Por Hugo Mal R.

“La Vicepresidenta aseguró que los reportes presentados revelan disminución de los precios, especialmente en abril, pero que la población sigue percibiendo costos altos en los productos”. Efectivamente, según los reportes del INE, el costo de la Canasta Básica Alimentaria creció un 0.26 por ciento durante abril. Lo cual no es el ideal de cero inflación, pero tampoco es un resultado preocupante, Sobre todo, si se considera que esta es el la tasa de inflación mensual más baja durante el último año y que viene reduciéndose desde febrero de este año. Todo esto, por supuesto, no implica que la percepción de la población sea la misma. En un país con los bajos niveles de ingresos de Guatemala y la baja probabilidad que estos mejoren en el corto plazo, es comprensible que exista una preocupación constante por parte de la población respecto de la carestía de la vida y la insuficiencia de los ingresos de las familias.
 
De esa cuenta, aunque las cifras del INE muestren una baja tasa de inflación mensual y una reducción gradual de la misma, la percepción de los guatemaltecos puede ser otra. No basta con que se controle la inflación durante un mes para que las percepciones de los consumidores cambien de manera radical. Para eso hace falta que la tasa de inflación mensual tienda gradualmente a cero y se mantenga alrededor de ese valor de manera permanente. Otra posibilidad es que las percepciones a las que hace referencia la Vicepresidenta se deriven de encuestas de percepción realizadas durante febrero y marzo, meses durante los cuales la Canasta Básica Alimentaria aumentó 2.01 por ciento y 1.16 por ciento respectivamente.
 
En todo caso, más que actuar en función a lo que sucedió dos o tres meses atrás y reaccionar a destiempo, lo importante sería que las autoridades comprendieran qué factores están bajo su control y cuáles no. Por ejemplo, no deberían sorprenderse de que los precios suban cuando aumentan los impuestos; tampoco que los precios se eleven como consecuencia de la expansión del gasto público.
 
Lo importante es comprender que tipo de fuerzas estructurales afectan el comportamiento de los precios.

Por Hugo Maul R.

“Medida pragmática para hacer frente a la escalada de precios de los combustibles que afecta a Guatemala”. No hay que confundirse, en ningún momento el Presidente Pérez Molina habló de rebaja de precios de los combustibles. No podría hacerlo. Petrocaribe no se creó para eso. Financieramente hablando, Petrocaribe no es más que un acuerdo de suministro de petróleo con facilidades de pago. El valor de la factura se fija en relación al precio del crudo en el mercado. No hay regalo de por medio. El 60% de la factura se paga al contado en un plazo máximo de 90 días.  Condiciones comerciales típicas de un acuerdo de suministro de largo plazo. El 40% restante se paga en 25 años, con dos años de gracia, y una tasa de interés de 1%. La lógica económica es sencilla. No se puede regalar lo que no se tiene. Si el petróleo se compra a precios de mercado, según estipulación original de Chávez, se debe vender a precios de mercado. Salvo que el gobierno estuviera dispuesto a asumir una pérdida en la venta del mismo, lo cual equivaldría a otorgar un subsidio a los consumidores de combustible. En todo caso, si ese fuera el fin, resultaría más sencillo, transparente y eficaz eliminar el impuesto a la distribución de combustibles.

A lo sumo, lo que ofrece Petrocaribe es un crédito fácil: recursos financieros susceptibles de ser utilizados a sabor y antojo de los gobernantes. Tasas preferenciales podrían obtenerse de otras formas. El BID y el Banco Mundial, por ejemplo, podrían ofrecer dinero prestado a tasas levemente mayores. Eso sí,  previa estructuración de complejos proyectos, aprobación del Congreso y el cumplimiento de requisitos en materia de transparencia y combate a la corrupción. Requisitos que los flujos de fondos provenientes de Petrocaribe no tienen que cumplir. He allí el “gancho” que no pueden resistir los gobernantes de países carentes de una institucionalidad sana y fuerte. Petrocaribe, en resumidas cuentas, es un mecanismo que le permite a los gobiernos de turno aumentar el gasto público sin rendir cuentas sobres su transparencia, eficiencia y efectividad. De rebaja de precios al consumidor, nada. Al final de cuentas, una vez más, Friedman vuelve a tener razón: “no hay almuerzo grátis”. En este caso particular, como en muchos otros, el contribuyente lo paga todo. Ahora o después.

Por Hugo Maul R.

Omnipresente. La tienda de barrio; el chiclero; la tortillería de la esquina; el sastre del otro lado de la calle; el vendedor de periódicos. Día a día ganándose la vida de manera honesta, pero, técnicamente hablando, de forma ilegal. Si la formalidad implica el cumplimiento estricto de la legislación y las regulaciones económicas, la economía de la calles es, sin duda, una revolución pacífica y silenciosa en contra de una institucionalidad económica ilegítima y poco funcional. Una revolución en la que participamos todos, estemos o no conscientes de ello, cada vez que realizamos transacciones económicas con fines lícitos a través de medios ilícitos. Una revolución en contra de la sobre regulación de la actividad económica; de la discrecionalidad y arbitrariedad de la burocracia; de la adopción de legislación contraria a las prácticas y costumbres de la población; a las ficciones de los ingenieros sociales; del alto costo de cumplir con la ley; de los escasos beneficios de operar en la legalidad.

La economía informal es producto de decisiones racionales de individuos que, luego de un análisis costo-beneficios de cumplir con las formalidades legales, optan por salirse del sistema. O bien, decisiones de individuos que no tienen la menor idea de los requisitos y formalidades que exige la ley para ejercer una actividad económica. En términos prácticos, La economía informal es la consecuencia de una “esclerosis institucional” que inmoviliza cada vez más la actividad económica y, finalmente, impide el desarrollo económico. Una enfermedad que no tiene cura y que, paradójicamente, muchos expertos combaten con “más de lo mismo”. Creyendo, ingenuamente, que la informalidad es la excepción a la regla y que con más controles la misma se desvanecerá. Pero no, al contrario, la informalidad es hoy la regla. Reconocer las normas, prácticas y cultura que caracterizan a la “informalidad” no es algo nuevo en la historia. Varios procesos de modernización institucional tuvieron sus orígenes en este reconocimiento de la “otra” institucionalidad. En otras palabras, en reconocer que insistir en formalizar lo informal es una estrategia condenada al fracaso. En circunstancias como las de Guatemala, este tipo de economía no necesita de calificativos, por su tamaño y ubicuidad simplemente es la economía.