Por José Raúl González Merlo

Décadas después de la llamada “guerra contra las drogas”, el resultado no puede calificarse de otra manera sino como un gran fracaso. Después de miles de millones de dólares desperdiciados y millones de vidas perdidas o destruidas, llegó la hora, aunque tarde, de plantearse seriamente el camino de la descriminalización.

Pareciera como si la era de la prohibición de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos no nos hubiese enseñado nada. Bien dice el refrán que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y vaya que la hemos repetido. Haber criminalizado el consumo de drogas ha creado la industria criminal más próspera de nuestros tiempos. Y, de paso, con la excusa de dicha guerra, el Gobierno ha aprovechado para despojarnos de nuestros derechos civiles y continúa intentando apropiarse de los pocos que nos quedan con propuestas de ley con la de “extinción de dominio”.

La movilización de las fuerzas de seguridad para capturar, la semana pasada, dos cascarones de helicópteros usados como juguetes de feria, no deja de ser un ejemplo de lo inútil de nuestros esfuerzos policiales. La masacre de inmigrantes centroamericanos ocurrida en México también nos da indicios de los crueles extremos a los que hemos llegado, al crear una nueva generación de criminales.

Descriminalizar el consumo y tráfico de drogas no acabaría con esa maña que tiene la gente de querer drogarse. De hecho, es probable que su consumo aumente. A cambio de ese perjuicio, es razonable esperar que el lucro criminal disminuya significativamente. Sin una actividad tan lucrativa se lograría el gran beneficio de desincentivar la insoportable violencia criminal que ha, literalmente, acabado con sociedades y naciones. Los llamados “narco estados” (de los cuales Guatemala pareciera ya formar parte) continuarán existiendo en la medida en que sea rentable. Esta claro que, con la criminalización actual, abunda el dinero para corromper a funcionarios, policías, fiscales, jueces, ministros, presidentes, países. Los éxitos que ha tenido Colombia son loables, pero con todo y ello el negocio de la exportación de cocaína sigue tan próspero como nunca.

Vamos de mal en peor. Criminalizar las drogas no solo ha hecho más rentable su tráfico, sino que el dinero que los gobiernos desperdician en armamento, municiones, helicópteros, cárceles y soldados podría usarse en educación, maestros, escuelas, médicos, clínicas, prevención y tratamiento. México, luego de la brutal violencia que está viviendo, ya comienza a plantearse la descriminalización como una alternativa pacífica. Es importante que nosotros acompañemos esa discusión para entender que en la “guerra contra las drogas” los únicos y grandes perdedores somos los ciudadanos.

Por Hugo Maul

Cuestionar el crecimiento del gasto del gobierno, del déficit fiscal y del endeudamiento público no implica oponerse al desarrollo, al combate a la pobreza o al gasto social, como algunos funcionarios públicos, burócratas internacionales, políticos oficialistas y simpatizantes del gobierno pretenden hacerlo ver. Antes bien, significa un llamado a la prudencia y a la necesidad de mantener la disciplina macroeconómica que tanto nos ha costado conseguir.  Basta un ejemplo para resumir el reto que el país afronta en este sentido: hace diez años se requería de un endeudamiento de Q 3,246 millones para financiar el exceso de gasto público, hoy se necesitan más de Q  8,300 millones para financiar ese exceso de gasto. Entre el año 2002 y el año 2011 el endeudamiento público necesario para financiar el déficit fiscal de cada año se amplificó 2.6 veces. Es claro que los gobiernos deben aprender a decir NO a peticiones adicionales de gasto, sobre todo a aquellos gastos de dudosos fines o que no obedecen a una cuidadosa evaluación de sus costos y beneficios.

Una de las lecciones más claras para promover el crecimiento económico es mantener el presupuesto de gasto público bajo control. En caso contrario, no hay sistema tributario que pueda generar los recursos necesarios para financiar gastos que obedecen únicamente a criterios electorales. Lo mismo sucede con la deuda pública, mientras esta siga creciendo a un ritmo superior a la capacidad de pago del país, muy pronto llegará el momento en que esta no sea una opción viable para el país. Aunque es necesario prestar atención a las presiones de gasto de corto plazo, también es necesario que el presupuesto atienda a una perspectiva de mediano plazo en la que se conjugue una visión de país, las restricciones financieras y los niveles máximos de deuda que el país puede soportar. Dada la actual situación del país, sería importante imponer límites más estrictos al déficit fiscal para el próximo año. En aras de promover la estabilidad económica, generar una mejor base para la inversión productiva y no deteriorar más el clima de negocios en el país, el gobierno debería mandar señales claras de un compromiso de racionalización y austeridad del gasto público. Una meta de déficit fiscal menor al 2% del PIB daría una importante señal en torno al compromiso del gobierno con la estabilidad macroeconómica, algo muy importante en medio del desborde de “pasiones” que caracteriza a los años electorales. La actual meta, cercana al 3% del PIB, genera serias dudas en torno al verdadero compromiso del gobierno con dicho objetivo.

Por Verónica Spross

Desde hace cerca de dos décadas se ha venido hablando de la necesidad de tener una hoja de ruta o agenda nacional en educación.  Se han hecho algunos esfuerzos en esa línea como la Agenda Nacional Compartida , Visión Educación y el Plan Visión de País, que han pretendido ser ese faro de luz basado en un acuerdo multipartidario.  También debe tomarse en cuenta la firma de los Acuerdos de Paz, que, en educación, indicó la dirección a seguir.

A partir de 1996 los Acuerdos de Paz han sido un marco de referencia importante para la modernización del sistema educativo ya que definen los principios que deben caracterizar la reforma de las políticas educativas, incluyendo la descentralización, el respeto a la diversidad cultural, así como un papel protagónico a las comunidades y a las familias en la definición de las currícula y del calendario escolar, así como que tengan la capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros. En 1997 se constituyó la Comisión Paritaria de la Reforma Educativa que aportó el Diseño de Reforma Educativa, base de la reforma curricular posterior.

La Agenda Nacional Compartida de 2003 estableció que la educación es una responsabilidad del poder público, de la sociedad y del poder local, razón por la cual debe generarse una alianza estratégica entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, entendiendo la educación como un compromiso de largo plazo. Los 20 partidos políticos participantes expresaron un compromiso político de continuidad con los programas educativos y seguimiento a las políticas probadas como buenas.  Los retos planteados incluyeron aumentar la cobertura, mejorar la eficiencia del sistema y la calidad del gasto, mejorar la calidad de los métodos de enseñanza y de aprendizaje, reducir el analfabetismo, dar formación laboral, incrementar la inversión pública y erradicar la exclusión. 

Se identificaron como elementos clave un proceso real de descentralización y regionalización, la profesionalización y dignificación de los docentes, el desarrollo de estándares para la evaluación sistemática, procesos de evaluación y supervisión de carácter autónomo y cumplir con la meta del milenio sobre la universalización de la enseñanza primaria.

El resultado de Visión Educación, presentado en 2005, fue fruto del diálogo de un grupo multidisciplinario y plurisectorial que identificó las áreas principales a las cuales había que poner atención en el sector educativo.  A nivel internacional, los Objetivos del Milenio constituyen otro faro de luz que ha venido a orientar los planes y programas educativos desde hace más de una década.

Años después de todas esas propuestas nos encontramos nuevamente ante la urgente necesidad de trabajar en una agenda nacional que dé un enfoque de largo plazo a la educación.  Los desafíos son enormes.  Es hora de ponernos de acuerdo en las prioridades que debemos tener y financiar, focalizándonos en alcanzar las metas de cobertura, equidad y calidad, independientemente del partido de turno en el poder.

Por José Raúl González

La próxima vez que usted califique a un funcionario público de “pusilánime”, “falto de virtudes” o “hipócrita” tenga cuidado. A pesar de que el artículo 35 de nuestra Constitución garantiza que lo anterior no constituye delito, ello no será obstáculo para que el funcionario lo quiera meter a la cárcel.
Peor aún, las entidades encargadas de proteger sus derechos constitucionales se harán los locos… El caso entre el vicepresidente Espada y la periodista Díaz-Durán pondrá a prueba el derecho a la libre expresión del pensamiento de todos los ciudadanos.

El problema no es que el vicepresidente acuse penalmente a la periodista. El desprecio a la Constitución y las leyes se ha convertido en una prerrogativa de los funcionarios públicos. El problema es que el Ministerio Público (MP ) le dé trámite a la demanda en vez de desestimarla por notoriamente inconstitucional. No deja de ser frustrante que, cuando se trata de querellas en contra de la primera dama, estas son diligentemente desestimadas por el MP. Pero si se trata de acusar a ciudadanos honrados, estos son perseguidos injusta y servilmente con toda la fuerza del Estado. Este último es el caso de la periodista Díaz-Durán.

Pintado también está el procurador de los Derechos Humanos. Por andar defendiendo vigorosamente los derechos de los criminales convictos, no anda viendo cómo se pretende censurar el derecho a la libre expresión por parte del Gobierno. Pareciera que unos derechos humanos son más importantes (y políticamente rentables) que otros derechos humanos. Ni hablar de la Corte de Constitucionalidad (CC) a donde la periodista Díaz-Durán acudió para buscar la protección de su derecho constitucional (¿qué más puede hacer un ciudadano?). En vez de protección encontró a una corte “pusilánime y falta de virtudes”. Al echarse la güisachada de denegarle el amparo, la CC pretende quedar políticamente bien, pero mal con las garantías constitucionales.

La Constitución garantiza nuestro derecho a la libertad de expresión. Esta frívola acusación del vicepresidente en contra de Díaz-Durán es una amenaza para todos, porque todos (no solo los periodistas) gozamos de ese derecho. Lo cual hace tanto más vergonzoso que las entidades de prensa o los medios de comunicación no hayan salido en defensa de nuestra libertad de expresión. Más bien pareciera que ingenuamente creen que es un asunto “puntual”. Se equivocan gravemente. Vamos mal. Como dice el refrán, “no llores como cobarde aquello que no supiste defender con valor”. Si las instituciones competentes no se atreven a poner al vicepresidente en el lugar legal que le corresponde, después no se quejen del lugar en el que el Gobierno nos va a poner a todos los ciudadanos.

Por Hugo Maul Rivas

En una reciente entrevista al diario La Hora, el presidente Colom afirmó que la gestión macroeconómica era uno de los principales logros de su gobierno. Según estas declaraciones, algo de lo más importante en esta materia es que la “parte macroeconómica afortunadamente se mantiene (y que)… regionalmente somos uno de los cuatro países que salió mejor de la crisis”. Sin entrar a debatir acerca de los méritos de la política de gobierno en el manejo de dicha crisis, y por más importantes que sean dichos logros, el fantasma del deterioro económico no ha desaparecido del horizonte. Los problemas de seguridad ciudadana, denuncias de corrupción, desconfianza e inestabilidad política opacan cualquier logro en materia económica. Más preocupante resulta que nada cambiará en el corto plazo. La suerte del año 2011 está ya decidida.

Cada año electoral trae aparejado la expansión del gasto público, el relajamiento de las condiciones monetarias y mayores niveles de endeudamiento. Es casi un hecho que esto mismo se repita el próximo año. Es muy probable que el déficit fiscal se eleve a niveles no observados en el pasado reciente, con los consabidos riesgos que esto conlleva.

En lo que se refiere a reformas económicas que permitan al país tomar una senda de crecimiento sostenido, nada puede esperarse que suceda durante el 2011. Reformas que den frutos a mediano y largo plazo tendrán que esperar un poco más; el próximo año las acciones de gobierno estarán marcadas por la búsqueda de votos. Dados estos condicionantes, es altamente probable que la situación económica del país no mejore mayor cosa durante el 2011,  salvo algún auge pasajero derivado del mayor gasto público.

Es poco probable que en el tiempo que resta a este gobierno se puedan ver mejoras significativas en materia de seguridad, cimentar más fuertemente la estabilidad macroeconómica, impulsar reformas que permitan generar empleo y mejores ingresos, mejorar la competitividad del país o y generar crecimiento sostenido. Insistir en que el “vaso” está medio lleno requiere un acto heroico de optimismo, haber salido medio librados de la crisis es un gran logro en sí mismo pero, a todas luces, insuficiente. Si bien no todos los problemas pueden resolverse de la noche a la mañana, también es importante reconocer que en ausencia de lineamientos claros, consistentes y coherentes para la política económica resulta muy difícil superar los retos pendientes. Mucho menos en una situación en donde toda la política económica girará en los próximos meses en torno a la reelección del partido oficial.