Por Verónica Spross

La situación del Registro Nacional de las Personas, RENAP, está siendo motivo de preocupación nacional.  Por un lado, partimos de una situación difícil, porque el sistema vigente era insostenible. La cédula es un documento anacrónico y obsoleto, que requería ser reemplazado por un sistema más moderno.  Pero, al tratar de implementar un nuevo sistema se hizo de forma centralizada, en lugar de preservar los beneficios de un sistema descentralizado.  Se debió haber fortalecido el rol de las municipalidades, tecnificando y unificando el sistema.

Entre los problemas que se enfrentan actualmente están los números duplicados, los casos de personas con dos documentos de identificación personal o DPI, así como los casos de personas cuyo nombre fue plasmado  incorrectamente en el nuevo documento o cuya foto salió de forma inadecuada.  El Registro Nacional de las Personas es una institución muy importante que debería realizar su función con los más altos estándares posibles, pero no es así debido a problemas importantes en el diseño institucional. 

El proceso electoral es uno de los campos que podrían verse más afectados ante los problemas del RENAP.  Si el proceso siguiera su curso no se llegaría a la meta de entregar a todos los ciudadanos su DPI.  Aunque el padrón electoral es independiente, el proceso electoral podría verse afectado al tener un documento de identidad que no es confiable; se pone en riesgo la confiabilidad de la institucionalidad que se ha venido construyendo en los últimos 25 años. El sistema electoral debe ser fortalecido y blindado.

Ante los problemas nos preguntamos qué se puede hacer.  Por un lado, hay que hacer una reconversión del Registro Nacional de las Personas.  La Ley del RENAP tiene graves problemas.  Los miembros de su directorio tienen conflicto de intereses.  No debería haber en el directorio un magistrado del Tribunal Supremo Electoral ni debería ser parte del mismo el Ministro de Gobernación. 

Contar con un sistema adecuado de identificación de las personas es fundamental en un país, puesto que el derecho a la identificación es fundamental.  Con un registro inadecuado, estamos jugando con la institucionalidad del país.  Sería un riesgo muy grande si no se pudiese sacar el pasaporte, ni la licencia al no contar con el DPI.  Está en juego incluso la institucionalidad democrática. 

Entre las propuestas que se han lanzado hay variedad de acciones, entre las cuales está llevar a cabo una auditoría del sistema, de las bases de datos y financiera.  Desde el punto del vista del proceso electoral, es importante que las misiones internacionales de observadores de OEA y otras organizaciones se involucren desde ahora, para que den acompañamiento en el proceso en sus distintas etapas y no hasta las elecciones.  El TSE, por su parte, tiene por delante la gran responsabilidad de depurar el padrón y verificar que se eviten los problemas por tener al momento de elecciones un sistema donde la persona podrá identificarse con cédula o con DPI. 

Hay que poner atención a las iniciativas de reforma a la Ley del RENAP.   Dicho registro constituye uno de los pilares de nuestra institucionalidad.  El impacto de sus problemas en el resto de la institucionalidad del país es muy grande.  El llamado a participar desde las organizaciones civiles ha sido formulado.  No seamos solamente espectadores de la vida nacional.   Debemos participar, ya sea promoviendo las reformas necesarias, ejecutándolas con responsabilidad o llevando a cabo actividades de auditoría social para que los responsables rindan cuentas a los ciudadanos.  El tema es demasiado importante como para dejarlo únicamente en manos de las autoridades de turno.

Por José Raúl González Merlo

Ante la insoportable ola de violencia, el presidente Colom ha vuelto a sentenciar que si queremos más seguridad debemos aumentar los impuestos. Ojalá la cosa fuera así de fácil.  Lamentablemente los argumentos del Gobierno hace rato que son increíbles. Lo único que puede mejorar la seguridad será una mejora en la gestión de los funcionarios. Más fondos, por sí solos, solamente garantizan un problema cada vez más grande.

Desde la firma de los acuerdos de paz, el presupuesto del Ministerio de Gobernación se ha multiplicado por siete. Aun descontando el efecto de la inflación, el presupuesto casi se ha triplicado. Mientras tanto, la percepción es que nunca hemos estado peor en materia de seguridad ciudadana. El problema no es de fondo. Si no existe capacidad de gestión pública, de nada sirve el dinero. Los escasos fondos del Ministerio de Gobernación, en algunos casos, se han trasladado a otros programas gubernamentales o se han malversado entre uniformes, combustibles o simplemente han desaparecido. De nada sirve tener el doble de radiopatrullas si se van a usar para asaltar ciudadanos en la carretera a El Salvador o para organizar “tumbes” de droga.

Por ello es que los clamores presidenciales caen en oídos escépticos. Mientras no se demuestre que los fondos actuales son bien utilizados, difícilmente se puede ganar la voluntad popular para aumentar impuestos si los mismos seguirán alimentando la corrupción institucionalizada en el Gobierno. La presencia de la señora Mack en el Ministerio de Gobernación es un intento por ganar esa credibilidad. Se requiere de mucho más que eso. La simple elaboración de tardíos planes estratégicos no es suficiente. No hay sustituto para los resultados concretos. Tristemente, la seguridad nunca fue una prioridad para el presidente Colom. Ahora le toca al ministro Menocal realizar los esfuerzos por mejorar la seguridad. No obstante los logros que se le puedan atribuir, todavía está por verse si la atención oficial a este tema no será opacada por la campaña electoral. La percepción es que los programas de la Primera Dama tienen prioridad sobre cualquier cosa.

La situación puede cambiar, pero para ello el Gobierno debe dejar de victimizarse con sus ridículas especulaciones de golpes de Estado y buscar la verdadera unidad nacional frente al crimen organizado. El ministro Menocal ha dado esperanzas de que no se necesita ser un “experto” en seguridad en tanto se tenga la voluntad. Ahora es importante que el presidente demuestre que tiene el valor, la sabiduría y el liderazgo para unir a los ciudadanos, en vez de buscar dividirlos, como lo ha hecho hasta ahora. No le queda mucho tiempo, por lo tanto, debe comenzar inmediatamente para que la situación de seguridad no siga deteriorándose.

Por Hugo Maul

Lo peor parte de la crisis internacional parece que quedó atrás, situación que habría que aprovechar para superar la “recuperación y emergencia económica” e iniciar reformas económicas que han estado esperando por más de dos años. El cambio en las condiciones internacionales hace de este un buen momento para retomar una agenda económica que promueva el crecimiento económica, la productividad y competitividad. No obstante, la inseguridad, la falta de claridad en la conducción de la política económica, el constante cambio de funcionarios y la ambivalencia en el trato a la inversión nacional y extranjera en nada ayudan al clima de negocios e inversión en el país. La mejora en las condiciones internacionales, la liquidez en el sistema financiero, la estabilidad de precios y de las tasas de interés no han tenido el impacto positivo que se hubiera esperado dada la desconfianza y cautela por parte del sector productivo, una reacción  natural ante la poca coherencia entre el discurso oficial y las acciones del gobierno de turno.

Aunque suene repetitivo, mientras la política pública no se enfoque en mejorar la seguridad ciudadana, la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la productividad, no hay posibilidad de pensar en cambios sostenibles largo plazo. Aunque a corto plazo sea posible “acelerar” artificialmente la actividad económica, a largo plazo se necesitan reformas que hagan más eficiente el sistema económico. No obstante, la cercanía de las elecciones generales y las intenciones de reelección del partido gobernante hacen poco probable que exista interés por parte del gobierno en impulsar reformas estructurales. Al día de hoy es más probable que el gobierno se incline por para generar un “boom” artificial de corto plazo,  que por reformas que den resultados a mediano y largo plazo.

Lamentablemente las reformas económicas que el país necesita no redundan en votos de manera inmediata. Aún así, las mismas no pueden quedar en el olvido; a largo plazo no es factible sostener un modelo económico basado solamente en la redistribución y la expansión del gasto público. Tarde o temprano habrá que preocuparse por la producción, inversión y eficiencia económica. Por supuesto, esto no ocurrirá en el próximo año y medio. Este período de tiempo estará marcado por la manipulación de la política pública con fines electorales. Después de este año y medio, Dios dirá. Tal vez exista una oportunidad para promover nuevamente este tipo de reformas, tal vez  las mismas no sigan siendo importantes para quien resulte electo.

Por Verónica Spross de Rivera

El programa Educación para la Paz y Vida Plena fue presentado recientemente.  La Viceministra Técnica, Marta Juana López de Zapeta, indicó que se estudiarán las causas y consecuencias históricas de la violencia en Guatemala,  incluyendo temas como la colonización y el conflicto armado interno. Esta estrategia del Ministerio de Educación se plantea como una acción en el área de calidad.

El objetivo general del programa fue planteado como involucrar de forma permanente a los miembros de la comunidad educativa en el proceso de reflexión y análisis desde su cultura, de las estrategias pedagógicas de la formación del ser humano integral. Se parte de los conocimientos y saberes ancestrales y contemporáneos de los pueblos que coexisten en el país, mediante una metodología de investigación-acción participativa.  También se busca motivar a la comunidad educativa y a la opinión pública sobre el análisis y la identificación de los conocimientos y práctica de valores a partir de la diversidad cultural de los pueblos Maya, Xinca, Garífuna y Ladino para la transformación de actitudes discriminatorias.

Entre los resultados esperados están: a) Política pública diseñada, elaborada y validada participativamente; b) Docentes que utilizan la metodología; c) Articulación de redes estudiantiles que fomenten la Educación para la Paz y Vida Plena.  En 2010 se completaría la elaboración participativa de la Política Pública para la Paz y Vida Plena.  Para 2011 se implementaría la política y, finalmente de 2012 a 2020 quedaría institucionalizada.   El programa, que en su primera etapa tendría una duración de 22 meses, cubrirá 18 municipios de los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, San Marcos, Jalapa, Izabal y Chiquimula.  La población meta es la comunidad educativa de establecimientos oficiales, urbanos y rurales de primaria y diversificado.

Aunque es valioso el reconocimiento de la multiculturalidad y el respeto desde y hacia todos los ciudadanos del país, es de resaltar que éste es solamente uno de los diversos elementos que contribuyen a la generación de un ambiente propicio al aprendizaje. No está claro de qué forma podría elevar la calidad educativa y los aprendizajes. Para mejorar la calidad educativa es necesario trabajar en varios campos a la vez, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades docentes para lograr mejores resultados en su desempeño en el aula, enfocados en el aprendizaje de sus alumnos, así como asegurar un currículo adecuado a las necesidades del mundo globalizado e intercomunicado.  Actualmente, las pruebas de rendimiento demuestran que los alumnos tienen serias deficiencias en áreas como matemáticas y comunicación y lenguaje. 

Sería preocupante que el programa haga énfasis en el pasado, dando a conocer las secuelas del genocidio y etnocidio, el racismo, la discriminación, la exclusión como se ha mencionado, en lugar de poner mayor atención al futuro y en cómo preparamos a nuestra juventud para ser parte de la economía mundial, respaldados en el fortalecimiento de  nuestra identidad nacional.  El conocimiento de la historia de Guatemala desde un ángulo objetivo será importante; lograrlo puede ser difícil y un desafío mayúsculo.

Para ser exitosos los niños y jóvenes deben lograr durante su formación las competencias para la vida y para el trabajo, elemento que no aparece mencionado, aún cuando es fundamental para que los jóvenes alcancen una vida plena.  Asimismo es necesario enfatizar la incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la tecnología, del idioma inglés y de ciertas habilidades como trabajo en equipo y capacidad de adaptación al cambio. En resumen, además de respeto intercultural, se necesita un enfoque más amplio para lograr la calidad educativa en las aulas.  

Por José Raúl González Merlo

La reciente reunión de los países que integran el llamado G20 ha puesto dos visiones en contraste. Por una parte la europea, que, finalmente, se ha dado cuenta de que sus estados benefactores son insostenibles y van por la contención del gasto público. Por otra, la de Estados Unidos, que cree que es posible continuar gastando para salir de la recesión. Mientras unos vienen de vuelta, otros van. Los estadounidenses deben prepararse para una fuerte desilusión.

Crear un Estado benefactor no es una decisión económica. Es una decisión política sujeta a las realidades económicas. Los griegos se creyeron europeos cuando ingresaron en la Comunidad Económica Europea, pero se les olvidó adquirir la productividad de los alemanes. Sus generosos beneficios sociales, especialmente para los funcionarios públicos, se crearon por decreto, no por productividad. Es el mismo camino que siguieron otros países como España. El “modelo europeo” fue la envidia y la aspiración de muchos. Una generación después, la realidad se hace presente y el modelo se vuelve insostenible.

EUA siempre fue un país industrializado criticado por no ofrecer beneficios sociales similares a sus colegas europeos. A cambio de esa flexibilidad económica, el modelo estadounidense mantenía menores niveles de desempleo y mayores tasas de crecimiento económico. Hasta que llegó la crisis financiera y, ahora, el presidente Obama introduce más gastos, más prestaciones y beneficios sociales para parecerse a Europa. Así que se da la paradoja de que mientras Europa trata de corregir sus errores, EUA insiste en ir por esa senda.

La prosperidad se basa en la productividad. Las prestaciones sociales por decreto se basan en la esperanza de que siempre “alguien más” aguantará la carga y pagará por los beneficios que otros reciben. La experiencia nos dice que todo tiene un límite. Grecia, España, Portugal y otros países lo descubrieron relativamente pronto. Alemania, prudentemente, está deteniendo esa fiesta de gasto público. Ahora, injustamente le echan la culpa de ser la causante de una recesión producto de la irresponsabilidad de otros. EUA ha elegido el camino equivocado. Obama cree que el gasto público es fuente de prosperidad y gasta como nunca antes. Quizás pase menos de una generación para que los estadounidenses se den cuenta de que la deuda creada debe ser eventualmente producida y pagada. Es una irresponsable apuesta.

La lección para nuestros países es clara. La decisión política de crear prestaciones sociales generosas será sostenible en tanto sea respaldada por productividad. Hacer caso omiso de lo anterior es una receta para un desastre económico. Gatear antes de caminar, caminar antes de correr. No hay atajos para el desarrollo. Mucho menos aquellos que provienen del endeudamiento público.