Por Hugo Maul

¿Por qué tendría que ser diferente en este caso?

Según la propaganda oficial, el Observatorio Ciudadano del Gasto Público, será un espacio participativo de análisis y cooperación intersectorial para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia del gasto público. Si así de simple se solucionan los problemas del país, habría que crear observatorios ciudadanos por miles. De hecho, muchos observatorios han sido creados ya, y a pesar de su positiva labor y los valiosos aportes, muchos problemas se resisten a cambiar. Lo cual es comprensible, nadie espera que mediante la simple observación, denuncia y análisis cambie de un día para otro  tan complicadas situaciones. ¿Por qué tendría que ser diferente el caso del Observatorio Ciudadano del Gasto Público? ¿Simplemente porque las autoridades así lo dicen?

Aunque las autoridades digan que “las recomendaciones del Observatorio serán reconocidas por el Gobierno como insumos para la formulación o rectificación de las políticas públicas, programas o acciones que mejoren la calidad del gasto”, cabe preguntarse qué se entiende por “reconocimiento”. ¿Significa que “acatarán como legítima la autoridad o superioridad” del observatorio? ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Acaso tiene el observatorio un lugar dentro de la estructura legal que rige las funciones de los órganos de control? ¿Darán autoridad al observatorio para pedir cuentas a quienes no acaten sus recomendaciones? Nada de esto es nuevo. Instancias con mayor “representatividad y legitimidad” no lograron mayor cosa en este tema en el pasado reciente. El Pacto Fiscal es una de ellas, los compromisos específicos en esta materia fueron los que menos avanzaron mientras estuvo vigente. Eso a pesar que detrás del cumplimiento de los mismos estaba la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, Minugua y cientos de organizaciones que acompañaron el proceso. Observaciones y recomendaciones no faltaron, pero sí mecanismos para darle seguimiento; que las decisiones de las instancias del Pacto Fiscal fueran vinculantes. 

De esa cuenta, lo más probable es que “reconocer” signifique, en el mejor de los casos, que los funcionarios respectivos solamente “examinaran con cuidado las recomendaciones”. Nada más. Examinar no significa adoptar, mucho menos obedecer. No se diga rendir cuentas o reconocer la autoridad de alguien más. Esperemos que quienes integran el Observatorio aprovechen el lugar y el momento para hacer lo correcto y que sobre todo no olviden que velan por los intereses del pueblo de Guatemala y no de un determinado gobierno, partido político o figura con intereses presidenciales.

Por Verónica Spross

Continuando con los hallazgos de la Auditoría Social de los Programas y Servicios del Ministerio de Educación 2009, realizada por la Gran Campaña Nacional por la Educación, y que consistió en la visita a mil escuelas para verificar si llega la alimentación escolar, si llegan los libros a los alumnos, si se recibe capacitación docente y si hay supervisión escolar, entre otros elementos evaluados.

Se pudo establecer que hay indicios de que  un 30% de docentes  aún no está capacitado en el Currículo Nacional Base (CNB) ni en las áreas de Matemática e Idioma Español, que son las dos áreas en las que las evaluaciones a nivel nacional han evidenciado grandes deficiencias en docentes y alumnos. En la observación realizada sobre la actitud de los niños-as y de los docentes en la clase, se pudo constatar que en la mayoría de establecimientos las clases se imparten conforme una planificación (85%) con actitud positiva por parte de los docentes (90%) y receptiva por parte de los alumnos (71%), lo cual es uno de los factores que incide en la calidad educativa.

A través de las entrevistas con directores y docentes de las escuelas se pudo evidenciar que era grave el problema salarial de docentes: dos de cada tres escuelas tenían problemas de pago,  constatándose que en el 44% de las escuelas el retraso era de más de cinco meses, lo cual corrobora la información vertida por diversos medios de comunicación y la incidencia en la precaria economía de la mayoría de docentes.  Por otra parte, se constató que el personal del MINEDUC que más visita y supervisa las escuelas durante el año, es el relacionado con asuntos administrativos (14 visitas), mientras que el que cumple funciones pedagógicas visita muy poco (una vez) o ninguna los centros educativos.

Entre las recomendaciones están: Es necesario efectuar la planeación correspondiente para formular estrategias de corto, mediano y largo plazo y, con el fin de garantizar  el financiamiento para cada una de las etapas y los servicios que deben ser cubiertos en las escuelas.  Además de  garantizar el aumento de la matrícula, deben evaluarse los programas con indicadores de calidad y eficiencia interna (disminución de la deserción, permanencia, aprendizaje y promoción).  También, debe verificarse la asignación de recursos y la transferencia de recursos financieros para los programas de apoyo y el pago puntual de la remuneración de los docentes.  

Asimismo es necesario reestructurar el sistema de supervisión  de manera que cumpla con funciones pedagógicas; fortalecer la descentralización organizativa de los padres de familia y  revisar la estructura anterior en la que tenían a su cargo la gestión de los recursos, para lograr la eficiencia demostrada en auditorias anteriores  en los programas de útiles y alimentos.  Se reitera la importancia de identificar experiencias novedosas en otros países para la dotación de textos escolares, a efecto de formular y ejecutar estrategias que resuelvan en definitiva este desafío.  Finalmente se recomienda fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural y organizar la capacitación y actualización de docentes en servicio, en las áreas de Matemática, Idioma Español y otras, mediante alianzas estratégicas con universidades y centros de formación especializados.  

Lo importante de estos hallazgos es que se aprenda de lo que funciona y se cambie lo que no tiene resultados positivos.  Está comprobado que la participación comunitaria contribuye sustancialmente a que los servicios estén en las escuelas, por lo que debe fortalecerse el modelo de juntas escolares participando en la gestión y apoyo a la educación.  El modelo administrativo y de gestión debe ser eficiente para cumplir con los objetivos, ya que la tarea es muy grande.  Es necesario profundizar la descentralización, que aún es incipiente.

Por José Raúl González Merlo

El Dr. Castresana dijo que deberíamos celebrar la captura del ex presidente Alfonso Portillo como un triunfo en contra de la impunidad. Puede ser… Yo lo veo desde otra perspectiva. No hay nada que celebrar y mucho de qué preocuparse. El hecho de que los guatemaltecos hayamos electo como nuestro presidente a una figura como Portillo es motivo suficiente de vergüenza y meditación nacional.

¿De qué otra manera podía haber terminado la “carrera política” de Alfonso Portillo? ¿Qué se podía esperar de un político que se enorgullecía de haber asesinado, no a una, sino a dos personas? Que se vanagloriaba de haber logrado evadir la justicia mexicana hasta que el crimen prescribió. “Fui impune, por eso puedo combatir la impunidad”, dijo. Que no sentía vergüenza para mentir descaradamente. Que se rodeó y continuó rodeando de personajes de la más dudosa reputación. ¿Qué clase de partido político nombra a un personaje como este como su candidato? Y ¿qué se puede esperar de una nación que lo elige como su presidente constitucional y aún hoy le manifiesta su solidaridad? Que conste que no fue una elección apretada ni mucho menos. Portillo sacó 60 por ciento más votos que Berger en la primera vuelta electoral y obtuvo más de un millón cien mil votos en la segunda. ¡El 70 por ciento de los electores votó por él!

Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, dice el refrán. Alfonso Portillo no llegó a la Presidencia por accidente. Llegó porque los guatemaltecos lo llevamos allí en elecciones libres y transparentes. Y si cometió los delitos de los que se le acusa fue porque él sabía perfectamente que los guatemaltecos no teníamos ni el carácter ni el valor para impedir que este u otro gobernante abuse del poder que nosotros mismos le entregamos. Peor aún, tan seguro se sentía de nuestra pobreza moral que ya había anunciado, orgullosamente, sus nuevas intenciones políticas. Quién sabe si él hubiera logrado elegirse como diputado al Congreso y desde allí alcanzar la Presidencia de ese organismo. No era un escenario descabellado considerando los “personajes” que han desfilado por esos importantes cargos.

Solamente la amenaza de la Cicig y del gobierno federal estadounidense lograron interrumpir el “segundo aire” político de Portillo. No Dr. Castresana. No hay nada que celebrar. Hay mucho que meditar respecto a un pueblo que permite un medio ambiente institucional en donde ese tipo de personas llegan al poder. ¿Por qué nos sorprendemos, después, que actúen de la forma como se les acusa? Lo verdaderamente sorprendente hubiera sido un manejo correcto de la cosa pública. Así que meditemos respecto a lo que está pasando en Guatemala, pero hagamos algo por cambiar las cosas. La iniciativa de ProReforma sería un buen comienzo.

Por Hugo Maul

No pueden faltar dentro del funcionamiento del sistema democrático.

Sebastián Piñera, presidente electo de Chile, tiene grandes desafíos por delante. El más grande, mostrar que los empresarios pueden liderar el cambio en beneficio de las grandes mayorías. Para bien o para mal, errada o acertadamente, en América Latina se asocia a los empresarios con la “alianza profana”. Esto es, la unión de empresarios, políticos y funcionarios públicos en busca de favores, privilegios y rentas que no podrían obtener en un sistema competitivo y abierto. A esta percepción se suma mitología del empresario explotador y de las “jugosas ganancias” inmerecidas. Siendo este el estado de las cosas, es fácilmente entendible por qué las reformas impulsadas por empresarios sean mal vistas por grandes sectores de la población, las autoridades y/o los funcionarios públicos.

Por otro lado, generalmente se cree que la responsabilidad ciudadana de los empresarios no va más allá de cumplir con el pago de los impuestos y lo dispuesto en las regulaciones existentes pertinentes. El reto que debe afrontar y superar la comunidad empresarial lo resume bien Toqueville cuando dice que “no estando ya los hombres vinculados unos a otros por ningún lazo (…) ni de familia, se sienten demasiado inclinados a preocuparse sólo de sus intereses particulares exageradamente arrastrados a pensar sólo en sí mismos y a recogerse en un individualismo estrecho en el que se ahoga toda virtud pública”. Un concepto que va más allá de la Responsabilidad Social Empresarial y que, en esencia, es vital para el funcionamiento de la democracia. 

En un país tan polarizado como Guatemala, donde el tejido social ha sido destruido y donde los niveles de desconfianza son tan grandes, la construcción de confianza, valores, actitudes, acciones y nuevos discursos sobre la empresarialidad guatemalteca puede tener efectos muy importantes sobre la forma en que opera nuestra democracia. En la medida que el empresario reconozca su responsabilidad como ciudadano, entendido como pertenencia a una comunidad, responsabilidad por ella y obligación ante ella, es mucho más factible que el sistema de pesos y contrapesos de un sistema democrático opere de mejor manera. Sobre todo en una sociedad como la guatemalteca en donde los empresarios son parte de una elite económica e intelectual que no puede faltar dentro del funcionamiento del sistema democrático.

   
Por Verónica Spross
 
Al desaparecer Pronade ninguna organización de padres de familia participa en la selección de docentes.
 

El seguimiento y revisión de los programas de inversión pública es de gran importancia para velar por el cumplimiento de metas, objetivos y efectividad de las políticas implementadas. Nuevamente fue presentado el documento que resume los resultados de la Auditoría Social de los Programas y Servicios del Ministerio de Educación, efectuada en el marco de la Gran Campaña Nacional por la Educación, conformada por 84 instituciones nacionales. Por el gran interés que genera este tema presentaré 2 artículos relativos a este. 

Se decidió auditar en 2009 algunas acciones que inciden en la calidad educativa y aún continúan siendo un desafío para lograr una educación de calidad, tales como gratuidad de la educación; inversión por niño(a); participación comunitaria incluida en los programas de apoyo; educación bilingüe intercultural con relación a la cobertura, capacitación docente, supervisión; mobiliario, equipo. Respecto de la auditoría del año anterior,  se acordó ampliar la muestra de 500 a mil escuelas oficiales de primaria de las áreas urbana y rural a nivel nacional; aumentar la observación directa de 20% del año anterior a 50% y auditar la supervisión del trabajo de campo.

Entre los hallazgos están los siguientes: se determinó que existe una generalizada aceptación de la política de gratuidad de la educación, empero uno de los principales señalamientos es su inadecuada y no ordenada aplicabilidad. Si bien hubo un  aumento de la matrícula en los diferentes niveles educativos,  no se contó con los recursos humanos, financieros, de espacio y de materiales para atender la demanda en forma efectiva. Dado que muchas escuelas no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de las mismas, los resultados muestran que algunas escuelas tienen atrasos significativos (de hasta 4 meses) en el pago de luz y agua, también están imposibilitadas de hacer reparaciones mínimas o bien las hacen con aportes del personal docente. De ello se deduce que cuando se implementó la política de gratuidad, hizo falta una visión financiera de mediano y largo plazo, y la iniciativa para aplicar dicha política en forma gradual, tomando en cuenta lecciones aprendidas de otros países.

Hubo más retraso en la entrega de los recursos para alimentos a las escuelas (sólo lo recibió  el 77%) con relación al año anterior (91%),  lo cual es un desafío que debe ser atendido ya que para rendir mejor los estudiantes requieren los nutrientes mínimos. Se constató también que de las escuelas que sí recibieron los alimentos, el  53% la hizo en febrero, un 18% en marzo y sólo el 12% en enero; la mayoría de las escuelas sólo recibió 1 ó 2 envíos de los 3 previstos.

Se observó una mejora sensible en lo que respecta al acceso  a los textos. El 80% de los niños reportó haber recibido texto en comparación al 60% que lo obtuvo en 2008. Si bien este aumento es una mejora positiva, aún hay un 20% de niños no reciben los textos. En las escuelas casi no se reportó disponibilidad de textos en idiomas mayas. En cuanto a útiles escolares, se constató que el 97% de las escuelas contaba con estos.

Se pudo establecer que el 89% de las escuelas cuenta con Junta Escolar, lo que señala un pequeño avance con relación al 2008 (84%). Sin embargo, la participación comunitaria sigue siendo un desafío, ya que la mayoría de padres de familia sólo participa en la elaboración y distribución de alimentos y no en otros programas de apoyo, ni en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al desaparecer Pronade ninguna organización de padres participa en la selección de docentes. Respecto a la capacitación y actualización de docentes en servicio, hay indicios de que  un 30% de ellos aún no está capacitado en el Currículo Nacional Base ni en las áreas fundamentales de Matemática e Idioma Español. Estos hallazgos deben servir para mejorar los programas y hacer cambios para lograr mayor eficiencia.