia Progresa desde aspectos de transparencia hacia temas de diseño e implementación cruciales para su éxito y trascendencia a más de un período gubernamental. 

En fin, el informe presenta un excelente trabajo analítico, basado en evidencia empírica, que aporta una contribución importante a la discusión de las políticas públicas de Guatemala y que espero que sirva para informar las decisiones sobre nuestras políticas sociales teniendo dos aspectos en mente: 1) los resultados esperados, y 2) la eficiencia con la que los recursos son utilizados para producir los resultados esperados.  Les recomiendo leer el informe completo.  ¡Muchas gracias!

Esta semana compartí un programa de radio con Hugo Maul y Jorge Lavarreda para discutir sobre los programas de combate a la pobreza en el país.  Me gustaría comentarles un poco las lecciones que personalmente aprendí, porque pueden ayudarles a ustedes, queridos lectores, a comprender mejor estas políticas. 
 

Primera lección aprendida.  La proporción de pobreza general en el país se redujo de un 56.2% a un 51% del año 2000 al año 2006.  Esta reducción, que equivale a un 10%, se explica según varios estudios, se debió al incremento en las remesas que reciben las familias pobres.  A pesar de este avance, se ha incrementado en más de 200,000 guatemaltecos, los pobres en el país.

Segunda lección.  La proporción de guatemaltecos en pobreza extrema no ha cambiado de forma significativa en los últimos años.  Esto es un problema importante, porque no logramos que las políticas se orienten a mejorar la situación de aquellos que están más necesitados de apoyo. 

Tercer aprendizaje.  Las políticas públicas durante dicho período parecen haber tenido poco impacto.  Ello se debe, entre otras cosas, porque muchos programas del gobierno terminan ayudando más a familias de ingresos altos o medianos.  Un ejemplo que señaló Jorge fue el de la educación universitaria que financia el Gobierno. Pocos pobres reciben este beneficio y la razón es sencilla: no llegan a terminar primaria, mucho menos secundaria.

Cuarta lección aprendida.  A pesar de lo que han dicho otros Gobiernos y las entidades multilaterales, Jorge me convenció que en Guatemala no ha existido una política real de lucha contra la pobreza.  En todo caso, lo que ha existido es que el Gobierno nos ha vendido programas ya existentes de una manera tal, que nos quiere convencer que sirven para resolver el problema de la pobreza, para lo cual no estaban diseñados.

Quinto. Es necesario poner atención a cómo se implementan estos programas, especialmente ahora que el Gobierno está trabajando en el Programa Mi Familia Progresa.  Al respecto, fueron varias las recomendaciones.   La transparencia y la rendición de cuentas es esencial para evitar que estos programas se vuelvan la excusa perfecta para la corrupción o para comprar votos.  Esto último es vital, pues en lugar de resolver los problemas de pobreza, impulsando la creatividad y la responsabilidad de cada una de las personas, lo único que hace es convertir a la población en mendigos del Gobierno, en lugar de personas trabajadoras dignas.

Por último, se recomendó que estos programas prioricen sus esfuerzos en los más necesitados y que ello implica poner atención al presupuesto.  El excesivo endeudamiento en el pasado latinoamericano ya implicó inflación y devaluaciones.  Terminó generando más pobreza, en lugar de combatirla.  Por eso, tenemos que tener cuidado.

¿Estamos en crisis? Para bien  o para mal, la calidad, confiabilidad y oportunidad de nuestras estadísticas no permite responder a dicha pregunta. En todo caso, lo que parece estar ocurriendo es una creciente separación entre el discurso oficial y la queja generalizada de amplios sectores de la población. Las quejas acerca de severas caídas en las ventas, empleo y producción contrastan con los pronósticos oficiales en tales materias. Si bien el discurso oficial reconoce cierta desaceleración económica, no reconoce la gravedad aparente de la situación. Sin embargo, como dice el refrán, “el entendido a señas”. Un análisis del comportamiento de indicadores como la  recaudación tributaria, el flujo de remesas, el ingreso de divisas por exportaciones, la demanda de energía eléctrica, entre otros, arroja como resultado la posibilidad de una fuerte reducción en la actividad económica. Entiéndase bien, no se trata de una desaceleración económica; la evidencia disponible parece indicar que la economía está decreciendo.  

Si bien en poco o nada ayudaría que el discurso oficial se contagiara del pesimismo reinante, también es importante reconocer que existe un efecto negativo sobre la credibilidad del gobierno cuando se trata de minimizar la gravedad de la situación. Lo que haría falta es reconocer la gravedad de la situación y adoptar una política económica coherente y consistente con ese nuevo entorno. Por supuesto, tal reconocimiento implicaría abandonar algunas de las medidas que han sido la piedar angular del discurso oficial. Por ejemplo, el pretendido aumento en la carga tributaria, el constante y creciente endeudamiento público, las promesas de mayores ingresos salariales y más empleo, los aumentos al gasto público, etcétera. Una cosa es tratar de alcanzar dichos objetivos en una economía que crece o en una que se recupera rápidamente, otra cosa muy distinta es alcanzarlos en una economía que cada vez se debilita más. Parece difícil que el discurso oficial vaya a cambiar de la noche a la mañana. Minimizar o negar la gravedad de la situación actual es un intento comprensible por tratar de modificar las expectativas negativas existentes y, sobre todo, mantener viva la posibilidad de continuar con planes que se trazaron cuando todo era distinto. Desafortunadamente, los agentes económicos no se “tragan” cualquier anuncio o cualquier promesa de gobierno. En la medida que las promesas de política pública estén cada vez menos alineadas con la situación imperante, más difícil y complicada será cualquier salida a la crisis actual.

Según algunos expertos la única opción en estos momentos es una política fiscal y monetaria que combine el aumento del gasto público, la reducción de impuestos y el relajamiento de la política monetaria. En otras palabras, una política gubernamental anti-cíclica; estímulos artificiales para promover, supuestamente, el gasto y el empleo. Así como hay argumentos teóricos a favor de este tipo de políticas, también los hay en contra. Sin embargo, tales argumentos nunca han sido “políticamente correctos”. En estos momentos casi nadie quiere saber nada de argumentos que apunten en la dirección de un inevitable, pero necesario, período de ajuste económico; es más fácil soñar con la posibilidad de una salida rápida y de bajo costo liderada por el gobierno. Asimismo, muy pocos quieren saber acerca de argumentos que resaltan importancia de reducir al mínimo la intervención estatal, sobre todo después que se considera que parte de la crisis actual tiene su origen en tales  intervenciones. A pesar de la evidencia teórica y empírica que muestra los límites de la política anti-cíclica, es casi seguro que no se preste atención a ella.  Cierto tipo de políticos y grupos de interés aprovechan situaciones como la actual para ampliar su esfera de poder, caudal electoral y, en ausencia de mecanismos de control, sus fortunas personales.  

Lo que es más grave, una cosa es lo que dice la teoría y otra como ésta se traduce en política pública. No puede olvidarse, tal y como dice Anne Krueger, famosa economista norteamericana, “no importa cuán cuidadosos sean los economistas, siempre habrán grupos de interés listos para utilizar (la teoría) para perseguir sus propios intereses. No importa lo sofisticado… que sean (los argumentos económicos)… siempre serán los políticos quienes formulen y administren la política pública”. Siendo este el caso, hay que tener claro que no es lo mismo adoptar una política anti-cíclica en un país en donde existen mecanismos de control y de rendición de cuentas bien establecidos, que en un país en donde no los hay o están en proceso de formación. En este último caso, una política económica anti-cíclica puede resultar siendo la justificación de todo tipo de intervención estatal, independientemente de su validez teórica o empírica. Cualquier parecido que esto tenga con el actual Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica no debe sorprender a nadie. Ningún político dejaría pasar una oportunidad de estas sin ser aprovechada.

Por: José Raúl González Merlo.  

A raíz del 30 aniversario del asesinato de Alberto Fuentes Mohr, el gobierno ha desplegado una multimillonaria campaña de propaganda política destinada a recordar la memoria de “nuestros mártires”. La intensa campaña de radio, TV y prensa resalta que la desaparición física de dichas personas impidió un mejor desarrollo de nuestro país. Claramente, el asesinato es un mecanismo inaceptable para resolver las diferencias. Como también es inaceptable el uso de fondos públicos para avanzar una agenda ideológica.
 
Desde el momento que Alvaro Colom asumió la Presidencia de la República, la Constitución le manda a ser el representante de la unidad nacional. Sin embargo, esa ha sido una tarea imposible de cumplir. Su derroche propagandístico ha tenido especial cuidado en resaltar figuras con la mayor carga ideológica posible. Así ocurrió el veinte de octubre pasado cuando se reconocieron los aportes de Juan José Arévalo pero, deliberadamente, se omitió el de otras figuras, quizás ideológicamente menos “alineadas”, como la del ciudadano Jorge Toriello o Francisco Javier Arana. En vez de ellos se colocó el rostro de Oliverio García y se le dio una condecoración póstuma…
 
El asesinato de Alberto Fuentes Mohr, padre del actual Ministro de Finanzas, o de Manuel Colom Argueta (también pariente del Presidente) no pueden tener justificación alguna. Ambos fueron relevantes figuras de la “izquierda” asesinadas en esos tiempos. Sin embargo, no fueron las únicas personas que murieron por su protagonismo nacional. Isidoro Zarco, Luis Canella y Alberto Habie, por ejemplo, fueron empresarios cuyo trabajo produjo beneficios y bienestar material para millones de guatemaltecos. Su aporte pudo haber sido, inclusive superior al de Mohr o Colom. Sin embargo, es poco probable que el gobierno los califique como “nuestros mártires”. Como también es poco probable que su aporte sea reconocido por el actual gobierno; mucho menos que sus asesinatos sean también condenados con la misma energía. ¿Por qué? Porque sus asesinatos no se atribuyen a las “fuerzas de seguridad” sino a la guerrilla e importantes y prominentes figuras de la URNG que ocupan relevantes cargos en el “gobierno de Alvaro Colom”.
 
Así que, desafortunadamente, el Presidente ha elegido la ruta de la propaganda política en su reivindicación ideológica en vez de la ruta de la unidad nacional. Una versión más balanceada de nuestro pasado hubiera logrado tener un objetivo verdaderamente conciliatorio. Sin embargo, la conciliación nunca ha sido el objetivo ideológico de la guerrilla. Como ellos mismos advirtieron, su participación política es simplemente “la guerra por otros medios”. Y en la guerra de la propaganda hoy en día cuentan con cientos de millones de quetzales de (ahí si) “nuestros” impuestos.

Toda generación debe enfrentar sus propios retos para procurar dejar una mejor situación a sus hijos y nietos. Lamentablemente ese no siempre es el caso. Nuestra generación debe enfrentar el reto de la crisis financiera internacional. ¿Dejaremos soluciones o evadiremos nuestra responsabilidad heredando problemas? Los planes de los gobiernos apuntan a lo segundo.

El gobierno de Estados Unidos propone un masivo déficit fiscal y endeudamiento público sin precedentes para “estimular” la economía. El banco central estadounidense ya ha impreso más de mil millardos de dólares incrementales en los últimos 5 meses. Sin saberlo, hemos sido testigos de la más grande falsificación de dinero en nuestra historia. Frente a este “ejemplo”, el resto de gobiernos del mundo, incluyendo Guatemala, copiamos la receta.

Esta generación de estadounidenses hizo y deshizo a su sabor y antojo. Consumió más de lo que ahorraba, se endeudó hasta que ya no pudo pagar sus deudas y el gobierno fue el gran vehículo y ejemplo que facilitó que todo ello fuera posible. Déficit fiscal tras déficit fiscal, el gobierno condujo al país a la crisis financiera que hoy estamos viviendo. Y no contentos con ello, ahora no se quiere aceptar que lo que corresponde es ajustar el nivel de vida a la realidad y no a la fantasía que el gasto público puede crear.  No sólo no se acepta sino que el gobierno federal continuará gastando cifras astronómicas que los estadounidenses no poseen. Lo que debería ser obvio no lo es: no se puede ser rico gastando lo que no se posee. ¿Sabe usted cuántos ceros tiene mil millardos?

Se cree que así se dará el “estartazo” que nos regresará al ansiado crecimiento económico. Una increíblemente fácil fórmula solamente comparable con la leyenda del Rey Midas. Mágicamente los gobiernos han encontrado la fórmula para crear prosperidad. O más bien, pan para hoy y hambre para mañana. Todo ese gasto público es un inmenso espejismo y una inflación esperando explotar. Es una forma de evadir nuestra responsabilidad y pasar la factura a la siguiente generación. Es, por sobre todo, irresponsable e inmoral. En resumen, es algo que solamente los políticos pueden hacer.

Desde Obama hasta Colom, no podemos seguir creyendo en la palabra de políticos que se benefician personal y políticamente de un cada vez más abultado gasto público. No podemos continuar heredando pobreza e inflación a las futuras generaciones. Como padres nunca lo haríamos con nuestros hijos. Como ciudadanos no podemos permitir que el gobierno lo haga. Debemos enfrentar la crisis con responsabilidad, trabajando más y mejor para superarla. No podemos apostarle a una “alquimia económica” que nos engaña señalando al déficit fiscal como fuente de prosperidad.

“El Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica…tiene dos objetivos básicos: generar confianza para que aumente o se mantenga la inversión y el empleo en momentos difíciles, y garantizar una protección social básica para los sectores más pobres y vulnerables”. Salvo por el contexto económico actual, estos mismos objetivos, palabras más o palabras menos, es lo que todos los gobiernos siempre ofrecen. ¿Por qué este plan tendría que ser diferente? La urgencia, por sí misma, no garantiza nada. A lo sumo, como se dice coloquialmente, que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. La sensación de urgencia derivada de la crisis económica internacional, en el mejor de los casos, es una mala consejera. Es común que en situaciones de urgencia los políticos sobre reaccionen ante los acontecimientos. Situaciones que podrían encararse de maneras más efectivas terminan ejecutándose de formas costosas e ineficientes. La percepción de urgencia hace creer que pueden alcanzarse resultados diferentes sin necesidad de reformas institucionales y jurídicas. Nada más alejado de la realidad.

La necesidad de “proteger” la inversión y el empleo en el contexto actual es entendible. Pretender que una política de gasto público anti-cíclica sea la mejor salida no tanto. Se habla de estimular la demanda interna pero rara vez se discute la posibilidad de reducir impuestos, de dejar más poder adquisitivo en manos de los contribuyentes. Algo que muchos países han puesto ya en práctica. En un contexto en donde las ventas, los ingresos laborales y las inversiones son cada vez menores, dejar más ingresos en poder de los contribuyentes es otra manera de estimular la economía. Con esto no se pretende que se abandone la prudencia en el manejo del déficit fiscal, al contrario, lo que se busca es que dentro de un marco de un déficit fiscal bajo se deje más poder adquisitivo en manos de quienes lo generan. Para garantizar la protección social básica no hace falta gastar más sino gastar mejor. Lo urgente es alcanzar resultados. Gastar más es fácil, evitar que ese gasto no termine en las billeteras de los grupos allegados al poder es otra historia. Gastar más es fácil, evitar que ese gasto no se utilice con fines electorales es otra historia. Diseñar un plan anti-crisis es relativamente fácil, que el mismo funcione es otra historia.