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Por Verónica Spross Al desaparecer Pronade ninguna organización de padres de familia participa en la selección de docentes.
El seguimiento y revisión de los programas de inversión pública es de gran importancia para velar por el cumplimiento de metas, objetivos y efectividad de las políticas implementadas. Nuevamente fue presentado el documento que resume los resultados de la Auditoría Social de los Programas y Servicios del Ministerio de Educación, efectuada en el marco de la Gran Campaña Nacional por la Educación, conformada por 84 instituciones nacionales. Por el gran interés que genera este tema presentaré 2 artículos relativos a este.
Se decidió auditar en 2009 algunas acciones que inciden en la calidad educativa y aún continúan siendo un desafío para lograr una educación de calidad, tales como gratuidad de la educación; inversión por niño(a); participación comunitaria incluida en los programas de apoyo; educación bilingüe intercultural con relación a la cobertura, capacitación docente, supervisión; mobiliario, equipo. Respecto de la auditoría del año anterior, se acordó ampliar la muestra de 500 a mil escuelas oficiales de primaria de las áreas urbana y rural a nivel nacional; aumentar la observación directa de 20% del año anterior a 50% y auditar la supervisión del trabajo de campo.
Entre los hallazgos están los siguientes: se determinó que existe una generalizada aceptación de la política de gratuidad de la educación, empero uno de los principales señalamientos es su inadecuada y no ordenada aplicabilidad. Si bien hubo un aumento de la matrícula en los diferentes niveles educativos, no se contó con los recursos humanos, financieros, de espacio y de materiales para atender la demanda en forma efectiva. Dado que muchas escuelas no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de las mismas, los resultados muestran que algunas escuelas tienen atrasos significativos (de hasta 4 meses) en el pago de luz y agua, también están imposibilitadas de hacer reparaciones mínimas o bien las hacen con aportes del personal docente. De ello se deduce que cuando se implementó la política de gratuidad, hizo falta una visión financiera de mediano y largo plazo, y la iniciativa para aplicar dicha política en forma gradual, tomando en cuenta lecciones aprendidas de otros países.
Hubo más retraso en la entrega de los recursos para alimentos a las escuelas (sólo lo recibió el 77%) con relación al año anterior (91%), lo cual es un desafío que debe ser atendido ya que para rendir mejor los estudiantes requieren los nutrientes mínimos. Se constató también que de las escuelas que sí recibieron los alimentos, el 53% la hizo en febrero, un 18% en marzo y sólo el 12% en enero; la mayoría de las escuelas sólo recibió 1 ó 2 envíos de los 3 previstos.
Se observó una mejora sensible en lo que respecta al acceso a los textos. El 80% de los niños reportó haber recibido texto en comparación al 60% que lo obtuvo en 2008. Si bien este aumento es una mejora positiva, aún hay un 20% de niños no reciben los textos. En las escuelas casi no se reportó disponibilidad de textos en idiomas mayas. En cuanto a útiles escolares, se constató que el 97% de las escuelas contaba con estos.
Se pudo establecer que el 89% de las escuelas cuenta con Junta Escolar, lo que señala un pequeño avance con relación al 2008 (84%). Sin embargo, la participación comunitaria sigue siendo un desafío, ya que la mayoría de padres de familia sólo participa en la elaboración y distribución de alimentos y no en otros programas de apoyo, ni en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al desaparecer Pronade ninguna organización de padres participa en la selección de docentes. Respecto a la capacitación y actualización de docentes en servicio, hay indicios de que un 30% de ellos aún no está capacitado en el Currículo Nacional Base ni en las áreas fundamentales de Matemática e Idioma Español. Estos hallazgos deben servir para mejorar los programas y hacer cambios para lograr mayor eficiencia.
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